DEL EDITORIAL DE LA REVISTA SIEMPRE
Revista Siempre
La declaratoria de inconstitucionalidad del artículo 16 de la Ley Federal de Radio y Televisión, por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que invalida el refrendo automático de las concesiones a los monopolios mediáticos, constituye un hito que coincide con otro hecho histórico como es la clausura de Radio Caracas Televisión.
El cierre de Radio Caracas Televisión, a la que el presidente Hugo Chávez le negó renovar la concesión, después de estar más de cincuenta años al aire, sienta también por su parte un importante precedente en el sistema mediático occidental por creerse, cuando menos hasta ese momento, que el poder de las televisoras era intocable.
Chávez, con todo y su estilo autoritario, logró poner con esa decisión el dedo en la llaga: ¿qué es la libertad de expresión?, ¿la arbitrariedad con la que se conducen las televisoras del mundo en sus contenidos o el derecho de un pueblo a ser respetado en su dignidad, integridad, ética y social?, ¿el usufructo comercial a ultranza que permite a los empresarios dueños de los medios convertirse en un feudo de poder económico y político o el derecho de una sociedad a ser educada y orientada cívica y socialmente a través de las pantallas?
Sólo un Chávez pudo demostrarle al mundo que el poder de las televisoras no es invencible y que tampoco están o pueden estar por encima de las leyes del Estado, como sucede, por ejemplo, en México.
La dictadura de los medios electrónicos en el mundo ha comenzado a ser puesta —para alegría de la humanidad— en el banquillo de los acusados. Su enorme acumulación de recursos y el hecho de poder manipular la conciencia de los individuos a su antojo, la ha convertido en un peligro y en un estorbo no sólo para los gobiernos sino para la comunidad planetaria en general.
Chávez simplemente se adelantó. Recuperó para Venezuela lo que en México el Congreso, a través de la ley Televisa, intentó regalar: la soberanía del Estado sobre el espacio radioeléctrico nacional.
Para muchos, el mandatario venelozano ha dado en su loca ambición un golpe más a la democracia; para otros, es un hecho que invita a reflexionar y a darse cuenta que la intocabilidad de los monopolios mass-media es un mito hasta que un gobierno deja de tenerles miedo.
El análisis y discusión que se lleva a cabo en este momento en la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre la llamada ley Televisa se hace en paralelo con la revisión que se realiza en la Unión Europea sobre el papel y la propiedad de las televisoras.
Dos días antes de que la Corte invalidara el refrendo automático, el ministro Genaro Góngora Pimentel hizo una brillante exposición sobre la inconstitucionalidad del artículo 16 de la Ley Federal de Radio y Televisión.
Góngora, para fundamentar su oposición a que el espectro radioeléctrico se concesione para sécula seculórum, se refirió a los comentarios que hizo el jurista italiano Luigi Ferrajoli a la sentencia de la Corte Constitucional de su país sobre la ley Gaspari, que tiene que ver con la concentración de medios en manos del polémico ex primer ministro italiano Silvio Berlusconi. Dueño por cierto de casi todos —por no decir que de todos— los periódicos, las televisoras y las radiodifusoras de Italia.
Ferrajoli critica que para beneficiar a Berlusconi se haya apelado únicamente a la ley de mercado, a la libre competencia y que esa libertad haya sido colocada por encima de un principio fundamental como es la democracia, la auténtica libertad de expresión que implica necesariamente equidad en el trato.
Góngora subraya que “la televisión afecta en términos sustantivos la vida diaria del individuo, lo que implica que quienes tengan acceso al uso del espectro radioeléctrico para prestar el servicio de radiodifusión, tendrán la posibilidad de permear el tejido social… Esta realidad evidencia la vulnerabilidad de las audiencias frente a los emisores y pone de manifiesto la necesidad de darle mayor peso a los derechos de expresión, información y prensa…”. El legislador, agrega Góngora, está obligado a regular el espectro radioeléctrico, de tal manera que garantice la igualdad de oportunidades para su acceso y propicie la pluralidad y la democracia.
Chávez, evidentemente, no cerró Radio Caracas Televisión para hacerla más democrática y plural, tampoco para entregársela a otro empresario, sino para mantener el control sobre una televisora sistemáticamente crítica a su gobierno. Sin embargo, lo que yace en el fondo es la posibilidad de impedir que ese tipo de televisoras sigan funcionando como poderes de facto. Como un enclave arbitrario y autónomo, arrogante y chantajista, que goza de todo tipo de privilegios y que con frecuencia pone en riesgo la estabilidad y la equidad democrática.
Felipe Calderón declaró hace unos días: “En México manda el Estado, la fuerza del Estado representada por el gobierno y no otros poderes de facto”. Aunque se refería al narcotráfico también pudo incluir a los monopolios de la radio y la televisión. Si el Presidente quiere realmente gobernar, no sólo tendrá que reducir el poder de los cárteles de la droga, sino poner límites a las monarquías absolutistas de la comunicación, como empieza a hacerlo la Suprema Corte de Justicia de la Nación.