México: como en el Viejo Oeste
La Jornada
Las recientes películas de Hollywood, inspiradas en bandas de narcotraficantes y enfrentamientos armados al estilo del Viejo Oeste, apenas si rivalizan con la realidad de la región fronteriza mexicana. La ofensiva contra el crimen organizado y el tráfico de drogas lanzada por el gobierno del presidente Felipe Calderón ha incitado un contragolpe de los cárteles criminales que ha sido aún más sangriento, en particular durante las semanas recientes. Esto es un indicio de que la lucha será prolongada y requerirá de mayor cooperación fronteriza con Estados Unidos.
Luego de tomar posesión, en diciembre de 2006, Calderón adoptó medidas enérgicas contra los cárteles del narcotráfico al enviar casi 25 mil soldados a ciudades y estados donde estas bandas tienen mayor presencia, sobre todo en áreas que lindan con EU. La escalada de violencia resultante tiene, principalmente, dos orígenes: batallas territoriales entre grupos rivales, muchos de los cuales han visto interrumpidas sus actividades por la ofensiva antidrogas, y ataques a la policía y otras fuerzas de seguridad. Los combates han cobrado alrededor de 4 mil vidas en los dos años pasados, 2 mil 500 de ellas en 2007.
Guerra abierta
Las semanas pasadas hubo un impactante repunte de los enfrentamientos en Tijuana, Baja California, foco de actividad criminal durante mucho tiempo. El 15 de enero, pistoleros asesinaron a tres comandantes policiacos en la ciudad (días antes, fueron también liquidados agentes federales en Tamaulipas y Michoacán). En algunos casos los miembros de las familias, aun los niños, fueron ultimados o heridos.
El 17 de enero se produjo en Tijuana una batalla feroz de tres horas entre fuerzas gubernamentales y supuestos pistoleros del cártel de los Arellano Félix, quienes utilizaron armas de alto poder como lanzagranadas y ametralladoras. Hubo ocho muertes. Una semana antes ocurrió una batalla similar en Río Bravo, ciudad cercana a la frontera con Texas.
Para incrementar aún más la violencia, varios jueces federales han sido ultimados en los últimos días. El 19 de enero un agente de la Patrulla Fronteriza estadunidense fue atropellado y muerto por presuntos narcotraficantes en el lado estadunidense de la frontera, lo que subraya la creciente naturaleza fronteriza del problema.
Los asesinatos y tiroteos muestran también el nivel de reacción de los criminales y la enorme presión que ejercen las fuerzas de seguridad sobre ellos. Al mismo tiempo, el gobierno no puede reivindicar resultados en términos de combate a la violencia, ya que ésta ha aumentado, más que disminuir, desde que se iniciaron las severas medidas.
El gobierno se ha apuntado numerosas victorias en la guerra contra el narco, incluyendo la captura y extradición a EU de cabecillas de la droga. El 21 de enero, agentes mexicanos detuvieron a un importante traficante, Alfredo Beltrán Leyva, presunto líder del tristemente célebre cártel de Sinaloa. De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública, durante los días recientes, alrededor de 50 miembros del cártel de Golfo, otros 11 miembros del de Sinaloa y cuatro del de los Arellano Félix, con base en Tijuana, han sido capturados.
Aun así, la violencia ha continuado, y no sólo ha costado vidas. También entorpece la industria del turismo en la zona fronteriza. Según la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles, el año pasado visitaron ciudades fronterizas casi seis millones menos de turistas que en 2006, y bajaron las reservaciones de habitaciones de hoteles y paquetes de viaje.
Las medidas han tensado las relaciones con EU. Mientras las autoridades estadunidenses han alabado la audacia y la determinación de Calderón, las autoridades mexicanas expresaban su frecuente frustración porque EU no hace lo suficiente para contener el flujo de armas, dinero y, en algunos casos, insumos (metanfetamina) para la producción de drogas a través de su frontera con México (o combatir la demanda de drogas en su territorio).
Esfuerzo conjunto
Para atender el problema del tráfico de drogas, es imprescindible una mayor cooperación y un nuevo discurso de “responsabilidad compartida”. El año pasado, el gobierno de Calderón acordó con Washington un paquete de ayuda de tres años con valor de mil 400 mdd, disponible en 2008, para ayudar a México a combatir la industria de drogas. Pero el paquete ha sido criticado por legisladores de ambos países y todavía requiere la aprobación del Congreso.
De manera más reciente, el fiscal general de EU, Michael Mukasey, visitó México para discutir otras áreas de colaboración. Prometió otorgar a las fuerzas de seguridad mexicanas mayor acceso a las bases de datos electrónicas para rastrear armas.
Mientras tanto, la semana pasada, Michael Chertoff, secretario de Seguridad Interna de EU, atribuyó el incremento de la violencia a una mejor seguridad fronteriza y expresó que probablemente aumentaría aún más a medida que los criminales contrataquen (y sostuvo que el florecimiento de la violencia corresponde al éxito en detener el flujo de droga a través de la frontera). Sin embargo, la mayor parte de la reciente inversión en la seguridad de la frontera (como la construcción de un muro y el refuerzo de la Patrulla Fronteriza) está abocada a obstruir la entrada de trabajadores mexicanos indocumentados más que de drogas ilegales.
Lucha a largo plazo
Calderón ha reconocido que la amenaza que plantean el crimen y los narcotraficantes es el mayor desafío de su gobierno. Si la mejoría en seguridad resulta inalcanzable, la inconformidad ciudadana con la política en esta materia, e incluso con el presidente, podría elevarse.
Sin embargo, no hay una solución a corto plazo. Entre los objetivos importantes a largo plazo estará erradicar la corrupción de la policía local y la reforma del sistema judicial. Esto podría enfrentar la resistencia de intereses firmemente enraizados.
El gobierno ha comenzado ya con los policías locales, a quienes se somete con mayor frecuencia a exámenes antidrogas, polígrafos e investigaciones de sus finanzas personales para identificar a quienes cooperan con narcotraficantes. El 22 de enero, policías locales fueron desarmados en las ciudades fronterizas de Nuevo Laredo, Matamoros y Reynosa y relevados por fuerzas federales especiales de elite para que pudieran ser investigados. El año pasado, el Ejército llevó a cabo operaciones similares en las ciudades de Tijuana, Monterrey y otras. El procurador general, Eduardo Medina Mora, ha dicho que tales acciones, y las purgas de policías federales, estatales y locales, son sólo el principio
Resta por ver si las iniciativas del gobierno de Calderón darán frutos. Es probable que la ofensiva requiera no sólo operaciones antidrogas, sino una reconstrucción institucional que llevará años concretar. Por consiguiente, el esfuerzo podría ser tan prolongado que bien podría extenderse más allá del mandato de seis años de Felipe Calderón.
Las recientes películas de Hollywood, inspiradas en bandas de narcotraficantes y enfrentamientos armados al estilo del Viejo Oeste, apenas si rivalizan con la realidad de la región fronteriza mexicana. La ofensiva contra el crimen organizado y el tráfico de drogas lanzada por el gobierno del presidente Felipe Calderón ha incitado un contragolpe de los cárteles criminales que ha sido aún más sangriento, en particular durante las semanas recientes. Esto es un indicio de que la lucha será prolongada y requerirá de mayor cooperación fronteriza con Estados Unidos.
Luego de tomar posesión, en diciembre de 2006, Calderón adoptó medidas enérgicas contra los cárteles del narcotráfico al enviar casi 25 mil soldados a ciudades y estados donde estas bandas tienen mayor presencia, sobre todo en áreas que lindan con EU. La escalada de violencia resultante tiene, principalmente, dos orígenes: batallas territoriales entre grupos rivales, muchos de los cuales han visto interrumpidas sus actividades por la ofensiva antidrogas, y ataques a la policía y otras fuerzas de seguridad. Los combates han cobrado alrededor de 4 mil vidas en los dos años pasados, 2 mil 500 de ellas en 2007.
Guerra abierta
Las semanas pasadas hubo un impactante repunte de los enfrentamientos en Tijuana, Baja California, foco de actividad criminal durante mucho tiempo. El 15 de enero, pistoleros asesinaron a tres comandantes policiacos en la ciudad (días antes, fueron también liquidados agentes federales en Tamaulipas y Michoacán). En algunos casos los miembros de las familias, aun los niños, fueron ultimados o heridos.
El 17 de enero se produjo en Tijuana una batalla feroz de tres horas entre fuerzas gubernamentales y supuestos pistoleros del cártel de los Arellano Félix, quienes utilizaron armas de alto poder como lanzagranadas y ametralladoras. Hubo ocho muertes. Una semana antes ocurrió una batalla similar en Río Bravo, ciudad cercana a la frontera con Texas.
Para incrementar aún más la violencia, varios jueces federales han sido ultimados en los últimos días. El 19 de enero un agente de la Patrulla Fronteriza estadunidense fue atropellado y muerto por presuntos narcotraficantes en el lado estadunidense de la frontera, lo que subraya la creciente naturaleza fronteriza del problema.
Los asesinatos y tiroteos muestran también el nivel de reacción de los criminales y la enorme presión que ejercen las fuerzas de seguridad sobre ellos. Al mismo tiempo, el gobierno no puede reivindicar resultados en términos de combate a la violencia, ya que ésta ha aumentado, más que disminuir, desde que se iniciaron las severas medidas.
El gobierno se ha apuntado numerosas victorias en la guerra contra el narco, incluyendo la captura y extradición a EU de cabecillas de la droga. El 21 de enero, agentes mexicanos detuvieron a un importante traficante, Alfredo Beltrán Leyva, presunto líder del tristemente célebre cártel de Sinaloa. De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública, durante los días recientes, alrededor de 50 miembros del cártel de Golfo, otros 11 miembros del de Sinaloa y cuatro del de los Arellano Félix, con base en Tijuana, han sido capturados.
Aun así, la violencia ha continuado, y no sólo ha costado vidas. También entorpece la industria del turismo en la zona fronteriza. Según la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles, el año pasado visitaron ciudades fronterizas casi seis millones menos de turistas que en 2006, y bajaron las reservaciones de habitaciones de hoteles y paquetes de viaje.
Las medidas han tensado las relaciones con EU. Mientras las autoridades estadunidenses han alabado la audacia y la determinación de Calderón, las autoridades mexicanas expresaban su frecuente frustración porque EU no hace lo suficiente para contener el flujo de armas, dinero y, en algunos casos, insumos (metanfetamina) para la producción de drogas a través de su frontera con México (o combatir la demanda de drogas en su territorio).
Esfuerzo conjunto
Para atender el problema del tráfico de drogas, es imprescindible una mayor cooperación y un nuevo discurso de “responsabilidad compartida”. El año pasado, el gobierno de Calderón acordó con Washington un paquete de ayuda de tres años con valor de mil 400 mdd, disponible en 2008, para ayudar a México a combatir la industria de drogas. Pero el paquete ha sido criticado por legisladores de ambos países y todavía requiere la aprobación del Congreso.
De manera más reciente, el fiscal general de EU, Michael Mukasey, visitó México para discutir otras áreas de colaboración. Prometió otorgar a las fuerzas de seguridad mexicanas mayor acceso a las bases de datos electrónicas para rastrear armas.
Mientras tanto, la semana pasada, Michael Chertoff, secretario de Seguridad Interna de EU, atribuyó el incremento de la violencia a una mejor seguridad fronteriza y expresó que probablemente aumentaría aún más a medida que los criminales contrataquen (y sostuvo que el florecimiento de la violencia corresponde al éxito en detener el flujo de droga a través de la frontera). Sin embargo, la mayor parte de la reciente inversión en la seguridad de la frontera (como la construcción de un muro y el refuerzo de la Patrulla Fronteriza) está abocada a obstruir la entrada de trabajadores mexicanos indocumentados más que de drogas ilegales.
Lucha a largo plazo
Calderón ha reconocido que la amenaza que plantean el crimen y los narcotraficantes es el mayor desafío de su gobierno. Si la mejoría en seguridad resulta inalcanzable, la inconformidad ciudadana con la política en esta materia, e incluso con el presidente, podría elevarse.
Sin embargo, no hay una solución a corto plazo. Entre los objetivos importantes a largo plazo estará erradicar la corrupción de la policía local y la reforma del sistema judicial. Esto podría enfrentar la resistencia de intereses firmemente enraizados.
El gobierno ha comenzado ya con los policías locales, a quienes se somete con mayor frecuencia a exámenes antidrogas, polígrafos e investigaciones de sus finanzas personales para identificar a quienes cooperan con narcotraficantes. El 22 de enero, policías locales fueron desarmados en las ciudades fronterizas de Nuevo Laredo, Matamoros y Reynosa y relevados por fuerzas federales especiales de elite para que pudieran ser investigados. El año pasado, el Ejército llevó a cabo operaciones similares en las ciudades de Tijuana, Monterrey y otras. El procurador general, Eduardo Medina Mora, ha dicho que tales acciones, y las purgas de policías federales, estatales y locales, son sólo el principio
Resta por ver si las iniciativas del gobierno de Calderón darán frutos. Es probable que la ofensiva requiera no sólo operaciones antidrogas, sino una reconstrucción institucional que llevará años concretar. Por consiguiente, el esfuerzo podría ser tan prolongado que bien podría extenderse más allá del mandato de seis años de Felipe Calderón.
posted by H2AGUA at
9:43 p.m.
