Ceguera y soberbia: cóctel nefasto
Guillermo Fabela Quiñones
La decisión de Felipe Calderón, de requisar las plantas de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro, es un paso en firme para aniquilar al Sindicato Mexicano de Electricistas. Aun cuando se esperaba tan nefasta medida, no deja de sorprender que se haya tomado como tal que anuncia la voluntad del régimen del PAN para liquidar todo lo que huela a democracia sindical.
Es claro el objetivo de usar la fuerza del Estado contra lo último que queda en el país acorde con los principios emanados de la Carta Magna, así lo quiere la oligarquía y, por lo tanto, Calderón está presto a obedecer, sin importar las consecuencias.
Se trata de una maniobra por demás inoportuna, además de reaccionaria, porque la clase trabajadora es la que más ha sido afectada, desde hace tres décadas, por la política económica neoliberal. Sin medios de defensa, los asalariados serán presa fácil de la voracidad de empresarios a quienes tienen sin cuidado los graves desequilibrios socioeconómicos del país, mismos que han propiciado la acelerada descomposición del tejido social en los últimos años. Los problemas, en las nuevas circunstancias que quiere imponer el “gobierno” de Calderón, se habrán de agudizar por el agravamiento de una realidad totalmente adversa para el pueblo mayoritario.
Liquidar al SME es un paso fundamental para establecer nuevas reglas laborales absolutamente favorables a los capitalistas. Se pretende, cosa por demás absurda e inhumana, sentar las bases de una relación no entre patrones y trabajadores, sino entre señores feudales y esclavos sin ningún derecho, peor aún de lo que sucede actualmente en China, donde las condiciones laborales son impuestas por el Estado, ampliamente favorables a éste como patrón único.
Desde luego, no será afectando más a los trabajadores como se va a superar las causas de los escasos niveles de competitividad de la planta productiva mexicana. El fondo del problema no está allí, sino en el atraso de una relación laboral plagada de vicios, prohijados por el propio sistema político que, desde siempre, ha visto a obreros y campesinos como simples sujetos de uso de conformidad con las necesidades del propio Estado. Tal ha sido el sustento del corporativismo, no las demandas legítimas de los trabajadores, siempre a la zaga de los beneficios obtenidos por los patrones.
La tan traída y llevada reforma laboral que tanto le urge implantar a la oligarquía, no tiene otra razón de ser que legitimar un estado de cosas que se está imponiendo ya en los hechos, pero que sin la adecuada legitimación seguirá siendo tachado de fraudulento. Una de las principales tesis del secretario del Trabajo, Javier Lozano Alarcón, ampliamente conocido ya por su lealtad y obediencia a los patrones, es que “necesitamos flexibilizar el acceso al mercado del trabajo, aumentar la productividad en las relaciones laborales y (mejorar) la procuración e impartición de justicia laboral”. Así lo ha venido sosteniendo sin ningún rubor, aun cuando los hechos lo desmienten: lo que menos le importa es esto último.
Lo que se quiere en realidad, de acuerdo con los propósitos nada ocultos de la economía neoliberal, es despojar a los trabajadores de sus únicos y últimos bastiones de defensa que les quedan, caso concreto el SME. Se argumenta que resulta muy oneroso subsidiar tanto a la organización sindical como a la propia CLFC. ¿Dejaría de ser gravosa la empresa en manos privadas que, como lo demuestra la experiencia histórica, sólo se dedicarán a explotarla al máximo, al igual que a los trabajadores, para luego declararla en quiebra con el fin de que el Estado la rescate?
Cuando en el mundo los países que más defendieron el neoliberalismo están dando marcha atrás, aquí nuestra sacrosanta y benemérita oligarquía quiere seguir exprimiendo a los trabajadores y a la nación en nombre de la modernización y la productividad. Ni qué decir tiene que así están jugando con fuego, no tanto porque vayan a encontrar una denodada resistencia de parte de los trabajadores, sino por el recrudecimiento de las condiciones socioeconómicas negativas que tanto han favorecido la violencia social y los desbarajustes en todos los órdenes de la vida nacional.
El golpe al SME ya está dado y ahora, habrá que esperar las consecuencias de una maniobra muy burda encaminada a provocar más y más graves tensiones sociales en el momento menos indicado. Tal vez se busca provocar la ofuscación de los trabajadores para que cometan graves errores. Con todo, las provocaciones pueden revertirse cuando se abusa de ellas, como es el caso por parte del “gobierno” de Calderón. Es patético y preocupante ver cómo la oligarquía se afana en reeditar las causas de fondo que causaron la Revolución Mexicana.
La decisión de Felipe Calderón, de requisar las plantas de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro, es un paso en firme para aniquilar al Sindicato Mexicano de Electricistas. Aun cuando se esperaba tan nefasta medida, no deja de sorprender que se haya tomado como tal que anuncia la voluntad del régimen del PAN para liquidar todo lo que huela a democracia sindical.
Es claro el objetivo de usar la fuerza del Estado contra lo último que queda en el país acorde con los principios emanados de la Carta Magna, así lo quiere la oligarquía y, por lo tanto, Calderón está presto a obedecer, sin importar las consecuencias.
Se trata de una maniobra por demás inoportuna, además de reaccionaria, porque la clase trabajadora es la que más ha sido afectada, desde hace tres décadas, por la política económica neoliberal. Sin medios de defensa, los asalariados serán presa fácil de la voracidad de empresarios a quienes tienen sin cuidado los graves desequilibrios socioeconómicos del país, mismos que han propiciado la acelerada descomposición del tejido social en los últimos años. Los problemas, en las nuevas circunstancias que quiere imponer el “gobierno” de Calderón, se habrán de agudizar por el agravamiento de una realidad totalmente adversa para el pueblo mayoritario.
Liquidar al SME es un paso fundamental para establecer nuevas reglas laborales absolutamente favorables a los capitalistas. Se pretende, cosa por demás absurda e inhumana, sentar las bases de una relación no entre patrones y trabajadores, sino entre señores feudales y esclavos sin ningún derecho, peor aún de lo que sucede actualmente en China, donde las condiciones laborales son impuestas por el Estado, ampliamente favorables a éste como patrón único.
Desde luego, no será afectando más a los trabajadores como se va a superar las causas de los escasos niveles de competitividad de la planta productiva mexicana. El fondo del problema no está allí, sino en el atraso de una relación laboral plagada de vicios, prohijados por el propio sistema político que, desde siempre, ha visto a obreros y campesinos como simples sujetos de uso de conformidad con las necesidades del propio Estado. Tal ha sido el sustento del corporativismo, no las demandas legítimas de los trabajadores, siempre a la zaga de los beneficios obtenidos por los patrones.
La tan traída y llevada reforma laboral que tanto le urge implantar a la oligarquía, no tiene otra razón de ser que legitimar un estado de cosas que se está imponiendo ya en los hechos, pero que sin la adecuada legitimación seguirá siendo tachado de fraudulento. Una de las principales tesis del secretario del Trabajo, Javier Lozano Alarcón, ampliamente conocido ya por su lealtad y obediencia a los patrones, es que “necesitamos flexibilizar el acceso al mercado del trabajo, aumentar la productividad en las relaciones laborales y (mejorar) la procuración e impartición de justicia laboral”. Así lo ha venido sosteniendo sin ningún rubor, aun cuando los hechos lo desmienten: lo que menos le importa es esto último.
Lo que se quiere en realidad, de acuerdo con los propósitos nada ocultos de la economía neoliberal, es despojar a los trabajadores de sus únicos y últimos bastiones de defensa que les quedan, caso concreto el SME. Se argumenta que resulta muy oneroso subsidiar tanto a la organización sindical como a la propia CLFC. ¿Dejaría de ser gravosa la empresa en manos privadas que, como lo demuestra la experiencia histórica, sólo se dedicarán a explotarla al máximo, al igual que a los trabajadores, para luego declararla en quiebra con el fin de que el Estado la rescate?
Cuando en el mundo los países que más defendieron el neoliberalismo están dando marcha atrás, aquí nuestra sacrosanta y benemérita oligarquía quiere seguir exprimiendo a los trabajadores y a la nación en nombre de la modernización y la productividad. Ni qué decir tiene que así están jugando con fuego, no tanto porque vayan a encontrar una denodada resistencia de parte de los trabajadores, sino por el recrudecimiento de las condiciones socioeconómicas negativas que tanto han favorecido la violencia social y los desbarajustes en todos los órdenes de la vida nacional.
El golpe al SME ya está dado y ahora, habrá que esperar las consecuencias de una maniobra muy burda encaminada a provocar más y más graves tensiones sociales en el momento menos indicado. Tal vez se busca provocar la ofuscación de los trabajadores para que cometan graves errores. Con todo, las provocaciones pueden revertirse cuando se abusa de ellas, como es el caso por parte del “gobierno” de Calderón. Es patético y preocupante ver cómo la oligarquía se afana en reeditar las causas de fondo que causaron la Revolución Mexicana.
posted by H2AGUA at
11:40 p.m.
