OFICIO DE PAPEL

Miguel Badillo

Creel, el rostro más torpe del poder

Candidato elegido por Vicente Fox para sucederlo en la Presidencia de la República, Santiago Creel Miranda siempre ha sido un simulador y un constante perdedor: primero en su relación con Francisco Gil Díaz, ex secretario de Hacienda, se vio involucrado en corruptelas para constituir fideicomisos aduaneros y empresas privadas para desviar recursos públicos (cómo olvidar ISOSA en este espacio); después, como secretario de Gobernación, jamás fue un interlocutor confiable para las distintas fuerzas políticas y tampoco pudo manejar la política interna y, al buscar la Presidencia de la República con el apoyo de Los Pinos, no pudo vencer a Felipe Calderón en el proceso interno del PAN para definir a su candidato.

Con esos antecedentes, Creel Miranda busca reconvertirse a destiempo y cambiar la imagen de perdedor y sumiso que lo acompaña desde que empezó a militar en el PAN. Ahora, este neodemócrata impugna la llamada “Ley Televisa” y hace a un lado su pasado fraudulento para dejar al descubierto las negociaciones que precedieron la aprobación de esta legislación, cuyo principal pecado –a juicio de sus detractores– es amurallar los intereses de los poderosos concesionarios de la radio y la televisión abierta.

Hoy, protegido con el fuero que le otorga ser integrante de la LX Legislatura y lejos, muy lejos, de la silla presidencial, Santiago Creel revela los entretelones de la negociación mediática en la cual participó y avaló y que permitió a Felipe Calderón contrarrestar la fuerza política real del político perredista Andrés Manuel López Obrador.

Sin embargo, hay quien considera que más vale tarde que nunca y aprueba estas declaraciones a destiempo de quien busca los reflectores y traiciona aquel pacto foxista con los medios de comunicación, para beneficiarlos a cambio de evitar a cualquier precio la llegada de López Obrador a la Presidencia de la República.

Pero la información dada a conocer por Creel abona, sin duda, el terreno para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación tome la mejor decisión para rechazar o aceptar el recurso de inconstitucionalidad en contra de las reformas a las leyes de Radio, Televisión y Telecomunicaciones. Pero en el máximo órgano de impartición de justicia todos andan hechos bolas ante el cabildeo y las propuestas de todo tipo que reciben los ministros, a fin de que inclinen su voto a favor de las televisoras.

Otros se preguntan si el ex secretario de Gobernación tiene la autoridad moral para criticar las “oscuras” prácticas del partido gobernante que, a toda costa y como en los mejores años de corrupción priístas, buscó allanarle el camino a su candidato. Parece que no, pues acaso no fue Creel quien como secretario de Gobernación impulsó y negoció el famoso “decretazo” del 10 de octubre de 2002, que no sólo eliminaba el pago del 12.5 por ciento de tiempo-aire por parte de las televisoras, sino que refrendó con impunidad un gran paquete de concesiones en beneficio de los empresarios que controlan los medios electrónicos.

¿De qué se queja ahora el ex secretario Creel si él, junto con Vicente Fox, planearon mediante decretos una estrategia de avanzada sobre lo que sería la “Ley Televisa”, que sólo se ocupó de poner en una legislación las prácticas frecuentes del poder político con los medios?

De hecho, el considerando séptimo del predictamen del ministro Salvador Aguirre Anguiano critica esas prácticas y lo aprobado en la Ley Federal de Radio y Televisión. Considera que sí, en efecto, “existe un régimen discriminatorio para el otorgamiento de permisos y concesiones en materia de radiodifusión, si es que los requisitos para obtener los primeros suponen una discriminación para los sujetos que quieren obtener uno frente a aquellos que desean obtener una concesión”.

Éste, precisamente, es el caso de los medios e inversionistas extranjeros interesados en obtener la concesión de una tercera cadena de televisión. Por eso, el mayor pecado de esta reforma no sólo es la negociación política que la precedió, sino que dejó a un lado los intereses de los consumidores, además de olvidarse de ofrecerles nuevas opciones capaces de competir frente a los grandes poderes fácticos de los medios electrónicos.

Es decir, se manipuló y se negoció el derecho de terceros. No hay más. El Diccionario de Política de Norberto Bobbio y otros autores más establecen que la manipulación se refiere a las relaciones sociales o políticas que vinculan individuos o grupos; a la intervención del hombre sobre la naturaleza de las cosas; acciones siempre dirigidas a transformar la conducta del manipulado y el carácter pasivo o inconsciente. Así, de todas las formas de poder es la que merece una condenación moral más fuerte. Constituye, dice el politólogo, “el rostro más torpe del poder”.

Como si Bobbio conociera los entretelones y la puesta en escena de la “Ley Televisa”, el filósofo agrega, al referirse a la manipulación de la información, que al suprimirla a través de prácticas de control secreto y censura política de los medios masivos de comunicación, e incluso de las comunicaciones privadas, su principal objetivo tiene que ver con inhibir la oposición potencial.

Eso precisamente son los pecados del gobierno de Vicente Fox al que perteneció y sirvió sin cortapisa Santiago Creel, quien nunca protestó ante la enorme corrupción y abuso de poder que marcó la llegada del PAN a la Presidencia.

Pero los medios también tienen sus pecados. Más allá del caso de las televisoras, que lanzan sus campañas de descrédito contra todos aquellos que se atreven a criticar la “Ley Televisa”, están los grandes periódicos cuyos propietarios ya se frotaban las manos para cobrar la factura por el apoyo político que dieron a la campaña de Felipe Calderón. No se trata de cualquier cosa, sino de la entrega de una treintena de concesiones para operar estaciones de radio y, ¿por qué no?, hasta para controlar las operaciones de lo que se llama la Tercera Cadena o la Tercera Opción.

Impensable en países verdaderamente democráticos que propietarios de periódicos o de estaciones de radio deambulen, sin restricción alguna, entre un medio y otro. Por ejemplo, en Estados Unidos las leyes registren las propiedades cruzadas para evitar, precisamente, concentración de poder y conflictos de interés que afecten a los consumidores.

Pero en las reflexiones del ministro Aguirre Anguiano, con excepción de las referencias hechas, al acceso de los pueblos y comunidades indígenas a los medios de comunicación, no se menciona a los otros mexicanos, a los que viven en las grandes ciudades o en los pequeños pueblos y cuyo principal vínculo con los medios de comunicación son las ofertas que presentan los grandes corporativos. Para ellos por decreto no hay otra opción.

El ministro sí se pronuncia en cambio porque el derecho a la información no entre en conflicto con otro tipo de derechos. Cualquier limitación al acceso a la información, reconoce, puede generar daños al interés público que no tendrá garantizado la libertad de recepción.

El Estado, por lo tanto, debe garantizar que los servicios de radiodifusión respeten la función pública que les está encomendada como medios de comunicación de gran influencia social, garantizando el acceso a diversas corrientes de opinión, capaces de fomentar la cultura nacional, la integración de los grupos indígenas al desarrollo nacional, la imparcialidad, generalidad y veracidad de la información que es transmitida en señal abierta a prácticamente toda la población, dice la Suprema Corte de Justicia.

Pero la “Ley Televisa” no dice nada al respeto. Por ello, se declare o no inconstitucional tras un año de estar impugnada pero en vigor, el Poder Legislativo tiene un nuevo reto: pensar en el usuario y legislar para él. Es decir, una nueva generación de reformas que vigilen el papel social de los medios de comunicación, sus propiedades cruzadas y los conflictos de interés, lo cual contribuiría, sin duda, al ejercicio democrático del poder de los medios. Los legisladores, sin embargo, temen el peso y la furia de los medios de comunicación en su contra porque, hasta ahora, dependen de su “popularidad” frente al electorado y no de sus resultados.

Por lo anterior, algunos analistas aseguran acertadamente que con el debate a la “Ley Televisa” apenas comienza un problema cuya solución ya no se limita a la regulación de los grandes poderes mediáticos, sino a la responsabilidad social de legisladores y autoridades, un tema que sólo cabe en una verdadera reforma del Estado.