EL ESPURIO DEFIENDE A EUA Y HUNDE A MEXICO
José Vilchis Guerrero
jvilchi1@yahoo.com
* Se rebelan dirigentes campesinos a la línea de Los Pinos
* Víctor Suárez, Alfonso Ramírez Cuéllar y Carlos Ramos plantean a sus razones
* Aseguran que asume actitudes de protección a los monopolios
* Éstos ponen en riesgo la seguridad alimentaria
Como una respuesta de la Presidencia de la República a la marcha de las organizaciones del Frente Sindical Mexicano, la Unión Nacional de Trabajadores y el Consejo Nacional de Organizaciones Rurales que se sumaron a la defensa de la economía popular el 31 de enero, el jefe del Ejecutivo convocó a los dirigentes de organizaciones campesinas a varias reuniones para iniciar en Los Pinos el Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Sustentable.
Víctor Suárez, director ejecutivo de la Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de Productos del Campo (Anec); Alfonso Ramírez Cuéllar, dirigente de El Barzón, y Carlos Ramos, dirigente de la Coordinadora Nacional de Productores Agrícolas (CNPA) rechazaron asistir a la residencia presidencial porque no tomaron en cuenta sus puntos de vista para preparar los debates.
Carlos Ramos aclaró que se deslindaron de la convocatoria presidencial porque rechazaron las medidas unilaterales que se anunciarían en la mesa que instaló Felipe Calderón Hinojosa, donde se haría pública la determinación del gobierno para resolver la problemática rural sin antes consultar a los dirigentes agrarios.
En cambio, acudieron el 21 de febrero a la asamblea en la que externaron sus puntos de vista y la postura de cada organización frente a la problemática y exigieron tres puntos, que planteó Alfonso Ramírez Cuéllar:
Un programa emergente de reactivación y crecimiento de la agricultura y producción de alimentos; revisión a fondo del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y lucha contra los monopolios de productos alimenticios.
Las organizaciones firmantes de un frente único para defender el desarrollo de la agricultura y en demanda de que el gobierno establezca una política que beneficie realmente a los hombres del campo, en lugar de que cada año sean expulsados 400 mil que van a engrosar las filas de la fuerza de trabajo que va a acrecentar la riqueza de Estados Unidos, establecieron sus reglas.
Elaboraron un documento que recoge las propuestas de cada dirigente, "a efecto de enfrentar la grave crisis alimentaria que vive el país al tiempo que se sientan las bases para una reorientación de fondo de la política agrícola, comercial y alimentaria de conformidad con los derechos de los campesinos y campesinas: la soberanía alimentaria de la nación, la seguridad alimentaria y nutricional de la población, el derecho a la alimentación de los mexicanos y la seguridad nacional, así como para enfrentar la amenaza del año 15 del TLCAN, los impactos de la reducción de las reservas mundiales de alimentos por su utilización creciente en la elaboración de biocombustibles en Estados Unidos y la Unión Europea, así como los efectos en la agricultura y la disponibilidad de alimentos por causa del cambio climático global".
Las propuestas campesinas
Para instrumentar la propuesta del programa emergente de impulso a la producción y productividad sustentable de maíz y frijol (y de una canasta alimentaria básica), propusieron varios puntos:
El programa emergente deberá estar enmarcado en una estrategia integral multianual (2007-2012) para maíz y frijol en particular y para una canasta alimentaria básica en general; deberá tener un enfoque territorial y microrregional y por tanto diferenciado, con prioridad a las unidades de producción de pequeña y mediana escala.
Deberá estar orientado a la eliminación de las restricciones estructurales que limitan el desarrollo del potencial productivo de la agricultura maicera y frijolera así como su rentabilidad, productividad, sustentabilidad y competitividad. "No al asistencialismo (reparto de dinero y fertilizantes) ni a las acciones aisladas, uniformes y cortoplacistas".
El programa emergente tendrá que estar orientado a mejorar sistemáticamente los actuales sistemas campesinos de producción de maíz y frijol; que tenga como base una estrategia integral que comprenda los eslabones principales del proceso de producción, productividad y competitividad de las unidades de producción, las microrregiones y las regiones agrícolas.
Quieren un programa emergente que considere una planeación regional y nacional a corto, mediano y largo plazos de una canasta de cultivos con el objeto de no reproducir y profundizar el desorden y desequilibrio, o crear otros, entre producción y consumo, entre cultivos, entre regiones.
Un programa emergente que sea operado en la actual frontera agrícola y con base en el principio en productividad sustentable con destino. "No a la ampliación de la frontera agrícola, no a la utilización de semillas transgénicas ni al impulso de modelos productivistas que han demostrado su alto impacto negativo en los ámbitos económico, social y ambiental".
Éste deberá incluir como vía principal de instrumentación los proyectos productivos integrales de organizaciones económicas de productores a nivel local, regional y nacional; que considere a las organizaciones económicas campesinas como pieza central de su diseño y operación a través de contratos y/o convenios de corresponsabilidad, desempeño y transparencia.
Asimismo, deberá garantizar oportunidad, simplificación, eficacia y transparencia en la operación de las acciones y programas y en la autorización y canalización de los recursos.
Urge una respuesta
Después de la marcha de las organizaciones sociales, efectuada el 31 de enero, no ha habido una respuesta del gobierno federal, cuyos voceros les ofrecieron instalar una mesa de negociación con las secretarías de Agricultura y de Economía, "pero de manera sorpresiva, se convocó a esta reunión para dar lineamientos unilaterales, sin tomar en cuenta la opinión de los grupos", expresó Carlos Ramos.
"De haber aceptado, se trataría de aceptar también continuar con la inercia, con los mismos programas tradicionales del gobierno que no ayudan a las organizaciones campesinas ni apoyan al campo; ni siquiera fue aprobado el presupuesto que había propuesto el presidente Calderón, que nunca incluyó la producción estratégica de granos que garanticen la subsistencia de los mexicanos".
Ramírez Cuéllar, Suárez y Ramos coincidieron en que se tiene que revisar el TLCAN, porque existen condiciones de inequidad para los mexicanos, cuyos negociadores ya aceptaron que Estados Unidos lo revise como ya lo hizo en siete ocasiones con motivo de las importaciones de carne de res, de cerdo y de pollo.
Los acuerdos para revisar el tratado norteamericano ya se encuentran en el Senado de la República, dijo Ramos y "mientras ya el gobierno de Estados Unidos hizo las modificaciones que quiso y destinó 10 mil millones de dólares para proteger a sus agricultores, en México se ha rechazado revisar el documento para mejorar las condiciones de la agricultura mexicana, que carece de apoyos".
Al efecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya estableció que el TLCAN no está por encima de la Constitución, que en el artículo 19 fracción segunda garantiza el control de los monopolios y establece cárcel para los acaparadores, pero el gobierno federal no quiere someterse a este ordenamiento, dijeron a en entrevistas por separado.
Demandaron que el gobierno asuma una política de Estado a favor del campo para que haya desarrollo y no simulación.
Ramírez Cuéllar censuró al gobierno de Calderón Hinojosa por asumir actitudes de protección a los monopolios que le ponen precio a los productos del campo y ponen en riesgo la seguridad alimentaria; a la misma se sumaron Suárez y Ramos, quienes anunciaron una movilización popular para el 18 de marzo con la consigna de sumar los esfuerzos de todas las organizaciones en defensa del campo y la digna subsistencia de los productores.
Como un dato adicional, informaron que Maseca controla 85 por ciento de la producción nacional de harina de maíz y cuenta con el aval del gobierno federal.
"Como sabemos que los campesinos son hombres y mujeres de una gran honestidad y rectitud, no compartimos la visión del presidente Calderón y queremos recuperar las estrategias que nos permitan recuperar la autonomía en la producción de alimentos".
Ramos dijo que igual que en el sexenio anterior, el gobierno federal le apuesta a las remesas que envían los trabajadores mexicanos de Estados Unidos y que este año serán de más de 25 mil millones de dólares "pues envían el 10 por ciento del dinero que ganan, lo que representa que ellos están incrementando la economía estadunidense en más de 250 mil millones de dólares anuales".
O sea, que al gobierno le conviene más que cada año emigren 400 mil mexicanos al vecino país del norte, porque es más rentable asegurarse esos ingresos provenientes de Estados Unidos que apoyar la producción agropecuaria.
En el México de 2030 Calderón "nos quiere de plano a los mexicanos anexados a Estados Unidos". Por eso rechazaron la respuesta del primer mandatario, quien en Los Pinos agradeció la presencia de otros que se dijeron representantes campesinos "para iniciar el Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Sustentable".
"Como ustedes saben, México tiene riquezas inigualables que la naturaleza le ha dado, y a pesar de ello el campo mexicano aún alberga la mayor pobreza y los mayores rezagos de nuestro país.
"Eso nos obliga a actuar con firmeza y convicción para garantizarle a nuestros campesinos las condiciones necesarias, que salgan adelante a través de oportunidades que eviten que se vean obligados a emigrar, como ha ocurrido durante décadas en el país. Por eso mi gobierno está comprometido con el campo, porque sabemos que apoyar al campo es apoyar a México y eso es lo que vamos a hacer".
Fueron a Los Pinos para hacerse oír
En su discurso, el presidente Calderón precisó que gracias a la responsabilidad y al esfuerzo de diputados y senadores vinculados al tema agrario, al tema rural, "vamos a poner en marcha una serie de programas que forman parte de este Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable en el año 2007 y que integran una bolsa de más de 176 mil millones de pesos para financiar estas acciones".
Hizo notar que ésta es la mayor asignación de recursos económicos en la historia; representa tan sólo respecto del año pasado, un incremento de casi el 15 por ciento y respecto del año 2000, en términos reales, representa un incremento de 85 por ciento. ¿Para qué servirán estos recursos?
Servirán, explicó, para impulsar diversas acciones vinculadas al desarrollo rural sustentable, no sólo a la producción rural sino, sobre todo, a la elevación de la calidad humana de quienes viven en el campo. Y luego enumeró las acciones orientadas al apoyo del desarrollo rural sustentable:
El Programa de Apoyos Directos al Campo, porque seguiremos entregando apoyos económicos a las familias campesinas que más lo necesiten. O sea, aclaró Ramos, la entrega de 50 pesos mensuales a las familias ¿Para qué les alcanzan? Se cuestionó.
Otra medida: Los apoyos financieros a los productores de maíz, frijol, caña de azúcar, leche y otros productos agrícolas de primer orden; y que revisará el gobierno muy pronto en un programa específico para estos productos vulnerables.
"La ampliación y el mejoramiento de la infraestructura necesaria para el acopio, la comercialización y el transporte que nos permita reducir los costos que enfrentan los productores. Estos recursos nos permitirán tener un ambicioso programa de camino rural. La modernización del Catastro Rural y la elaboración del censo agropecuario que mi gobierno llevará adelante y que es imprescindible para poder planear con precisión las labores y las políticas públicas vinculadas al campo".
Los dirigentes entrevistados dijeron que darían su punto de vista en Los Pinos en una reunión a la que asistirían un día después de que fueron formulados estos planteamientos por el presidente Calderón, quien también propuso el fortalecimiento del Fondo de Tierras, créditos para que la gente del campo pueda poner en marcha sus proyectos y adquirir derechos parcelarios