LA SANTA INQUISICION LLAMO A LOS MEDICOS A MANDAR LAS INSTITUCIONES AL DIABLO (POS NO QUE AMLO ESTABA LOCO?)

En peligro, el laicismo mexicano

Raúl Rodríguez Cortés

El cardenal Norberto Rivera Carrera, arzobispo primado de México, llamó a médicos y enfermeras a hacer valer su derecho a la objeción de conciencia para no realizar abortos antes de la décimo-segunda semana del embarazo, práctica despenalizada la semana antepasada en el Distrito Federal.

La objeción de conciencia, reconocida en la fracción séptima del artículo 16 Bis de la Ley de Salud del Distrito Federal, permite, en efecto, sustraerse de practicar la interrupción del embarazo en los casos permitidos por el Código Penal capitalino, a aquellos prestadores de servicios de salud que argumenten creencias religiosas o convicciones personales, siempre y cuando no esté en riesgo la salud o la vida de la mujer demandante de un aborto legal y se obliguen a canalizar a las solicitantes a médicos no objetores.

El precepto legal, sin embargo, se contradice con la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público. Dicha norma establece que “las convicciones religiosas no eximen en ningún caso del cumplimiento de las leyes del país” y advierte que “nadie podrá alegar motivos religiosos para evadir las responsabilidades y obligaciones prescritas en las leyes”. Aún más, advierte de sanciones a grupos religiosos que en reuniones públicas se opongan a las leyes o instituciones del país.

El fraseo de la declaración de Rivera Carrera, esto es, “hacer valer su derecho humano a la objeción de conciencia”, permite alegatos posteriores, como el de su vocero, el presbítero del Opus Dei, Hugo Valdemar Romero, quien asegura que se apeló a la objeción de conciencia, no a la desobediencia civil. El resultado, en ambos casos, es sin embargo el mismo: el desacato de una ley.

Ante este hecho y la escalada verbal que desató entre el Gobierno del Distrito Federal y la Arquidiócesis de México, el Vaticano tuvo que atajar las amenazas eclesiásticas de excomunión a funcionarios y legisladores, y el vocero Valdemar pedir disculpas al jefe de Gobierno, Marcelo Ebrard, por haberlo llamado “dictadorzuelo”.

Lo anterior muestra las contradicciones de la alta jerarquía católica que ha sido exigente defensora de la ley y del Estado de derecho en recientes polémicas de la vida nacional como la suscitada por el conflicto poselectoral; a un cardenal sin mucho margen de maniobra, entrampado en el proceso penal que se le sigue en Estados Unidos por el presunto encubrimiento de un sacerdote pederasta; y a un gobierno que no se atreve a hacer valer la ley, acaso por omisión, para no entrar en choque con un poder fáctico que le garantiza estabilidad; o acaso por convicción, en abierta muestra de que el partido del que surgió es el partido de la Iglesia. Y, en el fondo, lo que realmente está en peligro: la laicidad del Estado mexicano.