Calderón desprecia a obreros: UNT

Contralínea

* El “presidente del empleo” desdeña a la clase obrera y representa un peligro para ella, coinciden dirigentes de sindicatos agrupados en la Unión Nacional de Trabajadores. Ni el secretario del Trabajo ni el de Gobernación sirven como interlocutores, “pues consideran que los derechos laborales son ‘privilegios’ mal habidos”. Su falta de oficio “podría desencadenar la violencia”, advierten representantes de electricistas, telefonistas y trabajadores universitarios

Felipe Calderón “pretende que el artículo 123 sea letra muerta. Para el gobierno, el derecho al trabajo no existe”, dice Martín Esparza Flores, secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME).

“El gobierno ataca al trabajador diciendo que nuestros contratos y prestaciones son privilegios, cuando sólo contemplan lo que la ley señala”, completa Fernando Amezcua Castillo, secretario del Exterior del SME.

—La Constitución establece que el salario devengado por el trabajo debe de ser digno, alcanzar para la educación, alimentación, vestido y vivienda. Definitivamente eso no se ha cumplido, y menos mientras se mantengan gobiernos que crean que el aumento de salarios va a provocar inflación. Así secuestran la Constitución en perjuicio de los trabajadores –advierte Amezcua.

Durante el conflicto SME-Compañía de Luz y Fuerza, el gobierno federal orquestó una campaña mediática en la que se destacaba que los trabajadores electricistas gozaban de “privilegios” en detrimento de la paraestatal.

—De cada peso que recibe un trabajador, éste genera 12. No existe pérdida alguna. Y en caso de que ésta exista, no es responsabilidad de los 64 mil trabajadores que conforman el SME y que hacen funcionar la empresa –sentencia Fernando Amezcua.

Para los electricistas del SME, Felipe Calderón no será un “presidente del empleo”, pues, aducen, es un continuador de “25 años de neoliberalismo y golpes a los trabajadores”. Más aún, Esparza advierte que el país se encuentra al borde de un estallido social, “porque va creciendo la tasa de desempleo en el país”.
A lo anterior se suma la política abiertamente antisindical: “Para la derecha el mejor sindicato es el que no existe”, dice Fernando Amezcua.

—Como SME hemos utilizado la ley y la Constitución para obtener lo que tenemos. Lo hemos hecho con base en la legalidad, y lo seguiremos haciendo. Nosotros no tenemos relación con Calderón. Con el gobierno no hemos tenido ninguna necesidad de hacer lo que otros han hecho. Lo que existe es conflicto porque ellos pretenden una política de reducción de las prestaciones para los trabajadores.
Salario digno, exige UNT

Con poco más de 1 millón y medio de trabajadores agrupados en 300 sindicatos, la Unión Nacional de Trabajadores (UNT) marcha este 1 de mayo “por salario digno, empleo y libertad y democracia sindical”. Además, exige cambiar la política económica y apoyo al campo.

—Hay mucha preocupación por el desarrollo de los acontecimientos en México. Sobre todo, porque la política económica está demostrando sus debilidades. Este año ya somos el país con más bajo crecimiento del mundo. Haití ocupó esa posición el año pasado, pero en esta ocasión hasta ellos crecerán 3.5 por ciento –explica Francisco Hernández Juárez, presidente de la UNT y secretario general del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público ha reconocido que el país crecerá apenas 2.8 por ciento, pero el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial pronostican que sólo alcanzará el 2.1.

—A eso hay que sumarle el resultado de los últimos 25 años, que son cinco lustros de abuso contra los mexicanos: en 1982 con un salario mínimo se compraban 25 kilos de tortilla; ahora sólo alcanza para cinco. Éste es el tamaño del impacto contra los bolsillos de los trabajadores –añade quien se encuentra al frente del sindicato de telefonistas desde hace más de 31 años y ha recibido calificativos que van de líder de alternativa a neocharro y bebesaurio.

Admite que el gobierno federal controla el sindicalismo: corrompe dirigentes, impide el surgimiento de nuevos sindicatos y sostiene una política de acoso y de aplicación discrecional de la ley, a través de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), con la que favorece a los aliados del gobierno y golpea a los que pelean por los trabajadores.

Acerca de la reforma impulsada por las administraciones panistas, señala: “El gobierno calderonista pretende una reforma laboral desde su perspectiva empresarial. No se ve ningún intento de cambio en beneficio de los trabajadores”.

Uno de los logros de la UNT –dice el dirigente que creció al amparo del priismo, con el que luego rompió, y mantuvo buenas relaciones con los presidentes Luis Echeverría y Carlos Salinas– ha sido conjuntar a diversos sindicatos para lograr movilizaciones y hacer alianzas con los sectores más progresistas del país.

Hernández Juárez explica la relación de los obreros que representa con el actual gobierno federal.

—En enero de 2007, las 300 organizaciones de esta unión realizaron una marcha, después de que se presentó el alza de precios a productos de primera necesidad. Allí solicitamos un aumento de emergencia en el salario y la renegociación del capítulo agropecuario del TLCAN (Tratado de Libre Comercio de América del Norte), control del precio de 34 productos básicos, el encarcelamiento de quienes especularon con el maíz en ese entonces. El presidente Felipe Calderón convocó a una mesa de diálogo con los dirigentes de las organizaciones que habíamos marchado, junto con los secretarios del Trabajo, Economía y Agricultura. Estuvimos sentados un año y no obtuvimos ni una sola respuesta. ¡Ni una!

Volvieron a marchar el 31 de enero de 2008. Lejos de un aumento salarial de emergencia, lo que aumentó fue la tortilla en un 40 por ciento. La escalada se desató: los productos de primera necesidad aumentaron alrededor de 30 por ciento.
Vinieron otras marchas y las autoridades volvieron a convocar a los dirigentes sindicales. “Incluso, a petición nuestra –destaca Hernández Juárez–, se incluyó al secretario de gobernación, Juan Camilo Mouriño”.

—Pero la mayoría de los compañeros percibió que él estaba más interesado en defenderse de las acusaciones de que era objeto (por la adjudicación de contratos de Pemex a su empresa familiar cuando era presidente de la Comisión de Energía en la Cámara de Diputados y director de área en la Secretaría de Energía), y no atendía nuestras demandas; por ello, la reunión se acabó de fracturar. Al parecer lo que quieren es que la gente salga a las calles y comience a hacer desorden, tomar autobuses, quemar llantas.

Lamenta que para Felipe Calderón sólo sea interlocutor el viejo corporativismos obrero priista: la Confederación de Trabajadores de México y Congreso del Trabajo.
—Con ellos se entienden bien; no les resuelven nada pero dicen sí a todo. Con nosotros, la situación ha sido difícil. Ellos, los charros, aceptan paliativos porque tienen negocios personales y ni la justicia ni el gobierno se mete con ellos.

Antes, por lo menos, los tomaban en cuenta para la política económica; pero ahora sólo basta que digan sí a todo. El charrismo sigue vivo. La edad de sus dirigentes nos da una idea de cómo está. Pero no podemos decir que ha desaparecido o dejado de servir al gobierno.

La UNT, por medio del Partido de la Revolución Democrática, ha presentado una iniciativa de reforma al artículo 123 de la Constitución y la Ley Federal del Trabajo, “para evitar un albazo y que aprueben la Ley Lozano”, explica el dirigente.
—Nosotros vemos la necesidad de reformar la constitución para que los derechos humanos integren a los derechos laborales, desaparecer la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, rediseñar la Secretaría del Trabajo y revisar todos los artículos de la Ley (Federal) del Trabajo, para adaptarlos a los tiempos que vivimos; sin afectar los derechos fundamentales de los trabajadores.

Respecto de los gobernantes actuales de México, Hernández Juárez dice que “tenemos un gobernador poblano que se le asocia con la mafia de la pederastia, y no pasa nada; a otro matón en Oaxaca, del que se tienen videos donde se ve a su gente asesinando a tiros y tampoco pasa nada; a un secretario de Gobernación, descubierto in fraganti, firmando contratos como funcionario público, respaldando a empresas de su familia… y, nada. Y hay un expresidente de la república llevándose el dinero del erario y tampoco sucede nada”, dice quien va por la séptima reelección en el sindicato de su gremio. Su último cargo como técnico telefonista lo desempeñó en 1976.
Al preguntarle si de pronto se había decepcionado de su partido, el PRI, ataja: “Ya no pertenezco a ningún partido, me salí hace años. Ni quiero participar en alguno”.
Sin embargo, recula y señala que “eventualmente lo consideraría una vez que salga del sindicato, pero ahora no”.

La UNT aglutina 300 organizaciones, entre las que destacan –por el número de afiliados– los sindicatos de telefonistas; del Instituto Mexicano del Seguro Social, con 500 mil; de electricistas; de tranviarios, y de trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México.

Universidades, “víctimas de la ideología del gobierno”

Los problemas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) tienen como origen la ideología del grupo en poder, señala Agustín Rodríguez Fuentes, secretario general del Sindicato de Trabajadores de la UNAM (STUNAM).

—Desde la época de Miguel de la Madrid Hurtado, se cree que las universidades públicas no son prioridad nacional. Hay un desprecio hacia ellas –considera quien cumple 17 años como secretario general y 33 de integrar el comité ejecutivo del STUNAM.

Señala que ni las universidades ni los sindicatos pueden esperar algo de un gobierno como el de Felipe Calderón, pues el panismo tiene intereses contrarios a la clase trabajadora.

—Y además tenemos, en la misma izquierda, conservadores de derecha que buscan “adoctrinar” en una izquierda social. Ahora resulta que Manuel Bartlett es el principal defensor del petróleo. Pero nosotros no podemos olvidar que él fue el principal responsable del fraude de 1988 y obedece a intereses creados –lamenta quien se ha reelegido por cuarta vez consecutiva en el STUNAM y ha sido calificado por la oposición interna como neocharro.

Explica que la relación con los gobernantes emanados del Partido Acción Nacional es “difícil”, pero la UNT prepara un documento con el que “pretende mejorar la relación entre el sindicalismo independiente y el gobierno federal”.

—Con Fox nunca tuvimos problema para reunirnos; sin embargo, incumplió el pacto de 20 puntos que firmó desde que era candidato. Con Calderón no tenemos nada acordado, pero veremos qué se puede construir. Esperamos lograr una relación respetuosa. La reunión con Calderón llegará una vez que terminemos nuestro documento. Queremos compromisos, que nos indique una ruta y que no lleguemos al fin del sexenio sin metas cumplidas.

Acerca de su quinta reelección como secretario general del STUNAM, dice que el sindicato tiene una tradición de “izquierda” y reconoce que grupos del PRD son quienes se enfrentan en las elecciones internas.

—Los grupos se destapan no únicamente para las contiendas internas: como corrientes perredistas del STUNAM, algunas voces apoyaron a Alejandro Encinas para la presidencia del PRD, en tanto que otras se abren como simpatizantes de Jesús Ortega.

El secretario general del sindicato no duda en expresar su simpatía por Ortega y al mismo tiempo ofrece la posibilidad de dialogar con quienes apoyan a Andrés Manuel López Obrador. Incluso ofrece: “Si Obrador nos hace una invitación para platicar y organizar un evento en la UNAM con el fin de abordar el asunto del petróleo, estamos en la mejor disposición”.

Sin embargo, señala que fue “un error” llamar a votar por López Obrador y dice que el excandidato presidencial, ahora nombrado “presidente legítimo”, “olvidó acuerdos adquiridos con la UNT. Se olvidó que la palabra cuenta. Él sabe a qué me refiero y prefiero no hablar más”.

La relación del sindicato con la Rectoría de José Narro es, dice, “respetuosa” y augura “resultados positivos” para la UNAM de parte de esta administración.

Panismo: etapa negra para el sindicalismo mexicano

Contralínea

* Los raquíticos salarios, la intromisión gubernamental en la vida interna de los sindicatos y el constante ataque a la seguridad social, factores que detonan conflictos laborales en México. El arbitraje del gobierno federal: tardío, parsimonioso y abiertamente a favor de los patrones, aseguran líderes sindicales. Mineros, electricistas y empleados de Bancomext y de universidades han protagonizado los conflictos obrero-patronales más emblemáticos desde que el PAN arribó a la Presidencia de la República

Con la entrada del Partido Acción Nacional, en 2000, inicia una etapa negra en el sector sindical en México, pues con medidas coercitivas se busca un sindicalismo conforme y sumiso, dice Alejandro Vega García, investigador del Centro de Investigación Laboral y Asesoría Sindical (CILAS). Agrega que, durante el sexenio anterior, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) se plegó totalmente a favor de los empresarios e hizo una labor constante para desconocer huelgas y reprimir a los trabajadores.

El CILAS calcula que el nivel de sindicalismo en el país oscila entre 11 y 19 por ciento de la población económicamente activa (58 millones 600 mil de empleados en el segundo trimestre de 2007), es decir, que sólo alrededor de 11 millones de trabajadores están afiliados a un sindicato.

Vega García considera que el derecho de asociación se ve restringido y muchas veces nulificado, en la medida en que el Estado se reserva la facultad de validar, mediante el mecanismo discrecional del registro sindical, operado por la Dirección General de Registros de Asociación de la STPS. El principio según el cual las organizaciones pueden existir a partir sólo de la voluntad de quienes las constituyen es seriamente cuestionado.

La STPS tiene registrados aproximadamente 800 sindicatos. En su Informe anual de labores de 2007 –en su apartado de conflictos laborales obrero-patronal–, la dependencia informó que de enero a julio se registraron 290 demandas colectivas ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje y 4 mil 329 emplazamientos a huelga, de los cuales estallaron 16. En éstos se vieron involucrados 4 mil 329 trabajadores.

El investigador, exlíder del Sindicato Independiente de Trabajadores de la Universidad Autónoma Metropolitana, considera que los tres ejes que detonan los conflictos laborales son: los bajos salarios; la falta de respecto a la vida interna de los sindicatos, por parte del gobierno, y el ataque constante a conquistas históricas de sindicatos y trabajadores, como la seguridad social.

El también directivo del CILAS documenta en su cuaderno de investigación Libertad sindical que, en mayo de 2006, especialistas en el campo laboral denunciaron al gobierno de Vicente Fox como el autor del mayor número de violaciones laborales y de una política antisindical más dura que las de los gobiernos priistas.

Según datos de la STPS, de 2000 a 2006 se presentaron 2 mil 636 denuncias colectivas, alrededor de 439 anuales; 47 mil 212 emplazamientos a huelga, que derivaron en 293 estallamientos y en los que estuvieron involucrados 214 mil 330 trabajadores.

Javier Aguilar García, investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), dice que a partir de 1983 los sindicatos perdieron importancia en el esquema económico y político de México. Ante la entrada del modelo neoliberal, el sindicalismo fue arrinconado. “Hoy el gobierno federal les pide paz social, pero no existe un compromiso del Estado para resolver las demandas económicas y sociales de los trabajadores”.

Aguilar García agrega que los propios sindicatos no han hecho nada para recuperar su lugar dentro de la vida política: se mantienen pasivos frente al avasallamiento económico del exterior. “Como los líderes siguen obteniendo beneficios, reciben dinero, privilegios y curules en el Congreso, dejan a la deriva a sus afiliados. Y la Secretaría del Trabajo, que debería defender los derechos de los trabajadores, está del otro lado, con los empresarios”, dice.


STPS a favor de los patrones

Alejandro Vega García explica que la STPS no juega el papel de árbitro en los conflictos laborales, como lo marca la Constitución, con una orientación a favor de la parte más débil, que son los trabajadores. Por el contrario, está coludido con los empresarios.

Los trabajadores –agrega– al enfrentar un conflicto en defensa de sus derechos laborales, desafían no sólo la posición del patrón, sino la parcialidad del poder gubernamental, y en otros casos hasta el poder del Estado contra ellos, como en el caso minero.

A decir de Vega García, la intervención e intromisión de la STPS en la vida interna de los sindicatos no había sido tan abierta y adversa desde las décadas de 1950 y 1960, con los conflictos de médicos y ferrocarrileros.

No obstante, Álvaro Castro Estrada, subsecretario de Trabajo, Seguridad y Previsión Social de la STPS, considera como exitosa la participación de la dependencia en la conciliación de conflictos laborales, dentro de la administración de Felipe Calderón.

“Hay buenos resultados. Hoy en el país existe paz laboral y no por generación espontánea, sino porque hay un trabajo de mucha gente: trabajadores y empresarios que buscan hacer sus revisiones en un sentido de realidad”, dice el funcionario.


Mineros: torpeza y encono

Alejandro Vega, en Libertad sindical, dice: “Pocas veces en la historia del país un conflicto sindical ha alcanzado las dimensiones e impacto nacional e internacional que tiene el conflicto minero; pocas veces también una actuación gubernamental ha sido llevada a cabo con tanta torpeza, encono, mala fe y recursos ilícitos”.

Vega García señala que el enfrentamiento del foxismo con el sindicato minero representa el punto cumbre de una política que, de los buenos propósitos iniciales, acabó en una ofensiva abierta e irracional contra el sindicalismo y los trabajadores.

El conflicto entre mineros y Grupo México inició en el sexenio de Vicente Fox y aún continúa. Tres minas están en huelga: Taxco, Guerrero; Sombrerete, Zacatecas, y Cananea, Sonora.

Carlos Pavón Campos –secretario de Asuntos Políticos del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana– sostiene que la empresa se niega a cumplir con las prestaciones que le obliga el contrato colectivo de trabajo, además de respetar las medidas mínimas de seguridad e higiene con las que se debe laborar dentro de una mina.

El líder minero dice que éste conflicto inició desde 2000, cuando un sindicato del acero en Monterrey, apoyado por directivos de Grupo México, les peleó la titularidad de los contratos colectivos de trabajo de varias secciones sindicales; “pero los compañeros mineros no se quisieron cambiar de sindicato”.

Agrega que a Grupo México le disgusta que el secretario general del sindicato sea Napoleón Gómez Urrutia; pero –advierte– la empresa no es quien elige al dirigente.

La pugna entre el sindicato y el emporio de Germán Larrea se agravó en 2006, con el nombramiento de Elías Morales Hernández como secretario general del sindicato, hecho por la STPS, y con la tragedia en la mina de Pasta de Conchos, Coahuila, ocurrida el 19 de febrero de ese año y que cobró la vida de 65 mineros.

Pavón Campos dice que con la aparición de una supuesta toma de nota, Elías Morales se ostentó como líder de los mineros, respaldado por la Secretaría del Trabajo y la empresa. Todo orquestado desde la dependencia federal con firmas falsas, dicho por la Procuraduría General de la República.

La STPS hizo el movimiento de los líderes, supuestamente por la presentación de documentos del Consejo General de Vigilancia y Justicia del propio sindicato, signados por Juan Luis Zúñiga, primer vocal del consejo, donde se destituía a todo el consejo directivo del sindicato minero. En abril de 2007, un juez federal ordenó a la secretaría restituir a Gómez Urrutia como secretario general.

Para el funcionario sindical, Grupo México buscaba “imponer gente a su contentillo”, para manipular a los trabajadores, quienes ganan 27 veces menos que cualquier minero en Estados Unidos o Canadá.

Pavón Campos dice que la embestida gubernamental contra el sindicato minero, y en particular contra Napoleón Gómez Urrutia, no fue sólo porque se convirtió en un líder incómodo para el foxismo, por oponerse a la reforma laboral, sino porque Grupo México es uno de los principales donadores de la fundación de Marta Sahagún, Vamos México.

El líder sindical comenta que con la entrada de Felipe Calderón a la Presidencia, pensaron que el conflicto se destrabaría; sin embargo, “la relación con el gobierno federal se fue contaminando, porque todavía hay gente del sexenio pasado en la STPS”. En tanto, los principales afectados son mineros, a quienes se les niega la posibilidad de acceder a una vida digna, para ellos y sus familias.

Contralínea solicitó entrevista con Grupo México. Gerardo Vázquez, encargado del área de comunicación de la empresa, señaló que contestaría las preguntas el 18 de abril pasado. Sin embargo, la entrevista fue cancelada días antes.


Fuera banqueros

En 2007, inició otro conflicto laboral. Esta vez, el gobierno federal es el patrón. La administración calderonista emitió un decreto donde crea una nueva institución, ProMéxico, para el fomento de las exportaciones, función que desarrollaba el Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext) desde 1986. La decisión provocó que 240 empleados quedaran sin plaza.

Alfredo Castro Escudero, secretario general del Sindicato Nacional Único y Democrático de los Trabajadores del Bancomext, dice que el primer decreto, publicado en junio del año pasado, dejaba a salvo los derechos, prestaciones y antigüedad de los 240 trabajadores (del área de desarrollo exportador). Sin embargo, en febrero de este año, se emitió un segundo decreto que los elimina.

El líder sindical indica que con el primer decreto desarmaron al sindicato, porque no había un daño en términos laborales y no procedía el amparo. Los empleados tenían una plaza segura en ProMéxico. Ya con el segundo decreto, los empleados quedan fuera.

Castro Escudero considera que ésta es una pérdida importante para el gobierno federal, “que ha invertido mucho dinero para su capacitación; la mayoría tienen un promedio de antigüedad entre 14 y 15 años, lo cual habla de un alto grado de especialización en la materia”.

Añade que desde el gobierno de Ernesto Zedillo se inició la fusión de las bancas de desarrollo “para bajarlas a su mínima expresión, por presiones sobre todo de la banca privada, que considera a la banca pública como una distorsión del mercado”.

A decir de Castro Escudero, este debilitamiento se debe a que los banqueros privados han incorporado a incondicionales suyos en la banca de desarrollo, como el caso de Mario Laborín, extrabajador de Bancomer y actual director de Nacional Financiara y Bancomext.

Laborín, dice, es uno de los principales impulsores de la fusión de la banca de desarrollo. “Con el nombramiento de éste en las dos instituciones, la alerta para el sindicato se prendió, porque era una clara señal de que el camino a seguir era la fusión de Nafin y Bancomext”.

En 2004 Vicente Fox anunció la unión de ambas instituciones, pero los diputados y senadores de los partidos de la Revolución Democrática y Revolucionario Institucional se opusieron a la acción. El expresidente dejó inconclusa su obra.

El funcionario agrega que con la experiencia del pasado, el gobierno federal decidió iniciar una fusión de facto, con el doble nombramiento de Mario Laborín como director, y de todos los directores generales adjuntos, para ambas instituciones; renunciando al sueldo del banco.

Castro Escudero comenta que con la entrada de Laborín a Bancomext se inició la homologación de ambas dependencias, creando una estructura espejo y ocasionando despidos y liquidaciones.

Al inicio del gobierno foxista, Bancomext tenía una planta laboral de 1 mil 600 trabajadores. Cuando entró Laborín como director, hace 14 meses, habían aproximadamente, 1 mil 50; ahora son 900 funcionarios. Del área de Desarrollo Exportador se fueron, de golpe, 240.


STPS entra tarde

Castro Escudero dice que Bruno Ferrari, director de ProMéxico, se negó a absorber a los trabajadores de Bancomext con las condiciones laborales contempladas en el primer decreto. Por ello se emitió el segundo, que elimina la posibilidad de que los trabajadores fueran transferidos.

“Bancomext sacó un programa muy atractivo de prejubilaciones para la gente que estaba en condiciones de hacerlo y otro de liquidaciones. Aunque son muy buenos ambos planteamientos, lo cierto es que las personas se están quedando sin trabajo”, dice.

A petición del sindicato, la STPS asumió el papel de árbitro. Castro Escudero dice que “entró tarde y su actuación fue muy lenta, además de que no se han cumplido los acuerdos de que ProMéxico ofrezca trabajo a los exempleados de Bancomext”.

Para abordar esta problemática, Contralínea solicitó hablar con Mario Laborín. El director de Comunicación Social del banco y de Nafin, Alejandro Rodríguez, se limitó a decir que no había tal conflicto y sólo se estaba cumpliendo con un decreto presidencial, por lo cual negó la entrevista.


SME: conflicto latente

Año con año –con la revisión del contrato colectivo de trabajo de los empleados de Luz y Fuerza del Centro– se reaviva el conflicto entre el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) y el gobierno federal, no sólo como patrón, también como conciliador.

Fernando Amezcua, secretario del Exterior del SME, dice que el año pasado con la revisión salarial hubo un fuerte enfrentamiento entre el gobierno y el sindicato. Indica que, 11 horas antes del término de la revisión contractual, efectivos militares tomaron las instalaciones de Luz y Fuerza, sin que mediara documento alguno.

En 2008, agrega, sí hubo un anuncio respecto de la toma que hizo el Ejército Mexicano, “por seguridad nacional”. Pero, dice, lo que buscaba el gobierno era debilitar al sindicato y poner a la población en contra ante un posible estallamiento de huelga.

El líder sindical advierte que desde los medios de comunicación el gobierno federal orquestó una campaña en contra del SME, al decir que el contrato colectivo de trabajo contiene privilegios, que los trabajadores son flojos, les pagan mucho y ofrecen un servicio deficiente a la ciudadanía.

Amezcua argumenta que las condiciones en la empresa no son culpa de los trabajadores: las aportaciones de ingresos o las transferencias de capital que se le hacen a Luz y Fuerza no son para pagar el contrato colectivo de trabajo, sino para subsidiar las tarifas eléctricas, sobre todo las industriales que son los que más consumen.

“Nos comparan con los que ya no tienen nada”

Amezcua dice que el salario promedio de los electricistas es de 200 pesos, y que, entre el que más gana y el de menos ingreso hay una diferencia de 200 pesos.

Dice que las prestaciones de los electricistas no deben compararse contra las de trabajadores a quienes ya les han quitado todo, sino contra los trabajadores del sector en el mundo.

El líder sindical considera que el nivel de vida de los electricistas no es el deseado. Agrega que el incremento de 16 por ciento que pedían no era precisamente un aumento de salario. “Si eso fuera, tendría que ser de, por lo menos, 30 por ciento”.


Querétaro contra la democracia sindical

Alejandro Vega García, del CILAS, dice que existe un evidente desprecio de los gobiernos panistas por la vida sindical democrática e independiente, pero no sólo a nivel federal: en algunos estados se da de forma más abierta, como el caso de Querétaro, donde las autoridades locales impusieron a los dirigentes en el Sindicato de Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado.

En julio de 2006, dicho sindicato celebró elecciones para renovar dirigencia. Luego del escrutinio, que dio el triunfo a María del Carmen Gómez Ortega, con una diferencia de 10 puntos porcentuales, ambas planillas firmaron el acta final de cómputo. Todo ello, ante notario público.

Tres días después, la planilla perdedora impugnó los resultados ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, argumentado un presunto fraude electoral. La instancia dio cabida al recurso y emitió un acuerdo donde otorga la dirigencia al Comité de Vigilancia. Esto sin que mediará un juicio.

Ley Lozano, la contrarreforma que viene

Contralínea

* La propuesta de reforma laboral del gobierno de Calderón atenta contra los derechos de los trabajadores, los desprotege frente a los patrones y fomenta la corrupción sindical; por lo tanto, es contraria a la Constitución, advierten legisladores y juristas

Desde noviembre de 2006 el expriista Javier Lozano Alarcón fijó la que, dijo, sería su agenda en la actual administración: “Una reforma laboral con el Congreso y con todos los partidos políticos, buscando armonizar la modernización y la flexibilidad de las relaciones laborales, pero garantizando pleno respeto de los derechos de los trabajadores y la seguridad jurídica del inversionista y del empleador”.

Entonces, el funcionario se comprometió también a ser “mediador en los conflictos entre sindicato y empresa, gestor y promotor del empleo productivo y bien remunerado, enérgico y de mano dura con las empresas que incumplan los derechos laborales”.

Pero no resultó mediador de conflictos ni vigía de los derechos de los trabajadores, ni, mucho menos, justiciero contra empresas que incumplen la Ley Federal del Trabajo (LFT), consideran legisladores de la Comisión del Trabajo y Previsión Social. Los legisladores reprueban su desempeño al frente de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) y, sobre todo, la “turbia” manera en que ha manejado el proyecto de reforma laboral.

Como segunda prioridad en la agenda de Felipe Calderón, la reforma laboral es impulsada por los funcionarios del gabinete, quienes hacen amarres sobre los puntos que contendrá con el fin de que se apruebe fast track y se evite una disputa similar a la que ha generado la reforma energética.

En los 17 meses del sexenio, Lozano ha dedicado sus esfuerzos a propagar que trabaja en un proyecto de reforma que será aprobado por mayoría, y ha asegurado que “no se tocarán los derechos individuales y colectivos de los trabajadores consagrados en el artículo 123 constitucional”. Al mismo tiempo, cabildea su proyecto de reforma sólo con algunos diputados del Partido Acción Nacional (PAN), explican los legisladores.

El diputado del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Jesús Ramírez Stabros, secretario de la Comisión del Trabajo, explica que “en una estrategia muy primaria”, el gobierno de Felipe Calderón, a través de la STPS “está provocando confusiones”. Detalla: “Nos han enviado tres documentos, pero no son oficiales, y sólo los mandan a algunos diputados. No hay una propuesta oficial siquiera y ya se está anunciando que habrá reforma, y hasta aseguran que no viola la Constitución. Es cuestionable que la misma secretaría provoque tal confusión”.


Ley Lozano

Oficialmente, la STPS ha señalado que para el proyecto de reforma que propondrá el actual gobierno, se han estudiado las 151 iniciativas de cambios a la Ley Federal del Trabajo, que se han presentado ante el Congreso de la Unión de 1997 a la fecha. Al respecto, Ramírez Stabros explica que la propuesta aún extraoficial “no es más que un refrito de la llamada Ley Abascal”.

En enero pasado, Contralínea adelantó que desde las primeras semanas de su gestión, Lozano Alarcón había revivido la propuesta que en 2002 presentara al Congreso su predecesor, Carlos Abascal Carranza, popularmente conocida como Ley Abascal, la cual fue frenada por legisladores de la oposición por considerarla contraria al artículo 123 constitucional.

Para los integrantes de la Comisión del Trabajo, la de Lozano es aún más cuestionable. “La propuesta de este gobierno atenta más contra los derechos de los trabajadores, los desprotege frente a los patrones y fomenta la corrupción sindical, por lo tanto es completamente contraria a la Constitución”, explica la diputada del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Rosario Ortiz Magallón.

Aunque no existe oficialmente, el jurista Néstor de Buen destaca que de crear nuevas modalidades de contratos individuales de trabajo, contratos a prueba o de capacitación inicial, la propuesta sería contraria a la Constitución, pues, considera, atenta contra los principios constitucionales de estabilidad y seguridad laboral.

Al respecto, una de sus propuestas fija un periodo promedio de 90 días de prueba y de 180 días para puestos de dirección, gerenciales o para labores técnicas o profesionales especializadas, y la contratación condicionada a que el empleador considere que el trabajador está suficientemente capacitado.

Plantea la desaparición del salario mínimo y que se pague salario por horas, y sustituye la jornada máxima de ocho horas por jornadas flexibles. Plantea la creación de bancos de horas acumulables de forma mensual; empleos con jornadas discontinuas, donde sin apegarse a una jornada establecida por ley, patrones y trabajadores convengan la ampliación de la jornada diaria.

Condiciona derechos a la productividad y competitividad de los empleados.

También elimina los escalafones, la antigüedad y la prima de antigüedad. Al suprimir el escalafón ciego, da prioridad a trabajadores por productividad y no por antigüedad para los ascensos. Modifica el cambio en el esquema de reparto de utilidades, la tabla de enfermedades profesionales y el régimen de pensiones.


La propuesta de Lozano condiciona la firma de contratos colectivos de trabajo. Da atribuciones al patrón para que los asalariados desempeñen tareas complementarias a su actividad principal.

En materia sindical, condiciona el derecho a huelga sujetándola a un procedimiento administrativo. Establece la creación de un registro sindical, y que el sindicato pueda perder registro al no informar a la STPS cada seis meses la planilla de sus agremiados, altas y bajas, y su actuación como organización. La misma información deberá presentarse para cualquier trámite ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje.

Con ello, a decir de Arturo Alcalde, se estaría imponiendo el uso de listas negras. “Se obliga a informar los nombres de los trabajadores inconformes, exhibir sus firmas y acreditar la afiliación al sindicato promovente de la demanda, demostrando su relación laboral con el patrón demandado. Se trata de una verdadera monstruosidad, claramente inconstitucional y violatoria de los convenios internacionales en materia de libertad sindical”.

En febrero pasado, ante empresarios estadunidenses y mexicanos, miembros de la Cámara Americana de Comercio (American Chamber), Lozano explicó que su propuesta de reforma está encaminada a “flexibilizar” el mercado laboral.

Detalló que contempla que se mantenga la figura del outsourcing, como se conoce a la subcontratación o terciarización, que se ha incrementado en México en todos los sectores y que es considerado por juristas, organizaciones de trabajadores y defensores de los derechos laborales como ilegal y responsable de precarizar el empleo.

El diputado Patricio Flores Sandoval, vocero de la Confederación de Trabajadores de México, deplora que el gobierno solape la contratación a través de terceros, pues es contraria a la Constitución, viola la LFT y significa un retroceso para las garantías individuales.

El diputado Jesús Ramírez Stabros, quien entre 2003 y 2006 fue secretario general de la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores, coincide en que muchos de los aspectos considerados en la propuesta de Lozano atentan contra garantías constitucionales, pues “limita los derechos de huelga, la sindicalización y la autonomía sindical”.


Doble discurso

Al igual que en el proyecto de reforma energética, el planteamiento calderonista busca modificar leyes secundarias “sin tocar la Constitución”; sin embargo, las reformas anunciadas a la LFT son contrarias al artículo 123 constitucional, y trastocan los derechos individuales y colectivos de los trabajadores, consideran los abogados laboristas Néstor de Buen y Arturo Alcalde Justiniani.

En un análisis sobre la propuesta de Javier Lozano, el abogado Arturo Alcalde destaca que lo negativo es más por sus omisiones, “que por las lesiones que genera”. El abogado laborista señala que la propuesta de reforma desecha en su totalidad los planteamientos de la iniciativa que en octubre de 2002 presentaran de forma conjunta la Unión Nacional de Trabajadores y el PRD.

La diputada Rosario Ortiz, quien participara en la contrapropuesta a la Ley Abascal UNT-PRD, dice que Lozano ha ignorado dicho proyecto porque el objetivo del gobierno de Calderón es el abaratamiento de la mano de obra a favor de las trasnacionales, el desmantelamiento de la organización laboral y la desarticulación del sindicalismo.

“Lo que llama flexibilidad laboral es ofrecer mano de obra barata, flexible, que esté organizada en sindicatos corporativos vinculados con la patronal y con mayor control en las condiciones de trabajo y de negociación obrero patronal; por eso la propuesta de Lozano condiciona los registros sindicales”, explica.

Cita el caso de los mineros de Cananea como un ejemplo de la intromisión y la falta de apego a la legalidad de la actual administración, tendencia que, dice, será la constante de aprobarse el proyecto de reforma que plantea Lozano.


El posible albazo

Legisladores integrantes de la Comisión del Trabajo alertan que la STPS se ha negado a abrir a debate su proyecto con miras a preparar el terreno para dar un albazo, como ocurrió, dicen, con la llamada Ley del ISSSTE.

En enero pasado, el diputado Tomás del Toro, presidente de dicha comisión, confirmó a Contralínea que aunque formalmente la STPS aún no habría remitido el documento, él tenía reuniones personales con Lozano para discutir el tema.

Se le buscó nuevamente para que respondiera a los señalamientos de sus compañeros de comisión, quienes aseguran que la STPS cabildea su proyecto sólo con los miembros de Acción Nacional; sin embargo, el diputado negó dar una entrevista, al igual que sus compañeros de bancada e integrantes de la comisión, Juan Manuel Sandoval y Carlos René Sánchez.

Juan Carlos Velasco, diputado del PRI, dice que aunque él es secretario de la comisión no ha tenido acercamiento alguno con funcionarios de la STPS. Reprueba la conducta de Lozano Alarcón, pues “habla de propuestas que no ha presentado de manera formal al Congreso; lo escuchamos en foros con la iniciativa privada y con nosotros no ha tenido ningún acercamiento. Habla de reformas y no entrega ningún documento oficial”.

En medio del clima de tensión que ha provocado el proyecto de reforma energética, los legisladores de la Comisión del Trabajo prevén que de un momento a otro Calderón enviará su propuesta. “Ya vemos venir la cascada de reformas, y si pasa la energética es como abrir paso a la laboral; por eso es nuestro interés de frenarlos desde ahora”, explica la diputada Rosario Ortiz Magallón.

Ramírez Stabros habla del costo político y social que implicaría la pretensión de una reforma laboral:

“Los gobierno panistas se han caracterizado por enviar propuestas en los momentos menos propicios, y el tema de la reforma laboral no va a ser la excepción. El proyecto de reforma llegará en un momento en el que impera un clima político inadecuado. La exacerbación política es poco propicia para una iniciativa que no se antoja suave, pero que finalmente es símbolo de cómo se ha manejado este gobierno: iniciativas de ley muy exacerbadas”.

Agrega que, aunque Felipe Calderón se promovió como presidente del empleo, “poco ha hecho para trabajar en el ambiente laboral, no ha cumplido sus compromisos y ni siquiera ha hecho lo mínimo para, por lo menos, tener un ambiente que permita la discusión profunda de la reforma”.

Jesús Ramírez Stabros explica que México no necesita reforma laboral, pues el artículo 123 constitucional es modelo en el ámbito internacional y la LFT una ley de avanzada. Basta con aplicarla para mejorar el sector laboral, indica; pero, dice, es letra muerta.

Rosario Ortiz explica que a partir de este 1 de mayo organizaciones como la UNT, el Frente Sindical Mexicano, agrupaciones de trabajadores y los legisladores del Frente Amplio Progresista iniciarán acciones en rechazo a la política laboral de Felipe Calderón, “porque sabemos que de un momento a otro intentarán aprobar fast track la reforma, cuyo único objetivo es precarizar el empleo y el salario, incrementar la jornada de trabajo sin generar antigüedad ni derechos ni prestaciones, y eximir a las empresas de su responsabilidad”.

Contralínea solicitó una entrevista con Javier Lozano. En la oficina de Comunicación Social de la STPS se disculparon porque el secretario tenía “una agenda muy apretada”.

En auge, los contratos de protección patronal

Revista Contralínea

El 90 por ciento de los contratos colectivos registrados ante las Juntas de Conciliación y Arbitraje, que dependen de la Secretaría del Trabajo, son de protección patronal. Con ellos, las empresas tienen garantizada la “paz laboral” a cambio de la violación de los derechos de la clase obrera y la explotación de los trabajadores, dicen especialistas

Eduardo G. es “asociado” del grupo Wal Mart de México; sin embargo, las ganancias multimillonarias de la trasnacional, que en marzo de este año facturó más de 3 mil millones de pesos en el país, no se ven reflejadas en su economía familiar. Por su trabajo como vendedor obtiene el salario mínimo, que apenas rebasa los 50 pesos diarios, más comisiones, según las ganancias que deje a la empresa.

Labora más de 10 horas al día sin pago de tiempo extra. Cubre los costos de sus trajes sastres (uniformes) que lo harán lucir “presentable” ante el comprador, pese a que ese gasto significa una merma en la manutención de sus dos hijos y esposa. Su horario de comida, a veces, es ocupado para pasear por la plaza porque “no siempre alcanza el dinero para sentarse a comer. Detrás de la sonrisa que le debemos ofrecer al cliente hay mucha miseria”, dice.

Durante una década, Eduardo ha visto despidos injustificados de sus compañeros, explotación laboral, amenazas de desempleo y abuso sicológico, por parte de los gerentes de la multinacional, sin que exista un “sindicato democrático” al que puedan acudir para defender sus derechos laborales: “Los precios bajos que ofrece la empresa, son a costa de los bajos salarios”.

Los más de 1 mil 500 trabajadores de las firmas Sam’s Club, Suburbia, El Portón y tiendas Wal Mart (que conforman la cadena comercial) pertenecen, sin su consentimiento, a un “contrato colectivo de protección patronal” (CCPP) –como lo definen los especialistas–, firmado entre la empresa y la Confederación de Trabajadores de México (CTM). No hay derecho a la asociación sindical, mucho menos al reclamo.

En mayo de 2007, la organización internacional Human Rights Watch presentó el informe Descuento en derechos: la violación del derecho de los trabajadores estadounidenses a la libertad de asociación por parte de Wal Mart, en el que documenta cómo “el gigante minorista” sobresale, entre muchas empresas, por la “agresividad de su aparato antisindical”.

Human Rights Watch indica que empleados de la trasnacional, en aquel país, “no tienen virtualmente ninguna posibilidad de organizarse, ya que deben hacer frente a las injustas leyes laborales estadunidenses y a una compañía gigantesca que está dispuesta a hacer casi cualquier cosa para mantenerse libre de sindicatos”.

El panorama no es distinto en México. Pero el personal de la compañía lleva a cabo una “resistencia subterránea”, a través de la Organización de Trabajadores de Grupo Wal Mart, para iniciar con la defensa de sus derechos laborales.

En un manifiesto anónimo, por temor a las represalias, esa organización dice que, “como consecuencia de las condiciones injustas de trabajo y de la violación a las leyes nacionales e internacionales en materia laboral, que atentan contra la dignidad de quienes laboramos en esta empresa y de la sociedad en general, nos vemos en la obligación de protestar, puesto que no estamos dispuestos a tolerar más tratos vejatorios ni el robo de nuestros derechos”.

En el pliego petitorio, los empleados solicitan que “la empresa elimine el concepto de ‘asociado’ para referirse al trabajador, porque con ello busca evadir el reconocimiento jurídico de la relación laboral”.

Además, “el grupo Wal Mart de México debe respetar el derecho de asociación de sus trabajadores, tal como lo garantiza la Constitución mexicana, y dejar de oponerse, intimidar e incluso despedir a los trabajadores que buscan ejercer este derecho.

“Mejora sustancial de salario justo de todos los trabajadores de Wal Mart en todos sus giros dentro de la república mexicana; reconocimiento y pago de horas extras; liquidación, conforme a la ley, del personal que voluntariamente se separe de la empresa”, entre otras exigencias.


Contratos a favor de las empresas

La multinacional ha impuesto la afiliación de los trabajadores a un CCPP, convenido entre el Sindicato Nacional de Empleados y Trabajadores de Supermercados, Centros Comerciales, Similares y Conexos de la República Mexicana de la CTM, sin que exista una verdadera vida sindical.

En el contrato se estipulan las normas mínimas de la Ley Federal del Trabajo que, entre algunas, indican que la jornada laboral es de ocho horas, que se asigna el pago doble del salario en días de descanso obligatorio y que todos los trabajadores disfruten de un día descanso semanal con goce de salario íntegro. No obstante, nada de esto se cumple. Y si los trabajadores intentan hacerlo valer, corren el riesgo de ser despedidos.

El supuesto contrato colectivo de trabajo, firmado entre Luis Díaz Mirón, apoderado legal de la compañía y Francisco Flores, “secretario general” del sindicato, es tan sólo uno de los 80 mil contratos de protección que están registrados en el Distrito Federal, ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, indica José Alfonso Bouzas Ortiz, doctor en derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

El investigador universitario –coordinador del libro Contratación colectiva de protección en México, informe realizado para la Organización Regional Interamericana de Trabajadores (ORIT)– critica la existencia de los CCPP, que representan el 90 por ciento de los contratos de colectivos de trabajo registrados ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA), es decir, unos 13 mil 500 contratos de protección de los 15 mil 581 existentes. El mismo porcentaje, calcula, es para cada una de las juntas locales de los estados del país.

Estos contratos, dice, acaparan el sector servicios (cines, bares y restaurantes), la industria farmacéutica y las trasnacionales. Además, “constituyen una práctica que afecta a la mayor parte de los trabajadores mexicanos, impide la democratización y la negociación colectiva y genera una simulación en el conjunto de instituciones del mundo laboral”.

Bouzas Ortiz, especialista en temas laborales, explica que los contratos de protección están firmados por sindicatos pulcramente existentes, pero que en realidad no tienen representación de los trabajadores: “Son personas que se han hecho de una toma de nota y de la existencia formal de una organización sindical”.

Los supuestos secretarios generales, dice el académico de la UNAM, “comercian con los empresarios, ofreciéndoles contratos colectivos a la carta, es decir, de acuerdo con los intereses de los empresarios, permiten la flexibilización plena, el despido injustificado de trabajadores, jornadas por hora, día o por tiempo determinado, etcétera”.

En el informe entregado a la ORIT, María Xelhuantzi López, doctora en ciencia política por la UNAM y asesora del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana, coincide con Bouzas Ortiz y agrega que el contrato de protección “funciona” como un instrumento que permite a las empresas obtener mayores ganancias, “directamente derivadas de la precarización laboral, en especial de la pauperización salarial y condiciones de trabajo”.


Movilización en la vidriera potosina

Luego de dos años de haber obtenido el registro sindical ante la JFCA del Sindicato Único de Trabajadores de la Industria Vidriera del Potosí (SUTIVP), los empleados de la vidriera afiliada a Grupo Modelo enfrentan un nuevo conflicto laboral.
Y es que la empresa que encabeza María Asunción Aramburuzabala, la mujer más rica del país, pretende imponer un contrato de protección a los trabajadores potosinos, que producen más de 5 millones de botellas diarias para envase de cerveza.

Francisco Cruz Retama, abogado del SUTIVP, explica que por más de 10 años la CTM encabezó un “sindicato charro que brindaba un buen servicio a la empresa, porque el único con tiempo liberado para realizar gestiones sindicales del comité ejecutivo era el secretario general, Gabriel Varela. No había información sobre las cuotas y se llevaban asambleas esporádicamente para hacer una simulación de vida sindical”.

Con la creación del SUTIVP se logró el aumento salarial del 19 por ciento para los trabajadores, que ahora se ven amenazados con ser despedidos si no se afilian al contrato de protección que firman la empresa y el Sindicato Autónomo de Trabajadores y Empleados de Comercio, Industria, Agencias Aduanales y Similares de la República Mexicana, adherido a la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC), y controlado por Salim Kalkach.

Cruz Retama dice que los despidos injustificados rebasan los 260 y ahora Kalkach “recaba la firma de los compañeros, con el objetivo de afiliarlos a un comité ejecutivo controlado por la CROC, que después daría el aval para el cierre de la empresa”.

En el informe Contratación colectiva de protección en México, realizado para el análisis de la ORIT, el sociólogo Jorge Robles dice que los contratos de protección “se caracterizan por prestar servicio profesional en contra de los trabajadores independientes organizados. No necesariamente se comportan espectralmente, como fantasmas, pueden incluso ser revisados en tiempo y forma, para adecuarlos a las condiciones y circunstancias que la empresa necesite.

“Los sindicatos de protección pueden, si así lo consideran necesario los empresarios o los dueños del registro sindical, realizar algún tipo de vida sindical, ya sea para justificar las cuotas sindicales que los dirigentes se embolsan o para pagar a sus operadores, golpeadores y coyotes”, indica el profesor de historia del movimiento obrero en la Escuela Nacional de Antropología e Historia.

Enrique Gómez, integrante de la dirección colegiada del Partido Obrero Socialista (POS), coincide con el sociólogo y agrega que desde la entrada del libre comercio en México se incrementaron los registros de los contratos de protección, porque el gobierno tiene el interés de enviar un mensaje de “paz laboral” a los posibles inversionistas. No huelgas, no reclamos, no movilizaciones.


Gamesa impone silencio

Hugo Ortega Vázquez fue despedido de la empresa Gamesa, donde trabajaba como “ayudante de amasador” –con un pago de 117.15 pesos diarios–, por exigir el pago doble del salario el 16 de septiembre, que en el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo está estipulado que es de “descanso obligatorio”.

Su reclamo provocó que sus superiores lo hostigaran y aumentaran la carga de trabajo por casi dos meses. La molestia del jefe de Capital Humano de la empresa, Óscar González Gómez, llegó al límite y el 19 de noviembre del año pasado le espetó: “Estás despedido por el liderazgo negativo que tienes sobre los demás trabajadores, ensuciando sus cabezas con ideas subversivas”, según marca la demanda laboral interpuesta por el extrabajador ante la Junta Especial de Conciliación y Arbitraje en el Distrito Federal.

Pese a que Hugo exigía lo que marca la ley, no hubo sindicato que lo respaldara, pues Gamesa también tiene firmado un contrato de protección con la CTM bajo el nombre de Sindicato Nacional de Obreros y Empleados de la Industria Alimenticia, sus Derivados, Similares y Conexos de la República Mexicana, firmado por Manuel Reyes Coria, como secretario general, y Gamesa.

Luis Bueno Rodríguez, presidente del Centro de Investigación Laboral y Asesoría Sindical (CILAS), dice que “en el sindicalismo, las relaciones laborales y el mundo de trabajo no hay una transición a la democracia, porque el tipo de relaciones laborales forma parte de la poca transparencia que existe en su manejo y del uso de mecanismos autoritarios de control de los trabajadores”.

El representante del CILAS e investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana, plantel Iztapalapa, expone que los contratos de protección “comparten la idea de los modelos flexibilizadores cada vez más precarios del trabajo y la instrumentación de las reformas productivas que operan en el modelo globalizador”.


Promotores de contratos de protección

Enrique Gómez, integrante de la dirección colegiada del POS, explica que además de las ganancias que han obtenido las grandes centrales obreras como la CTM y la CROC, otros, como el Sindicato Progresista Justo Sierra de Trabajadores de Servicios de la República Mexicana, encabezado por Ramón Salvador Gámez Martínez, se han enriquecido al amparo de los CCPP.

Gámez Martínez, conocido como el “zar de los contratos de protección”, es uno de los que inició el “gran negocio”, durante el gobierno de Miguel de la Madrid hasta la administración de Carlos Salinas de Gortari, debido a su amistad con el fallecido Arsenio Farell Cubillas (secretario del Trabajo de 1982 a 1994).

El investigador de la UNAM Alfonso Bouzas Ortiz calcula que Gámez Martínez es dueño de más de 2 mil contratos colectivos en todo el país, que le generan ingresos mensuales millonarios y el control sobre el destino de más de 50 mil empleados, adscritos a 11 ramas de la industria y los servicios: aviación, petroquímica, puertos, telefonía celular, tiendas departamentales, servicios bancarios, laboratorios farmacéuticos, construcción, alimentos, hoteles, restaurantes, maquiladoras, entre otras.

Ramón Salvador Gámez fue acusado de pederastia en abril de 2005. Un año después, el juzgado 15 de lo penal lo exoneró “por falta de pruebas”.
De acuerdo con la página de internet de la JFCA, hay 204 “contratos” registrados por el Sindicato Progresista Justo Sierra. Entre las empresas que los suscriben se encuentran: Cinemark, Sony Entretainment, Hewlett Packard, Daewoo, Banco Unión, Banca Cremi, Sabritas, Nike, entre otras.

Contralínea solicitó entrevista con los secretarios generales Joaquín Gamboa Pascoe, y con Isaías González Cuevas, de la CTM y CROC, respectivamente, sin que hasta el cierre de la edición se haya obtenido respuesta.

Pierde salario 82 por ciento

Revista Contralínea

A 17 meses de que Felipe Calderón asumió la Presidencia de la República, el salario mínimo pierde casi 24 por ciento de su poder adquisitivo, revela estudio de la UNAM. El informe, elaborado por investigadores del Centro de Análisis Multidisciplinario de la Facultad de Economía, señala que el deterioro acumulado del salario de los trabajadores –desde 1982– rebasa el 82 por ciento.

A sus 70 años y enferma de diabetes, Beatriz se esfuerza cada mañana para salir a trabajar. Su empleo como afanadora en una estación del Metro, le permite ganar 950 pesos a la quincena, apenas 20.4 por ciento por encima del salario mínimo vigente, fijado en 52.59 pesos por día. Sin embargo, Beatriz no logra cubrir adecuadamente sus gastos de alimentación, vivienda, salud y vestido.

La Ley Federal del Trabajo señala en su artículo 90 que el salario mínimo “deberá ser suficiente para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia en el orden material, social y cultural, y para proveer educación obligatoria a los hijos”, pero las carencias de la clase trabajadora que percibe ese ingreso revelan que lo estipulado por la ley es letra muerta. El poder adquisitivo del salario mínimo ha sufrido un creciente deterioro en décadas recientes, lo que merma cada vez más las posibilidades de acceso de los trabajadores a los satisfactores básicos.

Tan sólo en los primeros 17 meses de gestión de Felipe Calderón Hinojosa, la merma del poder adquisitivo es de 23.69 por ciento, revela el estudio Estragos del neoliberalismo en México 1982-2008; poder adquisitivo del salario mínimo, canasta alimenticia recomendable y Explotación de los Trabajadores, elaborado por investigadores del Centro de Análisis Multidisciplinario (CAM) de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo correspondientes al último trimestre de 2007, señalan que de los 28 millones 939 mil 966 trabajadores que hay en México, 2 millones 583 mil 758 ganan menos de un salario mínimo, mientras que 6 millones 766 mil 916 reciben entre uno y dos salarios mínimos, lo que en conjunto representa el 32.3 por ciento de la clase asalariada.

El doctor Alfonso Bouzas Ortiz, investigador del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, dice que “no hay ningún trabajador que pueda sostenerse con el importe de un salario mínimo: para que una familia sobreviva se tienen que insertar en el mercado de trabajo dos y hasta tres miembros. Para que una pareja joven decida casarse, tiene que mediar la anuencia de alguno de los padres para incorporarlos a la casa paterna. Es decir, que hay tres miembros que laboran en una misma casa o hay dos casas; ésa es la realidad que estamos viviendo”.

Tal es el caso de Beatriz, que cuenta con el apoyo económico de su hija para pagar los servicios de la casa que habita con su hijo en una colonia popular, al norte de la Ciudad de México. La anciana rememora con tristeza que hasta hace nueve meses eran dos las familias de las que recibía ayuda, pero tras la muerte de una de sus hijas quedó en manos de la otra la responsabilidad del pago de luz, agua y predial.

Su hijo no puede ayudarla con los gastos, pues padece una discapacidad física que le impide trabajar. Beatriz reconoce que de no tener ese apoyo, le sería imposible sufragar los gastos con su exiguo sueldo, que apenas le alcanza para subsistir.


Precariedad del empleo

La anciana no recibe las prestaciones de ley. La empresa de servicios Tecno Limpieza Ajusco, que la emplea desde hace tres años, no le ofrece seguro social ni vacaciones. Su hija la afilió como su beneficiaria en el Instituto Mexicano del Seguro Social para que pudiera acceder a las consultas médicas y medicinas que necesita. De no ser así, Beatriz asegura que “o compraría mis medicinas o comería”.

Tanto su padecimiento como la edad, obligan a Beatriz a ser cuidadosa con su alimentación, pero los aumentos de precios en productos de consumo básicos, como la leche y las tortillas, han condicionado sus opciones alimenticias.

El paso de los años ha afectado no sólo la salud de Beatriz, sino también su economía, pues, al igual que el grueso de la población, ha resentido los efectos de las crisis económicas sexenales. Pese a que en términos macroeconómicos desde hace algunos años comenzó a darse una recuperación, bolsillos como el de Beatriz no han conocido mejores épocas.

La explicación de ello, sentencia el estudio del CAM, es que desde el gobierno de Miguel de la Madrid Hurtado (1982-1988) el salario mínimo comenzó un largo proceso de deterioro.

De acuerdo con los datos de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (Conasami), en este periodo el salario mínimo general registró el mayor número de ajustes y pasó de 0.318 pesos (expresado en el valor actual del peso) en 1982 a 7.04 pesos en febrero de 1988; sin embargo, su poder adquisitivo disminuyó 44.9 por ciento, con lo que el tiempo requerido para adquirir la canasta básica aumentó a nueve horas 19 minutos para el final del sexenio, indica el CAM.

Estragos del neoliberalismo en México 2008: poder adquisitivo del salario mínimo, canasta alimenticia recomendable, explotación de los trabajadores y distribución del ingreso nacional analiza cómo ha decaído el poder adquisitivo del salario desde la administración de Miguel de la Madrid hasta la actualidad. Los datos revelan un deterioro al día de hoy de 82.15 por ciento respecto del salario vigente en 1982, cuando comenzó a implementarse el modelo económico neoliberal.

A través del análisis de la canasta alimenticia recomendable (una ponderación construida a partir de lo que los nutriólogos consideran necesario para el desarrollo físico y mental del ser humano) se advierte cómo ésta ha aumentado 95 mil 375 por ciento al pasar de 0.12 pesos en enero de 1982 a 114.45 pesos para abril de este año. El aumento al salario en el mismo periodo ha sido de 21 mil 900 por ciento, es decir que el incremento de los precios ha sido 4.35 veces superior al del salario en los últimos 25 años.

El deterioro salarial es aún más evidente al calcular qué tanto de la canasta alimenticia recomendable (CAR) se puede adquirir con un salario mínimo. En 1982, cuando el salario equivalía a 0.28 pesos actuales, se podían adquirir más de dos canastas alimenticias, cuyo valor era de 0.12 pesos. Ahora, con un salario de 52.59 pesos y una canasta con valor de 114.45 pesos, apenas es posible adquirir 46 por ciento de ella.

En lo que va del sexenio de Felipe Calderón, el poder adquisitivo del salario se ha reducido 23.69 por ciento, al pasar el precio de la CAR de 80.83 pesos el 1 de diciembre de 2006 a 114.59 en abril pasado, lo que representa un incremento de 41.59 por ciento. El salario, sin embargo, sólo ha aumentado 8.05 por ciento.

Con sólo 17 meses de gobierno calderonista, el salario mínimo ha perdido un poco más de su poder adquisitivo del que perdió, de manera acumulada, en la administración de Vicente Fox, que fue de 23 por ciento.

En comparación con los gobiernos de Carlos Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo, que acumularon una pérdida del poder adquisitivo salarial de 46 y 51 por ciento, respectivamente, la administración foxista tuvo un deterioro menor.

Información proporcionada por el senador Alfredo Rodríguez y Pacheco, sobre las variaciones en la depreciación del salario en los últimos tres sexenios, también muestra una ligera recuperación (de apenas un punto acumulado) respecto del gobierno anterior. Empero, la recuperación que el legislador señala se está dando con Felipe Calderón (de 1.2) no coincide con los cálculos del CAM, que indican un deterioro del salario de 7.15 por ciento mayor que el de su antecesor, pero similar al que existía al 1 de enero de 1994.

Beatriz hace su análisis: “Antes compraba dos pesos de tortillas, ahora tengo que comprar como tres o cuatro pesos para que me alcance”. El CAM también hace sus cálculos, en su estudio indica que en 1982 el salario (0.28 pesos) alcanzaba para comprar 56 kilogramos de tortilla, lo que se redujo significativamente en los años siguientes. Para 1994 podían comprarse 20.3 kilogramos; para 2000, poco más de la mitad (10.3); en diciembre de 2006 alcanzaba para 6.9 kilogramos, y actualmente tan sólo para 6 kilogramos.

Otro de los alimentos que también ha presentado un incremento sistemático de precio es la leche. El comparativo señala que en 1982 podían adquirirse 18.6 litros, mientras que en 2008 pueden comprarse únicamente 4.9 litros.

Con un salario mínimo en 1982 podía comprarse 1.8 kilogramos de carne de res. Si de por sí ya era insuficiente, dado que la CAR está calculada para una familia de cinco integrantes, la cifra de 2008 indica que ahora sólo pueden adquirirse 600 gramos de dicho producto.

A la luz de estos datos es evidente que el deterioro del salario mínimo ha repercutido en la calidad de vida de la clase trabajadora. La solución, de acuerdo con el senador Alfredo Rodríguez y Pacheco, “es la creación de empleos: es la ley de la oferta y la demanda. En la medida en que haya más opciones para el trabajador, él podrá decidir que le conviene trabajar donde le ofrecen un mejor salario”.

Pero Bouzas Ortiz ofrece una valoración opuesta a la del senador panista. Para el investigador, “la oferta y la demanda de mano de obra están jugando en contra de los trabajadores”; pues, al no haber diversidad de incrementos salariales, se crean condiciones en las que las grandes empresas sacan ventaja de pagar sueldos tasados según el salario mínimo, y “los trabajadores se insertan en estas dinámicas porque no tienen otra opción”.

Según Rodríguez y Pacheco, secretario de la Comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado, lo que se busca es que el trabajador perciba una mayor cantidad, lo cual se logra no necesariamente elevando el salario mínimo sino mejorando su valor real. El senador advierte: “Lo que vamos a buscar es que el trabajador perciba un salario que le permita ir revirtiendo esa depreciación que ha sufrido”. La estrategia prevista por Rodríguez y Pacheco es elevar la productividad, pues al incrementarse se combatirá la inflación “que a la larga daña el salario del trabajador”, y generar también un incentivo entre los empresarios para crear más fuentes de empleo, lo que derivará en un mejor nivel salarial.

La historia del declive

Tras siete años de laborar recibiendo el sueldo mínimo, Beatriz nunca percibió que su calidad de vida mejorara, a pesar de que desde 1964 el monto nominal de los salarios se ha elevado año tras año, según datos de la Conasami.

Luis Lozano, investigador del CAM de la Facultad de Economía, explica que esto se debe a que a la par de los aumentos salariales ha existido un incremento en los precios de los productos básicos de consumo, que ha sido superior al de los sueldos.

Una panorámica histórica planteada en un estudio del Centro de Análisis Multidisciplinario realizado en 2006, muestra que durante el sexenio de Luis Echeverría Álvarez (1970-1976) el salario mínimo tuvo una recuperación en su poder adquisitivo de 18.4 por ciento acumulado, pero al mismo tiempo la inflación generó un incremento de precios que alcanzó, en promedio, 16.5 por ciento anual. La devaluación de la moneda en 1976 presionaría aún más el proceso inflacionario en los años siguientes.

En el mandato de José López Portillo (1976-1982) la recuperación del poder adquisitivo del salario sólo se logró en 6.2 por ciento, con lo que el tiempo de trabajo que necesitaba laborar una familia para poder adquirir la canasta básica pasó de cinco horas 15 minutos a cinco horas 24 minutos. Una profunda crisis económica al final del sexenio y el inicio de un proceso de ajuste macroeconómico bajo lineamientos del Fondo Monetario Internacional (FMI) marcarían esta administración y repercutirían en los niveles de vida de la población trabajadora.

El doctor Bouzas Ortiz señala que parte del compromiso con el FMI ha sido el control salarial y la garantía de que el país se desarrollará dentro del sector de servicios y “la fuerza de trabajo mexicana será dócil, manejable, dispuesta a recibir salario pelón y que no va a reclamar los complementos del salario; dispuesta a trabajar por horas, por días, por semanas, a cambio de salarios menos malos, que no buenos”.

México, reprobado en el sector laboral: OIT

Revista Contralínea

Dos meses antes de que Felipe Calderón asumiera la Presidencia del país, el director general de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en México y Cuba, Miguel del Cid, advirtió que la economía informal sería un “tremendo desafío” para la nueva administración. Contundente, el experto expresó la preocupación del organismo promotor de los derechos laborales por el creciente nivel de desempleo abierto y de ocupación informal.

El pronunciamiento del responsable de la oficina regional de la OIT, ocurrió en el marco del 12 Foro de Recursos Humanos, el 20 de septiembre de 2006. Cid Molina llamó al presidente electo a “incluir un mayor acceso a crédito, capacitación, asistencia técnica, apoyar la comercialización de los productos, además de una política para abatir el empleo informal”.

Diecisiete meses después de ese análisis, la situación de los trabajadores mexicanos ha empeorado, revela el Informe panorama laboral 2007. América Latina y el Caribe del organismo dependiente de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), responsable de convocar “a gobiernos, empleadores y trabajadores de sus Estados miembros con el fin de emprender acciones conjuntas destinadas a promover el trabajo decente en el mundo”, según define en su página electrónica.

El análisis de la OIT indica que con Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Honduras, Jamaica, Panamá, Venezuela y Trinidad y Tobago, México mantuvo el mismo nivel de 2006 en materia de estabilidad laboral. El conjunto de estos países representa casi el 45 por ciento de la población económicamente activa (PEA) urbana de la región.

Para Alfonso Bouzas, especialista en derecho laboral, la cifra correspondiente a la PEA en América Latina oculta que en el país “más de la mitad de la población económicamente activa está sin trabajo y buen número de la mitad que labora, lo hace en el sector informal”.

Esta realidad, señala el también sociólogo del trabajo por la Universidad Nacional Autónoma de México, obedece a que la política laboral que inició con el gobierno de Vicente Fox, sigue la misma lógica en el gobierno de Felipe Calderón.

Sin embargo, reconoce que el deterioro de la situación laboral de los mexicanos inició en la década de 1970: “El salario va en declive y, para recuperar el nivel adquisitivo de esos años, se necesitarán no menos de 30 años”.

Esto significa que una familia mexicana se mantiene con dos o tres salarios mínimos, pues no es factible garantizar la sobrevivencia de las familias con uno solo, expresa el experto en relaciones laborales y regulación del trabajo.

Agrega que “en México hay gente que se está muriendo de hambre y no existe una política para el trabajo decente, tal como lo prevé la Organización Internacional del Trabajo”.

De acuerdo con el organismo de Naciones Unidas encargado de promover la justicia social y los derechos humanos y laborales reconocidos a nivel internacional, el “trabajo decente se basa en el deseo expreso de hombres y mujeres de tener un trabajo productivo en condiciones de libertad, equidad, seguridad y dignidad humana, que les permita acceder a ellos y a sus familias a un nivel de vida decente”.

Para Alfonso Bouzas, tampoco es previsible que en esta administración el trabajo decente sea una realidad, “porque no está dentro de las prioridades de la política económica y México ya se conformó con ser un país que destina a su población al sector servicios, renunció a la formación académica, intelectual, a la profesionalidad y, cuando más, pretende calificar a su población para trabajos técnicos de mediana envergadura”.


Contra la changarrización

Desde diciembre de 2004, la OIT criticó el rezago laboral existente en el país. Esto ocurrió al publicarse el Informe sobre el empleo en el mundo, 2004-2005. Entonces, el organismo denunció que “muchos mexicanos están empleados en trabajos pobremente pagados, en la economía formal e informal. El mercado laboral mexicano se caracteriza por tener un nivel de sueldos estancado, escasa seguridad social, inadecuada protección social y falta de formación”.

Para el organismo, la poca vinculación del sector maquilador con el resto de la economía nacional provoca que los trabajadores no tengan mejores condiciones laborales. Ante ese diagnóstico de 2004, el catedrático Alfonso Bouzas expresa que la denuncia de la OIT “comprueba que el mercado de trabajo en México es precario y de baja calidad y reafirma que la reactivación del empleo en el país está basada en la changarrización y no en el empleo de calidad”.

Tres años después, en el Informe panorama laboral 2007, la OIT indica que México fue el único país donde aumentó la tasa de desocupación entre enero y septiembre de 2007, al ubicarse en 4.9 por ciento, tres décimas por encima de igual periodo de 2006. “Una cifra que podría subir si la crisis inmobiliaria en Estados Unidos se agudiza y el precio del petróleo se mantiene al alza”.

En el ámbito regional, el desempleo urbano en México registró una tasa promedio de 8.5 por ciento durante los tres primeros trimestres de 2007, por debajo del 9.1 por ciento en igual lapso de 2006. La página 13 del informe de la OIT señala que en nuestro país, la tasa de desempleo urbano (medida en 32 ciudades) subió de 4.6 a 4.9 por ciento en los tres primeros trimestres de 2006 y 2007, respectivamente, resultado de una reducción de la tasa de ocupación de 0.2 puntos porcentuales.

Dos años antes, en el otoño de 2006, Miguel del Cid citaba que, de 1996 a esa fecha, siete de cada 10 trabajos correspondían a la economía informal. En su opinión, eso “es un reflejo de un magro, endeble y fluctuante crecimiento de la economía en los últimos años, así como de un déficit de aplicación de las políticas públicas”.

Entonces, el director de la OIT para Cuba y México señaló que las nuevas políticas laborales del gobierno del Partido Acción Nacional deberían enfocarse a los problemas de las empresas y de las actividades más rezagadas en el ámbito rural y urbano de México, como son las actividades agrícolas. Sin embargo, la evaluación más reciente de la OIT destaca que en México bajó el ritmo en la generación de empleo, pues la tasa de desempleo nacional pasó de 3.6 por ciento a 3.8 por ciento entre fines de 2006 y mediados de 2007.

Además, la OIT subraya que el aumento de la desocupación en México contrasta con el incremento anual de trabajadores afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social, que al cierre del tercer trimestre registró un crecimiento de 6 por ciento.

Esta cifra –cita el documento– representa nuevos puestos de trabajo creados en el periodo, y una parte puede deberse a una mayor fiscalización. Asimismo, el incremento anual en la generación de empleo formal siguió presentando mayor dinamismo en las ocupaciones eventuales urbanas que en las permanentes.

Bouzas Ortiz indica que, de acuerdo con los indicadores, las alternativas para las personas con mediana calificación se estrechan en función de diversas variables: requiere técnica, no ciencia; se requieren hombres, no mujeres; requieren jóvenes, no viejos, y se requiere gente con disponibilidad absoluta de tiempo completo, es decir, dispuesta a prestar servicio cuando se le llame.

“Y en esas condiciones, no podemos decir que quienes aprendimos a leer y a escribir tengamos unas perspectivas muy buenas”.


Mujeres, excluidas

“A partir de la aplicación de una nueva metodología de estimación del empleo informal en Colombia, Ecuador, México, Panamá y Perú para 2006, se considera que en promedio el empleo informal afecta al 61.5 por ciento de la población ocupada urbana. En estos países, las mujeres presentaron mayores porcentajes de empleo informal que los hombres”, indica el informe de la OIT.

Ya en julio de 2006, la responsable del programa Género, Empleo y Pobreza de la OIT, María Elena Valenzuela había indicado que Chile y México son los países de América Latina que tienen la tasa de participación laboral femenina más baja.


Sin sindicatos

La democracia y la libertad están muy relacionadas con los derechos humanos, afirma la OIT. Por esa razón, su ausencia o incumplimiento dificulta el funcionamiento del sistema político y pone en peligro la gobernabilidad y la paz social.

El capítulo “La importancia política del respeto a la libertad sindical en las Américas”, del Informe panorama laboral 2007, dice que las quejas presentadas ante el Comité de Libertad Sindical (CLS) de la OIT procedentes de países latinoamericanos subieron 28.2 por ciento contra el 10.1 por ciento de las provenientes de otros continentes.

De enero de 1990 a junio de 2007, el CLS registró 587 quejas de países de América, con lo que concentró el 57.1 por ciento del total de denuncias por la violación de la libertad sindical, “muy por delante de los otros continentes”, reseña el informe de la OIT. Esa cifra revela, para el académico Bouzas Ortiz, que en México “nos hemos acostumbrado a una política económica antilaboral”.

Es tal el desdén –agrega–, que durante la campaña presidencial de Felipe Calderón no se encuentra una sola vez en ninguno de los documentos de campaña la palabra sindicatos, a pesar de que son actores sociales: parece que se les desearía borrar del escenario.

Empleo precario, migración y desempleo: la oferta laboral calderonista

Revista Contralínea

En México, más de 90 millones de niños, adultos y ancianos se ven obligados a laborar por cuenta propia y 3 millones trabajan sin recibir remuneración alguna, según datos de la UNAM. Cada año, 550 mil personas abandonan el país en busca de sustento. En la mayoría de ellas, el Estado mexicano invirtió más de 10 años de educación. Apenas 16 millones de trabajadores cuentan con salario y prestaciones que marca la ley, luego de 17 meses de gobierno de quien prometió ser el “presidente del empleo”

Su contrato es sólo de palabra y estará vigente hasta que el patrón decida. Grupo Indi –empresa holding que agrupa a otras dedicadas a servicios de ingeniería y construcción–, los contrató para erigir la nueva sede del Senado en el predio de Paseo de la Reforma. Se prevé que la obra dure tres años, tiempo en el cual su sueldo crecerá conforme “suban peldaños”, les aseguró la compañía.

La obra tendrá un costo de casi 1 mil 700 millones de pesos; mientras, los trabajadores ganan hasta 1 mil 500 pesos semanales. El salario menor corresponde a las trabajadoras, quienes ganan 1 mil 200 pesos, 300 menos que los ayudantes generales por las mismas tareas. En jornadas de ocho a ocho, de lunes a sábado, las 11 mujeres que trabajan en esa construcción deben recoger escombro y varilla de hasta una pulgada de grosor y nueve kilogramos.

Aunque cuentan con equipo de seguridad y atención médica, están expuestas a accidentes y sólo dos tienen seguro social, porque lo han exigido. Obedeciendo al ánimo del superior, pueden no gozar del pago de horas extra.

“De no caerle bien” a su superior o velar por la seguridad de otros compañeros, los trabajadores son despedidos. La paramédico, quien exigía que se atendiera mejor a los empleados, fue echada inmediatamente. Si expresan su descontento, dicen, pueden ser liquidados con un finiquito de tres días de salario.

Madre soltera, la joven es el soporte de su madre y su hija. Un embarazo de alto riesgo la dejó imposibilitada para seguir como costurera en una empresa. Con estudios de secundaria, el sueldo que percibe es insuficiente: una despensa básica; el transporte, y la leche y los pañales para su hija le cuestan 1 mil 230 pesos a la semana.

Antes planeaba permanecer hasta la conclusión de la obra; sin embargo, “en una empresa que no comparte las utilidades y no responde, no sé cuánto tiempo más duré, pero no serán los tres años”.

La Organización Internacional de Trabajo (OIT) define como trabajo decente a la actividad productiva con remuneración justa, seguridad en el lugar de trabajo, protección social para las familias, perspectivas para el desarrollo personal y la integración social, libertad para que los individuos se organicen y participen en la toma de decisiones e igualdad.

No obstante, en México cada vez son más los trabajadores obligados a emplearse informalmente o subemplearse, poniendo en riesgo su seguridad, salud y educación.

Los especialistas observan una precarización en el empleo. Para los 45 millones 621 mil 687 trabajadores, que conforman la población económicamente activa (PEA), sólo se ofrecen trabajos mal remunerados y violatorios de los derechos laborales. Además, advierten que la intención del gobierno federal es favorecer al capital por encima del asalariado.

“En la concepción capitalista –anota Gerardo González Chávez, del Instituto de Investigaciones Económicas (Iiec) de la Universidad Nacional Autónoma de México– la fuerza de trabajo es también una mercancía”. En ese sentido, el investigador adscrito a la Unidad de Economía de Trabajo y Tecnología advierte que el deterioro en el mercado laboral va en detrimento de conquistas laborales y la inexistencia de prestaciones sociales.

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) presume que en 2007 se crearon 800 mil empleos, en tanto que la tasa de desempleo en México es menor a la de otros países más desarrollados. No obstante, González Chávez señala que el 60 por ciento de esos empleos son temporales, no cumplen con la definición de la OIT sobre trabajo decente e implican subcontratación, informalidad y no remuneración.

Escenario precario

Para la OIT por cada punto porcentual del crecimiento en la economía, se deben generar 150 mil empleos. González Chávez expone que en 2006 se generaron 750 mil empleos con una tasa de crecimiento mayor a la de 2007; por lo que son cuestionables los datos de la STPS. El indicador de la dependencia se basa en el número de nuevos afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS); sin embargo, incluye a quienes fueron regularizados.

De enero a la fecha se han generado 150 mil empleos. No obstante, la perspectiva de crecimiento económico de sólo 2.8 por ciento podría inhibir su creación. La expectativa del gobierno federal es de 650 mil este año.

Aunque según la STPS la tasa de desempleo se redujo a 3.8 por ciento –por debajo de la de Estados Unidos, que se ubica en 5 por ciento– el especialista advierte que en 2000 se contaban 1 millón 3 mil desempleados, y para 2007 había 1 millón 616 mil personas desocupadas. Señala también que la tasa de desempleo registrada por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) es mayor que la de la STPS.

Para Pedro Reyes Linares, del Centro de Reflexión y Acción Laboral (Cereal), en México es imposible que una persona no haga ningún tipo de actividad productiva, y no significa que trabaje contratado. A ello le atribuye que haya un porcentaje de desempleo muy bajo. Observa que a la tasa de desocupación habría que sumar la población que se considera inactiva y está disponible para trabajar, y el número aumentará a 7 millones de personas, es decir, el 9 por ciento de la población mayor de 14 años.

Además, añade que hay 1 millón 520 mil personas que tienen experiencia previa y han sido desplazados de sus puestos, sin poder recuperarlos: “Se están perdiendo empleos estables que no se recuperan y hay una creación insuficiente de empleos”.

González Chávez lamenta que buena parte de la mano calificada está desempleada.

Describe que el promedio de educación de los emigrantes es de 10 años y que de cada 20 emigrantes, uno es médico. Además, en su último reporte, el sitio web Mi Salario arrojó que el 70 por ciento de los encuestados que se decían licenciados, con grado de maestría y doctorado tenían salarios que iban de 6 mil a 7 mil pesos.

Según la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, en 2007 la PEA totalizaba 45 millones 621 mil 685, de 106 millones de habitantes. Anota que la perspectiva es que a la PEA se incorporen, para los siguientes cinco años, 1 millón 140 mil personas anualmente. Mas –indica– sólo el 30 por ciento de la población en edad de trabajar tienen un empleo formal. Entre 2000 y 2006, los asalariados en este rubro fueron 1 millón 143 mil 370.

La STPS declaraba en 2007 que uno de cada dos mexicanos no tiene un empleo formal, es decir, 19 millones trabajaban en la informalidad. González Chávez apunta que los trabajadores por cuenta propia –niños, jóvenes, adultos y ancianos– suman 90 millones 701 mil y los no remunerados, 3 millones 174 mil: “En la medida en que no existe un seguro de desempleo, el individuo tiene que inventarse una actividad, mantenerse en la búsqueda de un empleo o emigrar”.

Y es que –explica– el 50 por ciento de la fuerza de trabajo gana de uno a tres salarios mínimos. En tanto, desde 1976 los trabajadores han perdido más del 80 por ciento de su poder adquisitivo. Estima que por esa razón, de ser 300 mil emigrantes a Estados Unidos en 2000, para 2007 eran cerca de 545 mil. De acuerdo con el Consejo Nacional de Población, en el país vecino residen 29.3 millones de personas de origen mexicano, de los cuales 11.1 millones nacieron en México.

Javier Aguilar García, del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, explica que en empresas de 100 trabajadores, sólo registran a un promedio de 20 ante el IMSS y a quienes sí están asegurados no se les entrega la documentación para tener acceso a los servicios médicos. Según Reyes Linares, el 35 por ciento de la PEA no tiene acceso a la salud.

“Del total de la PEA, el IMSS tiene registrados a 14 millones y el Instituto de Seguridad Social al Servicio de los Trabajadores del Estado, 2 millones; es decir, 16 millones de trabajadores están asegurados. El INEGI tiene registrados como empresarios a 2 millones de personas y otros tres trabajan en el sector comercial. El resto carece de seguridad social”.

Deterioro en derechos laborales

En el XI informe de violaciones a los derechos laborales, 2007, titulado La mano dura de Calderón. Tres reformas, arrebatar el poder a los trabajadores, Cereal apunta que en el sector servicios ocurren violaciones laborales: contratos temporales y de protección, outsourcing o terciarización, se imposibilita la libertad sindical, horarios flexibles, salarios insuficientes, prestaciones limitadas, falta de seguridad social.

El investigador de Cereal, Reyes Linares, declara que en tanto el empleo industrial está reducido drásticamente, la única oferta son empleos en el sector terciario y se los están ofreciendo en su mayoría a jóvenes y mujeres con mínimas condiciones, en muchos casos sin seguridad social.

Describe el caso de violaciones laborales cometidas por la cadena de restaurantes estadunidense Hooters. Con nueve sucursales en México, las “animadoras” –llamadas así para evitar que se tabule su salario con el de una mesera– deben ser “guapas”, delgadas y extrovertidas y vestir uniforme ajustado.

Además están obligadas a firmar tres cláusulas, según su Manual del Empleado: “Mi trabajo requiere que interactúe y divierta a los clientes; el concepto de Hooters está basado en el atractivo sexual femenino y los chistes y la insinuación sexual son lugares comunes, y no encuentro que mis deberes o el ambiente de trabajo sean ofensivos”.

De organizarse, corren el riesgo de ser despedidas, y cuando son contratadas se les obliga escribir una carta donde declaren no estar embarazadas; se explota su imagen en publicidad y no se les incluye en la toma de decisiones. También son obligadas a pagar el servicio de los garroteros, anfitrionas y cajeros.

Cuando las trabajadoras se niegan a cumplir con ciertas promociones, se les amenaza con no recibir propina, su principal fuente de ingresos. Además sufren insultos, comentarios en doble sentido y manoseos por parte de los clientes sin ser defendidas por la gerencia.

“Lo más grave –señala Reyes Linares– es que las reglas de un manual estén por encima de la Constitución y de los ordenamientos de derechos humanos que México ha ratificado”. El investigador describe que en algunas maquiladoras los contratos se renuevan cada 28 días para observar el periodo menstrual de las trabajadoras y verificar, mediante examen clínico, que no estén embarazadas, de lo contrario pierden su empleo. Reyes Linares apunta que ese tipo de relaciones contractuales son ilegales.

En otras empresas, los contratos se firman junto con la renuncia y, en trasnacionales como Hitachi, los empleados son encerrados bajo llave para firmar su renuncia. En su gran mayoría, los trabajadores no poseen copia de su contrato y lo desconocen, y en otros casos los asalariados deben someterse a requisitos como no tener un familiar que sea abogado.

Anota que mediante el outsourcing o el uso de agencias de contratación, el patrón evade sus obligaciones con el asalariado. Así, ejemplifica que en una fábrica de 10 mil obreros en Guadalajara, 9 mil 500 tenían un contrato hecho con 10 agencias diferentes. El especialista sugiere que en el sector servicios el 95 por ciento de los trabajadores están contratados de esa manera.

Informalidad, única opción

Zapatos con suela rota, ropa vieja, la muñeca olvidada, discos de acetato, el fierro viejo, libros deshojados, el electrodoméstico descompuesto, aquí todo está en barata y al precio que más convenga, porque aquí también se regatea.

No importa si son artículos de segunda o tercera mano, en el tianguis El Piojo todo se vende desde hace 18 años cada sábado y domingo. Y mientras hay quien viene a deshacerse de lo que ya le es inútil, otros lo compran y lo revenden, o acuden a las recicladoras para completar el gasto de la semana. El Piojo es la fuente de empleo de casi 200 familias.

Reparada y limpia, la mercancía desperdiciada se vuelve a ocupar, dicen. En su mayoría son comerciantes que tienen plaza en otro mercado ambulante o que, de ser alfareros, pasaron al ambulantaje por las bajas ventas del oficio. Apenas seis pares de calzado se ven en un puesto y los dueños se preguntan cuánto capital puede representarles. Ni siquiera 100 pesos, calculan.

Desde que fue reubicado a las afueras del municipio de Metepec, Estado de México, el tianguis no tiene la misma afluencia por la falta de transporte y tiene que lidiar con la competencia de otro mercado de usado, La Pulga. Atenidos a la suerte de ganar o no, los mercantes también se dedican al cuidado del lugar con sus recursos: el mantenimiento de coladeras y el servicio de limpia, pues las frecuentes lluvias dejan estragos en la explanada.

Bertha vende ropa usada en El Piojo desde que este fue fundado hace 18 años.
—Vienen los mayoristas –describe la mujer de más de 65 años– y hay que darla barata porque no sale. La gente que viene es humilde; si se le da caro no regresa. Por eso no me alcanza. A veces vendo 100 pesos y hay veces que no me persigno. Así es el negocio.

“Chacharero” se hace llamar Genaro García y vende refacciones para camiones. Cada pieza le costó 20 pesos. Con puestos también en Santiago Tiaguistengo y en Toluca, mantiene a una familia de seis: “No nos va muy bien, tampoco muy mal. Llevamos algo para comer y salimos mientras Dios nos dé licencia”.

José Hernández Riwes, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, asegura que el sector informal representa cerca de un tercio del producto interno bruto.

La informalidad incluye a quienes laboran por cuenta propia, los microempresarios relacionados con la subcontratación y los empleados no remunerados: vendedores ambulantes, artesanos, transportistas, prestadores de servicios domésticos y de reparaciones diversas, trabajadores sexuales. Además, patrones de asalariados que no los inscriben en registros oficiales, fiscales o de seguridad social. “Desde el punto de vista jurídico es el incumplimiento de las disposiciones administrativas”, define el académico.

Reyes Linares advierte que ese tipo de trabajos no otorgan estabilidad económica al país. “En la mayor parte de los casos, se trata de personas que sostienen su vida, pero en niveles precarios”.

Hernández Riwes enuncia que el Estado es omiso e incumple con lo que tiene derecho cualquier trabajador: “El problema de la informalidad no ha sido resuelto porque no se deja de ser informal hasta no tener seguridad social”. Apunta que las leyes están diseñadas para otro tipo de ciudadanos, cuando los trabajadores informales no pueden satisfacer sus necesidades.

Imperante cambiar modelo económico

El investigador de Cereal, Pedro Reyes Linares, anota que la precarización del trabajo es resultado del modelo económico que se ha profundizado. Con la administración de Felipe Calderón “no se recupera lo perdido, sino que se está perdiendo más”. Observa que lo que sí es inédito es la poca disponibilidad del gobierno calderonista para escuchar y conciliar con los trabajadores.

González Chávez, del Iiec, indica que el problema es la visión empresarial que beneficia al gran capital y relega al capital nacional, cuyo incentivo sería la fuerza laboral. Opina que el Estado debe recobrar su participación en la economía y su capacidad de generar empleo, que a su vez originará más empleo.

Benedicto Martínez, de la Coordinación Colegiada del Frente Auténtico del Trabajo, declara que el gobierno federal responde más a los intereses de los dueños del dinero. Considera que se debe acabar con la simulación, empezando –sostiene– por el gobierno mismo que contrata a trabajadores eventuales y por honorarios cuando realizan las mismas actividades que quienes están de base:

“Hemos entrado a una etapa de falsedades, donde muchas empresas negocian cuánto se les concede, desconocen las conquistas laborales, recortan personal, reducen salarios y prestaciones, y empeoran las condiciones de vida de los mexicanos. Tiene que cambiar el modelo económico y el gobierno debe verse hacia adentro para reactivar la industria nacional”.


Y es que –señalan los especialistas– no hay un plan industrial que incentive a los sectores productivos y aumente el empleo estable: “Lo que sí se tiene –asevera Reyes Linares– son pequeñas y medianas empresas contraídas que generan empleos, que no son protegidas y luchan por sobrevivir en un esquema de liberación económica”.

Con Calderón se agrava deterioro laboral

Revista Contralínea

El 1 de mayo de 1886, los obreros de Chicago iniciaron una huelga donde la demanda central era la jornada laboral de ocho horas. Ciento veintiún años después, la consigna sigue vigente entre jornaleros, campesinos, maquiladores y obreros mexicanos. Uno de los mártires de esa ciudad estadunidense –Hessois Auguste Spies–, antes de ser ahorcado, lanzó una advertencia: “La voz que vais a sofocar será más poderosa en el futuro que cuantas palabras pudiera yo decir ahora”.

Hace más de cinco lustros, entre gobiernos priistas y panistas, las condiciones laborales, económicas y materiales de los trabajadores mexicanos iniciaron un acelerado deterioro. En las vísperas de las polémicas elecciones federales de 2006, subsistía en la población un consenso: la necesidad de iniciar una redistribución de la riqueza a través de más y mejores empleos que paliaran las desigualdades económicas y sociales. Atendiendo más a los consejos de la mercadotecnia que a las convicciones, un candidato se autonombró el “presidente del empleo”.

Sesenta y ocho días después de emitidos los sufragios, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación otorgó el triunfo a ese aspirante.

Luego de 17 meses de que Felipe Calderón asumiera la Presidencia de la República, la situación de los trabajadores mexicanos no se ha revertido. Por el contrario, se agudiza la tendencia degenerativa –iniciada desde el priismo– de la estructura social, jurídica y material, herencia de la Revolución Mexicana, que arropó a los generadores de la riqueza: los trabajadores de la ciudad y el campo.

En el México de hoy, más de 90 millones de niños, adolescentes, adultos, ancianos y mujeres laboran por cuenta propia y 3 millones más trabajan sin recibir remuneración alguna, según datos de la UNAM. Además, cada año alrededor de 550 mil personas se ven obligadas a abandonar el país en busca de empleo. Huyen de la miseria campesinos, madres solteras, artesanos, pero también profesionistas en los que el Estado mexicano invirtió más de 15 años de educación.

Según el Informe panorama laboral 2007. América Latina y el Caribe, de la Organización Internacional del Trabajo, desde que Calderón asumió la Presidencia, y hasta septiembre de 2007, la tasa de desocupación urbana se incrementó de 4.6 a 4.9 por ciento. Apenas 16 millones de personas cuentan con salario y prestaciones que marca la ley.

El salario mínimo ha perdido casi 24 por ciento de su poder adquisitivo tan sólo en el año y cinco meses de la nueva administración. El deterioro acumulado desde 1982 rebasa el 82 por ciento, según el Centro de Análisis Multidisciplinario de la UNAM.

El 90 por ciento de los contratos colectivos de trabajo son de protección patronal, revela un estudio del investigador Alfonso Bouzas. Así las empresas garantizan la “paz laboral” a cambio de la violación de los derechos de la clase obrera y la explotación de los trabajadores.

Los raquíticos salarios, la intromisión gubernamental en la vida interna de los sindicatos y el constante ataque a la seguridad social, son los factores en común que detonan los conflictos obrero-sindicales en México. Desde el inicio del calderonismo, se han emitido más de 9 mil emplazamientos a huelga. De ellos, han estallado más de 50.

Además, la propuesta de reforma laboral que se negocia a espaldas de la sociedad busca legalizar la conculcación de los derechos de los trabajadores.