CON CHANTAJES EL DUOPOLIO TELEVISIVO MEXICANOS BUSCA RETENER EL CONTROL DE LOS MEDIOS DE COMUNICACION
Isabel Salmerón
Como era de esperarse, la no renovación de la concesión a la más antigua empresa de radio y televisión de Venezuela —RCTV—, ha generado un diluvio de declaraciones. A favor y en contra. Y ahora que en México la Corte discute y analiza el caso de la llamada ley Televisa, los concesionarios privados de radio y televisión han desatado una fuerte campaña informativa para hacer creer que en México podría suceder lo mismo que en Venezuela.
El argumento, opina el licenciado Villanueva, es “para decirle al televidente que un fallo negativo a los dueños de los medios electrónicos sería un toque de autoritarismo”.
La desmesurada difusión de algunas televisoras y radiodifusoras mexicanas, antes, durante y después de que el presidente venezolano Hugo Chávez se negara a renovar la concesión de la cadena de Radio Caracas Televisión, que expiró el 27 de mayo pasado, más allá de informar a la ciudadanía, tiene el propósito de influir en la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (la Corte), a fin de que resuelva la acción de inconstitucionalidad interpuesta contra la llamada ley Televisa a favor de los empresarios de los medios de comunicación electrónicos.
Ernesto Villanueva, profesor-investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, en entrevista con Siempre!, subrayó que de lo que se trata es de presionar a los magistrados de la Corte, para que favorezcan a los medios electrónicos a pesar de que las leyes federales de Radio y Televisión y de Telecomunicaciones contravienen varios artículos de la Constitución.
Explicó que dichas leyes fomentan actividades de monopolio, trastocan el proceso electoral, afectan a los medios de comunicación públicos, a las radios comunitarias e indígenas, eluden la intervención de la Comisión Federal de Competencia, soslayan las licitaciones públicas previstas por la Carta Magna y violan todo lo relativo a Ley de Comercio.
Entre los artículos constitucionales que se violan con ambas normas destacan el 28, que prohíbe los monopolios; 134, que obliga a los gobiernos a realizar licitaciones para contratar obras y servicios; 5 y 73, fracción X, que plantea los requisitos para el comercio, así como el artículo 2 que establece las condiciones para que los pueblos y las comunidades indígenas puedan adquirir, operar y administrar medios de comunicación.
Isabel Salmerón.- Varias semanas antes de que expirara la concesión de la cadena de Radio Caracas Televisión y conociendo de antemano que el gobierno venezolano no la renovaría, en varias estaciones de radio y canales de televisión mexicanas se fomentó una campaña a favor de la libertad de expresión. Sin embargo, esto coincide con el caso de la ley Televisa que es analizado en la Corte. ¿Hay aquí un doble mensaje?
Ernesto Villanueva.- El tema de Radio Caracas Televisión evidentemente tiene su propia motivación jurídica con una dosis política, pero en México se ha utilizado como un argumento para decirle al televidente que un fallo negativo a los dueños de los medios electrónicos sería un toque de autoritarismo, que iríamos en la misma dirección que Venezuela donde no se respeta la libertad de expresión. Se está utilizando como una herramienta para generar miedo, para establecer un clima de opinión adverso a un eventual fallo de la Corte que declare inconstitucional los artículos 16 y 28, entre otros más, de la llamada ley Televisa.
De ahí que en las últimas semanas se haya explotado mediáticamente el asunto de Venezuela. Lo cierto es que son cosas muy distintas, mientras que detrás del asunto de Venezuela está una agenda de un Estado específico, que está ejerciendo jurídicamente atribuciones, aquí se pretende presionar a los magistrados.
I.S.- La acción de inconstitucionalidad ha causado gran polémica entre un sector de legisladores y los concesionarios.
E.V.- Pareciera muy polarizado el tema, pero cualquier persona que observe este asunto a la luz de la experiencia comparada verá que simple y sencillamente es inédito que una ley que debería tener ser de interés público, defienda intereses particulares de dos empresas de televisión y algunos socios de radio, de tal suerte que la declaración de inconstitucionalidad no afectaría los intereses jurídicos de la empresa y sí generaría competencia y la posibilidad de que exista el pluralismo informativo que fortaleciera el derecho a la información.
I.S.- ¿El miedo de las televisoras es a la competencia equilibrada?
E.V.- Efectivamente, sin esta ley estarían en igualdad de circunstancias los demás. Lo que hizo la ley Televisa fue legislar en un caso inédito para favorecer a estos dos grupos en perjuicio del interés público aprovechando las nuevas tecnologías —paso de la tecnología analógica a la digital— que permitiría la aparición de nuevas empresas no sólo en la radio y la televisión sino en los servicios de valor agregado, es decir, transmisión de datos, telefonía celular, Internet, entre otros.
Otro asunto cuestionable en la ley Televisa es la autorización de concesiones adicionales con el simple hecho de solicitarla.
I.S.- Hay versiones de que la iniciativa de ley fue hecha ante el temor de que Andrés Manuel López Obrador pudiera llegar a la Presidencia y, desde ahí, actuar en contra de las televisoras.
E.V.- Efectivamente, fue un rumor persistente durante el cabildeo de la iniciativa y el análisis de la misma. Pareciera que esta ley es un blindaje para que ante la eventual llegada al poder del tabasqueño el duopolio televisivo pudiera mantener sus privilegios, que por otra parte siempre han afectado a la pluralidad y el derecho a la información.
I.S.- Si el objetivo de la campaña de los medios de comunicación mexicanos es presionar a los ministros, el caso venezolano continuará por varias semanas más.
E.V.- No hay que olvidar que durante la campaña presidencial de 2006, la asociación entre Hugo Chávez y López Obrador tuvo un gran efecto contra el candidato de la Coalición por el Bien de Todos, incluso en algunos sectores de la sociedad aún está presente.
Ahora que surge este problema en Venezuela y que no se diluye la mala imagen que se generó alrededor del presidente de ese país lo vuelven a tomar, pero para amedrentar a los ministros.
Aquí de lo que se trata es de vincular al enemigo público de la democracia, del desarrollo, del progreso, de la libertad de expresión, encarnado en Hugo Chávez con un fallo de la Corte que le fuera negativo a las televisoras. Es una estrategia mediática para generar dudas, miedo y una amplia presión política sobre los ministros de la Corte.
En este contexto se inscribe también la denostación bastante desafortunada hacia los ex senadores Javier Corral y Manuel Bartlett.
I.S.- ¿La Corte es lo suficientemente fuerte para no abdicar ante estas presiones?
E.M.- No. Hay que recordar que a pesar de la labor que han realizado las televisoras estamos viendo hoy en día que poco a poco se están declarando inconstitucionales los temas, pudiendo ser los puntos de mayor polémica para la discusión el 16 y el 28.
posted by H2AGUA at
5:16 p.m.
