EL YUNQUE

alvaro delgado



El Yunque y los derechos humanos

México, D.F., 16 de julio (apro).- Aunque escasos, a menudo por ignorancia o pereza, aún hay escépticos sobre las consecuencias en la vida social de México de la existencia de una organización aferrada al secreto y al fundamentalismo católico, como El Yunque, que se propuso y logró el abordaje de las estructuras del Partido Acción Nacional (PAN) en todo el país.

Pero abundan las evidencias de que la existencia de ésta organización ultraderechista no es sólo en respaldo al reactivado activismo de la jerarquía católica para reformar otra vez la Constitución en materia religiosa --como ocurrió hace exactamente tres lustros--, con el fin de liquidar el Estado laico y aun exigir la transferencia de recursos públicos al clero, sino para acotar las libertades en una sociedad que pretende ser democrática.

Ejemplos sobran: esta misma semana en el semanario Proceso se publica un reportaje sobre el proyecto del Episcopado --no sólo del cardenal Norberto Rivera, conviene aclarar-- para la reforma constitucional en materia religiosa y una entrevista con Carlos Abascal, secretario general adjunto del PAN, para impartir educación religiosa en escuelas públicas a todos los niveles.

Y hay que aclarar: el problema no es la creencia personal, porque es tan respetable ser católico como judío, agnóstico o ateo --siendo la fe, que va más allá de la religión, un sentimiento personal íntimo--, sino el propósito de mezclar los asuntos espirituales con los políticos y de gobierno, sobre todo a costa del erario.

Proceso-Jalisco, edición que circula en ese estado, informa al respecto, esta semana, cómo el gobernador Emilio González Márquez --el que regaló 67 millones de pesos a Televisa-- imparte cursos de la Biblia a los secretarios del gabinete en la casa oficial, junto con sus esposas. El encargado de gestionar la contratación del curso es, ni más ni menos, que el secretario de Educación, Miguel Angel Martínez.

Pero otro ejemplo claro, también, de cómo actúa El Yunque, que lo mismo acompaña a Manuel Espino que a Felipe Calderón, es el documento emitido por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) sobre la conducta “peyorativa, denostativa, injuriosa y difamatoria” del secretario general de Gobierno de Guanajuato, Gerardo Mosqueda Martínez.

Resulta que Mosqueda Martínez, quien en El Yunque se conoce con el seudónimo de Veckemans --sí, todos en esa organización tienen seudónimo--, decidió que había llegado el momento de escarmentar a los periódicos a.m y Correo, ambos de Guanajuato, y se lanzó contra sus directores, Ernesto Gómez Orozco y Arnoldo Cuéllar, respectivamente, acusándolos --ante funcionarios estatales y federales-- de extorsión y de ser “faunos rastreros” (sic).

Entre amenazas e insultos, el funcionario acusó, en un repentino arranque justiciero, a los directores de esos diarios de explotar a sus reporteros.

Del embate del servidor público, por órdenes del gobernador Juan Manuel Oliva --de la misma cofradía que el jalisciense González Márquez--, informamos aquí el 14 de mayo, justo el día en que los directores de los diarios recurrieron a la CNDH para defenderse de los agravios.

El miércoles 11, la CNDH acreditó que Mosqueda incurrió en violaciones a los derechos humanos de los dos directores, de ejercer presión e intimidación, así como de inhibir la libertad de expresión.

La CNDH también le recordó a Mosqueda algo que debe ser de elemental conocimiento de un servidor público: uno, que en su carácter de secretario de Gobierno solamente puede hacer lo que la ley permite y evitar cualquier acto que implique abuso o ejercicio indebido del cargo, y dos, que la libertad de expresión es una garantía del individuo frente al Estado, no a la inversa.

El organismo garante de los derechos humanos no emitió una recomendación, sino le hizo una “propuesta de conciliación”: ofrecer una disculpa pública a los dos directores por las imputaciones que les hizo y enviarles una carta a cada uno de ellos, “además de que se eviten en lo futuro actos semejantes que tiendan a afectar la libertad de expresión, así como el honor, imagen y prestigio de personas”.

Hasta el cierre de esta edición, la noche del lunes 16, el secretario de Gobierno ni su jefe, Juan Manuel Oliva, habían respondido formalmente a la CNDH. Mosqueda --confeso priista y en trámite para ingresar al PAN-- sólo aseguró que responderá “técnicamente” lo que corresponda. Veremos.

Pero queda un asunto pendiente, de suyo relevante: desde la queja ante la CNDH se ordenó, desde el gobierno de Oliva y Mosqueda, un boicot publicitario contra los diarios, como lo hizo público a.m., el domingo 8.

Es una historia que se repite: los gobernantes del PRI, los perredistas y los del PAN --como en Guanajuato y en el gobierno de Calderón-- usan los recursos públicos como si fuesen suyos…

Apuntes

Ya lo decíamos aquí la semana pasada: cuando se quiere matar un tema de interés público se recurre a la frivolidad desde el poder o de los graciosos útiles. En el escándalo del ciudadano mexicano de origen chino Zhenli Ye Gon y Javier Lozano Alarcón, secretario del Trabajo, ahora fue Calderón el que se sumó a la desautorización con humor facilón: “Es un cuento chino”, dijo, pero nada aclaró sobre el manejo de los 205 millones de pesos sobre los que hay al menos cuatro versiones. Aunque el propósito del gobierno es que se diluya el asunto con el manejo propagandístico del sabotaje a las instalaciones de Pemex --más allá de si los autores son miembros del EPR--, difícilmente podrá lograr ese objetivo, salvo que se someta al chantaje, no de Ye Gon, sino del gobierno de Estados Unidos. Los atentados tienen graves implicaciones: Si auténticamente se trata del EPR, revela que los órganos de inteligencia están ocupados más en el espionaje político que en neutralizar acciones que ponen en riesgo la seguridad nacional, como es el caso, pero es peor aún si es una treta del gobierno --cuya falta de credibilidad le es consustancial--, porque estaríamos ya en un Estado fascista… Por cierto, Marcelo Ebrard, se refirió a éste concepto al entregar las llaves de la ciudad de México a José Luis Rodríguez Zapatero: “Sin duda en esta ciudad estamos interesados en la experiencia española, en la resistencia cívica al autoritarismo, a la derrota de la derecha fascista y, desde luego, en la construcción de una democracia de participación con el consenso de las principales fuerzas políticas.”