La disputa por el IFE

La Jornada Morelos

La verdadera razón por la cual se estancó la elección del nuevo consejero presidente -y dos consejeros más- del Instituto Federal Electoral se encuentra en el interés que existe en los tres principales partidos -PRI, PAN y PRD- de controlar, a través de la imposición de consejeros electorales a modo, dicho órgano electoral; esto de cara a las contiendas electorales futuras, siendo la principal de ellas, por supuesto, la presidencial de 2012.

Ese deseo voraz de control, presente en los tres partidos mencionados -que a su vez operan a través de sus respectivas coordinaciones parlamentarias-, ha sido la causa fundamental del desacuerdo que hoy, por lo pronto, ha sumido al IFE en una circunstancia de creciente incertidumbre. Será hasta febrero cuando se reinicien los trabajos para la renovación del árbitro electoral.

Así, y más allá del punto de que la injerencia partidista en la conformación del nuevo IFE vulnera la autonomía y la esencia ciudadana de este órgano, está el impacto negativo que este hecho producirá en la credibilidad y legitimidad del nuevo IFE, siendo que esa era supuestamente uno de los objetivos que se buscaba combatir.

No se han percatado los partidos que están a punto de cometer el mismo error de 2003, cuando la designación de los nuevos consejeros del IFE (con Luis Carlos Ugalde a la cabeza) produjo un fuerte rechazo por parte del PRD. Esta circunstancia, no debe olvidarse, propició entonces un fuerte problema de legitimidad en el órgano electoral. Problema que, por cierto, prevaleció hasta la elección de 2006, y que se acrecentó con el conflicto postelectoral por todos conocido.

Esto quiere decir que el desacuerdo actual de los tres principales partidos no sólo los indujo a violar los plazos constitucionales por ellos mismos establecidos, y que obligaban la conformación del nuevo órgano electoral este mismo año, sino que además -y esto es lo más grave- podrían con ello minar, una vez más, la legitimidad del IFE que está por nacer.

A estas alturas es sumamente difícil imaginar que en febrero surja un nuevo IFE sin fuertes conflictos políticos de por medio. El PRD difícilmente cederá en su posición de que el ministro Genaro Góngora sea el nuevo consejero presidente. Lo mismo hará el PAN (con el presidente Felipe Calderón tras bambalinas) al buscar que ese cargo lo ocupe Mauricio Merino. Incluso el PRI que, aprovechando la marea de los desarreglos -sumada a la lógica de los chantajes al gobierno que el priísmo ha manejado muy bien-, podría reavivar la candidatura para ese puesto de Jorge Alcocer.

Alguna de las tres fuerzas políticas, o dos de ellas, tendrán que ceder para que pueda verdaderamente desatorarse el proceso de elección de los nuevos consejeros. La clave está en saber hasta dónde esa cesión no significará imposición, y por ende, rechazo por parte del o de los partidos que resulten derrotados en la negociación.

Lo que ha evidenciado este desacuerdo es un enorme desfase entre el discurso y los hechos por parte de los tres principales partidos. Por un lado, no cesan de repetir -en voz de sus principales voceros- que la nueva reforma electoral (la constitucional y la del Cofipe) tiene como fin evitar (en procesos electorales futuros) la incertidumbre y el conflicto postelectoral vividos en la elección de 2006, pero en la práctica pareciera que hacen todo lo posible para sentar las condiciones que los acentúen.

Los partidos políticos estarían así incubando -involuntariamente o no- un nuevo germen que podría, peligrosamente, dar origen no sólo a un engendro de IFE, sino a nuevas circunstancias de polarización política que tanto daño han hecho a la democracia y al país.