Calderón ahondará la crisis

Magdalena Galindo

Pocas veces en el pasado, si no es que nunca, habíamos visto un rechazo prácticamente unánime (si exceptuamos a algunos panistas) como el que ha suscitado el plan económico de la administración de Felipe Calderón. Ciertamente lo han intentado recubrir con un conjunto de mentiras, como que el fin sería favorecer a los pobres, y con una campaña de medios, para sostener que aunque el plan sea doloroso, peor sería no aplicarlo. No obstante, la realidad es que los partidos políticos, los sindicatos, los empresarios y hasta la Iglesia han manifestado un abierto repudio al plan.

Y no es para menos. La aplicación del IVA a alimentos y medicinas, aunque se disfrace con un nuevo nombre y aunque se inicie con una tasa de 2 por ciento, hecho que no logra esconder la voluntad de aumentarlo en los próximos años, afecta gravemente los niveles de vida de la población trabajadora y en particular de los más pobres. El nuevo impuesto es doblemente injusto, porque se pretende aplicar en un país que muestra uno de los más extremos casos de desigualdad en el mundo, y en el que, sólo durante los tres años de Calderón en el poder, los pobres han aumentado en más de cuatro millones.

También erróneo, es el aumento de otro dos por ciento al impuesto sobre la renta, para llevar la tasa del 28 al 30 por ciento. Aparte de que la medida afectará la ya muy mermada capacidad de consumo de los trabajadores, y de que se enfatiza la eliminación de las exenciones de los pobres (no las situaciones excepcionales de las empresas, pues se deja claro que ésas no se tocan), el mayor problema es que tiende a contraer la inversión y el consumo. No es sólo que el plan sea abusivo contra los desposeídos, lo peor es que el plan en su conjunto es procíclico; esto es, sólo conseguirá profundizar la crisis económica en vez de atenuarla.

Basta observar que los países en general y en primer lugar los Estados Unidos, han buscado enfrentar la crisis con medidas anticíclicas, o sea aquellas que buscan dinamizar la inversión y el consumo, como son la baja en la tasa de interés, la disminución de impuestos, el aumento en el gasto público. Sólo en México, donde, dicho sea de paso, la crisis tiene la mayor virulencia en el continente, se ha elegido precisamente lo contrario: aumentar los impuestos y disminuir el gasto público.

El argumento del secretario de Hacienda, Agustín Carstens, es que esas medidas resultan necesarias para solventar el déficit del erario público. Lo que parece no entender el señor Carstens es que ese déficit se originó por la caída en el precio del petróleo (frente al cual no tienen nada que hacer las medidas del gobierno mexicano) y, sobre todo, por la propia crisis económica, pues la recesión de la economía determina que tanto empresarios como trabajadores tengan un menor ingreso, por lo cual disminuye el impuesto sobre la renta, y que la población consuma menos, por lo cual también se paga menos IVA. En éstos, como en otros rubros fiscales, la menor actividad económica provocó la caída de los ingresos tributarios del gobierno. Lo cual quiere decir que el plan económico de Calderón, precisamente por consistir en el aumento de impuestos y la disminución del gasto público, significaría un agravamiento de la crisis y en consecuencia una nueva disminución de los ingresos tributarios, con todo y el aumento de impuestos. Dicho en otras palabras, el plan es tan poco eficaz, que ni siquiera resolvería el problema del déficit fiscal.

Se trata pues, de un plan erróneo, abusivo contra los pobres, que profundizará la crisis económica y ni siquiera resolverá el déficit de las finanzas públicas. El rechazo unánime es perfectamente válido, y sólo hay que esperar que los priístas y perredistas no cedan ante una imposición que traería enormes daños para el país.