Endurece Calderón su política laboral
Revista Contralínea
Legisladores, juristas y organizaciones sindicales analizan la reforma laboral que funcionarios de la Secretaría del Trabajo cabildean en el Congreso, mientras que el gobierno de Felipe Calderón retoma la Ley Abascal para intentar modificar sustancialmente el artículo 123 constitucional y la Ley Federal del Trabajo
El gobierno de Felipe Calderón, a través de su secretario del Trabajo, Javier Lozano Alarcón, cabildea un paquete de reformas que, según los analistas, pretende transformaciones que impactarían a la clase trabajadora de forma más drástica que la llamada Ley Abascal.
Si el titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) durante el foxismo, Carlos María Abascal Carranza, pretendía desaparecer el salario mínimo, “flexibilizar” la jornada laboral, sustituir las prestaciones por “incentivos a la calidad y desempeño”, además de la contratación a prueba, ahora el paquete de reformas del calderonismo profundiza en la disminución de las obligaciones patronales.
En una reunión de banqueros, el pasado 21 de noviembre, el subsecretario del Trabajo, Álvaro Castro, reveló que la STPS enviará en los próximos días al Congreso su propuesta para reformar la Ley Federal del Trabajo (LFT), que incluye la contratación individual y a prueba; la desaparición de las ocho horas por jornadas flexibles; los bancos de horas laborales, y la cancelación de los registros sindicales a los organizaciones que no actualicen sus padrones.
Fuentes de la STPS revelan que la propuesta plantea también el reemplazo del salario mínimo por el salario por hora; elimina los escalafones, la antigüedad y la prima de antigüedad; modifica el cambio en el esquema de reparto de utilidades, la tabla de enfermedades profesionales y el régimen de pensiones; condiciona el derecho a huelga al sujetarlo a un procedimiento administrativo, entre otros.
Francisco Hernández Juárez, presidente de la Unión Nacional de Trabajadores (UNT), que aglutina a más de 200 sindicatos, dice que, hasta el momento, la STPS no ha consultado a las dirigencias gremiales para la elaboración del proyecto anunciado por Álvaro Castro; reclama que, al igual que Carlos Abascal Carranza, Javier Lozano diseña un modelo patronal. Por ello, advierte, “nos opondremos, porque no se están tomando en cuenta nuestros puntos de vista ni las necesidades de los trabajadores”.
Hernández Juárez asegura que la política de Felipe Calderón en materia laboral será la misma que la de Vicente Fox: “Empezamos a tener cada vez más sospecha de que Lozano va en esa dirección, a seguir los pasos de la Ley Abascal, de querer imponer condiciones desfavorables a los trabajadores y a los sindicatos”.
Aunque el proyecto de reforma es todavía un secreto a voces en el Congreso, el presidente de la Comisión del Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputados, Tomás del Toro del Villar, confirma a Contralínea que en las primeras semanas de 2008 le darán entrada a la propuesta de Javier Lozano, la cual podría discutirse en el primer trimestre del año. Para el legislador, la reforma laboral es “uno de los temas clave en la agenda legislativa”.
Tomás del Toro confirma que aunque formalmente la STPS aún no remite el documento al Legislativo, ha tenido reuniones personales con el secretario del Trabajo para discutir el tema, y adelanta que su postura como presidente de la Comisión será “que se reformen los aspectos de la ley, que tienen que ver con las áreas de oportunidad, que para efectos de productividad y competitividad deben ser actualizados”.
Sin precisar, el legislador del Partido Acción Nacional (PAN) explica que son varios rubros de la LFT los que plantea “modernizar” la administración de Felipe Calderón y que él respaldará, asegura, “siempre y cuando deje el artículo 123 como está, es decir, que no vulnere ni la autonomía sindical, ni el derecho de los trabajadores”.
Sin embargo, para los juristas, la aprobación en septiembre pasado de las reformas al artículo 65 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y al artículo 20 del Presupuesto de Egresos de la Federación (propuestas por la Secretaría de Hacienda), que restan beneficios económicos, prestaciones derivadas de los contratos colectivos de trabajo, y modifican de manera sustancial las condiciones de los trabajadores del sector público no sindicalizados –tanto del apartado “A” (asalariados en general), como del “B” (que cotizan en el ISSSTE)–, es el preámbulo de los cambios que la administración calderonista intenta hacer al artículo 123 constitucional.
Los abogados laboristas Arturo Alcalde Justiniani y Néstor de Buen aseguran que dicha reforma vulnera el principio básico de la legalidad que es el de supremacía de leyes, pues, explican, modifica la LFT y viola la Constitución.
El diputado federal Tomás del Toro del Villar dice que, contrario al rechazo que en su momento los legisladores hicieron de la propuesta promovida por Carlos Abascal, actualmente hay consenso “para que se modernice la Ley Federal del Trabajo”.
No obstante, De Buen, maestro emérito del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, señala que el Congreso deberá reconsiderar tanto la aplicación de la reforma presupuestal (que, se estima, en algunos sectores afectará a más del 60 por ciento de los trabajadores), como la propuesta que cabildea Lozano; de lo contrario “habrá confrontaciones muy duras, porque los trabajadores no están dispuestos a que se sigan pisoteando sus derechos y lo que se pretende es un grave retroceso en materia laboral”.
Negro futuro
Premio Nacional de Jurisprudencia y exvicepresidente de la Sociedad Internacional de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, Néstor de Buen analiza el proyecto que en breve enviará al Congreso Javier Lozano, y cuyos puntos neurálgicos hizo públicos el subsecretario Álvaro Castro.
“Se pretende dejar a los trabajadores sin estabilidad en el empleo, que tengan que hacer toda la chamba que les encarguen por horas pagadas. La creación de bancos de horas es para hacer un depósito de horas extras, que los trabajadores no tendrán la seguridad de que realmente se les paguen. Si los hacen trabajar 14 horas, en lugar de las ocho que marca la ley, las otras seis se las depositarán en ese banco de horas, y ya luego el patrón decidirá cómo se las paga. No se las van a pagar: les van a decir mañana trabajas dos menos. Como va a desaparecer la jornada fija por la jornada flexible, el patrón puede decidir cuánto trabaja sin que la ley lo regule.”
De Buen explica que la administración de Felipe Calderón pretende también crear una ley para que los juicios contra el Instituto Mexicano del Seguro Social, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y el Instituto del Fondo Nacional del Fomento a la Vivienda de los Trabajadores se manejen de forma independiente, es decir, que se dé trato diferente a cada sector de trabajadores, y no igualitario, como ordena la Constitución. Así que, explica, “éste es un retroceso con un anticipo de un retroceso mayor, un aviso de lo que será la reforma de Lozano. Lo que se busca es arrebatar a los trabajadores del país todos sus derechos”.
El diputado José Antonio Almazán González, secretario de la Comisión del Trabajo y Previsión Social, define el proyecto de reforma laboral de Calderón como “la manga ancha para que los patrones violen impunemente la Constitución”. Asegura que 2008 será “un año de fuerte conflicto social, por una serie de acciones, de decisiones que en materia laboral ya está anunciando el gobierno de Calderón, fundamentalmente la contrarreforma a la Ley Federal del Trabajo, y lo que proponen ellos es no dejar ni siquiera un esqueleto de la ley; por ello, sus principales acciones atentan contra la utilidad en el empleo”.
Miembro del Sindicato Mexicano de Electricistas, el legislador señala que el mensaje que el Legislativo pretende enviar a los patrones es “que se sientan tranquilos, que van a seguir contando con espacios para que inviertan sin cortapisas. Durante el gobierno de Calderón irán por lo que resta de las conquistas obreras, que son resultado de una revolución armada, en la que murieron más de un millón de mexicanos, y de las históricas huelgas de Cananea y Río Blanco”.
Hernández Juárez coincide en que “prevemos tiempos difíciles para este año, sobre todo si quieren imponer su reforma laboral patronal, porque el ánimo social está muy caldeado, los trabajadores inconformes, y puede llegar un momento en que todo se salga de control”.
Denuncia que Felipe Calderón “está intentando disciplinar a las dirigencias sindicales. Quiere que se apoyen medidas que van en contra de los trabajadores, pero dan mayor capacidad de operación al gobierno y a las empresas, lo mismo en las políticas laborales que en las económicas, como los topes salariales, la restricción para que haya un sindicalismo libre y democrático. El gobierno actual quiere mayor control del sindicalismo, lo que significa mayor desventaja de los trabajadores para seguir con este modelo económico que sólo beneficia a unos cuantos”.
La resistencia
La primera modificación en materia laboral del sexenio (insertada en la reforma presupuestal) encontró eco en el Congreso, pero no entre la clase trabajadora. A partir de su publicación en el Diario Oficial, el pasado 1 de octubre, miles de empleados de Petróleos Mexicanos, Comisión Federal de Electricidad, y Luz y Fuerza del Centro se ampararon contra ésta, y otros lo harán en cuanto se les apliquen por primera vez las nuevas disposiciones.
Para fortalecer la resistencia a las reformas laborales en puerta, miles de trabajadores no sindicalizados de Pemex crearon el denominado Comité Pro Defensa de los Derechos del Trabajador No Sindicalizado de la Industria Petrolera, al cual se han ido incorporando trabajadores del IMSS, CFE, LFC, el Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana, el Sindicato Nacional del Seguro Social, el Sindicato de Trabajadores Administrativos y de Intendencia de la Universidad Autónoma de Tabasco, que entre otras, lanzó la alerta para que ninguno de los trabajadores firme el Contrato Individual de Trabajo (Contralínea 92).
“Se ha desatado una fiebre jurídica en contra de los organismos, pero sobre todo en contra del gobierno porque esto es indecente. ¿Qué puede pensarse de una ley de presupuesto que le hace reformas a la Ley Federal del Trabajo para que nadie se entere?”, dice el abogado Néstor de Buen.
Francisco Hernández Juárez advierte que en los primeros meses de 2008 las organizaciones obreras y campesinas que aglutina la UNT (entre las que destacan el Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana, la Federación Nacional de Sindicatos Universitarios, el Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social y la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos) iniciarán movilizaciones para protestar por la exclusión de los trabajadores en la discusión de la pretendida reforma laboral.
“Vamos a condensar a las organizaciones campesinas y a las sociales. El gobierno va a tomar medidas muy agresivas contra la población y la mayoría de los trabajadores, como la pretendida reforma laboral, y prevemos también que se castigarán las condiciones salariales y el nivel de vida de los trabajadores. Habrá una escalada de precios cuando se anuncie el aumento a la gasolina por doble ocasión. Todo en contra de los trabajadores”, dice el sindicalista.
Ricardo Decle López, Yolanda Salazar Zamarrita, Alfonso Quino Pulido, Alfredo Hernández Peñaloza, Inés Guadalupe Rivera Ruiz, Genaro Aguirre Álvarez, integrantes del Comité Pro Defensa de los Derechos del Trabajador No Sindicalizado, explican que ya preparan una campaña internacional para denunciar en Estados Unidos, Canadá, América Latina y Europa el “abrupto” panorama laboral del gobierno de Felipe Calderón. “Tenemos que recurrir a la denuncia internacional pues es a esto a lo que verdaderamente temen las autoridades”, explica Hernández Peñaloza.
El diputado José Antonio Almazán dice que las reformas que pretende Calderón “podrían provocar un conflicto social, porque los trabajadores ya están hartos de la sobreexplotación. Aunque el Ejecutivo piensa que con los dos tercios que les den los diputados del PRI y el PAN sacarán adelante las reformas, con los trabajadores en las calles algunos diputados les daremos batalla en el Congreso”.
El jurista Néstor de Buen explica que, de aprobarse la propuesta de Javier Lozano, cuyos planteamientos, asegura, son violatorios del artículo 123, la medida emergente que deberán tomar los trabajadores será ampararse. “Es el recurso legal al que pueden recurrir pare evitar que se vulneren sus derechos, en tanto la Suprema Corte de Justicia determine la inconstitucionalidad”.
Legisladores, juristas y organizaciones sindicales analizan la reforma laboral que funcionarios de la Secretaría del Trabajo cabildean en el Congreso, mientras que el gobierno de Felipe Calderón retoma la Ley Abascal para intentar modificar sustancialmente el artículo 123 constitucional y la Ley Federal del Trabajo
El gobierno de Felipe Calderón, a través de su secretario del Trabajo, Javier Lozano Alarcón, cabildea un paquete de reformas que, según los analistas, pretende transformaciones que impactarían a la clase trabajadora de forma más drástica que la llamada Ley Abascal.
Si el titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) durante el foxismo, Carlos María Abascal Carranza, pretendía desaparecer el salario mínimo, “flexibilizar” la jornada laboral, sustituir las prestaciones por “incentivos a la calidad y desempeño”, además de la contratación a prueba, ahora el paquete de reformas del calderonismo profundiza en la disminución de las obligaciones patronales.
En una reunión de banqueros, el pasado 21 de noviembre, el subsecretario del Trabajo, Álvaro Castro, reveló que la STPS enviará en los próximos días al Congreso su propuesta para reformar la Ley Federal del Trabajo (LFT), que incluye la contratación individual y a prueba; la desaparición de las ocho horas por jornadas flexibles; los bancos de horas laborales, y la cancelación de los registros sindicales a los organizaciones que no actualicen sus padrones.
Fuentes de la STPS revelan que la propuesta plantea también el reemplazo del salario mínimo por el salario por hora; elimina los escalafones, la antigüedad y la prima de antigüedad; modifica el cambio en el esquema de reparto de utilidades, la tabla de enfermedades profesionales y el régimen de pensiones; condiciona el derecho a huelga al sujetarlo a un procedimiento administrativo, entre otros.
Francisco Hernández Juárez, presidente de la Unión Nacional de Trabajadores (UNT), que aglutina a más de 200 sindicatos, dice que, hasta el momento, la STPS no ha consultado a las dirigencias gremiales para la elaboración del proyecto anunciado por Álvaro Castro; reclama que, al igual que Carlos Abascal Carranza, Javier Lozano diseña un modelo patronal. Por ello, advierte, “nos opondremos, porque no se están tomando en cuenta nuestros puntos de vista ni las necesidades de los trabajadores”.
Hernández Juárez asegura que la política de Felipe Calderón en materia laboral será la misma que la de Vicente Fox: “Empezamos a tener cada vez más sospecha de que Lozano va en esa dirección, a seguir los pasos de la Ley Abascal, de querer imponer condiciones desfavorables a los trabajadores y a los sindicatos”.
Aunque el proyecto de reforma es todavía un secreto a voces en el Congreso, el presidente de la Comisión del Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputados, Tomás del Toro del Villar, confirma a Contralínea que en las primeras semanas de 2008 le darán entrada a la propuesta de Javier Lozano, la cual podría discutirse en el primer trimestre del año. Para el legislador, la reforma laboral es “uno de los temas clave en la agenda legislativa”.
Tomás del Toro confirma que aunque formalmente la STPS aún no remite el documento al Legislativo, ha tenido reuniones personales con el secretario del Trabajo para discutir el tema, y adelanta que su postura como presidente de la Comisión será “que se reformen los aspectos de la ley, que tienen que ver con las áreas de oportunidad, que para efectos de productividad y competitividad deben ser actualizados”.
Sin precisar, el legislador del Partido Acción Nacional (PAN) explica que son varios rubros de la LFT los que plantea “modernizar” la administración de Felipe Calderón y que él respaldará, asegura, “siempre y cuando deje el artículo 123 como está, es decir, que no vulnere ni la autonomía sindical, ni el derecho de los trabajadores”.
Sin embargo, para los juristas, la aprobación en septiembre pasado de las reformas al artículo 65 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y al artículo 20 del Presupuesto de Egresos de la Federación (propuestas por la Secretaría de Hacienda), que restan beneficios económicos, prestaciones derivadas de los contratos colectivos de trabajo, y modifican de manera sustancial las condiciones de los trabajadores del sector público no sindicalizados –tanto del apartado “A” (asalariados en general), como del “B” (que cotizan en el ISSSTE)–, es el preámbulo de los cambios que la administración calderonista intenta hacer al artículo 123 constitucional.
Los abogados laboristas Arturo Alcalde Justiniani y Néstor de Buen aseguran que dicha reforma vulnera el principio básico de la legalidad que es el de supremacía de leyes, pues, explican, modifica la LFT y viola la Constitución.
El diputado federal Tomás del Toro del Villar dice que, contrario al rechazo que en su momento los legisladores hicieron de la propuesta promovida por Carlos Abascal, actualmente hay consenso “para que se modernice la Ley Federal del Trabajo”.
No obstante, De Buen, maestro emérito del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, señala que el Congreso deberá reconsiderar tanto la aplicación de la reforma presupuestal (que, se estima, en algunos sectores afectará a más del 60 por ciento de los trabajadores), como la propuesta que cabildea Lozano; de lo contrario “habrá confrontaciones muy duras, porque los trabajadores no están dispuestos a que se sigan pisoteando sus derechos y lo que se pretende es un grave retroceso en materia laboral”.
Negro futuro
Premio Nacional de Jurisprudencia y exvicepresidente de la Sociedad Internacional de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, Néstor de Buen analiza el proyecto que en breve enviará al Congreso Javier Lozano, y cuyos puntos neurálgicos hizo públicos el subsecretario Álvaro Castro.
“Se pretende dejar a los trabajadores sin estabilidad en el empleo, que tengan que hacer toda la chamba que les encarguen por horas pagadas. La creación de bancos de horas es para hacer un depósito de horas extras, que los trabajadores no tendrán la seguridad de que realmente se les paguen. Si los hacen trabajar 14 horas, en lugar de las ocho que marca la ley, las otras seis se las depositarán en ese banco de horas, y ya luego el patrón decidirá cómo se las paga. No se las van a pagar: les van a decir mañana trabajas dos menos. Como va a desaparecer la jornada fija por la jornada flexible, el patrón puede decidir cuánto trabaja sin que la ley lo regule.”
De Buen explica que la administración de Felipe Calderón pretende también crear una ley para que los juicios contra el Instituto Mexicano del Seguro Social, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y el Instituto del Fondo Nacional del Fomento a la Vivienda de los Trabajadores se manejen de forma independiente, es decir, que se dé trato diferente a cada sector de trabajadores, y no igualitario, como ordena la Constitución. Así que, explica, “éste es un retroceso con un anticipo de un retroceso mayor, un aviso de lo que será la reforma de Lozano. Lo que se busca es arrebatar a los trabajadores del país todos sus derechos”.
El diputado José Antonio Almazán González, secretario de la Comisión del Trabajo y Previsión Social, define el proyecto de reforma laboral de Calderón como “la manga ancha para que los patrones violen impunemente la Constitución”. Asegura que 2008 será “un año de fuerte conflicto social, por una serie de acciones, de decisiones que en materia laboral ya está anunciando el gobierno de Calderón, fundamentalmente la contrarreforma a la Ley Federal del Trabajo, y lo que proponen ellos es no dejar ni siquiera un esqueleto de la ley; por ello, sus principales acciones atentan contra la utilidad en el empleo”.
Miembro del Sindicato Mexicano de Electricistas, el legislador señala que el mensaje que el Legislativo pretende enviar a los patrones es “que se sientan tranquilos, que van a seguir contando con espacios para que inviertan sin cortapisas. Durante el gobierno de Calderón irán por lo que resta de las conquistas obreras, que son resultado de una revolución armada, en la que murieron más de un millón de mexicanos, y de las históricas huelgas de Cananea y Río Blanco”.
Hernández Juárez coincide en que “prevemos tiempos difíciles para este año, sobre todo si quieren imponer su reforma laboral patronal, porque el ánimo social está muy caldeado, los trabajadores inconformes, y puede llegar un momento en que todo se salga de control”.
Denuncia que Felipe Calderón “está intentando disciplinar a las dirigencias sindicales. Quiere que se apoyen medidas que van en contra de los trabajadores, pero dan mayor capacidad de operación al gobierno y a las empresas, lo mismo en las políticas laborales que en las económicas, como los topes salariales, la restricción para que haya un sindicalismo libre y democrático. El gobierno actual quiere mayor control del sindicalismo, lo que significa mayor desventaja de los trabajadores para seguir con este modelo económico que sólo beneficia a unos cuantos”.
La resistencia
La primera modificación en materia laboral del sexenio (insertada en la reforma presupuestal) encontró eco en el Congreso, pero no entre la clase trabajadora. A partir de su publicación en el Diario Oficial, el pasado 1 de octubre, miles de empleados de Petróleos Mexicanos, Comisión Federal de Electricidad, y Luz y Fuerza del Centro se ampararon contra ésta, y otros lo harán en cuanto se les apliquen por primera vez las nuevas disposiciones.
Para fortalecer la resistencia a las reformas laborales en puerta, miles de trabajadores no sindicalizados de Pemex crearon el denominado Comité Pro Defensa de los Derechos del Trabajador No Sindicalizado de la Industria Petrolera, al cual se han ido incorporando trabajadores del IMSS, CFE, LFC, el Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana, el Sindicato Nacional del Seguro Social, el Sindicato de Trabajadores Administrativos y de Intendencia de la Universidad Autónoma de Tabasco, que entre otras, lanzó la alerta para que ninguno de los trabajadores firme el Contrato Individual de Trabajo (Contralínea 92).
“Se ha desatado una fiebre jurídica en contra de los organismos, pero sobre todo en contra del gobierno porque esto es indecente. ¿Qué puede pensarse de una ley de presupuesto que le hace reformas a la Ley Federal del Trabajo para que nadie se entere?”, dice el abogado Néstor de Buen.
Francisco Hernández Juárez advierte que en los primeros meses de 2008 las organizaciones obreras y campesinas que aglutina la UNT (entre las que destacan el Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana, la Federación Nacional de Sindicatos Universitarios, el Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social y la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos) iniciarán movilizaciones para protestar por la exclusión de los trabajadores en la discusión de la pretendida reforma laboral.
“Vamos a condensar a las organizaciones campesinas y a las sociales. El gobierno va a tomar medidas muy agresivas contra la población y la mayoría de los trabajadores, como la pretendida reforma laboral, y prevemos también que se castigarán las condiciones salariales y el nivel de vida de los trabajadores. Habrá una escalada de precios cuando se anuncie el aumento a la gasolina por doble ocasión. Todo en contra de los trabajadores”, dice el sindicalista.
Ricardo Decle López, Yolanda Salazar Zamarrita, Alfonso Quino Pulido, Alfredo Hernández Peñaloza, Inés Guadalupe Rivera Ruiz, Genaro Aguirre Álvarez, integrantes del Comité Pro Defensa de los Derechos del Trabajador No Sindicalizado, explican que ya preparan una campaña internacional para denunciar en Estados Unidos, Canadá, América Latina y Europa el “abrupto” panorama laboral del gobierno de Felipe Calderón. “Tenemos que recurrir a la denuncia internacional pues es a esto a lo que verdaderamente temen las autoridades”, explica Hernández Peñaloza.
El diputado José Antonio Almazán dice que las reformas que pretende Calderón “podrían provocar un conflicto social, porque los trabajadores ya están hartos de la sobreexplotación. Aunque el Ejecutivo piensa que con los dos tercios que les den los diputados del PRI y el PAN sacarán adelante las reformas, con los trabajadores en las calles algunos diputados les daremos batalla en el Congreso”.
El jurista Néstor de Buen explica que, de aprobarse la propuesta de Javier Lozano, cuyos planteamientos, asegura, son violatorios del artículo 123, la medida emergente que deberán tomar los trabajadores será ampararse. “Es el recurso legal al que pueden recurrir pare evitar que se vulneren sus derechos, en tanto la Suprema Corte de Justicia determine la inconstitucionalidad”.
posted by H2AGUA at
12:18 a.m.
