TIEMPOS VIOLENTOS PARA EL ESPURIO

Especialistas critican la detención de hampones sin importancia
Narco, los tiempos violentos augurados para Calderón

Desde que iniciaron los operativos contra el narco y la delincuencia organizada, la violencia en el país es mayor, pero el Gobierno anuncia con bombo y platillo las extradiciones, las detenciones y logros que, en su mayoría, han sido calificados por muchos como magros

Desde su llegada a la Presidencia de la República, Felipe Calderón Hinojosa presentó, entre otros, un plan para acabar con el narcotráfico y la delincuencia organizada. Para ello implementó un operativo en seis estados, además de anunciar dos más, pero éstos en lugar de bajar los niveles de violencia los han, por decirlo así, exacerbado.

Primero, los operativos fueron realizados en Michoacán, Tijuana, Guerrero y en Chihuahua, Sinaloa y Durango –estos tres llamados Operación Conjunta Sierra Madre o Triángulo Dorado– y, segundo, el operativo Nuevo León-Tamaulipas, busca, al igual que los anteriores, “acabar con la delincuencia”.

Empero, las cifras sobre los logros contra la delincuencia y el narcotráfico, dadas ha conocer el 21 de enero y el 18 de febrero por los cuatro zares de los operativos de seguridad, Genaro García Luna, de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP); Eduardo Medina Mora, procurador General de la República (PGR); Guillermo Galván Galván, de la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena); y de Mariano Francisco Saynez Mendoza, de la Secretaría de Marina (Semar), lejos están de mostrar avances reales.

Así, los operativos ejercen sobre los delincuentes y narcos perseguidos, como suele ocurrir en tales situaciones, un efecto cucaracha. De ahí que, por ejemplo, estados colindantes a los del operativo sufran o teman por la escalada de “visitas” indeseables a sus terruños.

Para el especialista en el tema y profesor de sociología de la UAM, José Luis Piñeyro, entrevistado por QUEHACER POLÍTICO, la estrategia general de anticrimen adolece de tres grandes puntos: “Primero, no se estimula la participación social para coadyuvar o denunciar a las autoridades correspondientes, es decir, no se generan mecanismos de participación social para que las sociedades tengan! un frente común contra el crimen organizado. Pensar que solamente el Estado va a poder enfrentar esta guerra es falso, entonces es evidente que no les interesa la participación social”.

Ejemplifica que la contraloría social, “para ver cómo funciona el sistema penitenciario, relacionado de forma clara con la inseguridad pública –sabemos que desde las cárceles se dan órdenes para secuestrar, matar, hacer negocios ilícitos, etcétera–, aparentemente es tomada por las fuerzas federales y el Ejército y, en un mes, dicen que está saneado porque se sacaron a los celadores, custodios, investigaron a unos y acusaron a otros, trasladan capos, etcétera y al mes ya quedaron saneados, eso es increíble”.

El segundo punto, explica, es la falta de “campañas de prevención del delito, consumo de drogas y otros ilícitos. Autoridades y empresarios hacen caso omiso a ese faltante” y, el ! tercer asunto “es que no hay campañas sistemáticas y serias de rehabilitación de drogadictos que incluiría no sólo a la población adulta y juvenil sino incluso infantil porque que la drogadicción ha llegado a ellos”.

TOMARÁ TIEMPO, DINERO… AH, Y VIDAS

También deben tomarse en cuenta las innumerables muertes cobradas por las acciones conjuntas de PGR, Sedena, Semar y SSP, y de los crecientes ajustes de narcos contra enemigos que comprenden por igual a elementos policiales, ministeriales, políticos o por añejas rencillas.

Hasta ahora cada dependencia ha arrojado sus propias cifras; la PGR refiere más de 100, atribuidos a la delincuencia organizada y otros, fuentes extraoficiales, más de 200 desde que iniciaron los operativos. El Gobierno podría decir que no, pero los estados donde esta virulencia se da son: Sinaloa, Michoacán, Guerrero, Durango, Sonora, Baja California, DF y otros. Habría que añadir el ataque contra elementos policiacos en Guerrero, ciudad de México, Guanajuato, Hidalgo, Nuevo León y Sinaloa.

Todos los días, aunque los ajustes son más visibles, sólo baste recordar el caso de las decapitaciones en Guerrero y Michoacán –atribuidas las primeras a presuntos narcos y las segundas a La Familia–, el recordatorio de Calderón es claro: La batalla será “ardua y difícil, tomará tiempo, costará recursos económicos y, por desgracia, vidas”.

De ahí que sucesos como las ejecuciones en Acapulco, contra personal de la Policía Investigadora Ministerial, en sus propias instalaciones, sean motivo de preocupación.

Las críticas están a la orden del día, pues tanto diputados del PRD y del PRI han lanzado ácidos dardos contra los operativos, y argumentan como incorrecta la utilización del Ejército contra el tráfico de drogas y, además, hacia los rimbombantes espots donde el Gobierno ensalza sus logros en los operativos.

Además, el que baleen a un legislador no es cosa ligera –como le pasó al diputado federal por el PRI, Horacio Garza, de Nuevo Laredo, según dijo por su lucha contra el narco–, y menos que los políticos se sientan seguros porque ante lo dicho por el Presidente, si ellos no están libres de un atentado, los ciudadanos menos.

Para Piñeyro, especialista en milicia y seguridad nacional, los operativos van más allá de los nexos con los políticos y el narco, porque “lo importante es que no han llegado hasta arriba, quiere decir que hasta ahora no se han consignado lavadólares o lavapesos imprescindibles para que funcione el narcotráfico, es decir, no se ha capturado o iniciado la investigación para que funcionarios civiles, militares, empresarios o políticos estén sujetos a investigación y que se les señale como coludidos.

“En otras palabras, los operativos están a ras de tierra, es decir, son terrestres, están apresando capos, secuestradores, etcétera, pero sabemos qué hay; sabemos de cabezas financieras que no se sabe donde están y no podemos descartar que haya políticos de varios partidos coludidos”.

Las críticas son más fuertes porque no se han detenido a los capos y delincuentes poderosos, ni mucho menos a los que les manejan sus finanzas. En cuanto a las órdenes de aprehensión, tampoco hay resultados claros, porque las cuatro entidades que realizan los operativos, por lo general, describen a los atrapados, en su mayoría, como “presuntos narcotraficantes”.

Lo anterior hace imposible realizar un conteo pues, de acuerdo a ellos, hasta que no se muestre lo contrario o se verifique su implicación, todo son sombras nada más y lo mismo pasa cuando las autoridades dicen: “Tenemos localizadas ‘x’ número de narcotienditas o puntos de venta de droga” pero no van contra ellos.

El también ganador del Premio Nacional de Periodismo 2004, José Luis Piñeyro, señala importante el que la estrategia tenga una participación amplia y permanente, “considerando que son miles de tienditas y no van a ser contrarrestadas solamente con labores de inteligencia y operativos de arresto, sino se requiere participación de la comunidad”.

En ese tenor, el periodista e investigador en temas militares, Jorge Luis Sierra Guzmán indica a QUEHACER POLÍTICO que la mayoría de las policías locales, además, están controladas por el narco. “No tienen armamento, ni buenos salarios y sus jefes están corrompidos. La baja moral y la desprotección que viven los hace presa de la corrupción de los cárteles. Por otra parte, los intentos de profesionalizar a la policía han sido infructuosos”.

Si a lo anterior le agregamos que Calderón anununció; que los aumentos sólo serán para los militares, entonces ya podemos prever lo que sigue, es decir, el aumento de esas redes de narcotienditas y puntos de droga seguirán siendo el caldo de cultivo de la corrupción donde están, en su mayoría, implicados elementos de justicia altos, medios y bajos.

Ahora el asunto es más álgido, pues los especialistas del narcotráfico y autoridades de Colombia, advierten que los cárteles de su país ya nada tiene que enseñarles a los mexicanos.

UN ACTO DE LEGITIMACIÓN

Algunas críticas apuntan a que el operativo es un acto de legitimación por parte de Felipe Calderón y que no funciona, porque la escalada de ejecuciones no ha bajado; otros, claro, refieren que éstas son producto de la lucha de los cárteles por no perder sus plazas y defenderlas a toda costa.

De ello, José Luis Piñeyro, señala tres lecturas básicas: “La primera obedece a una necesidad de recuperar la seguridad pública en algunos territorios donde el narco dominaba y, en ese sentido también hacer efectiva una promesa de campaña electoral de Calderón de recuperar la seguridad pública.

“La segunda lectura es que Calderón, evidentemente, está tratando de ganar legitimidad, dado el nivel de cuestionamiento con el que asumió el poder tanto en el plano legal como el de legitimidad; y, en tercer lugar, está tratando de mostrar contundencia al gobierno de Estados Unidos, en el sentido de que intenta controlar el narcotráfico”.

Por otro lado, Jorge Luis Sierra, autor de dos libros sobre la milicia, apunta: “Aparentemente esta aplicación de fuerza militar tiene principalmente un propósito disuasivo. Como lo observamos en su momento con México Seguro”, donde “el control con tropas y retenes mi! litares de las ciudades fronterizas sólo tuvo un efecto tempora l. Cuando las tropas se van, regresa la violencia”.

Su teoría es que la concentración de fuerza militar en una región tiene “un efecto multiplicador: Sucede como cuando se aplica fuerza a una gota de mercurio. El mercurio no desaparece, sino se divide en una multitud de fragmentos que pueden volver a unirse si tienen condiciones favorables”. Además señala interesante el que los operativos iniciaran en entidades donde se realizarán elecciones: Michoacán, Guerrero, Nuevo León y Baja California, y “los tres primeros están gobernados por la oposición”.

UNA DE CÁRTELES Y EXTRADICIONES

Lo que sigue, en el reacomodo de los cárteles, para Sierra, es que éstos “muestran una enorme capacidad de recomposición, después de los golpes asestados por el Gobierno”, pues cuando detienen a un capo importante, éste es “sustituido en la cadena de mando de las organizac! iones del narcotráfico y hasta ahora los operativos han causado bajas en niveles operativos, principalmente sicarios, transportadores, menudistas, etcétera”, es decir, puro pez chico.

Añade que, por ejemplo, el cártel de Sinaloa es el que menor daño ha sufrido en los últimos seis años, desde la fuga de El Chapo Guzmán. “Aunque debe decirse que las estructuras del cártel del Golfo siguen casi intactas. El que parece más deteriorado es el de Tijuana, pero el reporte de sus actividades en la prensa local nos hace pensar que siguen funcionando con fuertes niveles de violencia” en donde ha aumentado el secuestro.

A eso hay que aunar, dice Piñeyro, que ya se está viendo “una lucha cruenta por los territorios, los mercados, las rutas de transporte de drogas al interior de México y hacia EU, eso es un hecho porque es un negocio productivo y atractivo, donde rápidamente se sustituyen las cabezas”, además de una rearticulación, alianzas y contra alianzas.

En cuanto a las extradiciones a EU, Sierra apunta, “en el caso de Osiel Cárdenas es obvio, pues se reducirá al mínimo la posibilidad de dirigir al cártel del Golfo desde la prisión federal en Texas”. Eso, en su opinión, es darle “a las autoridades mexicanas la oportunidad y el tiempo para golpear a su organización”, aunque al paso de los días no “parece haber nada relevante” porque los operativos “no han tenido resultados”.

A ello, añade, que la apertura de tres oficinas de la DEA (Drugs Enforcement Agency) en Nuevo Laredo, Reynosa y Matamoros “puede tener un efecto que interrumpa el funcionamiento de ese cártel (del Golfo) y quizá provocar una ola de violencia contra estadounidenses”. Aunque EU, acota, ha tomado cartas en el asunto, pues “ya ha enviado 12 pelotones armados de la Guardia Nacional a la frontera con Tamaulipas, para ayudar a la Patrulla Fronteriza y controlar cualquier erupción de violencia”.

Reconoce que con tales extradiciones El Güero Palma y los hermanos Higuera quedarán prácticamente imposibilitados para operar desde la prisión federal en California”, empero eso no es garantía, toda vez que “los carteles de la droga son, de alguna manera, como las gerencias regionales de una industria que está protegida y auspiciada desde otros niveles de mando.

“Cuando detienen o extraditan a un capo, en realidad están controlando a un gerente regional, sin afectar la estructura de mando hacia arriba, integrada por una mezcla de empresarios, políticos, jefes policiacos y militares de México y de EU”.

En tal cuestión, Piñeyro está de acuerdo porque en los operativos realizados no se ven localizadas las cúspides financieras y mientras no se ataque a los jefes obvios y directos, casi públicos; a los jefes y a delincuentes de cuell! o blanco” el hampa seguirá reinando a sus anchas.

Cifras, vacuidad y extradiciones violatorias

Desde que iniciaron los operativos, según la PGR, hasta ahora van más de 36 personas extraditadas, de ellas 14 han ido a Estados Unidos por vínculos con el narco. De acuerdo a juristas como Raúl Carrancá y Rivas, ello no es válido porque los instrumentos legales son imperfectos, es decir, las leyes de México y EU son muy diferentes en cuanto a los castigos.

Otras voces políticas han aplaudido el hecho porque, según ellas, desde EU no podrán operar como sí lo venían haciendo desde las cárceles mexicanas. Hasta ahora, en las dos ruedas de prensa de los resultados de los operativos, han referido números espectaculares pero, en realidad, los detenidos son pocos, sobre todo si nos referimos a los “peces gordos”.

Francisco Javier Ramírez Acuña mencionó, en la última rueda de prensa, que! se siguen procesos penales contra 94 personas y Genaro García Luna señaló que se habían detenido y reaprehendido a 204. Si usted lee entre líneas, se dará cuenta que sus cifras son diferentes pero, lo peor de esto, es que cada quien lleva las propias y es complicado saber si esos detenidos son por delitos contra la salud u otras actividades ilícitas.

A eso debemos agregar que, según Sedena, en los operativos de Guerrero, Michoacán y el Triángulo Dorado, “se han detenido a 257 presuntos narcotraficantes”, pero la palabra “presuntos” es una constante en casi todas las detenciones.

LOS EXTRADITADOS DEL NARCO DESDE EL 13 DE DICIEMBRE DE 2006

Gilberto Salinas Doria o Gilberto Garza García, alias El Güero Gil; Jesús Héctor Palma Salazar, alias El Güero Palma; Osiel Cárdenas Guillén; Ismael Higuera Guerrero, alias El Mayel; Gilberto Higuera Guerrero,! alias El Gilillo; Gracielo Gardea Carrasco; José Albert Márquez, alias El Bat Márquez; Miguel Ángel Arriola Márquez; Efraín González Cisneros; Alicia González Cisneros; Saúl Saucedo Chaidez; Miguel Humberto Calderón Cinco; José García Pérez y Ramón Luévano de Loera.