BUCARELI

Jacobo Zabludovsky

Democracia o ‘Martalandia’

La Suprema Corte de Justicia inicia hoy el análisis, debate y resolución de la acción de inconstitucionalidad que 47 senadores de la anterior legislatura promueven contra el Presidente y otras autoridades sobre la llamada ley Televisa.

Los ministros están haciendo historia porque más que el examen de una ley, lo que está en juego es la consolidación de la democracia en México.

El proceso que hoy se inicia puede estar a la altura del realizado en 1996, cuando el entonces presidente Ernesto Zedillo solicitó la intervención de la Corte para investigar el asesinato de 17 campesinos inermes en Aguas Blancas, Guerrero. El martes 5 de marzo de ese año en uno de los momentos decisivos del Poder Judicial, la Corte acordó investigar la matanza, acto sin precedentes en un caso de esa naturaleza. En su informe final los ministros concluyeron que hubo violación grave de las garantías individuales de los campesinos agredidos, y responsabilizó a Rubén Figueroa Alcocer, quien hubo de separarse de su cargo de gobernador, y a ocho funcionarios más, entre ellos el secretario general de Gobierno y el procurador de Justicia.

La olla podrida de la ley Televisa llegó lista para ser servida en la mesa de Marta y Vicente Fox, y en ella metieron su cuchara muchos que hoy fingen demencia. Fue “una imposición”, dijo Santiago Creel como si no hubiera sido secretario de Gobernación casi todo el sexenio, y confesó: “Es tiempo de rectificar”. Los tres candidatos más importantes a la Presidencia —Calderón, Madrazo y López Obrador— avalaron el proyecto y los legisladores de sus partidos votaron en favor. Entre las voces en contra no sólo estuvieron las de los 47 legisladores que desafiaron el poder de la televisión, de la radio y de algunos periódicos que los declararon muertos y enterrados en sus noticias, sino otra que debe ser recordada: nada menos que la de Pedro Cerisola, secretario de Comunicaciones y Transportes, quien entregó el 4 de abril de 2006 al consejero jurídico del presidente una serie de observaciones para rechazar la ley. En mi programa de radio De 1 a 3 del 21 de junio de 2006, dije: “Señor presidente: usted está obligado a explicarnos por qué ignoró el documento de Cerisola... por qué regala un bien de todos los mexicanos, como es el espectro radioeléctrico, para concentrar más poder en menos manos, sin ninguna contraprestación para un pueblo en que millones de personas viven en la miseria... Uno de los miembros de su partido acaba de recomendarle a otro que las manchas de lodo simplemente las deje secar y luego se caen solas... no le haga caso, señor Fox, hay lodos indelebles”.

El señor Fox no se dignó contestarme, ni mucho menos revisar y corregir el texto de la ley Televisa. ¿Lo habrá leído?

El mismo día en que los ministros aceptaron estudiar la ley Televisa, se revelaba a qué grado la televisión participó, influyó y tal vez decidió el resultado de la elección presidencial del año pasado. Cuando el actual gobierno no cumple todavía su primer semestre, Carlos Ahumada queda súbitamente libre y confiesa que fue el instrumento, sucio y perverso pero efectivo, para tratar de destruir a uno de los candidatos. Se filmó a sí mismo dando dinero a colaboradores muy cercanos de ese candidato. Pero de nada habría servido esa filmación si no llega a divulgarse en la televisión mediante procedimientos siniestros, simulaciones y manejos misteriosos hasta hoy mantenidos en la oscuridad. Al salir de la cárcel Ahumada, con la soberbia propia de los pecadores impunes, dijo: “Creo que puse un granito de arena a lo de julio del año pasado”. Le preguntaron si se refería al “no triunfo” de López Obrador. “Así es”, dijo Ahumada. Uno se pregunta si ese granito de arena no pesaba 0.56% o un poquito más de los votos contados. Este asunto y el examen de la ley Televisa no tienen relación directa aparente, pero es obvio el aviso: una elección presidencial en México puede decidirse en el futuro de modo incontrolable si no se ponen diques jurídicos a los excesos.

De ahí que el alto tribunal haya dado a este asunto la mayor relevancia. Su presidente, el ministro Guillermo Ortiz Mayagoitia, consciente de lo delicado del tema, entregó la propuesta del ministro Sergio Salvador Aguirre Anguiano a las partes; es decir, a la Cámara de Senadores, a la Presidencia de la República y al representante común de la minoría del Senado. El proyecto del ministro Aguirre circula públicamente desde hace dos semanas. El país podrá ver las transmisiones en vivo del canal judicial y vía internet. Los mexicanos tienen garantizada la transparencia que tanto se ha exigido.

Esta semana los ministros han abierto un periodo que tendrá la finalidad de estudiar la propuesta de resolución del ponente. Para tal efecto fueron suspendidas las sesiones de hoy lunes, mañana martes 15 y el jueves 17 de mayo. La decisión será de 10 y no 11, ya que el ministro José de Jesús Gudiño Pelayo se recupera de un problema de salud y no participará en el análisis, discusión y resolución de esta acción de inconstitucionalidad.

Los ministros deben acercarse a los argumentos técnicos en los que no son expertos y por ello escucharán a especialistas en materia de telecomunicaciones de la UNAM y del IPN. Esto ocurrirá el lunes 21 de mayo, fecha en la que iniciará el debate que podría prolongarse, en un cálculo conservador, cinco sesiones; es decir, más de 16 horas.

De los 10 ministros que declararán sobre la validez o invalidez de las normas impugnadas, ocho de sus votos son indispensables. En manos de ellos está decidir sobre la posible contradicción entre la norma de carácter general, la ley Televisa, y la Constitución de la República mexicana.

Se trata, ni más ni menos, de escoger un camino. Fortalecemos nuestra democracia o prolongamos el sexenio de Vicente Fox.