MIRADOR

Para rescatar la planeación

Raúl Moreno Wonchee
jueves, 21 de junio de 2007

Formar un gobierno de coalición en caso de ganar los comicios fue un compromiso de campaña de Felipe Calderón. Ciertamente vano, porque el régimen político presidencial deposita en una sola persona la jefatura del Estado y del gobierno. El Presidente y nadie más forma el gobierno y puede remover libremente a sus secretarios.

No sé si la cándida beatitud del candidato obedecía a falta de conocimiento o se trataba de una estratagema electoral. Lo cierto es que reflejaba una preocupación que la realidad pronto se la duplicaría porque a la reducida base social de su gobierno se sumó el cuestionamiento de su legitimidad. Y si éste no ha declinado al ritmo requerido por el titular del Ejecutivo, es evidente que aquélla es aún más exigua que el número de electores que lo llevó a Los Pinos.

Una vez en la Presidencia, Calderón no ha intentado siquiera cumplir aquel compromiso porque no se puede. La cooptación de miembros de otros partidos para la administración pública incorporó cuadros y algunas mañas a la nueva burocracia, pero no amplió la base del gobierno. Y la peregrina idea de colgarse del Ejército para hacer del combate al narco la causa fundamental de su gobierno, le ganó volátiles simpatías aunque ponga en riesgo el carácter de las Fuerzas Armadas como institución indiscutible en la defensa de la Patria y tenga, sin duda, efectos perniciosos para el Estado de Derecho.

Entre los beatos se dice que Dios aprieta pero no ahorca, y en efecto, el presidente Calderón tenía a la mano una gran oportunidad para zafarse de la llave china que lo mantiene inmovilizado y promover el diálogo, ampliar su base social y auspiciar acuerdos sin comprometer coaliciones imposibles. Bastaba con que la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo se hiciera con base en una verdadera consulta popular tal como lo establece el mandato constitucional.

Se sabe que la planeación democrática se instauró en vísperas del advenimiento del neoliberalismo, por lo que muy apenitas se le dio cumplimiento formal en los gobiernos postreros del priísmo para dejarle el paso libre a su nueva majestad, el mercado. Y cuando llegó la alternancia, al neoliberalismo se sumó la añeja alergia reaccionaria a planear el desarrollo, no fuera a ser que se contravinieran los inescrutables designios del Señor.

El presidente Calderón tuvo, entonces, el dilema de cumplir en serio el mandato constitucional o seguir simulando a favor de los mercaderes, más que del mercado. Lo primero le hubiera permitido hacer de la consulta popular el detonador del diálogo nacional del que estamos tan urgidos pero sobre todo él. Para diagnosticar las exigencias del desarrollo y plantear las respuestas; y armonizar ambas con las necesidades sociales y las demandas populares. Pero el Presidente optó por simular la consulta, ignorar la realidad y hacer del PND más que un ejercicio de planeación del desarrollo, un vuelo descendente sin mover las alas, como si se tratara de un divertimento aeronáutico o del vuelo de un zopilote, pero no de una acción encaminada al ejercicio democrático del poder.

Incapaz de asumir críticamente la herencia foxiana de estancamiento económico, parálisis política y deterioro social enmarcada en un dramático quebranto de la vida institucional que ha vulnerado al Estado y debilitado a la nación, el gobierno ignoró la ingente necesidad de realizar el gran esfuerzo de diálogo y reconciliación que debió haber presidido la consulta y vertebrado el PND. Los nuevos planeadores se pusieron a inventar una entelequia sin sustento alguno: el Desarrollo Humano Sustentable, así con mayúsculas para que se vea que se trata de una nueva categoría del subdesarrollo nacional y no de una ocurrencia. Y de emprender la fuga hacia adelante con la Visión 2030, revoltijo de la brega de eternidad con los delirios reaccionarios de la nueva nomenclatura doctrinaria.

La consulta popular fue una burla y, por consiguiente, el Plan un documento inservible para no decir espurio. Con todo, el PND ya está en el Congreso para ser sometido a una discusión sin sentido ni destino. Lo que debería venir es la corrección de los procedimientos mediante las reformas pertinentes a la Ley de Planeación para que la consulta popular incorpore a la sociedad a la tarea de enriquecer las estrategias del desarrollo nacional y una vez confeccionado el Plan, sean los secretarios del Presidente los que lo discutan con los diputados con el propósito de llegar a compromisos presupuestales y legislativos.