Panismo: etapa negra para el sindicalismo mexicano
Contralínea
* Los raquíticos salarios, la intromisión gubernamental en la vida interna de los sindicatos y el constante ataque a la seguridad social, factores que detonan conflictos laborales en México. El arbitraje del gobierno federal: tardío, parsimonioso y abiertamente a favor de los patrones, aseguran líderes sindicales. Mineros, electricistas y empleados de Bancomext y de universidades han protagonizado los conflictos obrero-patronales más emblemáticos desde que el PAN arribó a la Presidencia de la República
Con la entrada del Partido Acción Nacional, en 2000, inicia una etapa negra en el sector sindical en México, pues con medidas coercitivas se busca un sindicalismo conforme y sumiso, dice Alejandro Vega García, investigador del Centro de Investigación Laboral y Asesoría Sindical (CILAS). Agrega que, durante el sexenio anterior, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) se plegó totalmente a favor de los empresarios e hizo una labor constante para desconocer huelgas y reprimir a los trabajadores.
El CILAS calcula que el nivel de sindicalismo en el país oscila entre 11 y 19 por ciento de la población económicamente activa (58 millones 600 mil de empleados en el segundo trimestre de 2007), es decir, que sólo alrededor de 11 millones de trabajadores están afiliados a un sindicato.
Vega García considera que el derecho de asociación se ve restringido y muchas veces nulificado, en la medida en que el Estado se reserva la facultad de validar, mediante el mecanismo discrecional del registro sindical, operado por la Dirección General de Registros de Asociación de la STPS. El principio según el cual las organizaciones pueden existir a partir sólo de la voluntad de quienes las constituyen es seriamente cuestionado.
La STPS tiene registrados aproximadamente 800 sindicatos. En su Informe anual de labores de 2007 –en su apartado de conflictos laborales obrero-patronal–, la dependencia informó que de enero a julio se registraron 290 demandas colectivas ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje y 4 mil 329 emplazamientos a huelga, de los cuales estallaron 16. En éstos se vieron involucrados 4 mil 329 trabajadores.
El investigador, exlíder del Sindicato Independiente de Trabajadores de la Universidad Autónoma Metropolitana, considera que los tres ejes que detonan los conflictos laborales son: los bajos salarios; la falta de respecto a la vida interna de los sindicatos, por parte del gobierno, y el ataque constante a conquistas históricas de sindicatos y trabajadores, como la seguridad social.
El también directivo del CILAS documenta en su cuaderno de investigación Libertad sindical que, en mayo de 2006, especialistas en el campo laboral denunciaron al gobierno de Vicente Fox como el autor del mayor número de violaciones laborales y de una política antisindical más dura que las de los gobiernos priistas.
Según datos de la STPS, de 2000 a 2006 se presentaron 2 mil 636 denuncias colectivas, alrededor de 439 anuales; 47 mil 212 emplazamientos a huelga, que derivaron en 293 estallamientos y en los que estuvieron involucrados 214 mil 330 trabajadores.
Javier Aguilar García, investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), dice que a partir de 1983 los sindicatos perdieron importancia en el esquema económico y político de México. Ante la entrada del modelo neoliberal, el sindicalismo fue arrinconado. “Hoy el gobierno federal les pide paz social, pero no existe un compromiso del Estado para resolver las demandas económicas y sociales de los trabajadores”.
Aguilar García agrega que los propios sindicatos no han hecho nada para recuperar su lugar dentro de la vida política: se mantienen pasivos frente al avasallamiento económico del exterior. “Como los líderes siguen obteniendo beneficios, reciben dinero, privilegios y curules en el Congreso, dejan a la deriva a sus afiliados. Y la Secretaría del Trabajo, que debería defender los derechos de los trabajadores, está del otro lado, con los empresarios”, dice.
STPS a favor de los patrones
Alejandro Vega García explica que la STPS no juega el papel de árbitro en los conflictos laborales, como lo marca la Constitución, con una orientación a favor de la parte más débil, que son los trabajadores. Por el contrario, está coludido con los empresarios.
Los trabajadores –agrega– al enfrentar un conflicto en defensa de sus derechos laborales, desafían no sólo la posición del patrón, sino la parcialidad del poder gubernamental, y en otros casos hasta el poder del Estado contra ellos, como en el caso minero.
A decir de Vega García, la intervención e intromisión de la STPS en la vida interna de los sindicatos no había sido tan abierta y adversa desde las décadas de 1950 y 1960, con los conflictos de médicos y ferrocarrileros.
No obstante, Álvaro Castro Estrada, subsecretario de Trabajo, Seguridad y Previsión Social de la STPS, considera como exitosa la participación de la dependencia en la conciliación de conflictos laborales, dentro de la administración de Felipe Calderón.
“Hay buenos resultados. Hoy en el país existe paz laboral y no por generación espontánea, sino porque hay un trabajo de mucha gente: trabajadores y empresarios que buscan hacer sus revisiones en un sentido de realidad”, dice el funcionario.
Mineros: torpeza y encono
Alejandro Vega, en Libertad sindical, dice: “Pocas veces en la historia del país un conflicto sindical ha alcanzado las dimensiones e impacto nacional e internacional que tiene el conflicto minero; pocas veces también una actuación gubernamental ha sido llevada a cabo con tanta torpeza, encono, mala fe y recursos ilícitos”.
Vega García señala que el enfrentamiento del foxismo con el sindicato minero representa el punto cumbre de una política que, de los buenos propósitos iniciales, acabó en una ofensiva abierta e irracional contra el sindicalismo y los trabajadores.
El conflicto entre mineros y Grupo México inició en el sexenio de Vicente Fox y aún continúa. Tres minas están en huelga: Taxco, Guerrero; Sombrerete, Zacatecas, y Cananea, Sonora.
Carlos Pavón Campos –secretario de Asuntos Políticos del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana– sostiene que la empresa se niega a cumplir con las prestaciones que le obliga el contrato colectivo de trabajo, además de respetar las medidas mínimas de seguridad e higiene con las que se debe laborar dentro de una mina.
El líder minero dice que éste conflicto inició desde 2000, cuando un sindicato del acero en Monterrey, apoyado por directivos de Grupo México, les peleó la titularidad de los contratos colectivos de trabajo de varias secciones sindicales; “pero los compañeros mineros no se quisieron cambiar de sindicato”.
Agrega que a Grupo México le disgusta que el secretario general del sindicato sea Napoleón Gómez Urrutia; pero –advierte– la empresa no es quien elige al dirigente.
La pugna entre el sindicato y el emporio de Germán Larrea se agravó en 2006, con el nombramiento de Elías Morales Hernández como secretario general del sindicato, hecho por la STPS, y con la tragedia en la mina de Pasta de Conchos, Coahuila, ocurrida el 19 de febrero de ese año y que cobró la vida de 65 mineros.
Pavón Campos dice que con la aparición de una supuesta toma de nota, Elías Morales se ostentó como líder de los mineros, respaldado por la Secretaría del Trabajo y la empresa. Todo orquestado desde la dependencia federal con firmas falsas, dicho por la Procuraduría General de la República.
La STPS hizo el movimiento de los líderes, supuestamente por la presentación de documentos del Consejo General de Vigilancia y Justicia del propio sindicato, signados por Juan Luis Zúñiga, primer vocal del consejo, donde se destituía a todo el consejo directivo del sindicato minero. En abril de 2007, un juez federal ordenó a la secretaría restituir a Gómez Urrutia como secretario general.
Para el funcionario sindical, Grupo México buscaba “imponer gente a su contentillo”, para manipular a los trabajadores, quienes ganan 27 veces menos que cualquier minero en Estados Unidos o Canadá.
Pavón Campos dice que la embestida gubernamental contra el sindicato minero, y en particular contra Napoleón Gómez Urrutia, no fue sólo porque se convirtió en un líder incómodo para el foxismo, por oponerse a la reforma laboral, sino porque Grupo México es uno de los principales donadores de la fundación de Marta Sahagún, Vamos México.
El líder sindical comenta que con la entrada de Felipe Calderón a la Presidencia, pensaron que el conflicto se destrabaría; sin embargo, “la relación con el gobierno federal se fue contaminando, porque todavía hay gente del sexenio pasado en la STPS”. En tanto, los principales afectados son mineros, a quienes se les niega la posibilidad de acceder a una vida digna, para ellos y sus familias.
Contralínea solicitó entrevista con Grupo México. Gerardo Vázquez, encargado del área de comunicación de la empresa, señaló que contestaría las preguntas el 18 de abril pasado. Sin embargo, la entrevista fue cancelada días antes.
Fuera banqueros
En 2007, inició otro conflicto laboral. Esta vez, el gobierno federal es el patrón. La administración calderonista emitió un decreto donde crea una nueva institución, ProMéxico, para el fomento de las exportaciones, función que desarrollaba el Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext) desde 1986. La decisión provocó que 240 empleados quedaran sin plaza.
Alfredo Castro Escudero, secretario general del Sindicato Nacional Único y Democrático de los Trabajadores del Bancomext, dice que el primer decreto, publicado en junio del año pasado, dejaba a salvo los derechos, prestaciones y antigüedad de los 240 trabajadores (del área de desarrollo exportador). Sin embargo, en febrero de este año, se emitió un segundo decreto que los elimina.
El líder sindical indica que con el primer decreto desarmaron al sindicato, porque no había un daño en términos laborales y no procedía el amparo. Los empleados tenían una plaza segura en ProMéxico. Ya con el segundo decreto, los empleados quedan fuera.
Castro Escudero considera que ésta es una pérdida importante para el gobierno federal, “que ha invertido mucho dinero para su capacitación; la mayoría tienen un promedio de antigüedad entre 14 y 15 años, lo cual habla de un alto grado de especialización en la materia”.
Añade que desde el gobierno de Ernesto Zedillo se inició la fusión de las bancas de desarrollo “para bajarlas a su mínima expresión, por presiones sobre todo de la banca privada, que considera a la banca pública como una distorsión del mercado”.
A decir de Castro Escudero, este debilitamiento se debe a que los banqueros privados han incorporado a incondicionales suyos en la banca de desarrollo, como el caso de Mario Laborín, extrabajador de Bancomer y actual director de Nacional Financiara y Bancomext.
Laborín, dice, es uno de los principales impulsores de la fusión de la banca de desarrollo. “Con el nombramiento de éste en las dos instituciones, la alerta para el sindicato se prendió, porque era una clara señal de que el camino a seguir era la fusión de Nafin y Bancomext”.
En 2004 Vicente Fox anunció la unión de ambas instituciones, pero los diputados y senadores de los partidos de la Revolución Democrática y Revolucionario Institucional se opusieron a la acción. El expresidente dejó inconclusa su obra.
El funcionario agrega que con la experiencia del pasado, el gobierno federal decidió iniciar una fusión de facto, con el doble nombramiento de Mario Laborín como director, y de todos los directores generales adjuntos, para ambas instituciones; renunciando al sueldo del banco.
Castro Escudero comenta que con la entrada de Laborín a Bancomext se inició la homologación de ambas dependencias, creando una estructura espejo y ocasionando despidos y liquidaciones.
Al inicio del gobierno foxista, Bancomext tenía una planta laboral de 1 mil 600 trabajadores. Cuando entró Laborín como director, hace 14 meses, habían aproximadamente, 1 mil 50; ahora son 900 funcionarios. Del área de Desarrollo Exportador se fueron, de golpe, 240.
STPS entra tarde
Castro Escudero dice que Bruno Ferrari, director de ProMéxico, se negó a absorber a los trabajadores de Bancomext con las condiciones laborales contempladas en el primer decreto. Por ello se emitió el segundo, que elimina la posibilidad de que los trabajadores fueran transferidos.
“Bancomext sacó un programa muy atractivo de prejubilaciones para la gente que estaba en condiciones de hacerlo y otro de liquidaciones. Aunque son muy buenos ambos planteamientos, lo cierto es que las personas se están quedando sin trabajo”, dice.
A petición del sindicato, la STPS asumió el papel de árbitro. Castro Escudero dice que “entró tarde y su actuación fue muy lenta, además de que no se han cumplido los acuerdos de que ProMéxico ofrezca trabajo a los exempleados de Bancomext”.
Para abordar esta problemática, Contralínea solicitó hablar con Mario Laborín. El director de Comunicación Social del banco y de Nafin, Alejandro Rodríguez, se limitó a decir que no había tal conflicto y sólo se estaba cumpliendo con un decreto presidencial, por lo cual negó la entrevista.
SME: conflicto latente
Año con año –con la revisión del contrato colectivo de trabajo de los empleados de Luz y Fuerza del Centro– se reaviva el conflicto entre el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) y el gobierno federal, no sólo como patrón, también como conciliador.
Fernando Amezcua, secretario del Exterior del SME, dice que el año pasado con la revisión salarial hubo un fuerte enfrentamiento entre el gobierno y el sindicato. Indica que, 11 horas antes del término de la revisión contractual, efectivos militares tomaron las instalaciones de Luz y Fuerza, sin que mediara documento alguno.
En 2008, agrega, sí hubo un anuncio respecto de la toma que hizo el Ejército Mexicano, “por seguridad nacional”. Pero, dice, lo que buscaba el gobierno era debilitar al sindicato y poner a la población en contra ante un posible estallamiento de huelga.
El líder sindical advierte que desde los medios de comunicación el gobierno federal orquestó una campaña en contra del SME, al decir que el contrato colectivo de trabajo contiene privilegios, que los trabajadores son flojos, les pagan mucho y ofrecen un servicio deficiente a la ciudadanía.
Amezcua argumenta que las condiciones en la empresa no son culpa de los trabajadores: las aportaciones de ingresos o las transferencias de capital que se le hacen a Luz y Fuerza no son para pagar el contrato colectivo de trabajo, sino para subsidiar las tarifas eléctricas, sobre todo las industriales que son los que más consumen.
“Nos comparan con los que ya no tienen nada”
Amezcua dice que el salario promedio de los electricistas es de 200 pesos, y que, entre el que más gana y el de menos ingreso hay una diferencia de 200 pesos.
Dice que las prestaciones de los electricistas no deben compararse contra las de trabajadores a quienes ya les han quitado todo, sino contra los trabajadores del sector en el mundo.
El líder sindical considera que el nivel de vida de los electricistas no es el deseado. Agrega que el incremento de 16 por ciento que pedían no era precisamente un aumento de salario. “Si eso fuera, tendría que ser de, por lo menos, 30 por ciento”.
Querétaro contra la democracia sindical
Alejandro Vega García, del CILAS, dice que existe un evidente desprecio de los gobiernos panistas por la vida sindical democrática e independiente, pero no sólo a nivel federal: en algunos estados se da de forma más abierta, como el caso de Querétaro, donde las autoridades locales impusieron a los dirigentes en el Sindicato de Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado.
En julio de 2006, dicho sindicato celebró elecciones para renovar dirigencia. Luego del escrutinio, que dio el triunfo a María del Carmen Gómez Ortega, con una diferencia de 10 puntos porcentuales, ambas planillas firmaron el acta final de cómputo. Todo ello, ante notario público.
Tres días después, la planilla perdedora impugnó los resultados ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, argumentado un presunto fraude electoral. La instancia dio cabida al recurso y emitió un acuerdo donde otorga la dirigencia al Comité de Vigilancia. Esto sin que mediará un juicio.
* Los raquíticos salarios, la intromisión gubernamental en la vida interna de los sindicatos y el constante ataque a la seguridad social, factores que detonan conflictos laborales en México. El arbitraje del gobierno federal: tardío, parsimonioso y abiertamente a favor de los patrones, aseguran líderes sindicales. Mineros, electricistas y empleados de Bancomext y de universidades han protagonizado los conflictos obrero-patronales más emblemáticos desde que el PAN arribó a la Presidencia de la República
Con la entrada del Partido Acción Nacional, en 2000, inicia una etapa negra en el sector sindical en México, pues con medidas coercitivas se busca un sindicalismo conforme y sumiso, dice Alejandro Vega García, investigador del Centro de Investigación Laboral y Asesoría Sindical (CILAS). Agrega que, durante el sexenio anterior, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) se plegó totalmente a favor de los empresarios e hizo una labor constante para desconocer huelgas y reprimir a los trabajadores.
El CILAS calcula que el nivel de sindicalismo en el país oscila entre 11 y 19 por ciento de la población económicamente activa (58 millones 600 mil de empleados en el segundo trimestre de 2007), es decir, que sólo alrededor de 11 millones de trabajadores están afiliados a un sindicato.
Vega García considera que el derecho de asociación se ve restringido y muchas veces nulificado, en la medida en que el Estado se reserva la facultad de validar, mediante el mecanismo discrecional del registro sindical, operado por la Dirección General de Registros de Asociación de la STPS. El principio según el cual las organizaciones pueden existir a partir sólo de la voluntad de quienes las constituyen es seriamente cuestionado.
La STPS tiene registrados aproximadamente 800 sindicatos. En su Informe anual de labores de 2007 –en su apartado de conflictos laborales obrero-patronal–, la dependencia informó que de enero a julio se registraron 290 demandas colectivas ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje y 4 mil 329 emplazamientos a huelga, de los cuales estallaron 16. En éstos se vieron involucrados 4 mil 329 trabajadores.
El investigador, exlíder del Sindicato Independiente de Trabajadores de la Universidad Autónoma Metropolitana, considera que los tres ejes que detonan los conflictos laborales son: los bajos salarios; la falta de respecto a la vida interna de los sindicatos, por parte del gobierno, y el ataque constante a conquistas históricas de sindicatos y trabajadores, como la seguridad social.
El también directivo del CILAS documenta en su cuaderno de investigación Libertad sindical que, en mayo de 2006, especialistas en el campo laboral denunciaron al gobierno de Vicente Fox como el autor del mayor número de violaciones laborales y de una política antisindical más dura que las de los gobiernos priistas.
Según datos de la STPS, de 2000 a 2006 se presentaron 2 mil 636 denuncias colectivas, alrededor de 439 anuales; 47 mil 212 emplazamientos a huelga, que derivaron en 293 estallamientos y en los que estuvieron involucrados 214 mil 330 trabajadores.
Javier Aguilar García, investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), dice que a partir de 1983 los sindicatos perdieron importancia en el esquema económico y político de México. Ante la entrada del modelo neoliberal, el sindicalismo fue arrinconado. “Hoy el gobierno federal les pide paz social, pero no existe un compromiso del Estado para resolver las demandas económicas y sociales de los trabajadores”.
Aguilar García agrega que los propios sindicatos no han hecho nada para recuperar su lugar dentro de la vida política: se mantienen pasivos frente al avasallamiento económico del exterior. “Como los líderes siguen obteniendo beneficios, reciben dinero, privilegios y curules en el Congreso, dejan a la deriva a sus afiliados. Y la Secretaría del Trabajo, que debería defender los derechos de los trabajadores, está del otro lado, con los empresarios”, dice.
STPS a favor de los patrones
Alejandro Vega García explica que la STPS no juega el papel de árbitro en los conflictos laborales, como lo marca la Constitución, con una orientación a favor de la parte más débil, que son los trabajadores. Por el contrario, está coludido con los empresarios.
Los trabajadores –agrega– al enfrentar un conflicto en defensa de sus derechos laborales, desafían no sólo la posición del patrón, sino la parcialidad del poder gubernamental, y en otros casos hasta el poder del Estado contra ellos, como en el caso minero.
A decir de Vega García, la intervención e intromisión de la STPS en la vida interna de los sindicatos no había sido tan abierta y adversa desde las décadas de 1950 y 1960, con los conflictos de médicos y ferrocarrileros.
No obstante, Álvaro Castro Estrada, subsecretario de Trabajo, Seguridad y Previsión Social de la STPS, considera como exitosa la participación de la dependencia en la conciliación de conflictos laborales, dentro de la administración de Felipe Calderón.
“Hay buenos resultados. Hoy en el país existe paz laboral y no por generación espontánea, sino porque hay un trabajo de mucha gente: trabajadores y empresarios que buscan hacer sus revisiones en un sentido de realidad”, dice el funcionario.
Mineros: torpeza y encono
Alejandro Vega, en Libertad sindical, dice: “Pocas veces en la historia del país un conflicto sindical ha alcanzado las dimensiones e impacto nacional e internacional que tiene el conflicto minero; pocas veces también una actuación gubernamental ha sido llevada a cabo con tanta torpeza, encono, mala fe y recursos ilícitos”.
Vega García señala que el enfrentamiento del foxismo con el sindicato minero representa el punto cumbre de una política que, de los buenos propósitos iniciales, acabó en una ofensiva abierta e irracional contra el sindicalismo y los trabajadores.
El conflicto entre mineros y Grupo México inició en el sexenio de Vicente Fox y aún continúa. Tres minas están en huelga: Taxco, Guerrero; Sombrerete, Zacatecas, y Cananea, Sonora.
Carlos Pavón Campos –secretario de Asuntos Políticos del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana– sostiene que la empresa se niega a cumplir con las prestaciones que le obliga el contrato colectivo de trabajo, además de respetar las medidas mínimas de seguridad e higiene con las que se debe laborar dentro de una mina.
El líder minero dice que éste conflicto inició desde 2000, cuando un sindicato del acero en Monterrey, apoyado por directivos de Grupo México, les peleó la titularidad de los contratos colectivos de trabajo de varias secciones sindicales; “pero los compañeros mineros no se quisieron cambiar de sindicato”.
Agrega que a Grupo México le disgusta que el secretario general del sindicato sea Napoleón Gómez Urrutia; pero –advierte– la empresa no es quien elige al dirigente.
La pugna entre el sindicato y el emporio de Germán Larrea se agravó en 2006, con el nombramiento de Elías Morales Hernández como secretario general del sindicato, hecho por la STPS, y con la tragedia en la mina de Pasta de Conchos, Coahuila, ocurrida el 19 de febrero de ese año y que cobró la vida de 65 mineros.
Pavón Campos dice que con la aparición de una supuesta toma de nota, Elías Morales se ostentó como líder de los mineros, respaldado por la Secretaría del Trabajo y la empresa. Todo orquestado desde la dependencia federal con firmas falsas, dicho por la Procuraduría General de la República.
La STPS hizo el movimiento de los líderes, supuestamente por la presentación de documentos del Consejo General de Vigilancia y Justicia del propio sindicato, signados por Juan Luis Zúñiga, primer vocal del consejo, donde se destituía a todo el consejo directivo del sindicato minero. En abril de 2007, un juez federal ordenó a la secretaría restituir a Gómez Urrutia como secretario general.
Para el funcionario sindical, Grupo México buscaba “imponer gente a su contentillo”, para manipular a los trabajadores, quienes ganan 27 veces menos que cualquier minero en Estados Unidos o Canadá.
Pavón Campos dice que la embestida gubernamental contra el sindicato minero, y en particular contra Napoleón Gómez Urrutia, no fue sólo porque se convirtió en un líder incómodo para el foxismo, por oponerse a la reforma laboral, sino porque Grupo México es uno de los principales donadores de la fundación de Marta Sahagún, Vamos México.
El líder sindical comenta que con la entrada de Felipe Calderón a la Presidencia, pensaron que el conflicto se destrabaría; sin embargo, “la relación con el gobierno federal se fue contaminando, porque todavía hay gente del sexenio pasado en la STPS”. En tanto, los principales afectados son mineros, a quienes se les niega la posibilidad de acceder a una vida digna, para ellos y sus familias.
Contralínea solicitó entrevista con Grupo México. Gerardo Vázquez, encargado del área de comunicación de la empresa, señaló que contestaría las preguntas el 18 de abril pasado. Sin embargo, la entrevista fue cancelada días antes.
Fuera banqueros
En 2007, inició otro conflicto laboral. Esta vez, el gobierno federal es el patrón. La administración calderonista emitió un decreto donde crea una nueva institución, ProMéxico, para el fomento de las exportaciones, función que desarrollaba el Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext) desde 1986. La decisión provocó que 240 empleados quedaran sin plaza.
Alfredo Castro Escudero, secretario general del Sindicato Nacional Único y Democrático de los Trabajadores del Bancomext, dice que el primer decreto, publicado en junio del año pasado, dejaba a salvo los derechos, prestaciones y antigüedad de los 240 trabajadores (del área de desarrollo exportador). Sin embargo, en febrero de este año, se emitió un segundo decreto que los elimina.
El líder sindical indica que con el primer decreto desarmaron al sindicato, porque no había un daño en términos laborales y no procedía el amparo. Los empleados tenían una plaza segura en ProMéxico. Ya con el segundo decreto, los empleados quedan fuera.
Castro Escudero considera que ésta es una pérdida importante para el gobierno federal, “que ha invertido mucho dinero para su capacitación; la mayoría tienen un promedio de antigüedad entre 14 y 15 años, lo cual habla de un alto grado de especialización en la materia”.
Añade que desde el gobierno de Ernesto Zedillo se inició la fusión de las bancas de desarrollo “para bajarlas a su mínima expresión, por presiones sobre todo de la banca privada, que considera a la banca pública como una distorsión del mercado”.
A decir de Castro Escudero, este debilitamiento se debe a que los banqueros privados han incorporado a incondicionales suyos en la banca de desarrollo, como el caso de Mario Laborín, extrabajador de Bancomer y actual director de Nacional Financiara y Bancomext.
Laborín, dice, es uno de los principales impulsores de la fusión de la banca de desarrollo. “Con el nombramiento de éste en las dos instituciones, la alerta para el sindicato se prendió, porque era una clara señal de que el camino a seguir era la fusión de Nafin y Bancomext”.
En 2004 Vicente Fox anunció la unión de ambas instituciones, pero los diputados y senadores de los partidos de la Revolución Democrática y Revolucionario Institucional se opusieron a la acción. El expresidente dejó inconclusa su obra.
El funcionario agrega que con la experiencia del pasado, el gobierno federal decidió iniciar una fusión de facto, con el doble nombramiento de Mario Laborín como director, y de todos los directores generales adjuntos, para ambas instituciones; renunciando al sueldo del banco.
Castro Escudero comenta que con la entrada de Laborín a Bancomext se inició la homologación de ambas dependencias, creando una estructura espejo y ocasionando despidos y liquidaciones.
Al inicio del gobierno foxista, Bancomext tenía una planta laboral de 1 mil 600 trabajadores. Cuando entró Laborín como director, hace 14 meses, habían aproximadamente, 1 mil 50; ahora son 900 funcionarios. Del área de Desarrollo Exportador se fueron, de golpe, 240.
STPS entra tarde
Castro Escudero dice que Bruno Ferrari, director de ProMéxico, se negó a absorber a los trabajadores de Bancomext con las condiciones laborales contempladas en el primer decreto. Por ello se emitió el segundo, que elimina la posibilidad de que los trabajadores fueran transferidos.
“Bancomext sacó un programa muy atractivo de prejubilaciones para la gente que estaba en condiciones de hacerlo y otro de liquidaciones. Aunque son muy buenos ambos planteamientos, lo cierto es que las personas se están quedando sin trabajo”, dice.
A petición del sindicato, la STPS asumió el papel de árbitro. Castro Escudero dice que “entró tarde y su actuación fue muy lenta, además de que no se han cumplido los acuerdos de que ProMéxico ofrezca trabajo a los exempleados de Bancomext”.
Para abordar esta problemática, Contralínea solicitó hablar con Mario Laborín. El director de Comunicación Social del banco y de Nafin, Alejandro Rodríguez, se limitó a decir que no había tal conflicto y sólo se estaba cumpliendo con un decreto presidencial, por lo cual negó la entrevista.
SME: conflicto latente
Año con año –con la revisión del contrato colectivo de trabajo de los empleados de Luz y Fuerza del Centro– se reaviva el conflicto entre el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) y el gobierno federal, no sólo como patrón, también como conciliador.
Fernando Amezcua, secretario del Exterior del SME, dice que el año pasado con la revisión salarial hubo un fuerte enfrentamiento entre el gobierno y el sindicato. Indica que, 11 horas antes del término de la revisión contractual, efectivos militares tomaron las instalaciones de Luz y Fuerza, sin que mediara documento alguno.
En 2008, agrega, sí hubo un anuncio respecto de la toma que hizo el Ejército Mexicano, “por seguridad nacional”. Pero, dice, lo que buscaba el gobierno era debilitar al sindicato y poner a la población en contra ante un posible estallamiento de huelga.
El líder sindical advierte que desde los medios de comunicación el gobierno federal orquestó una campaña en contra del SME, al decir que el contrato colectivo de trabajo contiene privilegios, que los trabajadores son flojos, les pagan mucho y ofrecen un servicio deficiente a la ciudadanía.
Amezcua argumenta que las condiciones en la empresa no son culpa de los trabajadores: las aportaciones de ingresos o las transferencias de capital que se le hacen a Luz y Fuerza no son para pagar el contrato colectivo de trabajo, sino para subsidiar las tarifas eléctricas, sobre todo las industriales que son los que más consumen.
“Nos comparan con los que ya no tienen nada”
Amezcua dice que el salario promedio de los electricistas es de 200 pesos, y que, entre el que más gana y el de menos ingreso hay una diferencia de 200 pesos.
Dice que las prestaciones de los electricistas no deben compararse contra las de trabajadores a quienes ya les han quitado todo, sino contra los trabajadores del sector en el mundo.
El líder sindical considera que el nivel de vida de los electricistas no es el deseado. Agrega que el incremento de 16 por ciento que pedían no era precisamente un aumento de salario. “Si eso fuera, tendría que ser de, por lo menos, 30 por ciento”.
Querétaro contra la democracia sindical
Alejandro Vega García, del CILAS, dice que existe un evidente desprecio de los gobiernos panistas por la vida sindical democrática e independiente, pero no sólo a nivel federal: en algunos estados se da de forma más abierta, como el caso de Querétaro, donde las autoridades locales impusieron a los dirigentes en el Sindicato de Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado.
En julio de 2006, dicho sindicato celebró elecciones para renovar dirigencia. Luego del escrutinio, que dio el triunfo a María del Carmen Gómez Ortega, con una diferencia de 10 puntos porcentuales, ambas planillas firmaron el acta final de cómputo. Todo ello, ante notario público.
Tres días después, la planilla perdedora impugnó los resultados ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, argumentado un presunto fraude electoral. La instancia dio cabida al recurso y emitió un acuerdo donde otorga la dirigencia al Comité de Vigilancia. Esto sin que mediará un juicio.
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9:21 p.m.
