Estado ofendido

La Jornada Morelos

Antes de sus vacaciones, el Congreso aprobó las reformas constitucionales en materia de seguridad y justicia solicitadas por el Presidente Calderón. Con ellas, el gobierno tendrá poderes extraordinarios a costa de las garantías individuales, como si fuera el ofendido principal por la inseguridad y no el ciudadano.

La Cámara de Diputados aprobó las reformas con la mayoría del PAN, PRI, el PVEM y Nueva Alianza. El Senado matizó algunos aspectos, pero no modificó la estructura autoritaria de la iniciativa. Son varios los preceptos de las reformas que menoscaban las garantías individuales, los derechos humanos y la seguridad ciudadana misma. Dos ejemplos: La definición de delincuencia organizada como “la concurrencia de tres o más personas para cometer un delito”. Pero ¿qué tipifica la ley como delito? Eso queda a criterio de la autoridad, pues no se definen las conductas criminales ni característica alguna que permita distinguirlas de, digamos, una manifestación o protesta social.

No se trata de una omisión sino de la clara intención de la autoridad de inhibir la protesta social. Hace unos meses, el juez primero penal de Toluca, estado de México, José Blas Hernández, sentenció a Ignacio del Valle Medina, Héctor Galindo y Felipe Alvarez, líderes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (de San Salvador Atenco) a 67 años y seis meses de prisión. Los inculpados habían retenido a varios funcionarios, en febrero y abril de 2006, durante una movilización social. El juez basó su sentencia en el delito de secuestro equiparado que, según el Código Penal del Estado de México, se define como la acción de quien “detenga en calidad de rehén a una persona para obligar a la autoridad a realizar o dejar de realizar un acto de cualquier naturaleza”.

Es decir, Valle, Galindo y Álvarez merecen igual castigo por haber retenido a funcionarios durante horas para presionar a la autoridad a que respondiera a sus reivindicaciones sociales, que un secuestrador como El Mochaorejas, que actuaba para pedir dinero como rescate de sus víctimas.

La reforma, elevada a rango constitucional para que no haya recurso de amparo ni ninguna otra defensa de las víctimas de arbitrariedades de parte de la autoridad, criminaliza las luchas sociales. En el concepto de delincuencia organizada caben por igual narcotraficantes y guerrilleros, lavadores de dinero y demandantes de tierras, terroristas islámicos y opositores políticos.

Otro ejemplo de cómo las reformas constitucionales que aprobaron diputados y senadores refuerzan al Estado, pero no para proteger a la sociedad, es que bastará la sola presunción de que exista “una amenaza actual o inminente a la vida o a la integridad corporal de las personas” para que sea posible el allanamiento policiaco en caliente, sin el requerimiento de una orden judicial.

Como ha dicho algún jurista, si estuviéramos en Noruega pasa, porque allá los cuerpos policíacos están verdaderamente al servicio de la ciudadanía, pero en México existen más de mil agrupaciones policíacas que se distinguen por su ineptitud, arbitrariedad y corrupción.

El problema de la reforma es que el gobierno ha puesto de un lado la seguridad y el orden como problemas que lo han rebasado y que los presenta en conflicto con la democracia, las garantías y las libertades individuales. Es al revés: a mayor democracia mejor calidad del desarrollo, menos delincuencia y canales instituciones más eficientes para responder a las reivindicaciones sociales.