Las andanzas del gallego orejón por tierras Mexicanas 2
El tierno Iván: ¿sí o no firmó JC para beneficiarse?
Los Mouriño elevaron de 5 a 38 las franquicias de gasolineras
De las páginas de sociales en su amada “provincia”, hoy los Mouriño han brincado a las de nota roja política y se encuentran en el ojo del huracán desatado por los documentos divulgados por Andrés Manuel López Obrador en torno al tráfico de influencias del delfín de Felipe Calderon.
En unos cuantos años, el Grupo Energético del Sureste, la mayor de las empresas del Corporativo GES, de los Mouriño, incrementó sustancialmente (de cinco a 38) el número de franquicias gasolineras que a su favor les otorgó Petróleos Mexicanos, entre otras gracias.
Sobre este último tema, el de las estaciones de servicio franquiciatadas por la paraestatal, expertos en la materia concluyen que el otorgamiento de tales franquicias violan abiertamente la Constitución. En este contexto, reproduzco algunos pasajes del estudio Inconstitucionalidad de la franquicia de Petróleos Mexicanos, cuyo autor, Néstor Franco Ríos, indica que a partir del 18 de marzo de 1992, Petróleos Mexicanos inició un programa que denominó “Modernización de las estaciones de servicio”. El mismo tenía la finalidad de que las gasolineras establecidas a lo largo del territorio nacional modernizaran sus instalaciones, facilitando a los “concesionarios” establecer otro tipo de negocios adicionales que les permitiera contar con mayor rentabilidad, ya que los porcentajes de utilidad que se otorgaban no eran suficientes para solventar los gastos, así como la obtención de una utilidad razonable a que todo empresario tiene derecho al invertir su patrimonio.
El supuesto sustento legal en que Pemex Refinación basó su programa de franquicias, apunta el autor, fue el artículo 142 de la Ley de la Propiedad Industrial, que entró en vigor en 1991. Sin embargo, las leyes reglamentarias (caso concreto la relativa al 27 constitucional) son aquellas que precisan cómo deben aplicarse los principios de la Constitución, de tal manera que se puede considerar que éstas poseen la misma jerarquía que aquélla, siempre y cuando respeten al pie de la letra el mandato de la carta magna.
En este orden de ideas, al existir una ley reglamentaria del artículo 27 constitucional en el ramo del petróleo, es de entenderse que tiene una supremacía sobre cualquier otra, y su aplicación y observancia es obligatoria para cualquier órgano del Estado, caso contrario se estaría en presencia de un claro acto de inconstitucionalidad. Cierto es que el Estado debe alentar y proteger la actividad económica de los particulares, pero en el caso concreto del petróleo y sus derivados, siempre deberá realizarse dentro del marco que establece la constitución, y si también es cierto que el artículo cuarto de la Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios señala que este organismo puede celebrar con personas físicas o morales toda clase de actos, convenios y contratos, estos deberán realizarse siempre con sujeción a las disposiciones legales aplicables, es decir, a la Constitución y sus leyes reglamentarias.
De tal manera, cualquiera que sea el tipo de contrato y las estipulaciones que hagan los contratantes, no pueden subsistir cuando son contrarios a una ley de orden público y, mucho menos, cuando son contradictorios con los preceptos constitucionales. En razón de lo anterior, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que, tratándose de actos nulos de pleno derecho es posible revocar por sí y para sí el contrato, esto debe ser así ya que no es posible que exista un contrato que violente la Constitución misma.
Es evidente la necesidad de efectuar un análisis de la “Franquicia Pemex”, por lo que resulta indispensable la intervención del Poder Legislativo, de la Secretaria de Energía, de la cual depende Petróleos Mexicanos, de la Secretaría de la Función Pública, de la Comisión de Competencia Económica, pero sobre todo la participación del sector gasolinero, a fin de evitar que se les impongan contratos bajo una figura que resulta inconstitucional y por ende ilegal, y que de alguna manera afectan su patrimonio y violentan en su perjuicio sus garantías de seguridad jurídica. Además que, de acuerdo con los mismos, se encuentran viciados al no contar con los elementos esenciales de la franquicia, como es la de transmitir asesoría técnica y proporcionar al franquiciatario los sistemas de operación y soporte de la franquicia, ya sea por medio de manuales o capacitación (cláusulas 5.1, 5.2 y 5.3 del contrato de franquicia). En la práctica no se otorga, pues las visitas de supervisión que realiza Pemex-Refinación, por medio de empresas privadas, únicamente se concretan a señalar supuestas desviaciones en el mantenimiento de la franquicia, lo que origina fuertes gastos de mantenimiento a fin de corregir las anomalías que se supone existen.
De prevalecer la ilegalidad de la franquicia Pemex-Refinación, puntualiza, “resulta indispensable el otorgamiento de una territorialidad en su explotación, ya que la experiencia ha mostrado que el crecimiento desmedido de estos negocios ha originado la debacle financiera de no pocos gasolineros en el país, los cuales se ven en la necesidad de vender sus negocios a grupos de empresarios que han acaparado dicho mercado a través de numerosas estaciones de servicio, lo que de alguna manera también significa un monopolio”, como el de los Mouriño en Campeche, con ganas de ampliarse a todo el sureste mexicano.
Las rebanadas del pastel
Más rápido que una saeta, el gobernador de Campeche, Jorge Carlos Hurtado Valdez, salió en defensa de Juan Camilo Mouriño Terrazo: es una blanca paloma y más puro que la leche bronca, afirma el mandatario, quien por una mera casualidad años atrás fue director general (1992-1993) del Grupo Gamma III, una de las empresas que dan cuerpo al ahora llamado Corporativo GES, es decir, el feudo de los Mouriño.
Insaciable
* Juan Camilo Mouriño Terrazo, Secretario de Gobernación del espurio FECAL, va por la Plataforma Logística de Exportación/ Para ello, el español ya se apoderó de 20 hectáreas en la comisaría San Ignacio/ El siguiente titular de la API será pieza clave para reactivar este proyecto que se le vino abajo a Patricio Patrón Laviada
* Mouriño Terrazo se ha hecho multimillonario de la noche a la mañana aprovechando sus cargos públicos.
El futuro director general de la API de Progreso será pieza clave para reactivar el proyecto de la Plataforma Logística de Exportación, que se le cayó a Patricio Patrón Laviada en las postrimerías de su sexenio pero que ya fue retomado por Juan Camilo Mouriño Terrazo, el Secretario de Gobernación del espurio Felipe Calderón.
En efecto, el español que despacha en el viejo Palacio de Covián se apoderó de 20 hectáreas en la comisaría San Ignacio, del municipio de Progreso, las cuales se ubican en el corazón del mencionado proyecto que en un principio Vicente Fox y Patrón Laviada ya habían acordado entregar al mismo grupo español que recibió en concesión por 40 años la terminal de contenedores de Progreso.
Sin embargo, por las denuncias públicas de POR ESTO!, primero y, después, por la debacle electoral del PAN en Yucatán, Fox y Patrón Laviada tuvieron que desistir de sus propósitos, al menos temporalmente.
Sin embargo, un mes antes de que concluyera su desgobierno, Patrón Laviada ordenó al corrupto y multimillonario José Carlos “El Teclas” Guzmán Alcocer, entonces director de la COUSEY, que le vendiera a Mouriño Terrazo 20 hectáreas de tierras en San Ignacio.
Para no despertar sospechas, Mouriño, que tiene una marcada proclividad por hacer negocios desde el poder, primero dijo que construiría allí casas-habitación y luego que no, que instalaría una fábrica de turbinas para generar energía.
Lo único cierto, sin embargo, es que esas tierras constituyen el centro neurálgico de la proyectada Plataforma Logística de Exportación, en la que está previsto instalar una zona franca, ajena a cualquier tipo de inspección fiscal por parte del gobierno mexicano. La ubicación de estos terrenos plantea serios problemas a la COUSEY, que todavía es dueña de las hectáreas circundantes, de las cuales no puede disponer porque la propiedad de Mouriño prácticamente bloquea los accesos a la carretera a Progreso.
La operación de estas 24 hectáreas se protocolizó el 27 de junio bajo el contrato AC-2344011920-07, firmado por el corrupto y multimillonario José Carlos “El Teclas” Guzmán Alcocer.
Mouriño Terrazo se ha hecho multimillonario de la noche a la mañana aprovechando sus cargos públicos, desde los que ha incurrido en un descarado tráfico de influencias, pues junto con su familia y prestanombres posee en la región Sureste 38 gasolinerías, varias de ellas en Yucatán.
Además, el funcionario se ha caracterizado por vender en sus estaciones de servicio combustible incompleto, situación que sido denunciada por los ciudadanos.
El ex empresario gasolinero de Campeche, Santiago Espósitos Semerana, ha hecho notar las facilidades que las autoridades estatales le han dado a Mouriño para hacer negocios poco claros, cuando a los inversionistas que no son políticos les ponen diversas trabas para establecer negocios.
Incluso, Layda Sansores Sanromán ha cuestionado la honestidad del español al considerar que debe ser investigado por enriquecimiento ilícito, ya que no es posible que en tan poco tiempo haya realizado tantas inversiones millonarias.
En Yucatán, durante el desgobierno anterior, Mouriño resultó beneficiado con información privilegiada y también con la venta de tierras a precios menores que los del mercado.
Apenas el pasado domingo, el Presidente Legítimo de México, Andrés Manuel López Obrador, exhibió documentos oficiales de los actos de corrupción cometidos por Mouriño Terrazo cuando firmaba en el 2002 y 2003 como presidente de la compañía del grupo GES y recibió contratos de Pemex, cuando ya era funcionario en el período de Vicente Fox y después en la Secretaría de Energía.
Los contratos fueron firmados por el español como apoderado legal de la citada empresa el 20 de diciembre de 2002, el uno de septiembre de 2003 y el 20 de diciembre de 2003.
México, convertido en reino del cinismo
* Mouriño Terrazo en el ojo del huracán
Al habitante del Palacio de Covián, Juan Camilo Mouriño, se le señala también por sus vínculos con los tristemente célebres hermanos Bribiesca Sahagún y con la propia doña Marta.
Lo peor que nos puede pasar es convertirnos en un país de cínicos”, sentenció hace casi un cuarto de siglo el ex presidente José López Portillo, y tal nos sucede en el presente. El cinismo que impera en el sector gubernamental ya es insoportable y vergonzoso. Los ejemplos saltan por doquier: en los últimos tiempos hemos visto el desempeño del titular de Gobernación, ligado desde antaño a prebendas y tráfico de influencias a favor de sus empresas obtenidas del renglón energético, tanto en la generación de electricidad como en la explotación petrolera.
Ni qué decir de lo que actualmente sucede al interior del sindicato más fuerte de Latinoamérica, del SNTE, en donde su presidenta vitalicia ha utilizado los fondos provenientes de las cuotas sindicales con un desaseo digno de La Palma. La forma en la que algunos miembros del gabinete se comportan y actúan cancelando y otorgando proyectos y dinero se realiza también con una gran dosis de cinismo en la que imperan simpatías y antipatías.
Está también el caso del argentino Ricardo Miguel Cavallo al que fue más fácil juzgar en España por muchos otros delitos que por el fraude que bajo el amparo de la familia Zedillo Ponce de León pretendió hacer con el registro de automóviles, caso que acumuló un par de crímenes sin aclarar. En el colmo de toda esta exhibición de impunidad se encuentra la “arrastrada” que le propinó Raúl Salinas de Gortari a su todavía esposa Paulina Castañón.
A Juan Camilo Mouriño, titular de Gobernación, el panorama se le ensombrece cada día más. Las pruebas presentadas por Andrés Manuel López Obrador han destapado toda una cloaca en torno a esa familia avecindada en Campeche. Tanto el tabasqueño como el propio Gerardo Fernández Noroña exigen al funcionario que presente pruebas que demuestren que no hubo ningún tráfico de influencias en los más de 12 contratos para transporte de combustible que recibieron sus empresas así como de que renunció a su nacionalidad española antes de ser nombrado funcionario público de primer nivel y claro aspirante a la candidatura presidencial.
Al habitante del Palacio de Covián se le señala también por sus vínculos con los tristemente célebres hermanos Bribiesca Sahagún, con la propia doña Martha y con un senador veracruzano quien también ha sido reiteradamente señalado por favorecer a sus empresas ligadas al sector petrolero, Juan Bueno Torio. Los contratos con los que se han favorecido todos estos personajes de ninguna manera son despreciables, sino todo lo contrario, y de ello bien puede dar cuenta la señora de Fox quien sin el menor rubor declara “a mí que me investiguen”. No dejan duda de que las redes de complicidades van más allá de lo imaginable. Y de todos estos actos que encierran la corrupción que impera en el actual sexenio da cuenta el rancho de 5 hectáreas que posee Juan Camilo Mouriño en Campeche.
Como es sabido, en esas tierras, su padre y demás familia llegaron no sólo huyendo sino con recursos económicos muy limitados, por lo cual resulta inexplicable que en tan poco tiempo hubiesen amasado una fortuna como la que ahora poseen. El 8 de febrero, día en el que se llevaría a cabo la conferencia de la Conago, la cual se suspendió por la muerte del padre del gobernador Jorge Carlos Hurtado, don Juanca invitó a varios gobernadores a su rancho.
Se sorprendieron al percatarse de la finura de los caballos españoles y otras especies animales que poseen en la quinta Villa Gelly. Peña Nieto, del Estado de México; Natividad González Paras, de Nuevo León; Juan Sabines, de Chiapas; el duranguense Ismael Hernández y Silverio Cavazos, de Colima, fueron de los asistentes a una localidad que llaman Imi III en la que apenas si habitan cuatro centenas de campechanos. El nombre del rancho de descanso responde al de la esposa de Mouriño, María Gelly Escalante.
A esta escandalosa propiedad hay que sumarle otras muchas que son gasolineras, las Torres Mouriño y otros negocios que se asentaron en el entorno de donde se encuentran las despachadoras de combustible, lo cual está totalmente prohibido.
Hasta donde se sabe, de muchos de estos negocios Felipe Calderón no estaba totalmente informado por lo que ahora se plantean estrategias para evitar que el avecindado en Campeche tenga que ser removido de su cargo. Aunque si bien hay molestia, esta no ha sido provocada por los abusos de Mouriño sino por haber dejado pistas. Y es que en Los Pinos nadie, pero nadie, tiene “las manos limpias”.
La Jornada / Julo Hernández López
■ Afición por “la fiesta” y estampas desoladas
Juan Camilo Mouriño no ha podido levantarse del primer golpe seco que le han dado desde que abandonó las cómodas intimidades de Los Pinos para ser convertido en insolvente secretario alpargatero de Gobernación. Acosado por la sospecha de que falsificó actas para hacerse pasar por mexicano que así tendría plenos derechos electorales, a pesar de haber nacido en Madrid, el presunto precandidato presidencial del Partido Popular (P5) de Galicia para 2012 se topó de frente con la acusación, sustentada en documentos, de que a finales de 2003 actuó como apoderado legal de una de sus empresas (Ivancar, en homenaje al nombre con que familiares y amigos le llaman: Iván) para recibir ganancias de un contrato con Pemex.
Para contestar con adjetivos, estampitas del álbum empresarial familiar y consideraciones personales ante una acusación concreta y fundada, el presunto segundo hombre mexicano de poder apareció ante reporteros demacrado, sin rasurar, huidizo y con aires de no haber dormido o haberlo hecho mal o precariamente, más con aire de júnior recién sacado de algún antro y sus placeres musicales y, cuando menos, bebestibles, que con el aspecto firme y confiable de jefe de la delegación mexicana que conferenciaba peligrosamente en Baja California Sur con sus contrapartes estadunidense y canadiense para acordar delicados puntos de seguridad nacional, migración, inversiones y lucha contra el terrorismo. Con saco amarillo y sin corbata, entre personajes estadunidenses de seriedad facial y empaque indumentario tradicional (trajes oscuros y corbata), Juan Camilo/Ivancar parecía confirmar las múltiples versiones de su afición por la “fiesta”, de las que incluso han aparecido artículos y reportajes en revistas de “sociedad”, en las que se habla de los muy exclusivos lugares adonde le gusta ir a tomar copas y celebrar (lo que sea) con otros jóvenes maduros, exitosos en la política y los negocios.
Lo cierto es que ni siquiera el escándalo inflado de las “agresiones” a coordinadores de diputados y senadores perredistas pudo distraer de la crisis que se generó Felipe Calderón al agregar a su ilegitimidad electoral de origen la insensatez despótica de convertir a su caballo de personalísimo ajedrez político en máximo ministro de damas chinas. No faltan incluso –vista la actual condición políticamente tembeleque del que había sido el favorito de la corte calderónica y el abandono en que pareciera estar, con comentaristas y medios oficialistas criticando al que hasta hace poco era intocable y venerado– quienes hablen de que la llegada a Bucareli del Señor de los Conflictos de Intereses se dio contra su manifiesta voluntad, y que en realidad el tierno (úsase aquí este adjetivo para describir inexperiencia e inmadurez, no sentimientos o afectos) acompañante de Felipe en la travesía del Río Espurio ascendió a los abismos acotado o contrariado su poder súbitamente y por razones no políticas, sino íntimas (todo lo que sucede en el interior de un recinto fortificado como Los Pinos es íntimo). Por ello, arguyen quienes defienden la tesis de los enojos en la cúpula, Francisco Ramírez Acuña fue despedido a toda velocidad y sin consideraciones, víctima no sólo de su ineficacia y mediocridad (en ese caso, sería despedido casi todo el gabinete felipista), sino atrapado en medio de pleitos de otra índole.
Más allá de las especulaciones, Mouriño ha sido desgastado como nunca antes ningún otro secretario de ¡Joder!-nación. Deslegitimado electoralmente su jefe y deslegitimado políticamente él, Juan Camilo parece encaminado a una sustitución necesaria. La polémica sobre su condición de mexicano se mantiene viva, no por sentimientos xenofóbicos sino porque hay amplias razones válidas para suponer que el virrey Repsol adulteró cuanto papel fue necesario para hacerse de una nacionalidad mexicana con propósitos electorales. Y ahora no ha podido responder más que mal, y en sospechosas condiciones de sobriedad política, a los señalamientos precisos de que ha usado sus cargos públicos para beneficiar a las empresas familiares con negocios petroleros a los que tuvo la osadía, ¡rediez!, de poner su cándida firma personal. ¿Quién se apunta para ser el siguiente secretario de Gobernación? Con que a Felipe no se le ocurra poner a su cuñado Hildebrando.
Astillas:
Perredistas de Durango acusan al gobernador de aquella entidad, el priísta Ismael Hernández Deras, de estar apoyando a Soledad Ruiz Canaán, quien fue funcionaria del gobierno estatal hasta el pasado 14 de diciembre (directora del Instituto de Salud Mental), para que gane la presidencia del sol azteca en aquellas tierras. Obviamente, la ex funcionaria está postulada por Nueva Izquierda (NI izquierda) y de lo que se trata es de cerrar el paso al doctor José Ramón Enríquez, postulado por Izquierda Unida. En lugar de andar de metiche en el PRD, Hernández Deras debería atender el caso de las 40 mil toneladas de cemento que fueron donadas por la Congregación Mariana Trinitaria (institución privada no lucrativa de asistencia social, con sede en Oaxaca) para obras y servicios públicos y de cuyo reparto no hay constancia alguna, en medio de acusaciones de que ese material ha sido usado por el gobierno duranguense para apoyar a candidatos de diversos partidos, cercanos al mandatario, en diversos procesos electorales… Rogelio Rivera reporta que “en el aburrido juego Cruz Azul-Chivas, en el primer tiempo, salió un anuncio en la parte inferior de la pantalla, donde se veía un mar y algo de tesoro. El locutor dijo algo sobre ‘el tesoro de las aguas profundas, espéralo pronto’. ¿Tesoros de la mar profunda? ¿Será Laura León haciendo papel de sirena? ¿Johnny Depp filmará en México otra de piratas? ¿o los creativos de Los Pinos lanzarán al fin el video de You Tube?” del que se dio cuenta en días pasados en www.astillero.tv y en esta columna… Y, mientras se agrava el conflicto entre el Ecuador agredido y el gobierno colombiano provocador, con Hugo Chávez velando armas, las FARC golpeadas y el binomio Casa Blanca-Pentágono valorando si es tiempo de intervenir directamente y acaso propiciar mejores condiciones electorales para los republicanos, ¡hasta mañana!
■ Afición por “la fiesta” y estampas desoladas
Juan Camilo Mouriño no ha podido levantarse del primer golpe seco que le han dado desde que abandonó las cómodas intimidades de Los Pinos para ser convertido en insolvente secretario alpargatero de Gobernación. Acosado por la sospecha de que falsificó actas para hacerse pasar por mexicano que así tendría plenos derechos electorales, a pesar de haber nacido en Madrid, el presunto precandidato presidencial del Partido Popular (P5) de Galicia para 2012 se topó de frente con la acusación, sustentada en documentos, de que a finales de 2003 actuó como apoderado legal de una de sus empresas (Ivancar, en homenaje al nombre con que familiares y amigos le llaman: Iván) para recibir ganancias de un contrato con Pemex.
Para contestar con adjetivos, estampitas del álbum empresarial familiar y consideraciones personales ante una acusación concreta y fundada, el presunto segundo hombre mexicano de poder apareció ante reporteros demacrado, sin rasurar, huidizo y con aires de no haber dormido o haberlo hecho mal o precariamente, más con aire de júnior recién sacado de algún antro y sus placeres musicales y, cuando menos, bebestibles, que con el aspecto firme y confiable de jefe de la delegación mexicana que conferenciaba peligrosamente en Baja California Sur con sus contrapartes estadunidense y canadiense para acordar delicados puntos de seguridad nacional, migración, inversiones y lucha contra el terrorismo. Con saco amarillo y sin corbata, entre personajes estadunidenses de seriedad facial y empaque indumentario tradicional (trajes oscuros y corbata), Juan Camilo/Ivancar parecía confirmar las múltiples versiones de su afición por la “fiesta”, de las que incluso han aparecido artículos y reportajes en revistas de “sociedad”, en las que se habla de los muy exclusivos lugares adonde le gusta ir a tomar copas y celebrar (lo que sea) con otros jóvenes maduros, exitosos en la política y los negocios.
Lo cierto es que ni siquiera el escándalo inflado de las “agresiones” a coordinadores de diputados y senadores perredistas pudo distraer de la crisis que se generó Felipe Calderón al agregar a su ilegitimidad electoral de origen la insensatez despótica de convertir a su caballo de personalísimo ajedrez político en máximo ministro de damas chinas. No faltan incluso –vista la actual condición políticamente tembeleque del que había sido el favorito de la corte calderónica y el abandono en que pareciera estar, con comentaristas y medios oficialistas criticando al que hasta hace poco era intocable y venerado– quienes hablen de que la llegada a Bucareli del Señor de los Conflictos de Intereses se dio contra su manifiesta voluntad, y que en realidad el tierno (úsase aquí este adjetivo para describir inexperiencia e inmadurez, no sentimientos o afectos) acompañante de Felipe en la travesía del Río Espurio ascendió a los abismos acotado o contrariado su poder súbitamente y por razones no políticas, sino íntimas (todo lo que sucede en el interior de un recinto fortificado como Los Pinos es íntimo). Por ello, arguyen quienes defienden la tesis de los enojos en la cúpula, Francisco Ramírez Acuña fue despedido a toda velocidad y sin consideraciones, víctima no sólo de su ineficacia y mediocridad (en ese caso, sería despedido casi todo el gabinete felipista), sino atrapado en medio de pleitos de otra índole.
Más allá de las especulaciones, Mouriño ha sido desgastado como nunca antes ningún otro secretario de ¡Joder!-nación. Deslegitimado electoralmente su jefe y deslegitimado políticamente él, Juan Camilo parece encaminado a una sustitución necesaria. La polémica sobre su condición de mexicano se mantiene viva, no por sentimientos xenofóbicos sino porque hay amplias razones válidas para suponer que el virrey Repsol adulteró cuanto papel fue necesario para hacerse de una nacionalidad mexicana con propósitos electorales. Y ahora no ha podido responder más que mal, y en sospechosas condiciones de sobriedad política, a los señalamientos precisos de que ha usado sus cargos públicos para beneficiar a las empresas familiares con negocios petroleros a los que tuvo la osadía, ¡rediez!, de poner su cándida firma personal. ¿Quién se apunta para ser el siguiente secretario de Gobernación? Con que a Felipe no se le ocurra poner a su cuñado Hildebrando.
Astillas:
Perredistas de Durango acusan al gobernador de aquella entidad, el priísta Ismael Hernández Deras, de estar apoyando a Soledad Ruiz Canaán, quien fue funcionaria del gobierno estatal hasta el pasado 14 de diciembre (directora del Instituto de Salud Mental), para que gane la presidencia del sol azteca en aquellas tierras. Obviamente, la ex funcionaria está postulada por Nueva Izquierda (NI izquierda) y de lo que se trata es de cerrar el paso al doctor José Ramón Enríquez, postulado por Izquierda Unida. En lugar de andar de metiche en el PRD, Hernández Deras debería atender el caso de las 40 mil toneladas de cemento que fueron donadas por la Congregación Mariana Trinitaria (institución privada no lucrativa de asistencia social, con sede en Oaxaca) para obras y servicios públicos y de cuyo reparto no hay constancia alguna, en medio de acusaciones de que ese material ha sido usado por el gobierno duranguense para apoyar a candidatos de diversos partidos, cercanos al mandatario, en diversos procesos electorales… Rogelio Rivera reporta que “en el aburrido juego Cruz Azul-Chivas, en el primer tiempo, salió un anuncio en la parte inferior de la pantalla, donde se veía un mar y algo de tesoro. El locutor dijo algo sobre ‘el tesoro de las aguas profundas, espéralo pronto’. ¿Tesoros de la mar profunda? ¿Será Laura León haciendo papel de sirena? ¿Johnny Depp filmará en México otra de piratas? ¿o los creativos de Los Pinos lanzarán al fin el video de You Tube?” del que se dio cuenta en días pasados en www.astillero.tv y en esta columna… Y, mientras se agrava el conflicto entre el Ecuador agredido y el gobierno colombiano provocador, con Hugo Chávez velando armas, las FARC golpeadas y el binomio Casa Blanca-Pentágono valorando si es tiempo de intervenir directamente y acaso propiciar mejores condiciones electorales para los republicanos, ¡hasta mañana!
Los Mouriño elevaron de 5 a 38 las franquicias de gasolineras
De las páginas de sociales en su amada “provincia”, hoy los Mouriño han brincado a las de nota roja política y se encuentran en el ojo del huracán desatado por los documentos divulgados por Andrés Manuel López Obrador en torno al tráfico de influencias del delfín de Felipe Calderon.
En unos cuantos años, el Grupo Energético del Sureste, la mayor de las empresas del Corporativo GES, de los Mouriño, incrementó sustancialmente (de cinco a 38) el número de franquicias gasolineras que a su favor les otorgó Petróleos Mexicanos, entre otras gracias.
Sobre este último tema, el de las estaciones de servicio franquiciatadas por la paraestatal, expertos en la materia concluyen que el otorgamiento de tales franquicias violan abiertamente la Constitución. En este contexto, reproduzco algunos pasajes del estudio Inconstitucionalidad de la franquicia de Petróleos Mexicanos, cuyo autor, Néstor Franco Ríos, indica que a partir del 18 de marzo de 1992, Petróleos Mexicanos inició un programa que denominó “Modernización de las estaciones de servicio”. El mismo tenía la finalidad de que las gasolineras establecidas a lo largo del territorio nacional modernizaran sus instalaciones, facilitando a los “concesionarios” establecer otro tipo de negocios adicionales que les permitiera contar con mayor rentabilidad, ya que los porcentajes de utilidad que se otorgaban no eran suficientes para solventar los gastos, así como la obtención de una utilidad razonable a que todo empresario tiene derecho al invertir su patrimonio.
El supuesto sustento legal en que Pemex Refinación basó su programa de franquicias, apunta el autor, fue el artículo 142 de la Ley de la Propiedad Industrial, que entró en vigor en 1991. Sin embargo, las leyes reglamentarias (caso concreto la relativa al 27 constitucional) son aquellas que precisan cómo deben aplicarse los principios de la Constitución, de tal manera que se puede considerar que éstas poseen la misma jerarquía que aquélla, siempre y cuando respeten al pie de la letra el mandato de la carta magna.
En este orden de ideas, al existir una ley reglamentaria del artículo 27 constitucional en el ramo del petróleo, es de entenderse que tiene una supremacía sobre cualquier otra, y su aplicación y observancia es obligatoria para cualquier órgano del Estado, caso contrario se estaría en presencia de un claro acto de inconstitucionalidad. Cierto es que el Estado debe alentar y proteger la actividad económica de los particulares, pero en el caso concreto del petróleo y sus derivados, siempre deberá realizarse dentro del marco que establece la constitución, y si también es cierto que el artículo cuarto de la Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios señala que este organismo puede celebrar con personas físicas o morales toda clase de actos, convenios y contratos, estos deberán realizarse siempre con sujeción a las disposiciones legales aplicables, es decir, a la Constitución y sus leyes reglamentarias.
De tal manera, cualquiera que sea el tipo de contrato y las estipulaciones que hagan los contratantes, no pueden subsistir cuando son contrarios a una ley de orden público y, mucho menos, cuando son contradictorios con los preceptos constitucionales. En razón de lo anterior, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que, tratándose de actos nulos de pleno derecho es posible revocar por sí y para sí el contrato, esto debe ser así ya que no es posible que exista un contrato que violente la Constitución misma.
Es evidente la necesidad de efectuar un análisis de la “Franquicia Pemex”, por lo que resulta indispensable la intervención del Poder Legislativo, de la Secretaria de Energía, de la cual depende Petróleos Mexicanos, de la Secretaría de la Función Pública, de la Comisión de Competencia Económica, pero sobre todo la participación del sector gasolinero, a fin de evitar que se les impongan contratos bajo una figura que resulta inconstitucional y por ende ilegal, y que de alguna manera afectan su patrimonio y violentan en su perjuicio sus garantías de seguridad jurídica. Además que, de acuerdo con los mismos, se encuentran viciados al no contar con los elementos esenciales de la franquicia, como es la de transmitir asesoría técnica y proporcionar al franquiciatario los sistemas de operación y soporte de la franquicia, ya sea por medio de manuales o capacitación (cláusulas 5.1, 5.2 y 5.3 del contrato de franquicia). En la práctica no se otorga, pues las visitas de supervisión que realiza Pemex-Refinación, por medio de empresas privadas, únicamente se concretan a señalar supuestas desviaciones en el mantenimiento de la franquicia, lo que origina fuertes gastos de mantenimiento a fin de corregir las anomalías que se supone existen.
De prevalecer la ilegalidad de la franquicia Pemex-Refinación, puntualiza, “resulta indispensable el otorgamiento de una territorialidad en su explotación, ya que la experiencia ha mostrado que el crecimiento desmedido de estos negocios ha originado la debacle financiera de no pocos gasolineros en el país, los cuales se ven en la necesidad de vender sus negocios a grupos de empresarios que han acaparado dicho mercado a través de numerosas estaciones de servicio, lo que de alguna manera también significa un monopolio”, como el de los Mouriño en Campeche, con ganas de ampliarse a todo el sureste mexicano.
Las rebanadas del pastel
Más rápido que una saeta, el gobernador de Campeche, Jorge Carlos Hurtado Valdez, salió en defensa de Juan Camilo Mouriño Terrazo: es una blanca paloma y más puro que la leche bronca, afirma el mandatario, quien por una mera casualidad años atrás fue director general (1992-1993) del Grupo Gamma III, una de las empresas que dan cuerpo al ahora llamado Corporativo GES, es decir, el feudo de los Mouriño.
Insaciable
* Juan Camilo Mouriño Terrazo, Secretario de Gobernación del espurio FECAL, va por la Plataforma Logística de Exportación/ Para ello, el español ya se apoderó de 20 hectáreas en la comisaría San Ignacio/ El siguiente titular de la API será pieza clave para reactivar este proyecto que se le vino abajo a Patricio Patrón Laviada
* Mouriño Terrazo se ha hecho multimillonario de la noche a la mañana aprovechando sus cargos públicos.
El futuro director general de la API de Progreso será pieza clave para reactivar el proyecto de la Plataforma Logística de Exportación, que se le cayó a Patricio Patrón Laviada en las postrimerías de su sexenio pero que ya fue retomado por Juan Camilo Mouriño Terrazo, el Secretario de Gobernación del espurio Felipe Calderón.
En efecto, el español que despacha en el viejo Palacio de Covián se apoderó de 20 hectáreas en la comisaría San Ignacio, del municipio de Progreso, las cuales se ubican en el corazón del mencionado proyecto que en un principio Vicente Fox y Patrón Laviada ya habían acordado entregar al mismo grupo español que recibió en concesión por 40 años la terminal de contenedores de Progreso.
Sin embargo, por las denuncias públicas de POR ESTO!, primero y, después, por la debacle electoral del PAN en Yucatán, Fox y Patrón Laviada tuvieron que desistir de sus propósitos, al menos temporalmente.
Sin embargo, un mes antes de que concluyera su desgobierno, Patrón Laviada ordenó al corrupto y multimillonario José Carlos “El Teclas” Guzmán Alcocer, entonces director de la COUSEY, que le vendiera a Mouriño Terrazo 20 hectáreas de tierras en San Ignacio.
Para no despertar sospechas, Mouriño, que tiene una marcada proclividad por hacer negocios desde el poder, primero dijo que construiría allí casas-habitación y luego que no, que instalaría una fábrica de turbinas para generar energía.
Lo único cierto, sin embargo, es que esas tierras constituyen el centro neurálgico de la proyectada Plataforma Logística de Exportación, en la que está previsto instalar una zona franca, ajena a cualquier tipo de inspección fiscal por parte del gobierno mexicano. La ubicación de estos terrenos plantea serios problemas a la COUSEY, que todavía es dueña de las hectáreas circundantes, de las cuales no puede disponer porque la propiedad de Mouriño prácticamente bloquea los accesos a la carretera a Progreso.
La operación de estas 24 hectáreas se protocolizó el 27 de junio bajo el contrato AC-2344011920-07, firmado por el corrupto y multimillonario José Carlos “El Teclas” Guzmán Alcocer.
Mouriño Terrazo se ha hecho multimillonario de la noche a la mañana aprovechando sus cargos públicos, desde los que ha incurrido en un descarado tráfico de influencias, pues junto con su familia y prestanombres posee en la región Sureste 38 gasolinerías, varias de ellas en Yucatán.
Además, el funcionario se ha caracterizado por vender en sus estaciones de servicio combustible incompleto, situación que sido denunciada por los ciudadanos.
El ex empresario gasolinero de Campeche, Santiago Espósitos Semerana, ha hecho notar las facilidades que las autoridades estatales le han dado a Mouriño para hacer negocios poco claros, cuando a los inversionistas que no son políticos les ponen diversas trabas para establecer negocios.
Incluso, Layda Sansores Sanromán ha cuestionado la honestidad del español al considerar que debe ser investigado por enriquecimiento ilícito, ya que no es posible que en tan poco tiempo haya realizado tantas inversiones millonarias.
En Yucatán, durante el desgobierno anterior, Mouriño resultó beneficiado con información privilegiada y también con la venta de tierras a precios menores que los del mercado.
Apenas el pasado domingo, el Presidente Legítimo de México, Andrés Manuel López Obrador, exhibió documentos oficiales de los actos de corrupción cometidos por Mouriño Terrazo cuando firmaba en el 2002 y 2003 como presidente de la compañía del grupo GES y recibió contratos de Pemex, cuando ya era funcionario en el período de Vicente Fox y después en la Secretaría de Energía.
Los contratos fueron firmados por el español como apoderado legal de la citada empresa el 20 de diciembre de 2002, el uno de septiembre de 2003 y el 20 de diciembre de 2003.
México, convertido en reino del cinismo
* Mouriño Terrazo en el ojo del huracán
Al habitante del Palacio de Covián, Juan Camilo Mouriño, se le señala también por sus vínculos con los tristemente célebres hermanos Bribiesca Sahagún y con la propia doña Marta.
Lo peor que nos puede pasar es convertirnos en un país de cínicos”, sentenció hace casi un cuarto de siglo el ex presidente José López Portillo, y tal nos sucede en el presente. El cinismo que impera en el sector gubernamental ya es insoportable y vergonzoso. Los ejemplos saltan por doquier: en los últimos tiempos hemos visto el desempeño del titular de Gobernación, ligado desde antaño a prebendas y tráfico de influencias a favor de sus empresas obtenidas del renglón energético, tanto en la generación de electricidad como en la explotación petrolera.
Ni qué decir de lo que actualmente sucede al interior del sindicato más fuerte de Latinoamérica, del SNTE, en donde su presidenta vitalicia ha utilizado los fondos provenientes de las cuotas sindicales con un desaseo digno de La Palma. La forma en la que algunos miembros del gabinete se comportan y actúan cancelando y otorgando proyectos y dinero se realiza también con una gran dosis de cinismo en la que imperan simpatías y antipatías.
Está también el caso del argentino Ricardo Miguel Cavallo al que fue más fácil juzgar en España por muchos otros delitos que por el fraude que bajo el amparo de la familia Zedillo Ponce de León pretendió hacer con el registro de automóviles, caso que acumuló un par de crímenes sin aclarar. En el colmo de toda esta exhibición de impunidad se encuentra la “arrastrada” que le propinó Raúl Salinas de Gortari a su todavía esposa Paulina Castañón.
A Juan Camilo Mouriño, titular de Gobernación, el panorama se le ensombrece cada día más. Las pruebas presentadas por Andrés Manuel López Obrador han destapado toda una cloaca en torno a esa familia avecindada en Campeche. Tanto el tabasqueño como el propio Gerardo Fernández Noroña exigen al funcionario que presente pruebas que demuestren que no hubo ningún tráfico de influencias en los más de 12 contratos para transporte de combustible que recibieron sus empresas así como de que renunció a su nacionalidad española antes de ser nombrado funcionario público de primer nivel y claro aspirante a la candidatura presidencial.
Al habitante del Palacio de Covián se le señala también por sus vínculos con los tristemente célebres hermanos Bribiesca Sahagún, con la propia doña Martha y con un senador veracruzano quien también ha sido reiteradamente señalado por favorecer a sus empresas ligadas al sector petrolero, Juan Bueno Torio. Los contratos con los que se han favorecido todos estos personajes de ninguna manera son despreciables, sino todo lo contrario, y de ello bien puede dar cuenta la señora de Fox quien sin el menor rubor declara “a mí que me investiguen”. No dejan duda de que las redes de complicidades van más allá de lo imaginable. Y de todos estos actos que encierran la corrupción que impera en el actual sexenio da cuenta el rancho de 5 hectáreas que posee Juan Camilo Mouriño en Campeche.
Como es sabido, en esas tierras, su padre y demás familia llegaron no sólo huyendo sino con recursos económicos muy limitados, por lo cual resulta inexplicable que en tan poco tiempo hubiesen amasado una fortuna como la que ahora poseen. El 8 de febrero, día en el que se llevaría a cabo la conferencia de la Conago, la cual se suspendió por la muerte del padre del gobernador Jorge Carlos Hurtado, don Juanca invitó a varios gobernadores a su rancho.
Se sorprendieron al percatarse de la finura de los caballos españoles y otras especies animales que poseen en la quinta Villa Gelly. Peña Nieto, del Estado de México; Natividad González Paras, de Nuevo León; Juan Sabines, de Chiapas; el duranguense Ismael Hernández y Silverio Cavazos, de Colima, fueron de los asistentes a una localidad que llaman Imi III en la que apenas si habitan cuatro centenas de campechanos. El nombre del rancho de descanso responde al de la esposa de Mouriño, María Gelly Escalante.
A esta escandalosa propiedad hay que sumarle otras muchas que son gasolineras, las Torres Mouriño y otros negocios que se asentaron en el entorno de donde se encuentran las despachadoras de combustible, lo cual está totalmente prohibido.
Hasta donde se sabe, de muchos de estos negocios Felipe Calderón no estaba totalmente informado por lo que ahora se plantean estrategias para evitar que el avecindado en Campeche tenga que ser removido de su cargo. Aunque si bien hay molestia, esta no ha sido provocada por los abusos de Mouriño sino por haber dejado pistas. Y es que en Los Pinos nadie, pero nadie, tiene “las manos limpias”.
Etiquetas: Gallego Orejón, Usurpador II
posted by H2AGUA at
9:07 p.m.
