Rayuela

El habla popular mexicana tiene un nombre para operaciones comolas que Repsol prepara en México.

Coyotaje.

Repsol venderá a CFE el gas más caro del mundo, denuncia AMLO

La intermediación de la trasnacional española Repsol para la compra de gas licuado a Perú, y su venta a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para generación de energía eléctrica, le costará 21 mil millones de dólares a México, entre 2011 y 2016, debido a que el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa aceptó adquirir el combustible a esa empresa con base en el índice Henry Hub, el más caro del mundo.

Al presentar ayer los detalles del contrato, Andrés Manuel López Obrador confirmó –como lo publicó La Jornada el 29 de febrero pasado– que Repsol se benefició de información privilegiada de la actual administración federal para hacerse del negocio. Sin embargo, explicó, debido al alto precio del gas se elevará el costo de la energía eléctrica que, alertó, será trasladado al consumidor.

En cambio, explicó, para Repsol, “que se ha convertido en la empresa favorita” del presidente Felipe Calderón, esta operación constituye una de las más importantes y rentables, debido a que a Perú sólo le pagarán 6 mil 26 millones de dólares por el gas durante 15 años, por lo que su utilidad únicamente por ser intermediario será de aproximadamente 15 mil millones de dólares.

En conferencia de prensa, el ex candidato presidencial presentó ayer un conjunto de documentos que comprueban cómo la trasnacional española se beneficiará con la venta de 500 millones de pies cúbicos diarios de gas importado de Perú, a partir de un convenio suscrito durante el gobierno del presidente Alejandro Toledo. Informó que se constituirá una comisión anticorrupción que investigue este caso, y que entregará la información a la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados, para que ésta a su vez requiera una investigación a la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

Anticipó también que cuenta con información adicional sobre contratos obtenidos por el secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, cuando fue apoderado legal de Transportes Especializados Ivancar, y advirtió que no se permitirá un albazo legislativo que pretenda aprobar una reforma administrativa para permitir la participación de empresas privadas en la explotación y exploración de petróleo.

Este martes, López Obrador proporcionó detalles del contrato entre la CFE y Repsol, avalado por funcionarios de Petróleos Mexicanos (Pemex), de la Secretaría de Energía (Sener) y de la Comisión Reguladora de Energía, como resultado de la licitación pública internacional 181664067-009-006 (LI-509-06), por un “servicio de recepción, almacenamiento y regasificación de gas natural licuado y suministro de gas natural a la CFE para la zona de Manzanillo, Colima”, y luego de que otras compañías trasnacionales abandonaron el proceso.

Sostuvo que la firma del contrato entre Repsol, la CFE y Pemex es “un botón de muestra de cómo la privatización del sector energético significa jugosos negocios para las empresas extranjeras, en perjuicio de los intereses nacionales”, y además afecta a la economía del país y representará “un daño al erario”.

Explicó entonces que, a partir de un análisis del “gobierno legítimo” basado en información pública y fidedigna, se detectó que el costo máximo del gas que Repsol traerá de Perú es de 2.45 dólares por millón de BTU (unidades térmicas británicas).

Dicho costo se desglosa, a su vez, de la siguiente manera: costo de producción, 60 centavos de dólar por millón de BTU; transporte por gasoducto a la planta de licuefacción, 40 centavos de dólar; licuefacción, un dólar, y transporte por barco a Manzanillo, 45 centavos de dólar.

Así que, detalló, en suma los 500 millones de pies cúbicos diarios durante 15 años representan un costo real de apenas 6 mil 26 millones de dólares.

Sin embargo, la Comisión Federal de Electricidad –acusó– aceptó pagar a la trasnacional española, a precios actuales, 21 mil millones de dólares, y por lo tanto, Repsol tendrá una utilidad extraordinaria de aproximadamente 15 mil millones de dólares.

El negocio para Repsol, dijo, se deriva del hecho de que mientras el gobierno de Calderón firmó el contrato con la trasnacional española con el índice más caro del mundo, fluctuante y con tendencia al alza, la empresa ibérica “tuvo la ‘oportunidad’ de firmar con el gobierno de Perú un tope al precio del gas que asegura que el incremento acumulado anual no será superior a 5 por ciento en los primeros seis años del suministro, y de 7 por ciento en los cinco años siguientes”.

Refirió que la Contraloría del gobierno peruano inició, desde 2006, una investigación sobre las condiciones del contrato para la explotación de yacimientos de gas en Camisea, en la zona desértica central de ese país, a diferencia de México.

López Obrador sostuvo que desde 2005 la CFE trabajaba de manera interna en la elaboración de un proyecto para el suministro de gas natural y otro para la construcción de una planta de regasificación en Manzanillo, e “inexplicablemente” Repsol conoció de esos planes y, con la información privilegiada, operó para meterse al negocio.

Así, dijo, la empresa española se sumó al consorcio que originalmente había obtenido en 2000 la concesión para la explotación de gas en la región de Camisea, y en diciembre de 2005 el entonces presidente Alejandro Toledo firmó el decreto para permitir la venta de gas a México y en la costa oeste de Estados Unidos.

Sin embargo, en México la Comisión Federal de Electricidad publicó hasta junio de 2006 las bases de licitación para el suministro de gas y la construcción de la planta de regasificación; esto significa que Repsol amarró el contrato para la obtención del gas desde año y medio antes que la paraestatal iniciara los trámites oficiales.

El contrato, dijo, tiene vigencia a partir de 2011, pues desde 2008 y hasta esa fecha, se prevé concluir la planta de licuefacción, cuando Repsol estaría en condiciones de comenzar el suministro del gas a México.

Sería conveniente, concluyó López Obrador, que se iniciara una auditoría a la CFE, porque esta operación podría implicar una quiebra de la empresa, y consideró que éste también es el propósito del gobierno federal: terminar de arruinar a Petróleos Mexicanos para justificar su privatización.