Farsa de carcajada

Siempre

Finalmente, se constituyó la comisión legislativa que investigará los contratos firmados con Pemex-Refinación por Juan Camilo Mouriño como apoderado legal de la empresa de su familia, cuando se desempeñaba al mismo tiempo como diputado federal y presidente de la Comisión de Energía, primero; y como jefe de asesores del entonces secretario de Energía, Felipe Calderón, después.

Esto, que debería ser motivo de aplauso ante la posibilidad de disponer de una herramienta que ayude a la rendición de cuentas del segundo hombre más poderoso del gobierno, quien, con las evidencias hasta ahora conocidas, por lo menos actuó sin el más mínimo asomo de ética, acabó siendo una farsa de carcajada.

La maniobra sugerida por el PRI y seguida a pie juntillas por el PAN salió al paso de la demanda hecha originalmente por el Frente Amplio Progresista (PRD-PT-Convergencia) que, por sí solo, contaba con los 124 votos necesarios para la creación de esa instancia investigadora. Con ella, de acuerdo con la proposición original, se pretendía indagar sobre los contratos hechos públicos por Andrés Manuel López Obrador y, a partir de ellos, sobre otros posibles negocios de Mouriño con la industria energética. El PAN se opuso y también el PRI. Este no aguantó el calificativo que “tapadera” que le endilgó la opinión pública y decidió avalar la comisión. Pero ahí vino la maniobra, avalar una comisión circunscrita a los siete contratos que el propio secretario de Gobernación aceptó haber firmado como representante de un interés particular mientras lo era también de intereses públicos. En esas condiciones, el PAN y el PVEM respaldaron tal comisión y junto con el PRI reunieron los votos suficientes para constituirla, pero acotada, lo que llevó al FAP a rechazarla y argumentar que así solo servirá de “tapadera”, de instrumento legitimador de la exoneración que desde ya se espera de la PGR y la Función Pública, por ser instituciones subordinadas al poder de Mouriño.

Así que ya está constituida la comisión investigadora de Mouriño, pero, vaya farsa, sin que de ella formen parte los partidos que documentaron el presunto tráfico de influencias, expresión ésta de cómo el poder y el dinero manejan los recovecos que todas las leyes tienen para proteger a los influyentes que las violan.

No se olvide, por los demás, que los contratos firmados por Mouriño parecen ser tan solo la punta del iceberg de una amplia red de intereses y complicidades, del grupo del que forma parte el secretario de Gobernación, que ya se ubica en posiciones públicas claves, para facilitar grandes negocios, en espera de la privatización del petróleo y la electricidad. Si no, al tiempo.