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jueves, 15 de marzo de 2007

INTINERARIO POLITICO

Ricardo Alemán
15 de marzo de 2007


Partidocracia inmoral

El monopolio político, en manos de los partidos, se tragó al Congreso, y no es ya más que la extensión de sus intereses

Como se esperaba, la unanimidad se impuso en el Senado, al momento de aprobar la llamada Ley de Salarios Máximos, que establece que ninguno de los servidores públicos de los tres niveles de gobierno, municipal, estatal y federal, y nadie que presida los tres Poderes de la Unión -con salvedades temporales para los ministros de la corte y los consejeros del IFE- podrá percibir un salario mayor al del Presidente de la República.

Bien por los senadores. Ahora la reforma pasará a la Cámara de Diputados, donde, igual que en la colegisladora, es previsible el criterio de unanimidad. Y es que reformas como esa, que buscan acabar con el derroche de dinero público y someter a gobernantes locuaces que se otorgan salarios desorbitados, se venden bien, hacen ver a senadores y diputados como los prohombres del Estado, responsables de cuidar el dinero público y de impedir los inmorales derroches.

Pero más allá de las bondades que pudiera tener la reforma -y de que panistas y perredistas peleen la paternidad del "chamaco"-, lo cierto es que en el fondo aparece un engaño colectivo que esconde los escandalosos ingresos y abiertos derroches de los senadores y los diputados, quienes en la práctica se han convertido en extensiones harto rentables de la grosera partidocracia -verdadero monopolio del poder-, que domina todos los espacios de la actividad política mexicana.

La primera señal del engaño se dio prácticamente al arranque de las vigentes legislaturas, cuando los señores diputados decidieron un millonario recorte al presupuesto del IFE. Claro, previsores que son, ordenaron al instituto que el recorte lo aplicara donde le diera la gana, menos en las prerrogativas de los partidos. Es decir, aplicaron la vieja consigna de "la voluntad en los bueyes del compadre".

Luego vino otra brillante reforma. Los diputados descubrieron que desde 1977 -cuando el gobierno de López Portillo enmendó el artículo 6º constitucional- en realidad simuló el derecho a la información. Por ello, también por unanimidad, decidieron aprobar una nueva reforma a ese postulado constitucional para que, ahora sí, todas las instituciones del Estado se obliguen a transparentar su información. Bueno, casi todas, menos los partidos políticos que, según la propia Constitución, son "entidades de interés público" y por tanto forman parte del Estado. Es decir, nadie puede reclamar que los partidos transparenten los millones de pesos del dinero público que reciben anualmente por concepto de subsidio.

Ahora los señores senadores aprobaron la Ley de Salarios Máximos que, como se dijo arriba, obligará a que ningún servidor público gane más que el Presidente de la República. Pero, ¿qué creen? Pues sí, que también en este caso los señores diputados y senadores resultaron harto abusadillos, porque se cuidaron de que ese recorte no llegara ni a San Lázaro ni a Xicoténcatl. ¿Quién cuidará las manos de los congresistas mexicanos? Queda claro que no existe poder alguno en el Estado mexicano capaz de meter al orden los excesos presupuestales de diputados y senadores.

Más aún, hoy se sabe que antes de aprobar la Ley de Salarios Máximos, los diputados se aprobaron, en febrero, una nueva partida presupuestal de 18 mil pesos por cabeza -la que se deberá multiplicar por 500 cabezas que piensan y piensan cómo ahorrar dinero a los contribuyentes-, dizque para "atención de oficinas distritales".

En realidad, lo que queda claro es que los diputados -y no se sabe si los senadores andan por las mismas- decidieron aproximar sus ingresos a los del Presidente, por aquello de que nadie podrá ganar mas que el Ejecutivo.

Pero el asunto va más allá. En realidad son muchos los indicios de que la glotona partidocracia -que no es otra cosa que el monopolio político, en manos de los partidos, de todas las actividades de la vida política organizada- ya se tragó al Congreso, que no es más que la extensión de los intereses y la captación de recursos públicos de los partidos. ¿Por qué se extendió la partidocracia al Congreso?

Todos saben que los partidos políticos -en su mayoría jugosos negocios familiares- viven de millonarios recursos públicos y que tienen en exclusiva el derecho de proponer candidatos a todos los puestos de elección popular, entre ellos diputados y senadores. Cuando esos candidatos a diputados y senadores llegan al Congreso, les deben el cargo a sus jefes de partido o a los dueños de la franquicia, no a los ciudadanos.

Todos saben que en 2006 los partidos se endeudaron hasta el extremo, pero por ley nadie puede pedir cuentas sobre ese gasto. Pero eso sí, los partidos recibirán en 2007 la misma cantidad de dinero que en 2006. Y si no les alcanza el derroche, cuentan con una jugosa veta que saldrá del dinero público que congresistas aprobaron como sobresueldos. El Congreso pagará, vía sobresueldos, una parte de las deudas de todos los partidos, y hasta el proselitismo del "legítimo". ¿Dónde queda, entonces, la autonomía del Congreso? Palabrería.