El engaño: prédica y práctica del PAN (Segunda parte)
Primera Parte
México, D.F., 12 de noviembre (apro).- Sobre la abierta intervención de Celiderh en las elecciones del 2006, el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe) no admite equívocos: el artículo 48, fracción I del Cofipe establece:
“Es derecho exclusivo de los partidos políticos contratar tiempos en radio y televisión para difundir mensajes orientados a la obtención del voto durante las campañas electorales, conforme a las normas y procedimientos que se establecen en el presente artículo.”
Y en la fracción decimotercera, dispone:
“En ningún caso se permitirá la contratación de propaganda en radio y televisión a favor o en contra de algún partido o candidato por parte de terceros.”
Los partidos políticos, nadie más.
Sin embargo, el IFE y su presidente, Luis Carlos Ugalde, olvidaron deliberadamente esta disposición legal para frenar el proselitismo de Celiderh y apenas aludieron, en un tibio exhorto que le hicieron, a la presión que la campaña propagandística ejercía sobre el elector.
Así lo estableció le carta enviada por Ugalde a Rodrigo Ruiz Gandarilla, director de Celiderh --apenas dos días antes del fin de las campañas--, al que comunicó que el Consejo General del IFE “desaprueba el uso de mensajes violentos que puedan infundir temor en los electores mediante imágenes de violencia y uso de armas, que corresponden a realidades ajenas al contexto que se vive en México”.
En su tímido “llamado” a Celiderh para cesar los promocionales, enviado a Ruiz Gandarilla el 26 de junio, Ugalde añade:
“Todos los actores sociales que busquen promover el voto tienen el deber de conducirse de acuerdo con las pautas establecidas para ello por el Instituto. El Consejo General considera que estos spots no contribuyen a mantener el clima político más propicio para que los ciudadanos mexicanos ejerzan su derecho al sufragio de manera libre.”
Como parte del exhorto, Ugalde anexó a la carta a Ruiz Gandarilla la versión estenográfica de la sesión del día anterior y hasta le envía un parabién: “Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un saludo.”
Obviamente Celiderh no suspendió la masiva difusión de promocionales, y sólo por la presión de la representación de la coalición Por el bien de Todos en el Consejo General, Ugalde tuvo que pedir a la Secretaría de Gobernación que, “de manera urgente”, ejerciera la interrupción de la campaña mediante la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía (RTC).
El argumento del IFE ante la Secretaría de Gobernación no fue, otra vez, la ilegal intervención de Celiderh, sino --una vez más-- porque su actuación “puede genera coacción o presión a los electores”.
El gobierno de Fox también se hizo tonto: a cargo de Garzón Santibáñez, un funcionario plenamente identificado con Carlos Abascal, RTC actuó con tal displicencia que la campaña concluyó a las 24 horas del miércoles 28 de junio, justo cuando la ley lo ordena finiquitar el proselitismo.
Y a la impunidad sobrevino la burla: Celiderh intensificó la tormenta de spots y todavía la noche del miércoles 28, último día para hacer campaña, un promocional se insertó, sin un corte de por medio, en el programa especial que contrató López Obrador en el Canal 2 de Televisa, en el que por primera vez aparecieron prominentes actores manifestándole su apoyo.
Con tal cinismo actuó el CCE: el miércoles 28, Barraza --el padre de la novia-- anunció que esa agrupación patronal “ha decidido suspender, a partir de esta fecha, la transmisión de los spots en radio y televisión en los que se exalta el valor que tiene el sostenimiento de la estabilidad económica.”
Pasadas las elecciones del 2 de julio, el activismo ilegal y faccioso de Celiderh se reactivó: por una parte, emitió una campaña para descalificar un recuento de votos y, después, otra contra el jefe de gobierno del Distrito Federal, Alejandro Encinas, por permitir el plantón de simpatizantes de López Obrador en el Paseo de la Reforma.
Consultado por el autor al respecto, Rodrigo Ruiz Gandarilla --quien es también militante formal del PAN-- rehusó proporcionar información sobre la propaganda desplegada por esa agrupación antes y después de las elecciones del 2 de julio.
“Por lo pronto nosotros, por consideraciones del presidente del consejo, vamos a dar posicionamiento hasta después del proceso electoral”, dijo Ruiz Gandarilla, aludiendo a Terrazas Seyffert.
--¿Por disposición del presidente del consejo o de su padre?
--No, ya… este… se tiene información a disposición. Yo creo que se conoce perfectamente y por lo pronto no vamos a dar un posicionamiento. Te pediría que nos hablaras hasta el día 7 u 8 de septiembre.
--Existen elementos de que Celiderh violó la ley sobre organizaciones civiles.
--En ese caso nos vamos a estar a disposición de las autoridades, que son las que van a resolver, en cado caso.
Del financiamiento y de las acciones de propaganda, mantiene el hermetismo, lo mismo que sobre su militancia en el PAN: “Cualquier cuestión hasta después de las elecciones.”
Pero después de las elecciones, Ruiz Gandarilla desapareció y sólo volvió a saberse de él hasta un año después: en agosto del 2007 fue nombrado director de la Confederación Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra) en Chihuahua.
Y es que además de la ilegalidad en su campaña de miedo contra López Obrador --y luego las que hizo contra Encinas--, la opacidad es otra de las características de Celiderh: nadie sabe el origen de los recursos que empleó para las campañas para favorecer el PAN.
Existen elementos para presumir el desvío de recursos públicos, del ayuntamiento panista de Chihuahua, pero también de organismos internacionales, como la OEA y el BID.
Celiderh recibe, anualmente, recursos públicos del Indesol, del ayuntamiento, como el de Juan Blanco Saldívar, y del BID y la OEA.
En el 2005, por ejemplo, la OEA y el BID le otorgaron 340 mil 600 pesos para otorgar una beca a 36 “jóvenes líderes” que tomaron un curso, uno de cuyos capacitadores fue Ruiz Gandarilla.
El ayuntamiento de Chihuahua mantiene una estrecha colaboración con Celiderh --varios de los funcionarios de primer nivel tienen la doble militancia en el PAN y en esa agrupación-- y le ha transferido recursos económicos cuyo monto no ha sido especificado.
El más reciente fue, el 29 de noviembre del 2006: el alcalde Juan Blanco entregó 10 millones de pesos --la mitad con fondos públicos-- a 24 asociaciones civiles, entre ellas a Celiderh, que integran la alianza municipio-Fechach “Nuestra comunidad por la capacidad de su gente”.
A la ceremonia encabezada por el alcalde panista Juan Blanco --a quien Calderón designó responsable de supervisar la aplicación de los recursos públicos a nivel municipal-- asistieron varios de los funcionarios de primer nivel que pertenecen a Celiderh, y dirigentes de la Fundación del Empresariado Chihuahuense (Fechach), presidido por Víctor Silva, quien al mismo tiempo encabeza la Canaco-Servytur en el estado.
Celiderh, a la que erróneamente la coalición Por el Bien de Todos identificó como una asociación civil denominada “Ármate de valor” --lo que en realidad sólo fue el eslogan de la campaña sucia--, violó también la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil.
Esta disposición legal, publicada el 9 de febrero del 2004, establece obligaciones a todas las integrantes del Registro de Asociaciones Civiles del Instituto Nacional de Desarrollo Social (Indesol), de la que Celiderh forma parte y cuyo registro es el CLD55062108019.
Con la compra y difusión de los promocionales durante el proceso electoral, además de violar el Cofipe –como ya se señaló--, Celiderh también contravino la ley de fomento a las asociaciones civiles.
En el capítulo sexto, De las infracciones, Sanciones y Medios de Impugnación, se establece, en su artículo 30, que constituyen infracciones a la presente ley, por parte de los sujetos que a la misma se refiere y que se acoge a ella, varias conductas.
Y en el artículo V, está claro lo referido a la actividad que, como asociación civil, desplegó Celiderh:
“Realizar cualquier tipo de actividad que pudiera generar resultados que impliquen proselitismo político, a favor o en contra, de algún partido o candidato a cargo de elección popular.”
Pero si viola las leyes, Celiderh violenta --además-- su propio objeto social establecido, desde su creación: en la cláusula segunda del acta constitutiva, inscrita en el Registro Público de la Propiedad con el número 7349, en ninguno de los diez puntos identifica la difusión de promocionales proselitistas.
Además de ilegalidad, inmoralidad.
Terrazas preside el Consejo Ciudadano de Seguridad Pública del gobierno municipal de Chihuahua.
Celiderh, a cambio, le otorga reconocimiento como el ayuntamiento más “transparente” del país.
Terrazas Seyffert puede decir, sin embargo, que es congruente con su talante de impulsar el uso de todo tipo de artimañas, incluyendo la guerra sucia, para que su partido, el PAN, gane elecciones.
En el proceso electoral de Chihuahua, en el 2007, rechazó firmar un pacto promovido por el CCE estatal para evitar descalificaciones y ofensas entre candidatos y partidos.
“Los chihuahuenses deseamos que las campañas electorales sean del nivel que la sociedad demanda, SIN GUERRA SUCIA (sic)”, demandaba el CCE en el desplegado publicado el 14 de junio.
Pero Terrazas Seyffert, como presidente de la Coparmex, se negó a firmar el desplegado y promovió la destitución del presidente del CCE, Mauricio Ochoa, presidente de la Canaco local, por ser simpatizante priista.
Rostros de El Yunque
Pero la influencia de Celiderh es más amplia: además de recibir, también, patrocinios económicos de los empresarios más acaudalados de Chihuahua y de participar en las campañas de miedo, Celiderh y otros organismos que gravitan en torno de la Coparmex, han conquistado importantes posiciones en los organismos electorales.
Este fenómeno se presentó, de manera clara, en el proceso electoral del 2006 cuando, pese a las quejas por el ingreso corporativo de la patronal, coparon la Junta Local Ejecutiva del IFE en el estado y sus consejos distritales para fungir como consejeros, a pesar de la evidencia de que son militantes formales o allegados al PAN.
La ofensiva --que se detallará más adelante-- no fue casual: Terrazas Seyffert impulsó el abordaje como vicepresidente de Coparmex y como dirigente máximo en Celiderh.
Celiderh, además, forma parte de Sociedad en Movimiento, la iniciativa de Coparmex para promover “un voto razonado” en todo el país, y que encabezó Alberto Núñez Esteba, antecesor de Barraza –el padre de la novia--, quien dejó el cargo de presidente del CCE el 15 de marzo del 2007 y a quien Calderón llamó “patriota”.
Pero, además, Celiderh es uno de los organismos plenamente vinculados a la Coordinadora Ciudadana, agrupación política nacional registrada ante el IFE, que fue fundada por Antonio Sánchez Díaz de Rivera, expresidente de Coparmex --diputado federal con licencia y candidato del PAN a la alcaldía de Puebla capital--, y presidida actualmente por Guillermo Velasco Arzac.
Ambos son militantes de la ultraderechista Organización Nacional del Yunque y artífices de la creación de numerosos membretes en el país que engrosaron la membresía de Sociedad en Movimiento y otra iniciativa análoga, aún vigente: “Mejor sociedad, mejor gobierno”, presidida por el propio Velasco Arzac.
Justamente la página de Internet de “Mejor sociedad, mejor gobierno” es el vehículo de propaganda de este entramado ultraderechista, junto con la página Yo Influyo.com, cuya sede se encuentra en el World Trade Center, en la Ciudad de México.
La trama en Chihuahua --que se reprodujo a todo el país-- la efectúan el PAN y la Coparmex, mediante un amasijo de organismos que gravitan en torno de ellos.
Los organismos empresariales se agrupan en el Comité de Participación Ciudadana (Cepac): y destacan, entre otros, Coparmex, Celiderh, Unión Social de Empresarios de México (USEM), Desarrollo Empresarial Chihuahuense (Impulsa), Fundación del Empresariado Chihuahuense (FECHAC), Centro de Fortalecimiento de la Sociedad Civil (CFSC), Coordinadora Ciudadana y Asociación Nacional Cívica Femenina (Ancifem).
Terrazas Seyffert, formado en el ITESM, ha mostrado su talante conservador no sólo en el ilegal combate a sus adversarios, sino en temas de la agenda católica: en diciembre del 2006 encabezó una cruzada empresarial contra el libro de texto de biología para la enseñanza secundaria, cuya autora es Ana Barahona.
En el anuncio de movilizaciones contra ese libro de texto estuvo acompañado por el presidente de la Coalición para la Participación Social en la Educación (Copase), Vicente Según Marcos, quien propuso una medida osada: los organismos empresariales estaban dispuestos a absorber el costo de recoger de las escuelas el libro impugnado y sustituirlo por “Las maravillas de la biología”, editado por McGraw Hill, “porque es el menos malo”.
Marcos no es un personaje cualquiera: es militante panista formal y encabeza, a nivel nacional, la Red Familia, el entramado de membretes que exigieron --en el 2005-- la renuncia del secretario de Salud de Fox, Julio Frenk Mora, por cumplir con la norma de incluir la píldora de anticoncepción de emergencia en el cuadro básico de medicamentos…
En esa reunión, celebrada en la Ciudad de México, asistió Cecilia Romero Castillo, actual comisionada del Instituto Nacional de Migración (INM) y suegra política de César Nava Vázquez, secretario particular de Calderón, por quien se pronunciaron desde entonces para apoyarlo en la contienda interna y luego en la constitucional.
Y algo muy curioso: durante 11 años --de 1990 a 2001-- se desempeñó como director de Celider un personaje muy peculiar: Jesús Alberto Hernández Escobedo, quien desde el inicio del sexenio de Fox fue delegado en Chihuahua de la Secretaría del Trabajo, nombrado por el coordinador general de delegaciones federales, Gerardo Mosqueda Martínez, actual secretario de Gobierno de Guanajuato.
Al renunciar Mosqueda para irse a Guanajuato, a finales del 2006, Hernández Escobedo asumió el cargo, a invitación de Francisco Xavier Salazar Sáenz, sustituto en la Secretaría del Trabajo de Carlos Abascal, quien pasó a Gobernación.
La Coordinación General de Delegaciones de la STPS no es un cargo anodino: desde ahí se nombró a todos los delegados federales en los estados que, salvo excepciones, forman parte de la ultraderechista Organización Nacional del Yunque.
Después de las elecciones municipales de Chihuahua, en julio, Hernández Escobedo se incorporará al ayuntamiento que encabezará Carlos Borruel, allegado a Celiderh e identificado con cofradía que controla al PAN en ese estado.
Hernández Escobedo dejó el cargo en Celiderh y el presidente de la asociación civil, Enrique Terrazas Seyffert, y lo encomendó a Rodrigo Ruiz Gandarilla, parapeto de la trama sobre la campaña de miedo en la elección del 2006.
La currícula de Ruiz Gandarilla describe realmente quién es: dirigió, por ejemplo, el Programa de Capacitación financiado por la OEA y el BID, en el 2005; coordinó el Programa Cívico Coparmex en el 2004; un año antes fungió como miembro del Programa de Liderazgo de la Nueva Cultura Laboral, impulsada por Carlos Abascal; es miembro del Cepacy y de otros organismos afines.
Organismos camuflaje del PAN
El Consejo Mexicano de la Juventud (CMJ), Compromiso Joven y la Alianza Sindical Mexicana (ASM) acompañaron a Celiderh en una vasta campaña de spots por radio y televisión contra el movimiento de López Obrador y en defensa de Calderón, antes y después de las elecciones del 2 de julio.
¿Pero quiénes son y quiénes integran esos organismos? Sus dirigentes son –todos-- militantes formales del PAN.
Inclusive en el CMJ participa Luis Donaldo Colosio Riojas, hijo del asesinado candidato presidencial priista en 1994.
¿Quién financió la tormenta de spots? Televisa, Televisión Azteca y los grandes grupos radiofónicos.
Al menos eso fue lo que confesó al autor el presidente de Coparmex, Alberto Núñez Esteva, quien se puso al frente de Sociedad en Movimiento, un amasijo de organismos reales y fantasmales de la derecha
México, D.F., 12 de noviembre (apro).- Sobre la abierta intervención de Celiderh en las elecciones del 2006, el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe) no admite equívocos: el artículo 48, fracción I del Cofipe establece:
“Es derecho exclusivo de los partidos políticos contratar tiempos en radio y televisión para difundir mensajes orientados a la obtención del voto durante las campañas electorales, conforme a las normas y procedimientos que se establecen en el presente artículo.”
Y en la fracción decimotercera, dispone:
“En ningún caso se permitirá la contratación de propaganda en radio y televisión a favor o en contra de algún partido o candidato por parte de terceros.”
Los partidos políticos, nadie más.
Sin embargo, el IFE y su presidente, Luis Carlos Ugalde, olvidaron deliberadamente esta disposición legal para frenar el proselitismo de Celiderh y apenas aludieron, en un tibio exhorto que le hicieron, a la presión que la campaña propagandística ejercía sobre el elector.
Así lo estableció le carta enviada por Ugalde a Rodrigo Ruiz Gandarilla, director de Celiderh --apenas dos días antes del fin de las campañas--, al que comunicó que el Consejo General del IFE “desaprueba el uso de mensajes violentos que puedan infundir temor en los electores mediante imágenes de violencia y uso de armas, que corresponden a realidades ajenas al contexto que se vive en México”.
En su tímido “llamado” a Celiderh para cesar los promocionales, enviado a Ruiz Gandarilla el 26 de junio, Ugalde añade:
“Todos los actores sociales que busquen promover el voto tienen el deber de conducirse de acuerdo con las pautas establecidas para ello por el Instituto. El Consejo General considera que estos spots no contribuyen a mantener el clima político más propicio para que los ciudadanos mexicanos ejerzan su derecho al sufragio de manera libre.”
Como parte del exhorto, Ugalde anexó a la carta a Ruiz Gandarilla la versión estenográfica de la sesión del día anterior y hasta le envía un parabién: “Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un saludo.”
Obviamente Celiderh no suspendió la masiva difusión de promocionales, y sólo por la presión de la representación de la coalición Por el bien de Todos en el Consejo General, Ugalde tuvo que pedir a la Secretaría de Gobernación que, “de manera urgente”, ejerciera la interrupción de la campaña mediante la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía (RTC).
El argumento del IFE ante la Secretaría de Gobernación no fue, otra vez, la ilegal intervención de Celiderh, sino --una vez más-- porque su actuación “puede genera coacción o presión a los electores”.
El gobierno de Fox también se hizo tonto: a cargo de Garzón Santibáñez, un funcionario plenamente identificado con Carlos Abascal, RTC actuó con tal displicencia que la campaña concluyó a las 24 horas del miércoles 28 de junio, justo cuando la ley lo ordena finiquitar el proselitismo.
Y a la impunidad sobrevino la burla: Celiderh intensificó la tormenta de spots y todavía la noche del miércoles 28, último día para hacer campaña, un promocional se insertó, sin un corte de por medio, en el programa especial que contrató López Obrador en el Canal 2 de Televisa, en el que por primera vez aparecieron prominentes actores manifestándole su apoyo.
Con tal cinismo actuó el CCE: el miércoles 28, Barraza --el padre de la novia-- anunció que esa agrupación patronal “ha decidido suspender, a partir de esta fecha, la transmisión de los spots en radio y televisión en los que se exalta el valor que tiene el sostenimiento de la estabilidad económica.”
Pasadas las elecciones del 2 de julio, el activismo ilegal y faccioso de Celiderh se reactivó: por una parte, emitió una campaña para descalificar un recuento de votos y, después, otra contra el jefe de gobierno del Distrito Federal, Alejandro Encinas, por permitir el plantón de simpatizantes de López Obrador en el Paseo de la Reforma.
Consultado por el autor al respecto, Rodrigo Ruiz Gandarilla --quien es también militante formal del PAN-- rehusó proporcionar información sobre la propaganda desplegada por esa agrupación antes y después de las elecciones del 2 de julio.
“Por lo pronto nosotros, por consideraciones del presidente del consejo, vamos a dar posicionamiento hasta después del proceso electoral”, dijo Ruiz Gandarilla, aludiendo a Terrazas Seyffert.
--¿Por disposición del presidente del consejo o de su padre?
--No, ya… este… se tiene información a disposición. Yo creo que se conoce perfectamente y por lo pronto no vamos a dar un posicionamiento. Te pediría que nos hablaras hasta el día 7 u 8 de septiembre.
--Existen elementos de que Celiderh violó la ley sobre organizaciones civiles.
--En ese caso nos vamos a estar a disposición de las autoridades, que son las que van a resolver, en cado caso.
Del financiamiento y de las acciones de propaganda, mantiene el hermetismo, lo mismo que sobre su militancia en el PAN: “Cualquier cuestión hasta después de las elecciones.”
Pero después de las elecciones, Ruiz Gandarilla desapareció y sólo volvió a saberse de él hasta un año después: en agosto del 2007 fue nombrado director de la Confederación Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra) en Chihuahua.
Y es que además de la ilegalidad en su campaña de miedo contra López Obrador --y luego las que hizo contra Encinas--, la opacidad es otra de las características de Celiderh: nadie sabe el origen de los recursos que empleó para las campañas para favorecer el PAN.
Existen elementos para presumir el desvío de recursos públicos, del ayuntamiento panista de Chihuahua, pero también de organismos internacionales, como la OEA y el BID.
Celiderh recibe, anualmente, recursos públicos del Indesol, del ayuntamiento, como el de Juan Blanco Saldívar, y del BID y la OEA.
En el 2005, por ejemplo, la OEA y el BID le otorgaron 340 mil 600 pesos para otorgar una beca a 36 “jóvenes líderes” que tomaron un curso, uno de cuyos capacitadores fue Ruiz Gandarilla.
El ayuntamiento de Chihuahua mantiene una estrecha colaboración con Celiderh --varios de los funcionarios de primer nivel tienen la doble militancia en el PAN y en esa agrupación-- y le ha transferido recursos económicos cuyo monto no ha sido especificado.
El más reciente fue, el 29 de noviembre del 2006: el alcalde Juan Blanco entregó 10 millones de pesos --la mitad con fondos públicos-- a 24 asociaciones civiles, entre ellas a Celiderh, que integran la alianza municipio-Fechach “Nuestra comunidad por la capacidad de su gente”.
A la ceremonia encabezada por el alcalde panista Juan Blanco --a quien Calderón designó responsable de supervisar la aplicación de los recursos públicos a nivel municipal-- asistieron varios de los funcionarios de primer nivel que pertenecen a Celiderh, y dirigentes de la Fundación del Empresariado Chihuahuense (Fechach), presidido por Víctor Silva, quien al mismo tiempo encabeza la Canaco-Servytur en el estado.
Celiderh, a la que erróneamente la coalición Por el Bien de Todos identificó como una asociación civil denominada “Ármate de valor” --lo que en realidad sólo fue el eslogan de la campaña sucia--, violó también la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil.
Esta disposición legal, publicada el 9 de febrero del 2004, establece obligaciones a todas las integrantes del Registro de Asociaciones Civiles del Instituto Nacional de Desarrollo Social (Indesol), de la que Celiderh forma parte y cuyo registro es el CLD55062108019.
Con la compra y difusión de los promocionales durante el proceso electoral, además de violar el Cofipe –como ya se señaló--, Celiderh también contravino la ley de fomento a las asociaciones civiles.
En el capítulo sexto, De las infracciones, Sanciones y Medios de Impugnación, se establece, en su artículo 30, que constituyen infracciones a la presente ley, por parte de los sujetos que a la misma se refiere y que se acoge a ella, varias conductas.
Y en el artículo V, está claro lo referido a la actividad que, como asociación civil, desplegó Celiderh:
“Realizar cualquier tipo de actividad que pudiera generar resultados que impliquen proselitismo político, a favor o en contra, de algún partido o candidato a cargo de elección popular.”
Pero si viola las leyes, Celiderh violenta --además-- su propio objeto social establecido, desde su creación: en la cláusula segunda del acta constitutiva, inscrita en el Registro Público de la Propiedad con el número 7349, en ninguno de los diez puntos identifica la difusión de promocionales proselitistas.
Además de ilegalidad, inmoralidad.
Terrazas preside el Consejo Ciudadano de Seguridad Pública del gobierno municipal de Chihuahua.
Celiderh, a cambio, le otorga reconocimiento como el ayuntamiento más “transparente” del país.
Terrazas Seyffert puede decir, sin embargo, que es congruente con su talante de impulsar el uso de todo tipo de artimañas, incluyendo la guerra sucia, para que su partido, el PAN, gane elecciones.
En el proceso electoral de Chihuahua, en el 2007, rechazó firmar un pacto promovido por el CCE estatal para evitar descalificaciones y ofensas entre candidatos y partidos.
“Los chihuahuenses deseamos que las campañas electorales sean del nivel que la sociedad demanda, SIN GUERRA SUCIA (sic)”, demandaba el CCE en el desplegado publicado el 14 de junio.
Pero Terrazas Seyffert, como presidente de la Coparmex, se negó a firmar el desplegado y promovió la destitución del presidente del CCE, Mauricio Ochoa, presidente de la Canaco local, por ser simpatizante priista.
Rostros de El Yunque
Pero la influencia de Celiderh es más amplia: además de recibir, también, patrocinios económicos de los empresarios más acaudalados de Chihuahua y de participar en las campañas de miedo, Celiderh y otros organismos que gravitan en torno de la Coparmex, han conquistado importantes posiciones en los organismos electorales.
Este fenómeno se presentó, de manera clara, en el proceso electoral del 2006 cuando, pese a las quejas por el ingreso corporativo de la patronal, coparon la Junta Local Ejecutiva del IFE en el estado y sus consejos distritales para fungir como consejeros, a pesar de la evidencia de que son militantes formales o allegados al PAN.
La ofensiva --que se detallará más adelante-- no fue casual: Terrazas Seyffert impulsó el abordaje como vicepresidente de Coparmex y como dirigente máximo en Celiderh.
Celiderh, además, forma parte de Sociedad en Movimiento, la iniciativa de Coparmex para promover “un voto razonado” en todo el país, y que encabezó Alberto Núñez Esteba, antecesor de Barraza –el padre de la novia--, quien dejó el cargo de presidente del CCE el 15 de marzo del 2007 y a quien Calderón llamó “patriota”.
Pero, además, Celiderh es uno de los organismos plenamente vinculados a la Coordinadora Ciudadana, agrupación política nacional registrada ante el IFE, que fue fundada por Antonio Sánchez Díaz de Rivera, expresidente de Coparmex --diputado federal con licencia y candidato del PAN a la alcaldía de Puebla capital--, y presidida actualmente por Guillermo Velasco Arzac.
Ambos son militantes de la ultraderechista Organización Nacional del Yunque y artífices de la creación de numerosos membretes en el país que engrosaron la membresía de Sociedad en Movimiento y otra iniciativa análoga, aún vigente: “Mejor sociedad, mejor gobierno”, presidida por el propio Velasco Arzac.
Justamente la página de Internet de “Mejor sociedad, mejor gobierno” es el vehículo de propaganda de este entramado ultraderechista, junto con la página Yo Influyo.com, cuya sede se encuentra en el World Trade Center, en la Ciudad de México.
La trama en Chihuahua --que se reprodujo a todo el país-- la efectúan el PAN y la Coparmex, mediante un amasijo de organismos que gravitan en torno de ellos.
Los organismos empresariales se agrupan en el Comité de Participación Ciudadana (Cepac): y destacan, entre otros, Coparmex, Celiderh, Unión Social de Empresarios de México (USEM), Desarrollo Empresarial Chihuahuense (Impulsa), Fundación del Empresariado Chihuahuense (FECHAC), Centro de Fortalecimiento de la Sociedad Civil (CFSC), Coordinadora Ciudadana y Asociación Nacional Cívica Femenina (Ancifem).
Terrazas Seyffert, formado en el ITESM, ha mostrado su talante conservador no sólo en el ilegal combate a sus adversarios, sino en temas de la agenda católica: en diciembre del 2006 encabezó una cruzada empresarial contra el libro de texto de biología para la enseñanza secundaria, cuya autora es Ana Barahona.
En el anuncio de movilizaciones contra ese libro de texto estuvo acompañado por el presidente de la Coalición para la Participación Social en la Educación (Copase), Vicente Según Marcos, quien propuso una medida osada: los organismos empresariales estaban dispuestos a absorber el costo de recoger de las escuelas el libro impugnado y sustituirlo por “Las maravillas de la biología”, editado por McGraw Hill, “porque es el menos malo”.
Marcos no es un personaje cualquiera: es militante panista formal y encabeza, a nivel nacional, la Red Familia, el entramado de membretes que exigieron --en el 2005-- la renuncia del secretario de Salud de Fox, Julio Frenk Mora, por cumplir con la norma de incluir la píldora de anticoncepción de emergencia en el cuadro básico de medicamentos…
En esa reunión, celebrada en la Ciudad de México, asistió Cecilia Romero Castillo, actual comisionada del Instituto Nacional de Migración (INM) y suegra política de César Nava Vázquez, secretario particular de Calderón, por quien se pronunciaron desde entonces para apoyarlo en la contienda interna y luego en la constitucional.
Y algo muy curioso: durante 11 años --de 1990 a 2001-- se desempeñó como director de Celider un personaje muy peculiar: Jesús Alberto Hernández Escobedo, quien desde el inicio del sexenio de Fox fue delegado en Chihuahua de la Secretaría del Trabajo, nombrado por el coordinador general de delegaciones federales, Gerardo Mosqueda Martínez, actual secretario de Gobierno de Guanajuato.
Al renunciar Mosqueda para irse a Guanajuato, a finales del 2006, Hernández Escobedo asumió el cargo, a invitación de Francisco Xavier Salazar Sáenz, sustituto en la Secretaría del Trabajo de Carlos Abascal, quien pasó a Gobernación.
La Coordinación General de Delegaciones de la STPS no es un cargo anodino: desde ahí se nombró a todos los delegados federales en los estados que, salvo excepciones, forman parte de la ultraderechista Organización Nacional del Yunque.
Después de las elecciones municipales de Chihuahua, en julio, Hernández Escobedo se incorporará al ayuntamiento que encabezará Carlos Borruel, allegado a Celiderh e identificado con cofradía que controla al PAN en ese estado.
Hernández Escobedo dejó el cargo en Celiderh y el presidente de la asociación civil, Enrique Terrazas Seyffert, y lo encomendó a Rodrigo Ruiz Gandarilla, parapeto de la trama sobre la campaña de miedo en la elección del 2006.
La currícula de Ruiz Gandarilla describe realmente quién es: dirigió, por ejemplo, el Programa de Capacitación financiado por la OEA y el BID, en el 2005; coordinó el Programa Cívico Coparmex en el 2004; un año antes fungió como miembro del Programa de Liderazgo de la Nueva Cultura Laboral, impulsada por Carlos Abascal; es miembro del Cepacy y de otros organismos afines.
Organismos camuflaje del PAN
El Consejo Mexicano de la Juventud (CMJ), Compromiso Joven y la Alianza Sindical Mexicana (ASM) acompañaron a Celiderh en una vasta campaña de spots por radio y televisión contra el movimiento de López Obrador y en defensa de Calderón, antes y después de las elecciones del 2 de julio.
¿Pero quiénes son y quiénes integran esos organismos? Sus dirigentes son –todos-- militantes formales del PAN.
Inclusive en el CMJ participa Luis Donaldo Colosio Riojas, hijo del asesinado candidato presidencial priista en 1994.
¿Quién financió la tormenta de spots? Televisa, Televisión Azteca y los grandes grupos radiofónicos.
Al menos eso fue lo que confesó al autor el presidente de Coparmex, Alberto Núñez Esteva, quien se puso al frente de Sociedad en Movimiento, un amasijo de organismos reales y fantasmales de la derecha
posted by H2AGUA at
4:25 p.m.
