NARCO-BIENES ALGARETE
Quehacer Político
* Las autoridades federales de manera continua informan de decomisos que van desde toneladas hasta millones, sin que hasta el momento haya información pública sobre la adjudicación estatal, el manejo dado en los montos y a quiénes se vende… Si es que se hace
Como lo muestra el proceso de adjudicación de los poco más de 205 millones dólares incautados al narco hace algunas semanas en el Distrito Federal, el Estado mexicano tiene serias dificultades para apropiarse legalmente los bienes financieros, muebles e inmuebles cuya propiedad se considera del crimen organizado. Por lo endeble de la ley vigente, les quita bienes y luego se ve obligado a devolvérselos. Además, no se sabe con claridad dónde están, cómo los mantiene y otros detalles de transparencia.
El Estado lleva décadas en la lucha contra el narcotráfico pero todavía carece de una Ley de Extinción de Dominio como la colombiana, por medio de la cual el Estado puede adjudicarse con mayor contundencia esos bienes, y se obliga a manejarlos con eficacia, con un sistema de rendición de cuentas, el cual es prácticamente inexistente en este momento.
Hay una falta de inf! ormación sobre el destino, uso y venta de los mismos, aunque queda clara la incapacidad para administrarlos, lo cual deriva en desgaste y depreciación, también reduce al mínimo el valor de remate.
El Gobierno federal ha enfocado sus baterías particularmente al choque frontal policiaco con los cárteles, que especialmente en este sexenio han originado un incremento en la violencia en prácticamente toda la República, pero se ha desentendido de aspectos como el desorden con el que se manejan los bienes decomisados, los cuales forman parte del poder económico de los cárteles, mismo que en general permanece prácticamente intacto.
A consecuencia de la endeble legislación federal, los grupos delictivos recuperan sus posesiones, dinero, negocios lícitos comprados con efectivo, millones de dólares y pesos originados por el tráfico de enervantes, el cual no tiene etiqueta alguna.
Las autoridades de la Agencia Federal de Investigac! ió ;n (AFI), Policía Federal Preventiva (PFP) y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), continuamente informan de decomisos no sólo de toneladas de droga, sino de dinero en efectivo, joyas, terrenos de cultivo, de construcción, residencias, automóviles, camionetas, camiones de carga, negocios y enseres en general, sin que haya información pública continua sobre la adjudicación estatal, el manejo que se les da, cuándo y en cuánto y a quiénes se venden… si es que se hace.
“Lo que tenemos en México es, por una parte, un problema de orden jurídico, y por el otro uno de administración de los bienes incautados”, explica a QUEHACER POLÍTICO Andrés Lozano Lozano, coordinador de Seguridad Pública de la fracción del PRD en la Cámara de Diputados
“En materia de incautaciones la legislación mexicana es endeble y deja en indefensión al Estado. Es urgente una reforma al Artículo 22 constitucional para la posterior emisión de una Ley de Extinción de Dominio como la que hay en Colombia y otros países, la cual les ha permitido avanzar de fondo en el control del narco”.
Por su parte, y al participar el 28 de marzo en el Foro sobre Extinción de Dominio de los Bienes Propiedad del Crimen Organizado y su Aplicación en México, el coordinador de los diputados del PRI, Emilio Gamboa Patrón, resaltó la “poca transparencia por parte del Gobierno en el manejo de los bienes decomisados”. Sin duda alguna, “hay un mal manejo por parte del Gobierno de la República en el manejo de los bienes decomisados”.
Puso en relieve “el excesivo tiempo de desincorporación por parte de la Administración Federal una vez decomisado, lo que hace que los bienes pierdan su valor comercial o se deterioren”.
Emilio Gamboa puso también de manifiesto “la incertidumbre de la sociedad mexicana en relación a qué se adjudica o se destina, el resultado de la venta de los recursos decomisados”.
A su vez, el ex gobernador del estado de México, César Camacho Quiroz, señaló que utilizar el mecanismo de la expropiación y no una legislación específica en materia de extinción de dominio, provoca que el Estado se sustente en mecanismos jurídicamente frágiles. El Estado, expuso, no puede combatir la ilegalidad con medidas de dudosa legalidad o que estén en riesgo de que una impugnación las pueda tirar en la Corte (SCJN).
Por separado, el titular de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, Joel Ortega Cuevas, resaltó las dificultades que enfrenta el Gobierno de la ciudad de México para la adjudicación de las propiedades adquiridas con dinero del crimen organizado, las cuales son usadas para fines ilícitos.
El jefe del Gobierno del DF, Marcelo Ebrard, ha expresado en diversas ocasiones, incluso ha hecho una propuesta específica al Congreso de la Unión, con el fin de mejorar el marco legal para la adjudicación estatal de bienes asociados a las actividades ilícitas.
“Sin temor a equivocarnos, podemos decir que no existen instrumentos jurídicos idóneos, y que es indispensable que a nivel local y federal se hagan las adecuaciones normativas para proporcionárselos a las autoridades, y así combatir a la delincuencia organizada de manera efectiva”.
Respecto al comercio de los narcóticos, dijo que “éste prolifera debido a los extraordinarios flujos financieros a que da lugar, los cuales, mientras permanezcan a disposición de los traficantes, garantizarán la capacidad de la delincuencia y harán estéril toda actividad del Estado para enfrentarla”.
Joel Ortega precisó que la implementación en ! México de la figura de “acción de extinció! ;n de do minio tendría amplios beneficios si se entiende como la institución autónoma, consistente en la pérdida de la propiedad respecto a bienes muebles o inmuebles, tangibles o intangibles, a favor del Estado, sin contraprestación ni compensación (como la figura de la expropiación que prevé una indemnización para el dueño) de naturaleza alguna para su titular”.
Planteó que los supuestos que darían lugar a que se declarara la extinción de dominio serían cuando se detecte un incremento patrimonial injustificado en cualquier tiempo, sin que se explique el origen lícito del mismo; el bien o los bienes de que se trate provengan directa o indirectamente de una actividad ilícita; los bienes de que se trate hayan sido objeto de investigación o habiéndolo sido, no se hubiese tomado sobre ellos una decisión definitiva por cualquier cosa.
Se programa que la Secretaría de Hacienda sería la depositaria, como en teoría ocurre hasta ahora, aunque ahora sí, con mecanismos de transparencia y eficiencia administrativa para la manutención y en su momento desincorporación.
Por otro lado, durante el citado Foro sobre Extinción de Dominio, que se realizó el 28 de marzo en la Cámara de Diputados, el ex fiscal general de Colombia (ex procurador general) Gustavo de Grief Restrepo, explicó que en su país ha funcionado la ley de extinción de dominio separadamente de la figura de expropiación, que tiene otro perfil y otros procedimientos.
De Grief comentó que “ha servido para que el Estado colombiano reciba numerosos bienes muebles e inmuebles. En inmuebles, éstos representan cerca de 200 mil hectáreas de excelentes terrenos”.
Al abundar sobre el mecanismo legal, detalló que “por el respeto al principio del debido proceso de la presunción de inocencia, es necesario, pr! imero, q ue se instruya un proceso en el que se recoja un acervo prioritario por parte de la Fiscalía General de la Nación, que demuestre que se justifica pensar que ha habido un enriquecimiento injustificado”.
La decisión del fiscal “pasa al conocimiento del juez y éste, en presencia de pruebas presentadas por la Fiscalía (Procuraduría) y de las pruebas controvertidas por el interesado, determina o falla la extinción de dominio y el paso de las propiedades correspondientes al Estado, o su devolución a quienes se consideró que había enriquecido injustificadamente y en el proceso se encontró que no había sido así”.
No obstante, reconoció que si bien la mencionada legislación ha sido efectiva, por sí misma no ha servido para disuadir la comisión de delitos relacionados con el tráfico de drogas, lo cual da una clara idea de que es un instrumento para una es! trategia integral y no una solución única.
A su vez, el coordinador de los diputados del PRD, Javier González Garza, dice que el combate al crimen organizado no debe ser solamente con base en operativos policiacos, sino de manera conjunta con otras acciones en materia de salud pública, educación, promoción de empleo, desarrollo social y, marcadamente agrega, en el combate ”al ambiente financiero y de infraestructura.
“No olvidemos que lo que estos delincuentes hacen es un negocio y que están ahí para ganar dinero, y necesitamos golpear en donde más duele, en lo financiero y en su infraestructura”.
El diputado perredista, Andrés Lozano, integrante de la Comisión de Seguridad Pública de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados y coordinador del área en su grupo parlamentario, comenta que por lo endeble de la legislación mexicana sobre incautaciones al crimen organizado no sólo hay poca transparencia sobre su manejo, sino que el narco exige con éxito la devolución de sus bienes, e incluso, puede hasta demandar indemnizaciones al Estado.
“Nosotros hemos manifestado, desde antes que se emprendieran los operativos contra el narcotráfico en este Gobierno de Calderón, que tenía que darse, ante todo, una reforma al Artículo 22 constitucional, donde claramente se permitiera al Estado, a través de un procedimiento específico, incautar todos aquellos bienes que tuvieran una relación con hechos ilícitos”.
Acota que la Constitución no es clara en esa materia, por lo cual es urgente una reforma para establecer con claridad este poder estatal y aprobar de inmediato una ley de extinción de dominio.
“La historia de las enajenaciones a través del tiempo nos ha llevado a que finalmente los bienes, que en un principio pasan a ser propiedad del Estado a través de la incautación, por ser bienes relacionados con actividades ilícitas, al paso del tiempo vuelven a ser propiedad de los actuales poseedores”.
Asimismo, que si por el ejemplo se detecta un rancho con siembra de mariguana, se decomisa para pasar a ser propiedad del Estado, pero aparece luego quien se acredita como dueño, quien dice, “yo no estaba explotando el rancho”, y muestra un contrato de arrendamiento a nombre de un fulano donde se señala que las tierras no pueden ser usadas para un fin ilícito. Normalmente todo esto es una simulación, afirma.
En este marco, y aunque el Gobierno federal ya publicita en TV la incautación, para quedarse legalmente con los poco más de 205 millones de dólares que fueron decomisados el mes pasado en una residencia de las Lomas de Chapultepec de la ciudad de México, se va a desahogar todavía un procedimiento que bien puede durar meses y en el peor de los casos, años.
“Quizá por la cantidad en efectivo para un particular sea difícil acreditar el legítimo origen del mismo, pero no tengo la menor duda que están ante un problema jurídico de cómo poder hacerlo parte del Estado, porque finalmente no tenemos los procedimientos adecuados”, advierte a este semanario el diputado perredista, Andrés Lozano, de la Comisión de Seguridad Pública.
Desde el Estado se puede decir que se encontró en un domicilio de la calle tal con número tal, que según datos del Registro Público de la Propiedad el legítimo propietario es el señor fulano de tal, “pero con eso no puedes acreditar que lo encontrado sea de quien aparece como legítimo propietario, porque no lo encontraron cargando las pacas de billetes”.
Sobre la casa donde se halló el dinero, indica que la argucia del narco puede ser que estaba rentada. “Por lo que se vio en TV, esa casa tiene un valor de millones de dólares. Creo que va a ser difícil que las autoridades la puedan relacionar directamente con un ilícito para quedarse con ella. Es muy difícil, pero vamos a ver”.
En términos reales el Estado mexicano no está preparado para manejar una gran cantidad de bienes muebles e inmuebles. “No tiene capacidad para administrar todo lo que incauta. Aquí nos encontramos con un problema real de administración de bienes”, continúa el legislador del PRD Andrés Lozano.
Expone como ejemplo que si los narcos usan dinero ilícito para comprar un hotel, en términos de la ley puede ser legítimo, en tanto no se acredite su uso con fines delincuenciales, y si es decomisado por el Gobierno, éste debe hacerse cargo del mantenimiento, pagar la nómina, etcétera.
Lozano plantea: “Si t&u acute; acreditaste la propiedad y señalas que al momento en que te quitaron el hotel, por ejemplo, tenías una ocupación del cien por ciento y cuando lo administra el Estado baja, no sólo es posible que te regresen tu inmueble, sino hasta los puedes demandar y ganar un juicio para que te paguen lo que dejaste de percibir”.
Y que hay bienes no usados y sin determinarse su situación jurídica durante algún tiempo, con lo cual pierden sus funciones originales. “Un vehículo si no se usa y lo dejan parado tres años, seguramente estará en muy malas condiciones, con el motor pegado, inservible”.
En principio la PGR se hacía cargo de la administración de los bienes incautados, pero en la actualidad, desde que Francisco Gil Díaz estaba al frente de la Secretaría de Hacienda, por medio de un sistema de administración, el cual, señalan los legisladores del PRD y del PRI, no da información transparente sobre cuáles son los bienes, dónde se encuentran, cuánto cuesta al Estado mantenerlos, en fin.
“No hay claridad en todo esto, evidentemente, si fuera claro, no tendríamos estas dudas, porque ha habido procedimientos poco claros, ahí están las casas compradas al IPAB presuntamente por los hijos de Marta Sahagún, las cuales adquirieron en tres mil pesos cada una y las pueden vender en 300 ó 400 mil pesos.
El diputado perredista Andrés Lozano, integrante de la Comisión de Seguridad Pública de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados y coordinador del área en su grupo parlamentario, señaló que México no sólo requiere fortalecer su marco legal y transparentar sus procesos sobre el manejo de los bienes decomisados, sino pro! fundizar en la inteligencia policiaca en materia financiera pa! ra detec tar esos bienes, tangibles y no tangibles, como el movimiento del dinero de procedencia ilícita en proceso de lavado.
Resalta que se necesita de una inteligencia financiera para determinar las relaciones de asociaciones civiles y sociedades anónimas, entre otras, detrás de las cuales se esconde el manejo de dinero ilícito.
“Saber cuál es el verdadero origen de la empresa, quiénes son sus accionistas, cómo acreditaron sus ingresos a favor de esa sociedad anónima de la cual forman parte, cuáles son sus negocios previos, entre otros datos”, precisa.
También mantener una supervisión constante sobre los depósitos bancarios de determinada importancia, cuentas vinculadas, quiénes las operan, si se hacen transacciones millonarias.
“En México no hay demasiados problemas para instalar una empresa mediante una sociedad anónima como una forma de lavado de dinero, o bien, ! para usarla con fines ilícitos, como el instalar un laboratorio encubierto”.
Reconoce que es más difícil detectar el lavado del dinero en efectivo, “porque los billetes no tienen una etiqueta que revele con precisión su procedencia. Lo que se puede hacer y no se hace con eficacia, es mantener abierto un sistema de inteligencia, de investigación constante”.
La historia de incautaciones en nuestro país tiene que ver desafortunadamente en que todos aquellos bienes –un rancho, una casa, un hotel, una empresa–, que hayan estado relacionados con estos ilícitos puedan ser aprovechados por parte del Estado o terminan en posesión de los delincuentes, por sus estrategias de orden jurídico o quienes lograron acreditar su propiedad, después de seis meses, un año, tres años, cinco años, señala el diputa! do perredista y miembro de la Comisión de Justicia en la Cámara de Diputados, Andrés Lozano Lozano.
La fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en la Cámara de Diputados, dice Lozano Lozano, “ha señalado la necesidad reformar el Artículo 22 de la Constitución y posteriormente tener una ley específica de extinción de dominio sobre los bienes que incauta el Estado, como en el caso de Colombia, que posibilite al Estado hacerse de manera más rápida, contundente y definitiva en contra de los bienes del crimen organizado, a través de la orden de un juez”, sin violar las garantías constitucionales.
Las autoridades necesitan “debilitar la estructura financiera, y para ello tienes que actuar de manera directa en contra de los bienes del negocio del narcotráfico”, subraya Lozano.
El legislador perredista indica que “las incautaciones cuando pasan a manos del Estado terminan deterioradas, ya que a! lgunos bienes necesitan cuidados como un hotel, recuperándose el 20 por ciento de su valor original en los remates o ranchos con cabezas de ganado que se pierden”, por lo largo de los procesos penales.
Admite que la política de aseguramiento de la riqueza ilícita producto del narcotráfico o delincuencia organizada “es una desilusión absoluta”, por lo que se necesitan reformas constitucionales y la norma de extinción de dominio. Agrega que “debe de haber una buena cantidad de bienes tanto inmuebles como muebles en posesión del Estado”.
Al preguntársele por qué se le quita a la PGR la responsabilidad de administrar los bienes decomisados, responde: “La PGR es cómplice, hay que recordar que la cultura de los últimos años en este país es que los narcos quieren ser policías y los policías quieren ser narcos, y hay una franca comunicación. Entonces hay un interc! ambio de información y una estrategia jurídica y! una ley endeble, eso es el escenario propicio para que nunca pasen como bienes del Estado. Y por ello hay que trabajar en el tema y la confianza es que se aprueben las reformas en la materia”.
posted by H2AGUA at
7:58 a.m.
