De competencia federal, delitos de prensa
Revista Contralínea
Tras el colapso del viejo presidencialismo (su versión moderna depende de la reforma del Estado, si conquista un presidencialismo cuando menos semiparlamentario), las entidades de nuestro incipiente federalismo volvieron a caer en manos del caciquismo de sus gobernadores e incluso de sus presidentes municipales. Del porfirismo al priismo, si bien hacían sus desmanes, la última instancia presidencialista-centralista, en caso muy necesario, les cortaba la cabeza.
Empero, con la caída del presidencialismo priista que se movió a la derechización, abriéndole paso a los panistas y lo que parecía la alternancia política para una nueva conducción del gobierno federal, se reanudó la vieja corrupción y permitió y alentó que gobernadores y alcaldes impusieran sus abusos como ley.
Para contar con el visto bueno a sus raterías, el foxismo dejó hacer a su antojo a gobernadores panistas, priistas y uno que otro perredista, y ahora tenemos un renacer del antiguo caciquismo depredador y autocrático, que organiza sus “elecciones” para tener a su servicio a diputados, jueces y burocracia administrativa.
En la capital del país, las agresiones a periodistas son la excepción a la regla que impera en los 31 estados donde, en los siete años de derechización panista, se persigue a la prensa. Y no hay manera de presentar denuncias, ya que ministerios públicos y el poder Judicial están al servicio de los (des)gobernadores y sus policías. Y cuando se recurre a la PGR, a duras penas se consigue levantar la denuncia que se archiva, porque estos funcionarios se la pasan solicitando pruebas, incluso cuando el cuerpo del delito es el cadáver del periodista.
No hemos sabido, en los últimos cuatro sexenios y lo que va del actual, de al menos un citatorio a un gobernador, quienes siempre envían a sus abogados, con el pretexto de que la PGR no tiene competencia para hacerlos comparecer. Y así los abusos quedan en la total impunidad. Ahora, la pareja (así se estila llamar cuando en la policía, dos funcionarios trabajan juntos) de Juan de Dios Castro Lozano, subprocurador de Derechos Humanos y el más inútil (y hasta agresor de reporteros) Octavio Alberto Orellana Wiarco, fiscal especial para la Atención de Delitos contra Periodistas, anda con la “buena nueva” de que la PGR prepara una iniciativa de ley para hacer de competencia penal federal los delitos contra periodistas.
Los dos andan por el país en “viaje todo pagado”, para anunciar el anteproyecto (La Jornada, 21 y 28 de septiembre de 2007). Es una mentira. No hay tal propuesta. Castro Lozano y su pupilo, para no cumplir con sus obligaciones, aseguran que el anteproyecto será presentado a Calderón, para que lo presente como iniciativa. Sólo que los panistas-calderonistas no tienen el menor interés de afianzar el ejercicio de las libertades de prensa. Esto por más que lo juren, como acaba de hacer Juan María Naveja de Anda, subsecretario de Normatividad de Medios, de la Secretaría de Gobernación (Impacto, El Diario, 29 de septiembre de 2007).
Como están de bárbaros los autócratas (des)gobernadores, hacer de competencia federal penal las denuncias de prensa por agresiones, amenazas y homicidios contra los periodistas sería una contribución democrática. No hay otra manera de enfrentar ese abuso en las 31 entidades. Agazapados en ellas, la impunidad de los (des)gobernadores no tiene límite y son parte de la delincuencia organizada desde el poder político.
Tras el colapso del viejo presidencialismo (su versión moderna depende de la reforma del Estado, si conquista un presidencialismo cuando menos semiparlamentario), las entidades de nuestro incipiente federalismo volvieron a caer en manos del caciquismo de sus gobernadores e incluso de sus presidentes municipales. Del porfirismo al priismo, si bien hacían sus desmanes, la última instancia presidencialista-centralista, en caso muy necesario, les cortaba la cabeza.
Empero, con la caída del presidencialismo priista que se movió a la derechización, abriéndole paso a los panistas y lo que parecía la alternancia política para una nueva conducción del gobierno federal, se reanudó la vieja corrupción y permitió y alentó que gobernadores y alcaldes impusieran sus abusos como ley.
Para contar con el visto bueno a sus raterías, el foxismo dejó hacer a su antojo a gobernadores panistas, priistas y uno que otro perredista, y ahora tenemos un renacer del antiguo caciquismo depredador y autocrático, que organiza sus “elecciones” para tener a su servicio a diputados, jueces y burocracia administrativa.
En la capital del país, las agresiones a periodistas son la excepción a la regla que impera en los 31 estados donde, en los siete años de derechización panista, se persigue a la prensa. Y no hay manera de presentar denuncias, ya que ministerios públicos y el poder Judicial están al servicio de los (des)gobernadores y sus policías. Y cuando se recurre a la PGR, a duras penas se consigue levantar la denuncia que se archiva, porque estos funcionarios se la pasan solicitando pruebas, incluso cuando el cuerpo del delito es el cadáver del periodista.
No hemos sabido, en los últimos cuatro sexenios y lo que va del actual, de al menos un citatorio a un gobernador, quienes siempre envían a sus abogados, con el pretexto de que la PGR no tiene competencia para hacerlos comparecer. Y así los abusos quedan en la total impunidad. Ahora, la pareja (así se estila llamar cuando en la policía, dos funcionarios trabajan juntos) de Juan de Dios Castro Lozano, subprocurador de Derechos Humanos y el más inútil (y hasta agresor de reporteros) Octavio Alberto Orellana Wiarco, fiscal especial para la Atención de Delitos contra Periodistas, anda con la “buena nueva” de que la PGR prepara una iniciativa de ley para hacer de competencia penal federal los delitos contra periodistas.
Los dos andan por el país en “viaje todo pagado”, para anunciar el anteproyecto (La Jornada, 21 y 28 de septiembre de 2007). Es una mentira. No hay tal propuesta. Castro Lozano y su pupilo, para no cumplir con sus obligaciones, aseguran que el anteproyecto será presentado a Calderón, para que lo presente como iniciativa. Sólo que los panistas-calderonistas no tienen el menor interés de afianzar el ejercicio de las libertades de prensa. Esto por más que lo juren, como acaba de hacer Juan María Naveja de Anda, subsecretario de Normatividad de Medios, de la Secretaría de Gobernación (Impacto, El Diario, 29 de septiembre de 2007).
Como están de bárbaros los autócratas (des)gobernadores, hacer de competencia federal penal las denuncias de prensa por agresiones, amenazas y homicidios contra los periodistas sería una contribución democrática. No hay otra manera de enfrentar ese abuso en las 31 entidades. Agazapados en ellas, la impunidad de los (des)gobernadores no tiene límite y son parte de la delincuencia organizada desde el poder político.
posted by H2AGUA at
12:22 a.m.
