SOLO EN MEXICO PASA!!

Vergüenza

jorge carrasco araizaga

México, D.F. (apro).- No es ninguna casualidad. En momentos en que en el país está en duda la credibilidad de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), desde Washington se difunde un vergonzoso informe que confirma la impunidad de quienes han violado los derechos humanos en el país.

La organización no gubernamental Human Rights Watch (HRW), observadora de la situación de los derechos humanos en el mundo, emitió el pasado jueves 5 un informe internacional que demuestra el desprecio del Estado mexicano hacia las graves violaciones a las garantías individuales cometidas por algunos de sus integrantes, civiles y uniformados.

Bastó una comparación básica de HRW para demostrar lo dicho por varios organismos defensores de derechos humanos en el país: que el Estado mexicano tiene el peor comportamiento en América Latina en la investigación y sanción de los abusos cometidos por los gobiernos de la región en la época de las llamadas “guerras sucias”.

Mientras en Argentina, Chile y Uruguay los gobiernos que sucedieron a las dictaduras militares investigaron y encarcelaron a varios de los jefes castrenses, policiales y políticos responsables de torturas, ejecuciones extrajudiciales, detenciones, secuestros y desapariciones por motivos políticos, en México la historia resultó muy distinta.

HRW no dudó en calificar como “decepcionante” la actuación de la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp), pues no dio resultados concretos no sólo para sentenciar a los responsables de las graves violaciones a los derechos humanos ocurridas entre los años sesenta y setenta, principalmente, sino para reparar a las víctimas de las actuaciones del Ejército, las policías o los cuerpos irregulares y paramilitares financiados y preparados por el Estado.

Creada por Vicente Fox al arranque de su gobierno, más por obligación política que por compromiso con los derechos humanos, la fiscalía despareció con más pena que gloria, y sin ninguna señal de que el gobierno de Felipe Calderón pretenda retomar los muchos pendientes que dejó la oficina que estuvo a cargo de Ignacio Carrillo Prieto.

El exfiscal, un retórico abogado que nunca había litigado, apenas y puede mencionar como logro el proceso judicial iniciado en contra del expresidente Luis Echeverría Álvarez. Pero ese caso podría quedar cerrado en definitiva en las próximas semanas si la justicia federal acaba por desestimar sus débiles argumentos sobre el genocidio en México.

Solazado en el escándalo por la actuación contra Echeverría, Carrillo nada puede decir sobre el desempeño de la fiscalía en contra de miembros del Ejército, señalados como los principales violadores a los derechos humanos en estados como Guerrero durante el combate a la guerrilla en aquella época.

El mensaje fue el de la impunidad. Ningún castigo, ninguna responsabilidad ni reparación. Ningún señalamiento oficial, protocolario, sobre la verdad de lo ocurrido y que cuestionara la actuación de los militares, no sólo en esa sureña entidad, sino en otras.

Por su lado, José Luis Soberanes, presidente de la CNDH, se comporta de igual modo. Cuestionado de por sí por varias organizaciones de derechos humanos, el llamado ombudsman nacional tiene ahora al organismo metido en una crisis de credibilidad.

Su actuación ante el deceso de la anciana indígena Ernestina Ascensio Rosario, en la sierra de Zongolica, en Veracruz, por una presunta violación cometida por militares, coloca al organismo como un apéndice del gobierno federal.

Cada vez le resulta más difícil a la CNDH defender la línea trazada por el propio Calderón respecto de los motivos de la muerte de la anciana, y que sólo sirvió para enredar más las investigaciones.

El michoacano tiene un motivo muy claro para deslindar al Ejército de esa muerte, pues se trata de su principal aliado político.

Sin embargo, el interés de Soberanes es más oscuro. Si su razón de ser como personaje público es la defensa de la dignidad humana, su descalificación a los diagnósticos del gobierno de Veracruz y a los señalamientos de los familiares de Ernestina, no hacen más que abundar la justificada e histórica desconfianza hacia la actuación del Estado mexicano en la defensa de los derechos humanos de sus ciudadanos. (6 de abril de 2007)