En marcha y en secreto, la privatización del petróleo
Revista Siempre / Magdalena Galindo
Ahora sí los panistas, con Calderón a la cabeza, y priístas como Jesús Reyes Heroles, Manlio Fabio Beltrones, Emilio Gamboa Patrón y Francisco Labastida, entre otros, en calidad de aliados, están dispuestos a llevar adelante la privatización de Petróleos Mexicanos, entregando así a empresarios nacionales y principalmente extranjeros, la mayor riqueza con que cuenta el pueblo mexicano para el desarrollo del país. Así está planteada la reforma que se discutirá en febrero, en cuanto se inicien las sesiones del Congreso. Por supuesto, hay muchos ciudadanos, no sólo Andrés Manuel López Obrador, ni únicamente los perredistas, que estamos dispuestos a dar una batalla para no permitir que se lleve adelante una privatización, que es equivalente a la enajenación de una parte del territorio nacional y que colocaría nuevamente a las petroleras extranjeras en posesión del energético que pertenece a la nación y que ha sido el pilar fundamental del proceso de industrialización y en general de la economía mexicana.
Es sabido que la principal estrategia de los sucesivos gobiernos y funcionarios ha sido extraer todo el excedente, esto es las utilidades de Pemex, con lo cual la paraestatal no ha podido realizar las necesarias inversiones. Y ahora se utiliza este hecho como el principal argumento para justificar la participación de empresarios privados en las distintas áreas de la industria petrolera. También es sabido que en esta línea política los funcionarios están siguiendo los lineamientos del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, lo que quiere decir, en última instancia, del gobierno de los Estados Unidos y de sus empresarios, que están empeñados en apoderarse del petróleo que hoy no es sólo y todavía el principal energético utilizado en el mundo, sino que es el objetivo de mayor peso en la geopolítica internacional.
Para cualquiera que tenga una visión imparcial de la realidad y un poco de información en teoría política, es claro que el Estado representa los intereses de una clase social; en el caso del mexicano, y en particular del gobierno panista, es obvio que mira por los intereses de la burguesía.
En el caso del petróleo, sin embargo, hay una contradicción de fondo. En primer lugar, porque se supone que los intereses que representa son los de la burguesía nacional, pero resulta que la privatización del energético, como la ya muy adelantada de la electricidad, beneficia primordialmente a las empresas transnacionales y no a las mexicanas que, si exceptuamos el caso de Carlos Slim, tienen muy pocas posibilidades o mejor dicho no el suficiente capital para incursionar en las ramas energéticas.
La otra contradicción está en el hecho de que hasta hoy, las utilidades de Pemex, a través de la sangría fiscal que se le aplica, representan el 37 por ciento de los ingresos gubernamentales. Por supuesto, a la inversión privada que se realice en el sector no se le pueden cobrar los mismos impuestos, pues ningún empresario invertiría si todas sus utilidades van a parar al fisco. De modo que de seguir adelante la privatización, el Estado estaría renunciando a alrededor de un tercio de sus ingresos. Lo que no dicen los funcionarios es que la privatización no sólo significa un despojo multimillonario al pueblo de México, sino que en unos cuantos años pondría en una crisis irreversible a las finanzas de la nación.
Como si eso fuera poco, la semana pasada La Jornada publicó una nota que da cuenta de que los funcionarios de Calderón saben muy bien lo que están haciendo. Como se sabe, el Instituto Federal de Acceso a la Información ha creado un Indice de Expedientes Reservados, a fin de que las dependencias gubernamentales inscriban los documentos que consideran no deben darse a conocer a la opinión pública. Pues resulta que ahí Pemex ha registrado los documentos relativos a sus cuentas bancarias, así como a la negociación de proyectos y contratos y hasta sus resultados de operación. De tal modo que esos expedientes sólo se podrán conocer hasta 2016 o 2018. De modo que la situación financiera de Pemex ya lleva el sello tan de James Bond de sólo para sus ojos. Se nota, pues, que saben lo que están haciendo y no quieren que nos enteremos los ciudadanos.
Ahora sí los panistas, con Calderón a la cabeza, y priístas como Jesús Reyes Heroles, Manlio Fabio Beltrones, Emilio Gamboa Patrón y Francisco Labastida, entre otros, en calidad de aliados, están dispuestos a llevar adelante la privatización de Petróleos Mexicanos, entregando así a empresarios nacionales y principalmente extranjeros, la mayor riqueza con que cuenta el pueblo mexicano para el desarrollo del país. Así está planteada la reforma que se discutirá en febrero, en cuanto se inicien las sesiones del Congreso. Por supuesto, hay muchos ciudadanos, no sólo Andrés Manuel López Obrador, ni únicamente los perredistas, que estamos dispuestos a dar una batalla para no permitir que se lleve adelante una privatización, que es equivalente a la enajenación de una parte del territorio nacional y que colocaría nuevamente a las petroleras extranjeras en posesión del energético que pertenece a la nación y que ha sido el pilar fundamental del proceso de industrialización y en general de la economía mexicana.
Es sabido que la principal estrategia de los sucesivos gobiernos y funcionarios ha sido extraer todo el excedente, esto es las utilidades de Pemex, con lo cual la paraestatal no ha podido realizar las necesarias inversiones. Y ahora se utiliza este hecho como el principal argumento para justificar la participación de empresarios privados en las distintas áreas de la industria petrolera. También es sabido que en esta línea política los funcionarios están siguiendo los lineamientos del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, lo que quiere decir, en última instancia, del gobierno de los Estados Unidos y de sus empresarios, que están empeñados en apoderarse del petróleo que hoy no es sólo y todavía el principal energético utilizado en el mundo, sino que es el objetivo de mayor peso en la geopolítica internacional.
Para cualquiera que tenga una visión imparcial de la realidad y un poco de información en teoría política, es claro que el Estado representa los intereses de una clase social; en el caso del mexicano, y en particular del gobierno panista, es obvio que mira por los intereses de la burguesía.
En el caso del petróleo, sin embargo, hay una contradicción de fondo. En primer lugar, porque se supone que los intereses que representa son los de la burguesía nacional, pero resulta que la privatización del energético, como la ya muy adelantada de la electricidad, beneficia primordialmente a las empresas transnacionales y no a las mexicanas que, si exceptuamos el caso de Carlos Slim, tienen muy pocas posibilidades o mejor dicho no el suficiente capital para incursionar en las ramas energéticas.
La otra contradicción está en el hecho de que hasta hoy, las utilidades de Pemex, a través de la sangría fiscal que se le aplica, representan el 37 por ciento de los ingresos gubernamentales. Por supuesto, a la inversión privada que se realice en el sector no se le pueden cobrar los mismos impuestos, pues ningún empresario invertiría si todas sus utilidades van a parar al fisco. De modo que de seguir adelante la privatización, el Estado estaría renunciando a alrededor de un tercio de sus ingresos. Lo que no dicen los funcionarios es que la privatización no sólo significa un despojo multimillonario al pueblo de México, sino que en unos cuantos años pondría en una crisis irreversible a las finanzas de la nación.
Como si eso fuera poco, la semana pasada La Jornada publicó una nota que da cuenta de que los funcionarios de Calderón saben muy bien lo que están haciendo. Como se sabe, el Instituto Federal de Acceso a la Información ha creado un Indice de Expedientes Reservados, a fin de que las dependencias gubernamentales inscriban los documentos que consideran no deben darse a conocer a la opinión pública. Pues resulta que ahí Pemex ha registrado los documentos relativos a sus cuentas bancarias, así como a la negociación de proyectos y contratos y hasta sus resultados de operación. De tal modo que esos expedientes sólo se podrán conocer hasta 2016 o 2018. De modo que la situación financiera de Pemex ya lleva el sello tan de James Bond de sólo para sus ojos. Se nota, pues, que saben lo que están haciendo y no quieren que nos enteremos los ciudadanos.