El shock
La Jornada / Luis Javier Garrido
La entrega anticonstitucional que hiciera el gobierno de facto de un nuevo contrato para la perforación de 58 nuevos pozos petroleros a Halliburton, trasnacional de la cual es copropietario el vicepresidente de Estados Unidos Dick Cheney, y la cual se halla inmersa en múltiples escándalos de corrupción, confirma que la estrategia de la derecha en el poder para imponer el paquete de cambios neoliberales en México va a ir en todos los frentes.
1. En vísperas de la batalla de la primavera de 2008 por el petróleo mexicano, entre las grandes corporaciones trasnacionales que tienen en el gobierno pelele de Felipe Calderón un instrumento dócil y los sectores organizados de mexicanos que defienden los derechos de México a tener una vía propia de desarrollo y a que los recursos nacionales sean para beneficio de los mexicanos y no de unos cuantos intereses extranjeros, el gobierno de facto tiene como tarea fundamental crear las condiciones para que se dé la gran traición contra México, y para esto va a seguir la estrategia de shock que han impuesto en el mundo los ideólogos del neoliberalismo.
2. La estrategia del shock que se está utilizando en México es muy clara y va destinada a debilitar las resistencias de la sociedad ante las políticas antinacionales y antipopulares del gobierno espurio. En un contexto social deliberadamente planeado, en el que el pueblo de México se halla duramente golpeado por las políticas impuestas desde el poder en este 2008, y que van desde el gasolinazo y la entrada en vigor del capítulo agrario del TLCAN, hasta el clima de violencia generado ex profeso con la supuesta guerra contra el narco, que ni es “guerra” ni va contra “el narco”, sino que es una estrategia que busca amedrentar a la población, se cree que podrán imponerse las medidas que liquidan el proyecto nacional mexicano, y que no se pudieron imponer sino a medias durante los gobiernos de Salinas, de Zedillo y de Fox.
3. La violación sistemática del marco constitucional mexicano en este año por el gobierno de facto panista, atentando contra los derechos sociales e individuales, lo mismo buscando terminar con el derecho a la salud y a la seguridad social que con el derecho a la información, como ha acontecido con el caso de Carmen Aristegui, el hostigamiento a la revista Proceso o las amenazas al periodista Hermann Bellinghausen, indican que con tal de cumplir con los compromisos electorales que lo llevaron al poder por la vía del fraude está dispuesto a todo. Y ahí está como evidencia el hecho de que siguen como presos políticos y para vergüenza de México los luchadores sociales Ignacio del Valle, de Atenco, y Flavio Sosa, de la APPO, y que prosigue el hostigamiento de las comunidades zapatistas en Chiapas: para “disuadir” cualquier tentativa de protesta social.
4. La exigencia del capital trasnacional es, como se sabe, muy clara y supone suprimir todos los obstáculos constitucionales y legales para que las corporaciones petroleras puedan apoderarse plenamente del petróleo de México, regresándose a un escenario equiparable al existente antes de 1938, y ante esto el gobierno de facto sigue teniendo la alternativa en la cual han oscilado los tecnócratas neoliberales del PRI y el PAN en todos estos años, que es la de : a) lanzarse a la contrarreforma constitucional de los artículos 27 y 28, lo que no han podido hacer durante dos décadas o b) proseguir con las políticas de simulación y modificar textos legales secundarios y seguir violando de hecho el marco constitucional, como se viene haciendo desde 1988.
5. La entrega anticonstitucional de un nuevo contrato a Halliburton, que en 2006 había sido señalada por contribuir al financiamiento ilegal de la campaña de Felipe Calderón, y que sería por consiguiente un pago, confirma que los republicanos estadunidenses están impulsando en México de manera abierta estas políticas, descritas con precisión por Naomi Klein en su libro La doctrina del shock. El auge del capitalismo del desastre (Paidós, 2008).
6. La modificación de la Constitución mexicana para entregar el petróleo a las corporaciones extranjeras constituiría un gran triunfo para la administración agonizante de George W. Bush, que lograría con facilidad en 2008, a través de Felipe el pelele, lo que en Irak les ha costado a los estadunidenses décadas y miles de soldados muertos: el control de la riqueza petrolera.
7. La tarea inmediata del español Juan Camilo Mouriño, quien ha asumido en violación al marco constitucional la Secretaría de Gobernación, es doble: consolidar los acuerdos del gobierno espurio con los priístas de Carlos Salinas de Gortari en las dos cámaras, que tienen sus ejecutores en el senador Manlio Fabio Beltrones y el diputado Emilio Gamboa Patrón (lo que parece no tener mayor problema, pues las resistencias en el interior del PRI son muy reducidas), y enfrentar la inconformidad social, que parece el problema mayor.
8. El pacto PRI-PAN en el Congreso para entregar la industria petrolera no parece tener en el contexto actual más obstáculo que en la posición de algunos legisladores priístas, avalados por un sector entreguista del PRD, que aún sin oponerse al fondo de estas políticas sostiene que hay que seguir teniendo una posición gradualista: evitando los cambios constitucionales y prosiguiendo con el entreguismo de facto.
9. El obstáculo mayor para que pueda culminar esta traición a México se halla, como siempre, en la sociedad, y es ahí donde el gobierno de la derecha tiene el mayor temor, de ahí esa desaforada campaña en los medios, encabezada por Televisa y sus noticieros, que pretende confundir a los mexicanos ante lo que está aconteciendo.
10. Las dimensiones de la protesta social ante la entrega del petróleo mexicano, y en especial las posibles acciones del movimiento encabezado por Andrés Manuel López Obrador, constituyen para los equipos de Los Pinos y de Bucareli una incógnita, y aun y cuando los panistas están dirigidos en sus acciones desde Washington, se hallan ante lo impredecible: de ahí que se estén endureciendo y haciendo más crítico el contexto actual.
La entrega anticonstitucional que hiciera el gobierno de facto de un nuevo contrato para la perforación de 58 nuevos pozos petroleros a Halliburton, trasnacional de la cual es copropietario el vicepresidente de Estados Unidos Dick Cheney, y la cual se halla inmersa en múltiples escándalos de corrupción, confirma que la estrategia de la derecha en el poder para imponer el paquete de cambios neoliberales en México va a ir en todos los frentes.
1. En vísperas de la batalla de la primavera de 2008 por el petróleo mexicano, entre las grandes corporaciones trasnacionales que tienen en el gobierno pelele de Felipe Calderón un instrumento dócil y los sectores organizados de mexicanos que defienden los derechos de México a tener una vía propia de desarrollo y a que los recursos nacionales sean para beneficio de los mexicanos y no de unos cuantos intereses extranjeros, el gobierno de facto tiene como tarea fundamental crear las condiciones para que se dé la gran traición contra México, y para esto va a seguir la estrategia de shock que han impuesto en el mundo los ideólogos del neoliberalismo.
2. La estrategia del shock que se está utilizando en México es muy clara y va destinada a debilitar las resistencias de la sociedad ante las políticas antinacionales y antipopulares del gobierno espurio. En un contexto social deliberadamente planeado, en el que el pueblo de México se halla duramente golpeado por las políticas impuestas desde el poder en este 2008, y que van desde el gasolinazo y la entrada en vigor del capítulo agrario del TLCAN, hasta el clima de violencia generado ex profeso con la supuesta guerra contra el narco, que ni es “guerra” ni va contra “el narco”, sino que es una estrategia que busca amedrentar a la población, se cree que podrán imponerse las medidas que liquidan el proyecto nacional mexicano, y que no se pudieron imponer sino a medias durante los gobiernos de Salinas, de Zedillo y de Fox.
3. La violación sistemática del marco constitucional mexicano en este año por el gobierno de facto panista, atentando contra los derechos sociales e individuales, lo mismo buscando terminar con el derecho a la salud y a la seguridad social que con el derecho a la información, como ha acontecido con el caso de Carmen Aristegui, el hostigamiento a la revista Proceso o las amenazas al periodista Hermann Bellinghausen, indican que con tal de cumplir con los compromisos electorales que lo llevaron al poder por la vía del fraude está dispuesto a todo. Y ahí está como evidencia el hecho de que siguen como presos políticos y para vergüenza de México los luchadores sociales Ignacio del Valle, de Atenco, y Flavio Sosa, de la APPO, y que prosigue el hostigamiento de las comunidades zapatistas en Chiapas: para “disuadir” cualquier tentativa de protesta social.
4. La exigencia del capital trasnacional es, como se sabe, muy clara y supone suprimir todos los obstáculos constitucionales y legales para que las corporaciones petroleras puedan apoderarse plenamente del petróleo de México, regresándose a un escenario equiparable al existente antes de 1938, y ante esto el gobierno de facto sigue teniendo la alternativa en la cual han oscilado los tecnócratas neoliberales del PRI y el PAN en todos estos años, que es la de : a) lanzarse a la contrarreforma constitucional de los artículos 27 y 28, lo que no han podido hacer durante dos décadas o b) proseguir con las políticas de simulación y modificar textos legales secundarios y seguir violando de hecho el marco constitucional, como se viene haciendo desde 1988.
5. La entrega anticonstitucional de un nuevo contrato a Halliburton, que en 2006 había sido señalada por contribuir al financiamiento ilegal de la campaña de Felipe Calderón, y que sería por consiguiente un pago, confirma que los republicanos estadunidenses están impulsando en México de manera abierta estas políticas, descritas con precisión por Naomi Klein en su libro La doctrina del shock. El auge del capitalismo del desastre (Paidós, 2008).
6. La modificación de la Constitución mexicana para entregar el petróleo a las corporaciones extranjeras constituiría un gran triunfo para la administración agonizante de George W. Bush, que lograría con facilidad en 2008, a través de Felipe el pelele, lo que en Irak les ha costado a los estadunidenses décadas y miles de soldados muertos: el control de la riqueza petrolera.
7. La tarea inmediata del español Juan Camilo Mouriño, quien ha asumido en violación al marco constitucional la Secretaría de Gobernación, es doble: consolidar los acuerdos del gobierno espurio con los priístas de Carlos Salinas de Gortari en las dos cámaras, que tienen sus ejecutores en el senador Manlio Fabio Beltrones y el diputado Emilio Gamboa Patrón (lo que parece no tener mayor problema, pues las resistencias en el interior del PRI son muy reducidas), y enfrentar la inconformidad social, que parece el problema mayor.
8. El pacto PRI-PAN en el Congreso para entregar la industria petrolera no parece tener en el contexto actual más obstáculo que en la posición de algunos legisladores priístas, avalados por un sector entreguista del PRD, que aún sin oponerse al fondo de estas políticas sostiene que hay que seguir teniendo una posición gradualista: evitando los cambios constitucionales y prosiguiendo con el entreguismo de facto.
9. El obstáculo mayor para que pueda culminar esta traición a México se halla, como siempre, en la sociedad, y es ahí donde el gobierno de la derecha tiene el mayor temor, de ahí esa desaforada campaña en los medios, encabezada por Televisa y sus noticieros, que pretende confundir a los mexicanos ante lo que está aconteciendo.
10. Las dimensiones de la protesta social ante la entrega del petróleo mexicano, y en especial las posibles acciones del movimiento encabezado por Andrés Manuel López Obrador, constituyen para los equipos de Los Pinos y de Bucareli una incógnita, y aun y cuando los panistas están dirigidos en sus acciones desde Washington, se hallan ante lo impredecible: de ahí que se estén endureciendo y haciendo más crítico el contexto actual.