Hay operativo en el Centro Histórico

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Mas de 100 elementos de la Policía Estatal Preventiva con equipo antimotines abordo de 10 patrullas bajaron en la calle Doctor Hierro para resguardarse en la ciudadela del arte.

El director de la dependencia Manuel Bosque no quiso dar información sobre el operativo, sólo aseguró que es confidencial

Comentario del Blog.- Lo dicho, ocultandole siempre información a la ciudadania, ese MAR es un mentiroso, siempre lo ha sido, para lo único que tiene gracia es para andar bien polveado, ya hasta le dicen LA CHULE

DESMANTELAN NARCOLABORATORIO EN ZACATECAS

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Aguascalientes.- La Policía Estatal del Estado, logró desmantelar un narcolaboraorio que se localizó en la comunidad La Montesa , en el municipio de Villa García en Zacatecas.

Pese a que el Gobierno de Zacatecas ocultó la información, la Procuraduría General de la República (PGR) confirmó la información y notificó que fue un operativo montado por la Policía Estatal de Aguascalientes .

Lo anterior, tras un operativo que se realizó en la comunidad Los Campos, donde se detectó un convoy de sujetos; Ahí inició una persecución que se convirtió en un enfrentamiento.

Tras el enfrentamiento, se logró al detención de Adalberto Castañeda Álvarez, Luis Fernando Castañeda Vela y Raúl Casillas Placencia.

Fue entonces cuando se localizó el narcolaboratorio, donde se decomisaron tambos con químicos para la fabricación de drogaras sintéticas.

Comentario del Blog.- No es raro que el Gobierno del Estado y en especial el Procurador Arturo Nahle oculten información de esa indole, estan como el asesinato de la prima del Oficial Mayor, cuando se supo? NUNCA

A decir de Cordero, México ya no es un país pobre

La Jornada

México dejó de ser un país pobre “hace mucho tiempo”, afirmó este martes Ernesto Cordero Arroyo, secretario de Hacienda, en reunión con empresarios en San Luis Potosí. Ahora “es un país de renta media”, aseguró el funcionario, quien el jueves pasado hizo oficial su aspiración a ser candidato del partido gobernante en la elección presidencial de 2012.

Consideró que en el país persiste un problema de pobreza muy importante “que tenemos que enfrentar” y que “estamos resolviendo”. Reunido con agremiados a la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) afirmó que, como no ocurría en mucho tiempo, se han logrado hilvanar varios años de crecimiento económico que genera empleos y prosperidad para la gente.

A continuación afirmó: “hace mucho que México dejó de ser un país pobre. México es un país de renta media con un problema de pobreza muy importante que tenemos que enfrentar, que estamos enfrentando, que estamos resolviendo, pero en este momento ya es un país de renta media que viene a consolidar clases medias como hace tiempo no lo lograba”.

El funcionario planteó a los afiliados a la Coparmex: “si logramos hacer lo que tenemos que hacer en los próximos años, México, sin ninguna duda, va a ser muy diferente dentro de cinco años de lo que es ahora; nos estaremos consolidando como un país que ha sido capaz de generar desarrollo económico y prosperidad social”.

El jueves pasado, Cordero Arroyo pronunció un mensaje en Palacio Nacional, sede del Poder Ejecutivo, en el que dio a conocer que tiene aspiraciones de ser el candidato del PAN en la elección presidencial de 2012.

Es esa condición de aspirante a candidato lo que llevó al secretario de Hacienda a hacer una afirmación que carece de todo sustento sobre la pobreza en el país, comentó Julio Boltvinik, investigador de El Colegio de México y uno de los principales especialistas en temas de pobreza e ingreso.

País de pobres

“Cordero anda en campaña”, comentó Boltvinik a La Jornada respecto de la declaración del titular de Hacienda en San Luis Potosí. “Efectivamente, México no es un país pobre, pero es un país de pobres, lleno de pobres. La mayor parte de la población vive en pobreza”, sostuvo el experto.

Explicó que la actividad económica en el país genera un ingreso nacional que sería suficiente para que toda la población tuviera acceso a una canasta de bienes y servicios –“canasta normativa”, la definió– que incluye los satisfactores esenciales, no sólo alimentarios, de una persona u hogar.

“En los años de 1970, el ingreso nacional era suficiente para que toda la población adquiriera una canasta normativa y sobraba 30 o 40 por ciento del total. Ahora, ese ingreso sería suficiente para que toda la población tuviera acceso a esa canasta y sobraría otro tanto.”

¿Cuál es el problema?, planteó Boltvinilk: “La concentración del ingreso. Desde las mediciones que se hacían en los años 70, mientras unos tenían cantidades muy por arriba, decenas de veces o centenas de veces lo necesario para comprar la canasta normativa, 56 por ciento de la población estaba por debajo y no podía comprarla. O sea, el país ya no era pobre, pues generaba ingreso suficiente para proveer la canasta normativa a sus habitantes, pero a la vez estaba lleno de pobres”.

Ernesto Cordero Arroyo, secretario de HaciendaFoto María Meléndrez Parada

La situación persiste y se ha agravado, agregó Boltvinik, para cuestionar la aseveración hecha por Cordero Arroyo este martes en San Luis Potosí.

–¿Cuál es ahora la situación de pobreza en México?

–Es un desastre. Los cálculos más recientes que tengo, y el próximo mes serán actualizados, es de 80 millones de pobres en México, o sea, 79.4 por ciento de la población total del país vive en situación de pobreza.

“Entonces, la pobreza es el principal problema social del país. Pobreza que está muy ligada a desigualdad y la desigualdad es, como lo era en los 70, la causa fundamental de la pobreza. Porque no es un problema de escasez absoluta sino de reparto desigual de los recursos disponibles.”

–¿El problema es que hay más desigualdad?

–La desigualdad es hoy mayor que la de los años 70 y con más recursos (hoy) tenemos igual o más pobreza que en esa década.

La principal dificultad para que se abatan las cifras de pobreza, consideró Boltvinik, es la actual política económica, basada en la contención del crecimiento económico. Algo que contrasta con naciones como Brasil o Argentina, que en años recientes han logrado reducir el número de pobres con base en crecimiento económico y expansión de sus mercados internos, ejemplificó.

“Nuestras autoridades de Hacienda y del Banco de México se han dedicado a frenar el crecimiento económico del país porque lo que les interesa es la estabilidad cambiaria y de los precios, que no haya inflación. Se sienten muy contentos con este equilibrio de balanza de pagos que estamos logrando, entre comillas, no con exportaciones, sino con entrada de capitales golondrinos a comprar bonos del gobierno porque dan tasas de interés muchísimo más altas que las de Estados Unidos”, comentó.

Desarrollo medio

Después de su discurso en la Coparmex, Cordero ofreció una conferencia de prensa en la capital potosina. Según la versión difundida por Hacienda, el funcionario citó un “programa de Naciones Unidas” que define a México “como un país de desarrollo humano medio, es decir, no somos un país de desarrollo bajo”.

El índice de desarrollo humano es elaborado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.

Abundó Cordero: “Hay que recordar que en México, de acuerdo con los datos del Censo, nueve de 10 casas tienen energía eléctrica; nueve de 10 casas tienen acceso a drenaje, agua potable y electrodomésticos. Esto no quiere decir que seamos un país de desarrollo humano medio, no quiere decir que no tengamos un problema de pobreza, tenemos un problema de pobreza muy serio, repito, que estamos atendiendo y estamos destinando la mayor cantidad de recursos posibles para resolverlo lo más rápido posible”.

El pasado 21 de febrero, el secretario de Hacienda aseguró que en México hay familias muy luchadoras que con un ingreso de 6 mil pesos mensuales tienen capacidad para pagar un crédito para vivienda y un coche, así como para enviar a sus hijos a escuelas particulares.

AMLO RUMBO AL 2012

Viva la impunidad

Jesús Cantú

MÉXICO, D.F., 31 de mayo.- A pesar de que todas las agravantes estaban presentes, el Instituto Federal Electoral decidió únicamente amonestar públicamente a las televisoras que difundieron, fuera del Estado de México, los promocionales del gobernador Enrique Peña Nieto, con motivo de su V Informe de Gobierno.

El proyecto de resolución que presentó al Consejo General del IFE el secretario ejecutivo de dicho instituto, Edmundo Jacobo, proponía sancionar con más de 15 millones de pesos a Televisa y a TV Azteca. Sin embargo, en la sesión celebrada el miércoles 25 de mayo una mayoría de cuatro consejeros consideró que una amonestación pública era suficiente.

Las televisoras persisten en sus violaciones a las disposiciones electorales a pesar de que se les han impuesto, en el pasado, sanciones millonarias, por lo cual es irrisorio pensar que en esta ocasión una amonestación pública será el disuasivo que se requiere para evitar dichas irregularidades en el futuro.

La falta es reiterada, y por si hiciera falta una corroboración de ello, justo el mismo 25 de mayo la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ratificó otra resolución del IFE, en el que el mismo Consejo determinó, en relación con unos spots del gobierno federal transmitidos en entidades que se encontraban en pleno proceso electoral durante el 2010, que la autoridad solicitó difundirlos únicamente en los estados donde no había proceso electoral, y por ello exoneró al gobierno que encabeza Felipe Calderón y sancionó, con una amonestación pública, a las televisoras: Televisa, TV Azteca y Canal 11.

Exactamente el mismo caso y exactamente la misma sanción: exoneran a las autoridades, porque ellas contrataron o solicitaron la transmisión dentro de los límites establecidos en la legislación, y supuestamente castigan a las televisoras, con una amonestación pública, porque no respetaron la pauta ordenada ni la ley.

El desafío de las televisoras con respecto a la aplicación de las disposiciones establecidas en la Constitución y el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe), en la reforma del 2007, inició en enero de 2009, cuando el duopolio televisivo interrumpió las transmisiones de diversos eventos deportivos (Super Tazón y varios partidos del futbol mexicano) para difundir los promocionales del IFE, previa inserción de una cortinilla que dejaba claro que las molestias que causaban a los televidentes eran consecuencia de las leyes y las instrucciones de la autoridad electoral. Desde entonces la resistencia ha sido permanente y se manifiesta en las repetidas violaciones a sus disposiciones, buscando todos los resquicios posibles.

Pero más allá de su resistencia y violación reiterada y sistemática a dichas disposiciones, para encontrar un precedente idéntico al caso que resolvió el IFE simplemente habría que voltear al Tribunal Electoral, que votó una resolución al respecto.

Por otra parte, la autoridad también ha demostrado que las televisoras sí cuentan con los instrumentos técnicos necesarios para transmitir o dejar de transmitir los contenidos que ellos seleccionen en espacios territoriales determinados. Es decir, lo que hacen no se debe a insuficiencias técnicas, sino a su decisión.

Otra agravante es que la violación a dicha disposición reportó un ingreso adicional de 12 millones 528 mil 163 pesos a Televisa, y de 3 millones 391 mil 612 a TV Azteca.

Y una más, que la transmisión de los spots de los informes de los gobernadores en todo el territorio nacional, en franca violación a lo señalado en el párrafo 5 del artículo 228 del Cofipe, ha sido la constante, no la excepción. Lo excepcional en este caso fue que hubo partidos políticos que interpusieron una queja y, por lo tanto, la autoridad electoral se vio obligada a revisar el hecho.

Así, no hay dudas al respecto: están presentes todas las agravantes. Ya en el pasado el Consejo General del IFE había decidido que las televisoras, en un caso como este, no tenían responsabilidad alguna, pero la Sala Superior del TEPJF lo obligó a resolver. En otro episodio, el Consejo sancionó al gobernador y exoneró a las televisoras, mientras que el Tribunal revocó dicha resolución para exonerar al gobernador y responsabilizar a las televisoras (Proceso 1801); y ahora el IFE simplemente amonestó a las televisoras.

Al completarse el ciclo, Peña Nieto resulta inocente y las televisoras simplemente tienen una amonestación pública, que aunque no es una exoneración, es la sanción mínima que puede imponer la autoridad electoral.

En su temor por sancionar a los distintos actores políticos, las autoridades electorales ya empezaron a inventar nuevos términos, pues en otra resolución votada el mismo 25 de mayo, en acatamiento a una resolución del mismo TEPJF respecto a los programas que transmitió el Partido del Trabajo donde aparece Andrés Manuel López Obrador, anunciando su participación en los comicios presidenciales del 2012, decidieron también solamente amonestar al partido político, porque no podían considerarse “actos anticipados de campaña” que sí contempla y sanciona el Cofipe, sino “actos preparatorios”, que no se encuadran dentro de los prohibidos, aunque tampoco son de los autorizados.

De esta forma, las autoridades administrativas (IFE) y las jurisdiccionales (TEPJF) se entrelazan para encontrar términos y fórmulas que permitan nuevamente abrir los espacios que la reforma de 2007 pretendió cerrar: la promoción personal de los gobernantes, particularmente fuera de su ámbito de gobierno, y la realización de precampañas fuera de los tiempos estrictamente señalados en el Cofipe. Las amonestaciones públicas no impedirán la persistencia de dichas prácticas. Se requieren sanciones ejemplares que inhiban la violación de las normas por parte de los actores involucrados.

Pero a través de eufemismos y resoluciones medrosas, las autoridades electorales vulneran el estado de derecho y entronizan la impunidad, en virtud de que toleran y propician que los actores involucrados violen las disposiciones constitucionales y legales con su respaldo y cobijo.

AMLO RUMBO AL 2012

Calderón, su República de pantalla

Jenaro Villamil

MÉXICO, DF, 31 de mayo (apro).- A finales de diciembre de 2010, el acuerdo de interconexión firmado entre Telmex y Telefónica, los dos acérrimos rivales en el mercado de telefonía, prendió los focos de alerta en las oficinas de las dos grandes televisoras: Televisa y TV Azteca.

A partir de ese momento, la sociedad de intereses mutuos entre las dos grandes televisoras se transformó en una carta de intención para que Televisa adquiriera 50% de las acciones de Grupo Iusacell, perteneciente a Grupo Salinas, y se concretara la alianza fundamental: bloquear el acceso de Telmex al mercado de la televisión restringida.

Cuando a principios de 2011 el columnista Miguel Ángel Granados Chapa reveló estas negociaciones, las dos televisoras se rasgaron las vestiduras y desmintieron airadamente al prestigiado periodista. Pocos meses después, lo que negaron públicamente se confirmó ante los mercados bursátiles en medio de la “guerra sucia” desatada entra las dos empresas y Grupo Carso, a partir de febrero de este año.

Desde ese momento quedó muy claro que el proyecto de convergencia, competencia y cobertura del gobierno de Felipe Calderón para el sector de las telecomunicaciones, quedaba sepultado para lo que resta de su sexenio.

El cálculo electoral pesó más que el poderío económico de Carlos Slim. La campaña para la sucesión del 2012 había arrancado y a la administración federal panista le importa más la república de pantalla que la república convergente.

De 2006 a 2010, el gobierno de Felipe Calderón coqueteó con la posibilidad de abrir el mercado de la televisión, las telecomunicaciones y la banda ancha para aparentar un libre juego de fuerzas, en aras de avanzar en el triple play. Contuvo a Telmex con la promesa del cambio de título de concesión; licitó la red de fibra óptica de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) a un consorcio formado por Televisa, Telefónica y Megacable; emitió un decreto para acelerar de 2021 a 2015 el cambio hacia la televisión digital, que fue congelado por la Suprema Corte, y puso en operación las polémicas licitaciones 21 y 22 que beneficiaron a jugadores entrantes, aunque en el tramo final Televisa se desmarcó de su alianza con Nextel, empresa que ha ido venciendo los ochenta litigios que interpuso Grupo Iusacell.

En los hechos, el proyecto de convergencia cedió en casi todo a los intereses de las televisoras: no hubo licitación de la tercera cadena de televisión ni en 2007 ni la habrá en este año; se respetó el “regalo” del final del gobierno de Vicente Fox que prolongó hasta 2021 las 393 frecuencias que detentan Televisa (224 a través de sus redes de los canales 2, 4, 5 y 9) y TV Azteca (169 a través de sus redes 7 y 13, más el canal 40 que ilegalmente administra); se suspendió el proyecto de una reforma integral de las leyes de telecomunicaciones y radio y televisión, dejando coja la ambiciosa reforma electoral de 2007-2008; las televisoras acabaron dándole la vuelta a la prohibición de compra de tiempo-aire, como claramente se observa en la pantalla llena de infomerciales políticos y advertainment de políticos, y se permitió la expansión de Televisa, que pasó de tener menos de 30 a más de 55% del control de la televisión por cable.

A contragolpe, Televisa aceptó la sociedad de un nuevo actor en televisión satelital, Grupo Dish, que fue el primer intento de Telmex, en sociedad con MVS y la estadunidense EchoStar, de entrar al terreno de la televisión restringida. En menos de dos años, le arrebató una buena parte del mercado a Sky, de Televisa, que dominaba 95% de este sector. Se peleó con TV Azteca cuando ofreció el servicio de HiTV y acabó por apoyar su reciente empresa, Totalplay.

El gobierno federal, lejos de resolver los problemas de interconexión entre las empresas telefónicas y el duopolio Telmex-Telcel, dejó que los litigios se entramparan hasta llegar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que se ha convertido, desde su sentencia en contra de la Ley Televisa, en un regulador de facto y de jure en el sector.

La cereza del pastel para confirmar la opción a favor de la república de pantalla se dio el 27 de mayo de 2011. Después de retrasar su decisión final, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) finalmente respondió a la solicitud de Telmex, bajo la presión de una orden del juez sexto de distrito en Materia Administrativa del Distrito Federal. Y la respuesta fue contundente, aunque poco transparente:

La SCT “ha resuelto negar dicha petición (para prestar servicios de televisión y audio restringidos) al determinar que no se reúnen los requisitos previstos en el marco normativo, en particular en el Acuerdo de Convergencia publicado en el Diario Oficial de la Federación en octubre de 2006”, resalta la parte sustancial del comunicado.

La negativa a Telmex no sólo afecta al consorcio más grande en telecomunicaciones del país, el “monopolio” como le llaman Televisa y TV Azteca. Impacta sobre el desarrollo de un sector que, desgraciadamente, ha dependido más de los grandes monopolios que de una política pública promotora de la competencia y la convergencia.

El primer impacto es financiero. Telmex suspenderá los planes de mil 500 millones de dólares de inversión, mismos que el Grupo Carso puede destinar a cualquiera de los otros 18 mercados de América Latina donde tiene fuertes intereses y puede dar servicios de triple play, en especial, Argentina y Brasil.

El segundo impacto es para los usuarios y las audiencias. En 2006, la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (Cofemer) calculó que si se cumplía lo establecido en el Acuerdo de Convergencia, el número de usuarios de los servicios de televisión y/o audio restringido se incrementaría de 4.6 millones a 8.6 millones en 2012, y los precios de video e Internet disminuirían sustancialmente.

Esto no sucederá. El número actual de usuarios de televisión por cable en el país es de 5.4 millones de suscriptores, 3 millones menos a los proyectados. La disminución de 15% de los precios, prevista en 2006, tampoco se cumplirá.

La negativa del gobierno a Telmex para ofrecer servicios de televisión significa que 15.6 millones de líneas fijas, 80% del total de líneas del país, continuarán siendo subutilizadas, “en detrimento de la eficiencia del país y de los usuarios que ya tienen acceso a esa infraestructura”, según el análisis más reciente de Mediatelecom.

Peor aún, la diversificación y pluralidad de contenidos no se dará en ninguna de las plataformas. Televisa domina ampliamente los contenidos no sólo en televisión abierta sino en las redes de televisión restringida. El must offer y el must carry son una utopía en el país. Televisa condiciona a qué empresas les ofrece el servicio de sus canales de televisión abierta (concesiones públicas) y también baja las señales en sus plataformas de televisión de cable y digital a aquellas empresas que son sus competidoras (como el caso de MVS y de decenas de otros canales a los cuales el consumidor mexicano no tiene acceso).

Es una de las grandes paradojas de la mala política de convergencia en este sexenio. Se ha logrado separar la discusión sobre las tarifas de interconexión en telefonía y sobre las tarifas de televisión restringida, cuando ambas deben formar parte de una política convergente.

La negativa a Telmex hace prever que el proyecto de licitación de dos cadenas de televisión en la banda UHF (la banda digitalizada), elaborado por la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel) de Mony de Swaan para este 2012, se suspenderá. La Secretaría de Hacienda, encabezada por Ernesto Cordero, el candidato de la actual cargada calderonista, ha bloqueado esta posibilidad para no ganar el veto de Televisa y de TV Azteca a sus aspiraciones presidenciales.

Es la misma Secretaría de Hacienda que retrasará el proyecto de “Banda Ancha Móvil para Todos”, lanzada por MVS Telecomunicaciones en abril de este año. Es un proyecto que afecta la sociedad entre Grupo Televisa y Grupo Salinas en Iusacell.

De esta manera, la “sociedad de la información” en México quedará supeditada a la sociedad del mercado de la información y de los contenidos audiovisuales, dominada ampliamente por Televisa y TV Azteca.

En otras palabras, ganó la república de la pantalla en el sexenio de Calderón. ¿Será el Poder Judicial, a través de largos y complicados litigios que llegarán a la Suprema Corte, el que resuelva finalmente el secuestro electoral del gobierno federal?

AMLO RUMBO AL 2012