MEXICO: LEGISLADORES CINICOS AL 100%

País de cínicos

Revista Siempre

El ex presidente José López Portillo advirtió en alguna ocasión que lo peor que podría ocurrirnos es que nos volviéramos un país de cínicos. Cuando lo dijo, no hace más de diez años, acaso ya lo éramos, pero en la actualidad hay múltiples evidencias de que lo somos. Déjeme referirle dos ejemplos recientes, ambos ocurridos en la cámara de Senadores, en medio de las prisas por vacaciones de la recién concluida Semana Santa.

Me refiero a la aprobación en el pleno senatorial de la llamada ley antiGordillo y, en comisiones, de la nombrada ley antiDiego. Esta denominación coloquial de ambas normas nos remite, desde el principio, al reconocimiento cínico de que se requieren legislaciones específicas, casi personalizadas, para contener las corruptelas y el tráfico de influencias de siempre.

La ley antiGordillo no es otra que la reforma a la Ley del Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR), con el objetivo de que la Afore pública Pensionissste, creada por la recién promulgada Ley del ISSSTE para administrar las apetitosas pensiones de los trabajadores al servicio del Estado, no se convierta en un negocio más de la poderosa maestra Elba Esther Gordillo. Que con esa intención específica se haga la citada reforma de ley lleva implícito el reconocimiento del Senado, sin pudor ni rubor, de las muchísimas maniobras que para su enriquecimiento personal ha realizado a lo largo de su vida política quien es líder del sindicato de maestros, dueña del Partido Nueva Alianza y aliada condicional de Felipe Calderón. Ella, en el colmo del descaro, se dijo complacida de que le pongan tales candados y el tono empleado en su declaración televisiva más parecía avalar la generalizada máxima nacional, promovida siempre desde nuestras élites, de que las leyes fueron hechas para violarse.

En un sentido similar puede verse la ley antiDiego. Se trata de una norma que regula incompatibilidades, impedimentos y conflictos de interés en los que podrían incurrir los legisladores. Se supone que con ella se restringirá la posibilidad a senadores y diputados de que, valiéndose del cargo, favorezcan intereses económicos de terceros de los que pudieran beneficiarse. Y se preguntará usted por qué ley antiDiego. Pues sencillamente porque en la pasada Legislatura, el entonces senador del PAN, Diego Fernández de Cevallos, se convirtió en el paradigma de ese tipo de tráfico de influencias, pues fueron numerosos, y muchos de ellos muy redituables, los asuntos legales que su despacho jurídico atendió y ganó cuando él era senador de la República. Baste recordar la millonaria indemnización que ganó a la Secretaría de la Reforma Agraria para uno de sus clientes.

Dígame usted si no es de cínicos reconocer pillerías que ahora sí se van a impedir o a sancionar