Ley Lozano, la contrarreforma que viene
Contralínea
* La propuesta de reforma laboral del gobierno de Calderón atenta contra los derechos de los trabajadores, los desprotege frente a los patrones y fomenta la corrupción sindical; por lo tanto, es contraria a la Constitución, advierten legisladores y juristas
Desde noviembre de 2006 el expriista Javier Lozano Alarcón fijó la que, dijo, sería su agenda en la actual administración: “Una reforma laboral con el Congreso y con todos los partidos políticos, buscando armonizar la modernización y la flexibilidad de las relaciones laborales, pero garantizando pleno respeto de los derechos de los trabajadores y la seguridad jurídica del inversionista y del empleador”.
Entonces, el funcionario se comprometió también a ser “mediador en los conflictos entre sindicato y empresa, gestor y promotor del empleo productivo y bien remunerado, enérgico y de mano dura con las empresas que incumplan los derechos laborales”.
Pero no resultó mediador de conflictos ni vigía de los derechos de los trabajadores, ni, mucho menos, justiciero contra empresas que incumplen la Ley Federal del Trabajo (LFT), consideran legisladores de la Comisión del Trabajo y Previsión Social. Los legisladores reprueban su desempeño al frente de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) y, sobre todo, la “turbia” manera en que ha manejado el proyecto de reforma laboral.
Como segunda prioridad en la agenda de Felipe Calderón, la reforma laboral es impulsada por los funcionarios del gabinete, quienes hacen amarres sobre los puntos que contendrá con el fin de que se apruebe fast track y se evite una disputa similar a la que ha generado la reforma energética.
En los 17 meses del sexenio, Lozano ha dedicado sus esfuerzos a propagar que trabaja en un proyecto de reforma que será aprobado por mayoría, y ha asegurado que “no se tocarán los derechos individuales y colectivos de los trabajadores consagrados en el artículo 123 constitucional”. Al mismo tiempo, cabildea su proyecto de reforma sólo con algunos diputados del Partido Acción Nacional (PAN), explican los legisladores.
El diputado del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Jesús Ramírez Stabros, secretario de la Comisión del Trabajo, explica que “en una estrategia muy primaria”, el gobierno de Felipe Calderón, a través de la STPS “está provocando confusiones”. Detalla: “Nos han enviado tres documentos, pero no son oficiales, y sólo los mandan a algunos diputados. No hay una propuesta oficial siquiera y ya se está anunciando que habrá reforma, y hasta aseguran que no viola la Constitución. Es cuestionable que la misma secretaría provoque tal confusión”.
Ley Lozano
Oficialmente, la STPS ha señalado que para el proyecto de reforma que propondrá el actual gobierno, se han estudiado las 151 iniciativas de cambios a la Ley Federal del Trabajo, que se han presentado ante el Congreso de la Unión de 1997 a la fecha. Al respecto, Ramírez Stabros explica que la propuesta aún extraoficial “no es más que un refrito de la llamada Ley Abascal”.
En enero pasado, Contralínea adelantó que desde las primeras semanas de su gestión, Lozano Alarcón había revivido la propuesta que en 2002 presentara al Congreso su predecesor, Carlos Abascal Carranza, popularmente conocida como Ley Abascal, la cual fue frenada por legisladores de la oposición por considerarla contraria al artículo 123 constitucional.
Para los integrantes de la Comisión del Trabajo, la de Lozano es aún más cuestionable. “La propuesta de este gobierno atenta más contra los derechos de los trabajadores, los desprotege frente a los patrones y fomenta la corrupción sindical, por lo tanto es completamente contraria a la Constitución”, explica la diputada del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Rosario Ortiz Magallón.
Aunque no existe oficialmente, el jurista Néstor de Buen destaca que de crear nuevas modalidades de contratos individuales de trabajo, contratos a prueba o de capacitación inicial, la propuesta sería contraria a la Constitución, pues, considera, atenta contra los principios constitucionales de estabilidad y seguridad laboral.
Al respecto, una de sus propuestas fija un periodo promedio de 90 días de prueba y de 180 días para puestos de dirección, gerenciales o para labores técnicas o profesionales especializadas, y la contratación condicionada a que el empleador considere que el trabajador está suficientemente capacitado.
Plantea la desaparición del salario mínimo y que se pague salario por horas, y sustituye la jornada máxima de ocho horas por jornadas flexibles. Plantea la creación de bancos de horas acumulables de forma mensual; empleos con jornadas discontinuas, donde sin apegarse a una jornada establecida por ley, patrones y trabajadores convengan la ampliación de la jornada diaria.
Condiciona derechos a la productividad y competitividad de los empleados.
También elimina los escalafones, la antigüedad y la prima de antigüedad. Al suprimir el escalafón ciego, da prioridad a trabajadores por productividad y no por antigüedad para los ascensos. Modifica el cambio en el esquema de reparto de utilidades, la tabla de enfermedades profesionales y el régimen de pensiones.
La propuesta de Lozano condiciona la firma de contratos colectivos de trabajo. Da atribuciones al patrón para que los asalariados desempeñen tareas complementarias a su actividad principal.
En materia sindical, condiciona el derecho a huelga sujetándola a un procedimiento administrativo. Establece la creación de un registro sindical, y que el sindicato pueda perder registro al no informar a la STPS cada seis meses la planilla de sus agremiados, altas y bajas, y su actuación como organización. La misma información deberá presentarse para cualquier trámite ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje.
Con ello, a decir de Arturo Alcalde, se estaría imponiendo el uso de listas negras. “Se obliga a informar los nombres de los trabajadores inconformes, exhibir sus firmas y acreditar la afiliación al sindicato promovente de la demanda, demostrando su relación laboral con el patrón demandado. Se trata de una verdadera monstruosidad, claramente inconstitucional y violatoria de los convenios internacionales en materia de libertad sindical”.
En febrero pasado, ante empresarios estadunidenses y mexicanos, miembros de la Cámara Americana de Comercio (American Chamber), Lozano explicó que su propuesta de reforma está encaminada a “flexibilizar” el mercado laboral.
Detalló que contempla que se mantenga la figura del outsourcing, como se conoce a la subcontratación o terciarización, que se ha incrementado en México en todos los sectores y que es considerado por juristas, organizaciones de trabajadores y defensores de los derechos laborales como ilegal y responsable de precarizar el empleo.
El diputado Patricio Flores Sandoval, vocero de la Confederación de Trabajadores de México, deplora que el gobierno solape la contratación a través de terceros, pues es contraria a la Constitución, viola la LFT y significa un retroceso para las garantías individuales.
El diputado Jesús Ramírez Stabros, quien entre 2003 y 2006 fue secretario general de la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores, coincide en que muchos de los aspectos considerados en la propuesta de Lozano atentan contra garantías constitucionales, pues “limita los derechos de huelga, la sindicalización y la autonomía sindical”.
Doble discurso
Al igual que en el proyecto de reforma energética, el planteamiento calderonista busca modificar leyes secundarias “sin tocar la Constitución”; sin embargo, las reformas anunciadas a la LFT son contrarias al artículo 123 constitucional, y trastocan los derechos individuales y colectivos de los trabajadores, consideran los abogados laboristas Néstor de Buen y Arturo Alcalde Justiniani.
En un análisis sobre la propuesta de Javier Lozano, el abogado Arturo Alcalde destaca que lo negativo es más por sus omisiones, “que por las lesiones que genera”. El abogado laborista señala que la propuesta de reforma desecha en su totalidad los planteamientos de la iniciativa que en octubre de 2002 presentaran de forma conjunta la Unión Nacional de Trabajadores y el PRD.
La diputada Rosario Ortiz, quien participara en la contrapropuesta a la Ley Abascal UNT-PRD, dice que Lozano ha ignorado dicho proyecto porque el objetivo del gobierno de Calderón es el abaratamiento de la mano de obra a favor de las trasnacionales, el desmantelamiento de la organización laboral y la desarticulación del sindicalismo.
“Lo que llama flexibilidad laboral es ofrecer mano de obra barata, flexible, que esté organizada en sindicatos corporativos vinculados con la patronal y con mayor control en las condiciones de trabajo y de negociación obrero patronal; por eso la propuesta de Lozano condiciona los registros sindicales”, explica.
Cita el caso de los mineros de Cananea como un ejemplo de la intromisión y la falta de apego a la legalidad de la actual administración, tendencia que, dice, será la constante de aprobarse el proyecto de reforma que plantea Lozano.
El posible albazo
Legisladores integrantes de la Comisión del Trabajo alertan que la STPS se ha negado a abrir a debate su proyecto con miras a preparar el terreno para dar un albazo, como ocurrió, dicen, con la llamada Ley del ISSSTE.
En enero pasado, el diputado Tomás del Toro, presidente de dicha comisión, confirmó a Contralínea que aunque formalmente la STPS aún no habría remitido el documento, él tenía reuniones personales con Lozano para discutir el tema.
Se le buscó nuevamente para que respondiera a los señalamientos de sus compañeros de comisión, quienes aseguran que la STPS cabildea su proyecto sólo con los miembros de Acción Nacional; sin embargo, el diputado negó dar una entrevista, al igual que sus compañeros de bancada e integrantes de la comisión, Juan Manuel Sandoval y Carlos René Sánchez.
Juan Carlos Velasco, diputado del PRI, dice que aunque él es secretario de la comisión no ha tenido acercamiento alguno con funcionarios de la STPS. Reprueba la conducta de Lozano Alarcón, pues “habla de propuestas que no ha presentado de manera formal al Congreso; lo escuchamos en foros con la iniciativa privada y con nosotros no ha tenido ningún acercamiento. Habla de reformas y no entrega ningún documento oficial”.
En medio del clima de tensión que ha provocado el proyecto de reforma energética, los legisladores de la Comisión del Trabajo prevén que de un momento a otro Calderón enviará su propuesta. “Ya vemos venir la cascada de reformas, y si pasa la energética es como abrir paso a la laboral; por eso es nuestro interés de frenarlos desde ahora”, explica la diputada Rosario Ortiz Magallón.
Ramírez Stabros habla del costo político y social que implicaría la pretensión de una reforma laboral:
“Los gobierno panistas se han caracterizado por enviar propuestas en los momentos menos propicios, y el tema de la reforma laboral no va a ser la excepción. El proyecto de reforma llegará en un momento en el que impera un clima político inadecuado. La exacerbación política es poco propicia para una iniciativa que no se antoja suave, pero que finalmente es símbolo de cómo se ha manejado este gobierno: iniciativas de ley muy exacerbadas”.
Agrega que, aunque Felipe Calderón se promovió como presidente del empleo, “poco ha hecho para trabajar en el ambiente laboral, no ha cumplido sus compromisos y ni siquiera ha hecho lo mínimo para, por lo menos, tener un ambiente que permita la discusión profunda de la reforma”.
Jesús Ramírez Stabros explica que México no necesita reforma laboral, pues el artículo 123 constitucional es modelo en el ámbito internacional y la LFT una ley de avanzada. Basta con aplicarla para mejorar el sector laboral, indica; pero, dice, es letra muerta.
Rosario Ortiz explica que a partir de este 1 de mayo organizaciones como la UNT, el Frente Sindical Mexicano, agrupaciones de trabajadores y los legisladores del Frente Amplio Progresista iniciarán acciones en rechazo a la política laboral de Felipe Calderón, “porque sabemos que de un momento a otro intentarán aprobar fast track la reforma, cuyo único objetivo es precarizar el empleo y el salario, incrementar la jornada de trabajo sin generar antigüedad ni derechos ni prestaciones, y eximir a las empresas de su responsabilidad”.
Contralínea solicitó una entrevista con Javier Lozano. En la oficina de Comunicación Social de la STPS se disculparon porque el secretario tenía “una agenda muy apretada”.
* La propuesta de reforma laboral del gobierno de Calderón atenta contra los derechos de los trabajadores, los desprotege frente a los patrones y fomenta la corrupción sindical; por lo tanto, es contraria a la Constitución, advierten legisladores y juristas
Desde noviembre de 2006 el expriista Javier Lozano Alarcón fijó la que, dijo, sería su agenda en la actual administración: “Una reforma laboral con el Congreso y con todos los partidos políticos, buscando armonizar la modernización y la flexibilidad de las relaciones laborales, pero garantizando pleno respeto de los derechos de los trabajadores y la seguridad jurídica del inversionista y del empleador”.
Entonces, el funcionario se comprometió también a ser “mediador en los conflictos entre sindicato y empresa, gestor y promotor del empleo productivo y bien remunerado, enérgico y de mano dura con las empresas que incumplan los derechos laborales”.
Pero no resultó mediador de conflictos ni vigía de los derechos de los trabajadores, ni, mucho menos, justiciero contra empresas que incumplen la Ley Federal del Trabajo (LFT), consideran legisladores de la Comisión del Trabajo y Previsión Social. Los legisladores reprueban su desempeño al frente de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) y, sobre todo, la “turbia” manera en que ha manejado el proyecto de reforma laboral.
Como segunda prioridad en la agenda de Felipe Calderón, la reforma laboral es impulsada por los funcionarios del gabinete, quienes hacen amarres sobre los puntos que contendrá con el fin de que se apruebe fast track y se evite una disputa similar a la que ha generado la reforma energética.
En los 17 meses del sexenio, Lozano ha dedicado sus esfuerzos a propagar que trabaja en un proyecto de reforma que será aprobado por mayoría, y ha asegurado que “no se tocarán los derechos individuales y colectivos de los trabajadores consagrados en el artículo 123 constitucional”. Al mismo tiempo, cabildea su proyecto de reforma sólo con algunos diputados del Partido Acción Nacional (PAN), explican los legisladores.
El diputado del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Jesús Ramírez Stabros, secretario de la Comisión del Trabajo, explica que “en una estrategia muy primaria”, el gobierno de Felipe Calderón, a través de la STPS “está provocando confusiones”. Detalla: “Nos han enviado tres documentos, pero no son oficiales, y sólo los mandan a algunos diputados. No hay una propuesta oficial siquiera y ya se está anunciando que habrá reforma, y hasta aseguran que no viola la Constitución. Es cuestionable que la misma secretaría provoque tal confusión”.
Ley Lozano
Oficialmente, la STPS ha señalado que para el proyecto de reforma que propondrá el actual gobierno, se han estudiado las 151 iniciativas de cambios a la Ley Federal del Trabajo, que se han presentado ante el Congreso de la Unión de 1997 a la fecha. Al respecto, Ramírez Stabros explica que la propuesta aún extraoficial “no es más que un refrito de la llamada Ley Abascal”.
En enero pasado, Contralínea adelantó que desde las primeras semanas de su gestión, Lozano Alarcón había revivido la propuesta que en 2002 presentara al Congreso su predecesor, Carlos Abascal Carranza, popularmente conocida como Ley Abascal, la cual fue frenada por legisladores de la oposición por considerarla contraria al artículo 123 constitucional.
Para los integrantes de la Comisión del Trabajo, la de Lozano es aún más cuestionable. “La propuesta de este gobierno atenta más contra los derechos de los trabajadores, los desprotege frente a los patrones y fomenta la corrupción sindical, por lo tanto es completamente contraria a la Constitución”, explica la diputada del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Rosario Ortiz Magallón.
Aunque no existe oficialmente, el jurista Néstor de Buen destaca que de crear nuevas modalidades de contratos individuales de trabajo, contratos a prueba o de capacitación inicial, la propuesta sería contraria a la Constitución, pues, considera, atenta contra los principios constitucionales de estabilidad y seguridad laboral.
Al respecto, una de sus propuestas fija un periodo promedio de 90 días de prueba y de 180 días para puestos de dirección, gerenciales o para labores técnicas o profesionales especializadas, y la contratación condicionada a que el empleador considere que el trabajador está suficientemente capacitado.
Plantea la desaparición del salario mínimo y que se pague salario por horas, y sustituye la jornada máxima de ocho horas por jornadas flexibles. Plantea la creación de bancos de horas acumulables de forma mensual; empleos con jornadas discontinuas, donde sin apegarse a una jornada establecida por ley, patrones y trabajadores convengan la ampliación de la jornada diaria.
Condiciona derechos a la productividad y competitividad de los empleados.
También elimina los escalafones, la antigüedad y la prima de antigüedad. Al suprimir el escalafón ciego, da prioridad a trabajadores por productividad y no por antigüedad para los ascensos. Modifica el cambio en el esquema de reparto de utilidades, la tabla de enfermedades profesionales y el régimen de pensiones.
La propuesta de Lozano condiciona la firma de contratos colectivos de trabajo. Da atribuciones al patrón para que los asalariados desempeñen tareas complementarias a su actividad principal.
En materia sindical, condiciona el derecho a huelga sujetándola a un procedimiento administrativo. Establece la creación de un registro sindical, y que el sindicato pueda perder registro al no informar a la STPS cada seis meses la planilla de sus agremiados, altas y bajas, y su actuación como organización. La misma información deberá presentarse para cualquier trámite ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje.
Con ello, a decir de Arturo Alcalde, se estaría imponiendo el uso de listas negras. “Se obliga a informar los nombres de los trabajadores inconformes, exhibir sus firmas y acreditar la afiliación al sindicato promovente de la demanda, demostrando su relación laboral con el patrón demandado. Se trata de una verdadera monstruosidad, claramente inconstitucional y violatoria de los convenios internacionales en materia de libertad sindical”.
En febrero pasado, ante empresarios estadunidenses y mexicanos, miembros de la Cámara Americana de Comercio (American Chamber), Lozano explicó que su propuesta de reforma está encaminada a “flexibilizar” el mercado laboral.
Detalló que contempla que se mantenga la figura del outsourcing, como se conoce a la subcontratación o terciarización, que se ha incrementado en México en todos los sectores y que es considerado por juristas, organizaciones de trabajadores y defensores de los derechos laborales como ilegal y responsable de precarizar el empleo.
El diputado Patricio Flores Sandoval, vocero de la Confederación de Trabajadores de México, deplora que el gobierno solape la contratación a través de terceros, pues es contraria a la Constitución, viola la LFT y significa un retroceso para las garantías individuales.
El diputado Jesús Ramírez Stabros, quien entre 2003 y 2006 fue secretario general de la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores, coincide en que muchos de los aspectos considerados en la propuesta de Lozano atentan contra garantías constitucionales, pues “limita los derechos de huelga, la sindicalización y la autonomía sindical”.
Doble discurso
Al igual que en el proyecto de reforma energética, el planteamiento calderonista busca modificar leyes secundarias “sin tocar la Constitución”; sin embargo, las reformas anunciadas a la LFT son contrarias al artículo 123 constitucional, y trastocan los derechos individuales y colectivos de los trabajadores, consideran los abogados laboristas Néstor de Buen y Arturo Alcalde Justiniani.
En un análisis sobre la propuesta de Javier Lozano, el abogado Arturo Alcalde destaca que lo negativo es más por sus omisiones, “que por las lesiones que genera”. El abogado laborista señala que la propuesta de reforma desecha en su totalidad los planteamientos de la iniciativa que en octubre de 2002 presentaran de forma conjunta la Unión Nacional de Trabajadores y el PRD.
La diputada Rosario Ortiz, quien participara en la contrapropuesta a la Ley Abascal UNT-PRD, dice que Lozano ha ignorado dicho proyecto porque el objetivo del gobierno de Calderón es el abaratamiento de la mano de obra a favor de las trasnacionales, el desmantelamiento de la organización laboral y la desarticulación del sindicalismo.
“Lo que llama flexibilidad laboral es ofrecer mano de obra barata, flexible, que esté organizada en sindicatos corporativos vinculados con la patronal y con mayor control en las condiciones de trabajo y de negociación obrero patronal; por eso la propuesta de Lozano condiciona los registros sindicales”, explica.
Cita el caso de los mineros de Cananea como un ejemplo de la intromisión y la falta de apego a la legalidad de la actual administración, tendencia que, dice, será la constante de aprobarse el proyecto de reforma que plantea Lozano.
El posible albazo
Legisladores integrantes de la Comisión del Trabajo alertan que la STPS se ha negado a abrir a debate su proyecto con miras a preparar el terreno para dar un albazo, como ocurrió, dicen, con la llamada Ley del ISSSTE.
En enero pasado, el diputado Tomás del Toro, presidente de dicha comisión, confirmó a Contralínea que aunque formalmente la STPS aún no habría remitido el documento, él tenía reuniones personales con Lozano para discutir el tema.
Se le buscó nuevamente para que respondiera a los señalamientos de sus compañeros de comisión, quienes aseguran que la STPS cabildea su proyecto sólo con los miembros de Acción Nacional; sin embargo, el diputado negó dar una entrevista, al igual que sus compañeros de bancada e integrantes de la comisión, Juan Manuel Sandoval y Carlos René Sánchez.
Juan Carlos Velasco, diputado del PRI, dice que aunque él es secretario de la comisión no ha tenido acercamiento alguno con funcionarios de la STPS. Reprueba la conducta de Lozano Alarcón, pues “habla de propuestas que no ha presentado de manera formal al Congreso; lo escuchamos en foros con la iniciativa privada y con nosotros no ha tenido ningún acercamiento. Habla de reformas y no entrega ningún documento oficial”.
En medio del clima de tensión que ha provocado el proyecto de reforma energética, los legisladores de la Comisión del Trabajo prevén que de un momento a otro Calderón enviará su propuesta. “Ya vemos venir la cascada de reformas, y si pasa la energética es como abrir paso a la laboral; por eso es nuestro interés de frenarlos desde ahora”, explica la diputada Rosario Ortiz Magallón.
Ramírez Stabros habla del costo político y social que implicaría la pretensión de una reforma laboral:
“Los gobierno panistas se han caracterizado por enviar propuestas en los momentos menos propicios, y el tema de la reforma laboral no va a ser la excepción. El proyecto de reforma llegará en un momento en el que impera un clima político inadecuado. La exacerbación política es poco propicia para una iniciativa que no se antoja suave, pero que finalmente es símbolo de cómo se ha manejado este gobierno: iniciativas de ley muy exacerbadas”.
Agrega que, aunque Felipe Calderón se promovió como presidente del empleo, “poco ha hecho para trabajar en el ambiente laboral, no ha cumplido sus compromisos y ni siquiera ha hecho lo mínimo para, por lo menos, tener un ambiente que permita la discusión profunda de la reforma”.
Jesús Ramírez Stabros explica que México no necesita reforma laboral, pues el artículo 123 constitucional es modelo en el ámbito internacional y la LFT una ley de avanzada. Basta con aplicarla para mejorar el sector laboral, indica; pero, dice, es letra muerta.
Rosario Ortiz explica que a partir de este 1 de mayo organizaciones como la UNT, el Frente Sindical Mexicano, agrupaciones de trabajadores y los legisladores del Frente Amplio Progresista iniciarán acciones en rechazo a la política laboral de Felipe Calderón, “porque sabemos que de un momento a otro intentarán aprobar fast track la reforma, cuyo único objetivo es precarizar el empleo y el salario, incrementar la jornada de trabajo sin generar antigüedad ni derechos ni prestaciones, y eximir a las empresas de su responsabilidad”.
Contralínea solicitó una entrevista con Javier Lozano. En la oficina de Comunicación Social de la STPS se disculparon porque el secretario tenía “una agenda muy apretada”.
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9:19 p.m.
