Plan B

Diario Libetad / Lydia Cacho

Cuando tenía 13 años, mi maestro de civismo, a quien apodábamos El Frijolito, nos explicó la creación de la Constitución mexicana de 1857. Liberales y moderados, enemigos que podrían haber destruido el proyecto de país llamado México, construyeron la Constitución. El maestro nos vendió la noción de que la justicia era para protegernos, y había que defenderla. Tuve que llegar a mis veintitantos años y decidir ser periodista para entender que nuestro sistema de administración de justicia es más parecido a una película de Cantinflas como policía que a una de Orson Wells.

Ahora que tengo 45 años intento comprender qué significa en realidad, para usted y para mí, la reforma judicial aprobada recientemente.

Aunque le quitaron lo Gestapo, no celebremos la reforma tan rápido. Es grave que las y los legisladores dejaran la noción más estúpida y persistente de nuestra Carta Magna: que es un “derecho” que las personas puedan ser detenidas por 48 horas ante ministerio público. Porque la gente queda detenida hasta por dos días (más el sabadazo aunque no lo diga la ley) y el tiempo que tome que un juez le pueda escuchar. Así las fianzas se convierten en millonarias extorsiones.

Se eliminó el valor probatorio de la averiguación previa. Aseguran que es bueno, porque supuestamente eliminará los incentivos para emprender coerciones ilícitas. Sabemos que 40% de detenidos confiesa ante el MP por coerción o tortura.

La propuesta original del PRD al 20 constitucional, que regula derechos del acusado, fue adaptada a los tratados y acuerdos internacionales de derechos humanos (el talón de Aquiles de México). Por desgracia, al final la mutilaron. Es importante saber que no se plantearon reglas claras y presupuesto para instrumentar esta reforma. Entre sus contradicciones dice que se darán ocho años para “instalar derechos”, pero desde ya la policía puede irrumpir en nuestros hogares.

No se aprobaron los juicios orales. Recordemos que la Encuesta a Población en Reclusión del CIDE, refleja que 66% de los presos recibieron sentencia sin ser escuchados por un juez. Los jueces reconocieron su ausencia y la atribuyen a las grandes cargas de trabajo. Entonces nos quedamos con juicios sin juez, o dos o tres años de espera si es que no tenemos recursos para una buena defensa.

Lo cierto es que si el Presidente y el Poder Legislativo quisieran transformar a México de fondo, deberían esforzarse en proteger a las y los ciudadanos de los abusos del poder. De policías corruptos, de jueces rebasados e inoperantes, de gobernadores que usan las leyes a modo para perpetuar un Estado corrupto.

Me pregunto cómo pedirles a nuestros políticos que transformen un sistema de justicia penal que actualmente es represor. Un sistema que protege a policías y militares violadores y encarcela activistas sociales y periodistas, que da 16 años de cárcel a un pederasta serial y 67 años a un líder social. Que no persigue a un empresario tratante de mujeres, pero encarcela 10 años a un joven que robó un kilo de pan. Actualmente se propone cero tolerancia para un hombre desesperado que roba para comer, y tolerancia total a un Arturo Montiel con sus villas y castillos mal habidos.

En esta reforma los asesores de Felipe Calderón, con tal de asegurar el arraigo domiciliario para su guerra contra el narco, no defendieron los juicios orales para transparentar la justicia. Al final el mensaje que nos enviaron con esta reforma, es que no todo está perdido, pero en este sexenio no podremos esperar una reforma que defienda los derechos de las víctimas.

Mi maestro de civismo diría que la Constitución es un bello edificio que da estructura a México. Yo diría que a ese edificio sólo tienen acceso los ricos, los poderosos y los políticos corruptos. Llevamos 150 años tratando de crear e interpretar una Constitución que proteja los derechos de las y los inocentes y castigue a culpables. Paciencia pues, pero no silencio.