EL EDITORIAL DE LA REVISTA SIEMPRE

Poner fin a la dictadura de los medios
Hoy se sabe que la llamada ley Televisa fue un albazo, un “golpe de Estado” asestado en 2006 por un grupo de legisladores en contra de la sociedad. Dicha ley fue una imposición que desplazó el proyecto social, plural y democrático que venían construyendo y consensuando los entonces senadores Javier Corral del PAN y Raymundo Cárdenas del PRD, para poner fin a los excesos de los monopolios de la radio y la televisión.

Los padres de la ley Televisa dejaron en medio del largo y sinuoso debate que se llevó a cabo una serie de huellas “dactilares” que permiten tener la radiografía humana y política de una generación tecnocrática, inescrupulosa y amoral que trabaja única y exclusivamente para sus intereses particulares. Sus abogados hicieron una serie de observaciones a la iniciativa de Ley de Radio y Televisión, presentada por Corral y Cárdenas, que recuerda a los ojos de pez, a las generaciones nazis que tomaban decisiones con toda frialdad y sin la menor consideración ética, moral o social.

Para ellos, exigir a los dueños de las televisoras y radiodifusoras que cumplan con su función social, “respetando los derechos humanos y la dignidad de las personas

—como lo señala el artículo 5º de la propuesta Corral-Cárdenas—; contribuir al fortalecimiento de la integración nacional y a la preservación de la composición pluricultural de la nación, coadyuvar al desarrollo cultural y educativo de las personas, procurar el desarrollo integral de la niñez y la juventud, impulsar el fortalecimiento de una cultura ecológica y estimular la protección del derecho a la salud, entre otras propuestas”, son “interpretaciones ambiguas y discrecionales que atentan contra la libertad de expresión”.

Ellos mismos, esos ex senadores que en su análisis se remiten una y otra vez a la defensa de la libertad de expresión —para preservar los intereses de los monopolios, no la integridad de la sociedad—, se oponen al derecho de réplica porque, según argumentan, “se obligaría a la emisora a darle micrófonos o cámaras, energía eléctrica, cintas, personal técnico al replicante, lo que atentaría contra la viabilidad económica de la empresa”.

Para ellos, los permisionarios —es decir, las estaciones de radio comunitarias que dan servicio social a las regiones indígenas— no deben tener derecho a comercializar porque implica una competencia desleal para los concesionarios, para los monstruos de la radio y la televisión que quieren todo para ellos.

También para ellos no deben prohibirse las transmisiones que causen daño a la salud “porque es difícil precisar los parámetros en ese sentido”. ¿Quién tiene la autoridad o el conocimiento —gritan con arrogancia una y otra vez— para decidir lo que es sano y lo que enferma? ¿Lo que es violento y lo que no lo es? La dictadura mediática y sus amanuenses son, a final de cuentas, los dueños de la ley, de la política y la moral pública.

El miedo de los gobiernos a ser exhibidos y la ambición de quienes buscan ser candidatos a la Presidencia de la República han dejado un inmenso vacío legal que ha convertido a las televisoras no sólo en dictadoras, sino en las grandes electoras, al margen de lo que decida y convenga a la ciudadanía.

Su poder —su inmenso poder— les sirve para lo que hacen hasta el día de hoy: chantajear a presidentes, gobernadores, alcaldes y legisladores. Son un poder metaconstitucional que hace temblar a los poderes constitucionales. Todos, más temprano o más tarde, se someten a sus caprichos o bien
—como sucedió con Marta Sahagún de Fox— se convierten en sus socios, cómplices y aliados.

A unos cuantos días de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelva a favor o en contra de la inconstitucionalidad de la Ley Federal de Radio y Televisión y de la Ley Federal de Telecomunicaciones, conocidas como ley Televisa, el Poder Judicial y el Presidente de la República tienen la gran oportunidad no sólo de echar abajo una ley inconstitucional y perversa, sino de poner los cimientos del gran cambio democrático que necesita México.

Los medios de comunicación electrónicos, lejos de ser hoy un instrumento al servicio del pueblo, se han constituido en un aparato a las órdenes de intereses poco claros. ¿A quién sirven o a quién defienden? Muchas veces parecen estar más a favor del delincuente que de la víctima; del narcotraficante que de la justicia; del corrupto que del hombre honrado.

No puede haber progreso, democracia y Estado de derecho en México si no se corrige el sistema mediático en el país. Ahí están concentrados y sintetizados muchos de los excesos del poder, de las evasiones fiscales y las desviaciones éticas que afectan a la nación. Acabar con la dictadura de los medios electrónicos significaría cambiar la historia del país.