PLAZA PUBLICA
Miguel Ángel Granados ChapaEn su sesión de hoy, el Consejo General del IFE acaso tome un acuerdo que completará el pernicioso papel que desempeñó en el proceso electoral del año pasado, sobre todo a partir del dos de julio. Contraviniendo su propia decisión, se apresta a fijar fecha para la destrucción de las boletas electorales que, estando indisponibles para los ciudadanos, estarán disponibles para las piras, los hornos, las trituradoras o las máquinas de reciclaje.
Es clara la norma legal que ordena esa operación final para esa porción de la papelería electoral. Se incluyó en el código ese precepto para santificar la bárbara operación política que eliminó la evidencia del fraude que tal vez fue cometido en 1988, y del que sólo podemos hablar en esos términos precisamente porque se hizo desaparecer uno de los dos extremos con que es posible alcanzar certidumbre electoral, las papeletas mismas de la votación, sin las cuales el valor de las actas en que presumiblemente se recoge el resultado de urnas se reduce al mínimo. Pero esa norma, como todas, fue concebida para la normalidad y por lo tanto no es aplicable en la situación política mexicana surgida el dos de julio y agravada en agosto y septiembre pasados, cuando el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolvió ilegalmente los juicios de inconformidad (el trámite de algunos de los cuales requirió la apertura de paquetes electorales) y cuando calificó la elección. Admitiendo esa anormalidad, que se expresaba en peticiones ciudadanas para tener acceso a esa parte de la documentación electoral, el Consejo General del IFE acordó el 15 de diciembre pasado aplazar la destrucción de los paquetes que contienen las boletas hasta que causen estado los procedimientos legales surgidos de las solicitudes de acceso. Y a pesar de que esos procedimientos están todavía en curso, asaltó la prisa al menos a algunos consejeros, que a última hora incluyeron en el orden del día de la sesión de hoy la fijación de la fecha para acabar con los paquetes.
Por un lado el semanario Proceso, representado para estos efectos por el reportero Daniel Lizárraga, y por parte la reportera Delia Angélica Ortiz, que en aquel momento trabajaba para Hoy por hoy, de XEW, solicitaron acceso a la paquetería electoral. La periodista se interesaba sobre todo en el examen de los votos por las candidaturas no registradas, mientras que el semanario buscaba un recuento total, no el voto por voto demandado por Andrés Manuel López Obrador y sus seguidores, puesto que no podía generar efectos legales como los que se propusieron los votantes que se sintieron defraudados. Ya que el tribunal electoral había abdicado de su cometido constitucional de generar certidumbre sobre el proceso comicial, Proceso supuso posible que grupos de ciudadanos, sin más propósito que la transparencia, examinaran el contenido de los paquetes y lo cotejaran con las actas. Sí, se dijo entonces que esa operación había sido realizada ya por los ciudadanos responsables de la mesa de elecciones y que se les ofendía al expresar la pertinencia de un ejercicio análogo al que ejecutaron el dos de julio. Pero no se trataba de descubrir errores e imputar fallas, sino de propiciar claridad donde hubo confusión y transparencia donde privó la opacidad
Una y otra vez el IFE rehusó el acceso solicitado, y los peticionarios acudieron a la justicia electoral. El 25 de abril pasado el tribunal emitió una resolución en apariencia ambigua, pero con el mismo claro sentido restrictivo que las resoluciones del otro órgano electoral. Le asestó un severo tirón de orejas pero no por lo que dijo sino por el cómo lo dijo. En una contundente lección el tribunal enseñó al IFE cómo expresar su negativa, pero avaló esa respuesta. Generó al efecto, como ha expresado John M. Ackerman, una nueva categoría en el ámbito del derecho a la información. La ley de transparencia sólo reconoce tres clases de información: la confidencial, la reservada y la pública. Los magistrados del órgano superior de justicia electoral añadieron la información indisponible.
Incurrieron, al hacerlo, en el error lógico llamado petición de principio, en una tautología. Declararon, como condición del material requerido su indisponibilidad, circunstancia que era la que se pedía modificar. Crearon un círculo vicioso; los paquetes son indisponibles porque son indisponibles, en vez de generar para ese material la nueva condición jurídica de su disponibilidad. Consumada su intervención el 16 de mayo, se interpretó que el IFE había recibido la señal de ir adelante en el cumplimiento de su facultad legal de destruir las boletas. No es así, porque el órgano electoral se impuso una atadura, la de aguardar a que los procedimientos de impugnación concluyan. Hay por lo menos dos en curso. Por un lado la reportera Ortiz Trujillo acudió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y está en espera de que se dicten medidas cautelares, que precisamente impidan la destrucción antes de que su solicitud sea satisfecha. Por otro lado la Suprema Corte revisa si fue lícita la intervención de un juzgado administrativo de amparo que dictó sentencia adversa a Proceso.
Abordar hoy el tema, en esas condiciones procesales, y más todavía resolverlo y fijar fecha para eliminar la paquetería cuanto antes y no en vísperas de dos de julio validará la idea de que el Consejo General del IFE protagoniza el más grave retroceso en la historia de los comicios en nuestro país.
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5:18 p.m.
