LAS TRAMPAS DEL DUOPOLIO TELEVISA-TVAZTECA PARA APODERARSE DEL ESPACIO TELEVISIVO

A. El 1 de diciembre de 2005, la totalidad de los diputados federales votaron por las reformas a la Ley de Radio y Televisión, que en opinión de sus críticos fue hecha para dar mayores concesiones a las dos televisoras dominantes. Sin más trámite que su presentación, la denominada “Ley Televisa” fue aprobada por todos los políticos representados en San Lázaro.

B. Aunque los senadores fueron ampliamente advertidos, incluso por la Comisión Federal de Competencia, del aliento que se le otorgaba a las televisoras, la mayoría avaló las reformas el 31 de marzo de 2006, mismas que fueron publicadas por el entonces presidente Vicente Fox, el 11 de abril de ese año. Entre los aspectos considerados más polémicos de la ley, está que las televisoras podrán ampliar de facto su capacidad de difusión sin tener que pagarle al Estado un solo peso por ello, pues el proceso de digitalización les dará automáticamente mayor amplitud.
Además, la renovación de las concesiones deja de ser una potestad de la Presidencia y se someten a una subasta en la que se asignarán al mejor postor.

C. Dos semanas después de la publicación de la ley, 47 senadores detectaron lo que a su juicio es la violación a 23 preceptos constitucionales y pidieron a la Suprema Corte de Justicia invalidara las reformas.

D. El jueves 3 de mayo de este año, en un hecho inédito, el ministro ponente del proyecto de sentencia, Aguirre Anguiano, distribuyó el documento de 545 páginas en que da aliento a la idea de la inconstitucionalidad. De los cinco principales temas planteados por los ex senadores, el ministro Anguiano les dio la razón en dos de los más importantes.

Primero: propone declarar la invalidez del artículo 28 de la Ley Federal de Radio y Televisión. En sus argumentos se objeta la parte medular del esquema de negocios de las televisoras. Este precepto es el calificado como puerta de entrada “al régimen privilegiado” por el cual, los medios extenderían su licencia para el servicio de radio y televisión a todo tipo de servicios de telecomunicaciones, sin que les sea exigido pago alguno y sin participar en un proceso de licitación.

El otro concepto impugnado plantea rechazar a la subasta como elemento definitorio para el otorgamiento de una concesión. Retoma como un concepto de invalidez para declararlo inconstitucional el que se ponga al dinero como elemento fundamental.
Juzga Corral: “La subasta es uno de los mecanismos más distorsionadores del derecho a la información y de la pluralidad, porque creer que sólo el que posea más dinero, por ese hecho tiene más derecho, es contrario a los derechos humanos”.