LAS AMENAZAS TELEFONICAS DE LOS PANISTAS(YUNQUISTAS)

Álvaro delgado

Crímenes sin castigo

México, D.F., 7 de mayo (apro).- El diputado local por Chihuahua, Fernando Reyes Ramírez, presidente de la Comisión de Vigilancia del Congreso estatal, recibió hoy lunes una llamada en su teléfono celular y, al contestar, escuchó un frase que lo paralizó: “¡Deja de desafiar a los dirigentes del PAN o te mueres!”

Reyes Ramírez no es un legislador priista o perredista que juzgue críticamente --con razón o sin ella-- al PAN en la entidad. Se trata de un militante de ese partido desde hace al menos dos décadas y precandidato a la alcaldía de Chihuahua capital, que gobierna ese partido.

Un caso análogo es el de Patricia Fierro Holguín, otra militante del PAN durante más de 20 años: en cosa de días recibió también amenazas de muerte por teléfono, le fue lanzada una bomba molotov a su domicilio y, la madrugada del domingo --en un hecho que sólo cometen el hampa y los cobardes--, su hijo fue salvajemente golpeado por los tripulantes de un Jetta negro que vestían ropa de marca.

--¿Quiénes son los autores? --se le pregunta a Reyes Ramírez.

--¿Quién tiene ahorita la presidencia municipal, quién quiere seguir manejando mil 300 millones de pesos de pesos anuales y quién quiere seguir controlando políticamente el partido de una manera de cofradía? Son ellos.

--¿El Yunque?

--Claro. Se ha encarnado en la persona de Carlos Borruel, hoy candidato del PAN a la presidencia.

Patricia Fierro tampoco tiene dudas: los autores de la brutal golpiza a su hijo Carlos Alberto Rodríguez Fierro, de 22 años, quien resultó con fracturas en el cuerpo y la pérdida de piezas dentales, son quienes forman parte de El Yunque, organización secreta de extrema derecha que, en Chihuahua, tiene uno de sus enclaves y donde emergió políticamente Manuel Espino, actual presidente del PAN.

“Siempre he recibido críticas y ataques a mi persona perpetrados por quienes dirigen el MURO-Yunque que tiene secuestrado el PAN, pero nunca se habían metido con mi familia”, dice por su parte Fierro Holguín.

Y es que ambos políticos hechos en el blanquiazul forman parte de quienes han enfrentado, en Chihuahua, a los seguidores de las escuadras juramentadas del Yunque, que ha creado entre otros membretes el Movimiento Universitario de Renovadora Orientación (MURO) y Desarrollo Humano Integral y Acción Ciudadana (DHIAC), por lo que en Chihuahua se conoce como Yunque-DHIAC-MURO.

Sería pueril soslayar estos graves hechos por tratarse de otra de las reyertas entre facciones panistas --“de que la perra es brava…”--, y peor todavía ignorar el calibre de las amenazas de arrebatarle la vida a alguien, más aun cuando se ha materializado, en grado de tentativa, en el joven que fue golpeado sin piedad.

A ningún mexicano que ame la vida --y por supuesto que este valor va más allá de la derecha que lo proclama ‘electoreramente’-- le es indiferente la multiplicación de hechos de violencia contra quienes expresan posiciones políticas distintas a las oficiales, ni a nadie que tenga capacidad de indignación le es ajena la impunidad que se consagra desde los poderes políticos, económicos y religiosos.

Las amenazas de muerte contra dos militantes del PAN en Chihuahua y la tentativa de asesinato en el caso del joven Rodríguez Fierro son expresiones de la impunidad, que se ha extendido y enraizado en todo el territorio nacional, convirtiéndose ya en una enfermedad nacional, como la corrupción.

No valen las excusas, menos de la autoridad, presentada como está una denuncia formal por la cobarde agresión al muchacho. Aun si los señalados no son los autores, si en realidad son delincuentes comunes, no es admisible que queden sin sanción y en el olvido esas conductas criminales.

Crímenes tan abominables como el de la veracruzana Ernestina Ascensio Rosario --pobre, vieja e indígena de la sierra de Zongolica-- van quedando en el olvido por la indiferencia que se genera desde el poder y la justificación de portavoces oficiales y oficiosos.

El crimen no es sólo el ultraje y el homicidio de la indígena de Veracruz, de lo que existen abundantes elementos, sino el montaje para volver inapelable la sentencia de Felipe Calderón, de que doña Ernestina murió de “gastritis crónica no atendida”, aunque la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) haya concluido que la causa de la muerte fue una “anemia aguda” y el gobierno de Veracruz que fue de “parasitosis”.

Aun en el caso de que haya habido una errónea conducta de los médicos y peritos de Procuraduría de Veracruz, no ha procedido ninguna sanción, aun a pedido de la CNDH, como lo había anticipado. El saldo es, simplemente, la impunidad.

El mismo saldo, también, en el caso de los agentes policiacos que actuaron, hace un año, haciendo frente a los manifestantes de San Salvador Atenco, cuyos tres dirigentes han sido condenados a purgar, cada uno, 67 años de prisión, pese a la debilidad y aun falsedad de las pruebas aportadas por las autoridades. La ley a secas a unos, la impunidad absoluta a otros.

Bueno, dirán algunos, no son lo mismo las amenazas de muerte a dos panistas de Chihuahua, uno de ellos diputado, que el caso de doña Ernestina. Y así es: no hay que esperar a que los maten y se materialice otra vez la impunidad.

Apuntes

La indiferencia y la justificación ante arbitrariedades cometidas por soldados que combaten a un sector de las bandas del narcotráfico abonan, hay que insistir, a la impunidad. En Carácuaro, Michoacán --donde murieron cinco soldados--, civiles ajenos a la delincuencia padecieron los abusos que derivan de la suspensión de garantías de facto impuesta por el Ejército. El gobernador Lázaro Cárdenas, muy amigo de Calderón, censuró la información que han difundido medios como Proceso sobre abusos de las tropas en ese municipio y Nocupétaro, y el arzobispo Alberto Suárez Inda, confesor de la familia Calderón y cuya parentela milita en el PAN, como su hermano exalcalde de Celaya, dijo que aun cuando haya abusos a la población civil, “el Ejército tiene que actuar, porque el asesinato de los militares no puede quedar impune”… En la Plaza de la Constitución, ayer domingo, unas 20 mil personas no sólo ejercieron el derecho a la libertad de expresión, sino que la Ciudad de México --y el país-- ganó una batalla cultural más.