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La impunidad azul

josé gil olmos

México, D.F., 9 de mayo (apro).- En los últimos días se han dado varios hechos que dejan la sensación de que la impunidad es lo que reinará en este sexenio.

El dictamen negociado sobre las causas de la muerte de Ernestina Ascencio, la sentencia de 67 años de cárcel a los líderes de Atenco --mientras a uno de los capos del narco, Ismael Higuera “El Mayel”, sólo le aplican 18--, la negativa a la petición ciudadana de acceso a las boletas de la elección del 2 de julio del 2006, y las declaraciones de Carlos Ahumada y Elba Esther Gordillo, en el sentido de que pusieron su “granito de arena” para la victoria de Felipe Calderón, son parte de las acciones que conforman la nueva cara de la impunidad.

La impunidad con que los priistas gobernaron el país por más de siete décadas fue uno de los vicios que provocaron un hartazgo en la sociedad que decidió dar el cambio en la elección del 2000. El otro gran vicio fue la corrupción.

Lamentablemente estas dos lacras han permanecido con los gobiernos panistas y todo parece indicar que nada cambiará, pues forma parte de la “cultura política” que comparten todos los partidos.

El problema es que la impunidad parece ser una virtud exclusiva del poder público y los beneficiados son aquellos que están vinculados al grupo que mal dirige este país, desde los presidentes municipales hasta los gobernadores, incluidos los líderes de los partidos y los presidentes de los tribunales de justicia y electorales.

Los recientes cambios al Código Penal, que imputan a los líderes sociales figuras de “saboteadores y conspiradores”, abona más a esta sensación de impunidad, pues del otro lado, donde operan los empresarios, líderes políticos, sindicales, banqueros y funcionarios, se cometen actos ilegales y son ignorados o pactados por las propias autoridades.

El caso de Ernestina Ascencio deja muy mal sabor de boca cuando vemos que el gobernador de Veracruz, Fidel Herrera, decide pactar con el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humano (CNDH), José Luis Soberanes, para echar atrás las indagaciones sobre una posible violación tumultuaria cometida por militares.

El mismo malestar se sintió cuando los jueces determinaron dar una sentencia de 67 años a Ignacio del Valle, Felipe Alvarez y Héctor Galindo, dirigentes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) en San Salvador Atenco, y al siguiente día al “Mayel”, lugarteniente del cártel de Tijuana, simplemente le dan 18 años de cárcel, no obstante que se trata de uno de los responsables de envenenar a miles de jóvenes que consumen la cocaína y mariguana en México y Estados Unidos.

La balanza de la justicia no esta bien.

Mientras el presidente Felipe Calderón se ufana de haber ganado limpiamente, en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) se niega dar acceso a las boletas utilizadas el 2 de julio del 2006, como lo solicitaran la revista Proceso y un grupo de ciudadanos.

Casi al mismo tiempo, en un programa de televisión, la maestra Elba Esther Gordillo reconoce públicamente que operó a través del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) a favor de Felipe Calderón. La naturalidad con que lo dijo ante las cámaras de televisión no sorprendió a nadie, menos a la Presidencia de la República, que guardó silencio y con ello dio por buena la declaración de la política chiapaneca, la que para muchos encarna la imagen de la corrupción política.

Días después, al salir de la cárcel, lo primero que dijo Carlos Ahumada fue que, al difundir los videos de René Bejarano y otros perredistas recibiendo dinero para sus campañas políticas, aportaba su “granito de arena” para detener a Andrés Manuel López Obrador en su carrera presidencial.

El descaro de estas declaraciones, el desparpajo con que son reconocidas por las propias autoridades judiciales, electorales y de gobierno es lo que preocupa, pues reflejan hasta qué niveles llega la impunidad, que es asumida como algo natural, como una acción cotidiana, que ya no causa asombro.

Sin embargo sí habría que preocuparse por que la impunidad, como parte del ejercicio del poder público, únicamente genera descrédito e ilegitimidad en las instituciones. Y esto a la larga es uno de los factores de la inestabilidad social.

La impunidad con la actuó el PRI todos los años en que gobernó el país no es diferente a la del PAN, que sigue sus mismos pasos, con la agravante de que los panistas están minando sus propias bases de simpatizantes que comienzan a descubrir que esta lacra sólo cambio de color y ahora está pintada de azul.