DEL EDITORIAL DE LA REVISTA SIEMPRE

Ugalde: ¿fraude o simulación?

El 2006 se le vino encima al consejero presidente del Instituto Federal Electoral (IFE), Luis Carlos Ugalde. La pérdida de credibilidad y respetabilidad del IFE y de sus consejeros forma parte de una crónica que comenzó a nacer en los albores del proceso presidencial de ese año y concluyó el 2 de julio con los resultados zigzagueantes, accidentados y poco claros que emitió Ugalde.

El consejero presidente —solo, absolutamente solo, ya sin tutora ni partido que lo defienda— ha hecho una serie de declaraciones que reflejan su desesperación y la parte oculta e inconfesable de su inconsciente: “Si el Congreso aprueba la remoción de los consejeros electorales —dijo— estaría aceptando que, políticamente hablando, hubo fraude electoral”. En efecto, tal vez ni Ugalde ni los consejeros ordenaron o estuvieron presentes en las reuniones donde se orquestó la operación 2006. Sin embargo, avalaron con su silencio, pasividad, lentitud de reacción y actitud apática todas y cada una de las múltiples irregularidades de las cuales fue testigo la ciudadanía.

Los consejeros —y ahí están las hemerotecas como prueba— siempre declararon a los medios de comunicación que los comicios federales iban a ser un ejemplo de legalidad y madurez democrática. Lo afirmaban a pesar de conocer los grandes vacíos de una legislación que termina por favorecer a los candidatos más “vivillos” y partidos con más recursos y poder. Ya se sabe que el IFE tiene que operar acatando la ley existente. Pero también es verdad que el consejero presidente no únicamente tiene obligaciones jurídicas sino morales. Ugalde debió haber operado para llenar con política los huecos que a todas luces permitieron un proceso inequitativo marcado por el desvío de recursos federales.

Un silencio cómplice, más que la prudencia, fue la estrategia que escogieron los consejeros para enfrentar el evidente exceso en gastos de campaña, el derroche que uno y otro partido hacían para pagar a las televisoras una escandalosa guerra de spots y de propaganda negra que nada aportaban a la democracia. ¿Dónde está el árbitro?, se preguntaban muchos, sin que el IFE se molestara en dar una respuesta que tranquilizara a los candidatos y al electorado.

Ugalde insiste en que se opone a la renuncia de los consejeros —como exigen los partidos— porque ello significaría vulnerar la independencia del IFE. Hablando con la honestidad intelectual que él exige ahora a los distintos actores políticos, debe decirse que la autonomía del IFE fue violada desde que Elba Esther Gordillo maniobró —desde la Cámara de Diputados— para que él fuera el presidente. Hábil, la maestra, y ya pensándose como la “gran electora”, necesitaba de un aliado confiable en el órgano que avalaría el resultado de su estrategia.

La lección de excesos e iniquidad que dejó el 2006 requiere de una legislación de vanguardia. La demanda nacional es que la propuesta de reforma electoral, que acaba de presentar la Comisión Ejecutiva de Negociación y Construcción de Acuerdos del Congreso de la Unión, no sea una mera simulación. El tema central —o para decirlo con más contundencia, el corazón de la nueva ley— debe ser la regulación económica, el tiempo-aire y los contenidos propagandísticos en medios de comunicación. Si se legisla para seguir favoreciendo a las televisoras no habrá reforma; se tratará de un engaño más a la sociedad. Si así ocurre, la salida de Ugalde dejará muy mal parados a los padres políticos de su remoción.

¿Cuál fue el pecado del consejero presidente?; ¿el fraude o la simulación? Una simulación cómplice que destruyó la credibilidad de la institución electoral.