MAS SOBRE LA LEY TELEVISA
La ley Televisa, una amenaza para el país
Nora Rodríguez Aceves
Envueltos en la vorágine mediática del combate al narcotráfico, con sus secuelas de sangre y muertos, de pronto volvió el tema de la ley Televisa, toda vez que el ministro de la Corte Sergio Salvador Aguirre Anguiano, dijo que la citada ley contiene artículos violatorios a la Constitución.
Y en cascada vinieron las acusaciones —dimes y diretes— entre los legisladores que en su momento aprobaron las nuevas leyes federales de Radio y Televisión y de Telecomunicaciones. Quien fuera senador de la República en la Legislatura pasada, priísta él, y el más severo opositor a la ley Televisa, Manuel Bartlett, celebra que la Corte pueda echar atrás la controvertida reglamentación.
“Espero —dice— que la invalide”.
Aun cuando Héctor Larios niegue las declaraciones de Santiago Creel, en relación a que la llamada ley Televisa fue producto de una imposición previa a las elecciones de 2006, “yo vi a Larios imponer y luchar para someter a los senadores panistas que estaban en desacuerdo, y preparaban ya reformas a la ley Televisa. Entonces llegan y los someten, alegando a sus compañeros de partido que esa era la única manera de que Calderón fuera presidente”, afirma Manuel Bartlett Díaz, ex senador del PRI.
A un año de que el Congreso de la Unión aprobara las leyes federales de Radio y Televisión y de Telecomunicaciones —pero que sus principales opositores las han designado como ley Televisa, porque beneficia de manera injusta y significativa a esta empresa—; y de que 47 senadores de la anterior Legislatura interpusieran ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (la Corte) una acción de inconstitucionalidad contra esta ley; y a unos días de que la Corte inicie —21 de mayo— el debate público del proyecto de resolución del ministro ponente Sergio
Salvador Aguirre, Manuel Bartlett Díaz, en entrevista con Siempre!, comenta su posición y sus reflexiones en torno al tema y al escándalo creado por Santiago Creel, coordinador de la fracción parlamentaria del PAN en el Senado de la República, al admitir éste “que la ley Televisa se aprobó en un clima de presión, ya que no se negoció, sino que se impuso como acción previa a las elecciones presidenciales de 2006”.
En opinión de Bartlett, estas declaraciones son “un escándalo. Creel, como secretario de Gobernación, estuvo en todo, desde el aborto de la Ley de Radiodifusión que iban a realizar al inicio del régimen de Fox en Gobernación, hasta su salida regalándole permisos para convertir al país en un garito a través de la televisión. Ahora nos dice públicamente, y lo ha reiterado, que esa ley fue una imposición”.
“Viniendo de Creel, ¿ya qué le queda de autoridad moral a esa ley? Nada, porque sean cuales sean los antecedentes de Creel y su posición en el gabinete, todo lo que significó su posición de jefe de gabinete de Fox, él reafirma con toda claridad que fue una ley impuesta y que se dio en un momento en que los candidatos, y ahí sí van todos, desde Calderón en adelante, estaban sometidos al poder de las televisoras, porque estaban en ese momento negociando los espacios de propaganda. Por tanto, Televisa y TV Azteca se impusieron a los candidatos a la Presidencia de la República, a todos los candidatos al Congreso, a todo. Esto es un escándalo independientemente de quién lo dice. De los antecedentes que podemos decir, tomemos esta confesión como válida”.
“Obviamente —indica— esta confesión es rechazada por Héctor Larios, quien dice que no es cierto que se impuso, porque él estaba ahí. Yo también estaba y vi a Larios imponer y luchar para someter a los senadores panistas que estaban en desacuerdo y que estaban ya preparando reformas a la ley Televisa; entonces, llegan y los someten alegando a sus compañeros de partido que esa era la única manera de que Calderón fuera presidente”.
El ex gobernador de Puebla va más allá y agrega: “Lo mismo se da en la fracción del PRI, aunque Emilio Gamboa salga a declarar que no es cierto que haya habido imposición; que a él no se le impuso nada. Claro que no se le impuso nada, pues él era socio de imposición. Gamboa con Jackson y todo su equipo formaron parte de esta manipulación para sacar la ley. Impusieron la ley Televisa a los compañeros senadores en discusiones internas abiertas, la impusieron utilizando todos los instrumentos de sometimiento para diputados y senadores. Esto viene a esclarecer la verdadera situación de esta ley infame cuando está por discutirse en la Corte”.
Bartlett subraya que “estamos viendo al año de la ley Televisa cómo la verdad se impone. Lo dijimos en la tribuna mil veces, durante varios años, todos se convinieron para servir a los intereses de Televisa y TV Azteca. Es un caso vergonzoso para la nación mexicana”.
“Si algo podían haber puesto en duda los ministros —agrega— sobre la perversidad y moralidad de esta ley, ya no queda ni una brizna. No tiene ninguna autoridad moral y por eso los ministros de la Corte no van a estar defendiendo una ley de buena fe sino una perversión convertida en ley”.
“No quiero ni pensar en que la Corte avale la ley Televisa, que es una amenaza para los intereses de la nación. Espero que la invalide. Hay que tener esperanza en que la Corte cumpla su función y rescate la dignidad del Estado mexicano frente a la integridad del Legislativo que hoy es fatal”.
A unos días de que los ministros inicien las sesiones públicas para resolver si son inconstitucionales o no las reformas a la Ley Federal de Radio y Televisión y a la
Ley Federal de Telecomunicaciones, aprobadas por el Senado de la República en marzo de 2006, Bartlett, quien analizó, junto con el ex senador panista Javier Corral y un grupo de abogados del despacho Zambrano-Madrazo el proyecto de 547 cuartillas del ministro Aguirre, comenta: “Vemos positivo que la Corte debata públicamente, que sea transparente, porque había la preocupación de que podría sacarse este asunto en un fast track, sin una apertura suficiente, y no ha sido el caso. Esperemos que en el debate se obtenga lo que deseamos, que la ley Televisa desaparezca, porque es una amenaza para el país”.
Sin atreverse a dar un posible escenario sobre la resolución de la Corte, el priísta asegura: “No puedo predecir el voto de los ministros, pero deseamos que la Corte demuestre su situación de tribunal supremo frente al Ejecutivo que se sometió al poder de Televisa y TV Azteca. El presidente Vicente Fox y su señora, que les entregaron hasta el 12.5 en un regalo de algo que no era suyo. ¡Par de delincuentes!. Lo que hicieron Fox y su señora es un despojo a la nación, como dos ladrones que le entregan lo que no es suyo a otra persona”.
En su reflexión, Bartlett recuerda: “El Ejecutivo se sometió al poder de las televisoras. Al presidente Fox lo mantuvieron en la pantalla para preservar una falsa popularidad y a cambio fueron miles de millones que les otorgó a las televisoras a través del 12.5 y luego finalmente a través de la ley Televisa, que tiene valor de declararlas monopólicas para siempre, al duopolio para siempre. Inclusive recordemos que el secretario de Comunicaciones de Fox, le recomendó por escrito que no publicara la ley, porque tenía fallas constitucionales y era inconveniente y, sin embargo, la publicó”.
“El sometimiento del Ejecutivo —dice— es un hecho. Es público y el sometimiento del Congreso de la Unión también, es decir, el hecho de que una unanimidad en la Cámara de Diputados y una mayoría en el Senado hayan aprobado una ley ostensiblemente violatoria a la Constitución y contraria a los intereses nacionales de una manera clara, demuestra la presión y el sometimiento de senadores y diputados de todos los partidos a los intereses de Televisa”.
Regresando al análisis del proyecto del ministro Aguirre Anguiano, Bartlett explica que en el documento existen artículos que se declara inválidos, es decir, que le da la razón a la parte actora, a los 47 senadores, pero hay artículos en los que el ministro mantiene una posición distinta a la de los ex legisladores.
“Por lo que respecta a aquellos artículos que invalida —explica—, nosotros subrayamos la importancia del artículo 28 de la ley de radiodifusión, uno de los más cuestionados y más peligrosos, porque le daba a los concesionarios de televisión el derecho de llevar a cabo servicios de telecomunicaciones sin ninguna licitación y con una serie de ventajas por encima de todos los demás, lo cual convierte a las televisoras, en caso de que esto se hubiera aprobado, en un poder inmenso sin licitación y en una gran acción de discriminación para todos”.
“En el proyecto también se reconoce —agrega el licenciado Bartlett— que el método que establecen estas reformas para otorgar en el futuro concesiones de radio y televisión, es inadecuado e inconstitucional, como lo planteamos nosotros, porque está basado en lo que ellos llaman subasta, una licitación con subasta, y eso hace que la asignación de concesiones se dé en razón del dinero”.
“Por lo que respeta a los artículos que no invalida el proyecto, existen varios. Uno de ellos es el que no analiza los inconvenientes ni violaciones constitucionales que hemos señalado en relación con los artículos que rigen a la televisión pública, a la radiodifusión pública comunitaria y social. La ley Televisa establece una serie de condiciones adicionales diferentes a las que se les exigen a las solicitudes para televisión comercial que hacen imposible que cumplan su objetivo las radio comunitarias, inclusive, las televisiones públicas. Y eso va en contra de lo que manifiesta el propio Aguirre Anguiano en relación a la necesidad de mantener la pluralidad en el sistema de televisión mexicano”.
“El otro punto —dice Bartlett— es el refrendo automático. Ahí volvemos al tema de la desigualdad y la discriminación, al establecer que quienes ya tienen una concesión y desean que se les refrende, tienen prioridad sobre los terceros que traten de participar en esa concesión o en ese espacio; y alega que han invertido, ya pasaron una licitación, y por tanto, es diferente adquirir sin haber pasado la licitación.
Esta interpretación va en contra de los propios principios que sostiene Aguirre Anguiano en el análisis de otros artículos, cuando dice con toda claridad y corrección: la televisión es una difusora tan importante que no puede estar en pocas manos frente a una gran pluralidad”.
“Además —y finaliza—, se debe evitar las prácticas monopólicas. Esa aceptación de que tendrán ventajas y privilegios los que ya tienen la concesión, va en contra de esa tesis. Estamos analizando los argumentos del proyecto que consideramos no son sólidos y pueden ser superados”.