Promueve el gobierno federal Reformas laborales clandestinas
Martín Esparza Flores
Hasta ahora, los trabajadores de confianza del sector público se habían visto beneficiados por las prestaciones y beneficios conquistados mediante luchas sindicales en las que, por su condición, no podían participar. Trabajadores, al fin de cuentas, la Constitución y la Ley Federal del Trabajo les reconocían el derecho de beneficiarse con las conquistas de los contratos colectivos. Por parte del gobierno federal y mediante un procedimiento que ayuda a definirlo, eso ha pasado a la historia.
Lo anterior es consecuencia de un decreto de la Secretaría de Hacienda que había pasado desapercibido para todo mundo, inclusive para los legisladores que lo aprobaron, al menos para la mayoría. No es la primera vez que el Ejecutivo intenta, desde hace varios sexenios, que los legisladores aprueben proyectos ocultos —que no quiere que sean analizados ni discutidos por los legisladores—, entre un paquete de asuntos farragosos, como podría ser una miscelánea fiscal.
Tal práctica del Ejecutivo, aunque llegue a tener éxito, despreciable como en este caso, es deleznable y perniciosa para la vida republicana, pues implica una burla a otro de los poderes de la República. Además, al evadir la atención de los legisladores los suplanta. Sin embargo, los legisladores no tienen excusa y ahora, lo menos que pueden hacer es exigir el cese de esas prácticas.
También los trabajadores, todos pero principalmente los que tienen mayor capacidad de lucha, los sindicalizados, deben exigir que cesen esas reformas clandestinas a la ley laboral; porque por su naturaleza dejan en la casi indefensión a los trabajadores, a los cuales sólo queda luchar jurídicamente contra ellas.
Sin embargo, lo que principalmente busca el gobierno, motivado por su ideología de derecha y neoliberal contraria al interés de los trabajadores, es el desmantelamiento completo del artículo 123 constitucional y de la Ley Federal del Trabajo. Si hasta ahora no lo ha hecho es porque sabe cuál será la respuesta de los trabajadores y de sus sindicatos. Mientras tanto, él mismo y los patrones agreden diariamente la legislación laboral y privan de sus derechos a grupos importantes de trabajadores, siempre con la intención de despojarlos a todos.
A los trabajadores sólo les queda la lucha directa para defender sus derechos y la legislación que se los otorga, no pueden alegar en su favor ni exponer sus planteamientos. Las autoridades no escuchan, sólo quieren imponer. En México no hay diálogo ni negociaciones. El gobierno no tiene interlocutores.
Hasta ahora, los trabajadores de confianza del sector público se habían visto beneficiados por las prestaciones y beneficios conquistados mediante luchas sindicales en las que, por su condición, no podían participar. Trabajadores, al fin de cuentas, la Constitución y la Ley Federal del Trabajo les reconocían el derecho de beneficiarse con las conquistas de los contratos colectivos. Por parte del gobierno federal y mediante un procedimiento que ayuda a definirlo, eso ha pasado a la historia.
Lo anterior es consecuencia de un decreto de la Secretaría de Hacienda que había pasado desapercibido para todo mundo, inclusive para los legisladores que lo aprobaron, al menos para la mayoría. No es la primera vez que el Ejecutivo intenta, desde hace varios sexenios, que los legisladores aprueben proyectos ocultos —que no quiere que sean analizados ni discutidos por los legisladores—, entre un paquete de asuntos farragosos, como podría ser una miscelánea fiscal.
Tal práctica del Ejecutivo, aunque llegue a tener éxito, despreciable como en este caso, es deleznable y perniciosa para la vida republicana, pues implica una burla a otro de los poderes de la República. Además, al evadir la atención de los legisladores los suplanta. Sin embargo, los legisladores no tienen excusa y ahora, lo menos que pueden hacer es exigir el cese de esas prácticas.
También los trabajadores, todos pero principalmente los que tienen mayor capacidad de lucha, los sindicalizados, deben exigir que cesen esas reformas clandestinas a la ley laboral; porque por su naturaleza dejan en la casi indefensión a los trabajadores, a los cuales sólo queda luchar jurídicamente contra ellas.
Sin embargo, lo que principalmente busca el gobierno, motivado por su ideología de derecha y neoliberal contraria al interés de los trabajadores, es el desmantelamiento completo del artículo 123 constitucional y de la Ley Federal del Trabajo. Si hasta ahora no lo ha hecho es porque sabe cuál será la respuesta de los trabajadores y de sus sindicatos. Mientras tanto, él mismo y los patrones agreden diariamente la legislación laboral y privan de sus derechos a grupos importantes de trabajadores, siempre con la intención de despojarlos a todos.
A los trabajadores sólo les queda la lucha directa para defender sus derechos y la legislación que se los otorga, no pueden alegar en su favor ni exponer sus planteamientos. Las autoridades no escuchan, sólo quieren imponer. En México no hay diálogo ni negociaciones. El gobierno no tiene interlocutores.