Revista Proceso
México, D.F., 26 de febrero (apro).- Altos funcionarios de Caminos y Puentes Federales y Servicios Conexos (Capufe) liquidaron una “deuda” ajena de más de 100 millones de pesos por concepto de “horas muertas” a la empresa Gutsa Infraestructura, a pesar de que Banobras se negó a cubrir el importe por considerarlo injustificado y denunció la irregularidad ante la Secretaría de la Función Pública (SFP).
Derivado de un retraso de obra carretera que, según la constructora, era atribuible a “condiciones imprevisibles”, el pago se realizó dos días antes de concluir el mandato de Vicente Fox con fondos de Capufe (cuenta 1102321154 del banco HSBC), aún cuando la obra fue contratada por el Fideicomiso para el Apoyo de Rescate de Autopistas Concesionadas (FARAC), órgano encargado desde 1993 de administrar, operar y cubrir los gastos de mantenimiento de la Autopista del Sol.
Resultados de la contabilidad interna de la paraestatal –cuya copia obra en poder de esta agencia--, revelan que el 29 de noviembre de 2006 se simuló una transferencia de recursos de la Dirección de Administración y Finanzas de Capufe a Banobras, que después de una laberíntica ruta –que requirió la expedición y corrección de varios cheques--, terminó en la cuenta de la Delegación IV con sede en Cuernavaca.
Ese mismo día se autorizó el pago por la cantidad de 100 millones 260 mil 553 pesos a nombre de Gutsa Infraestructura, a la que Caminos y Puentes otorgó ilegalmente en 2003 contratos de obras de reparación en dos tramos de la autopista Cuernavaca-Acapulco, por un monto superior a 330 millones de pesos (Proceso 1558).
En octubre de 2005, Gutsa reclamó pérdidas económicas debido al retraso que registraron sus obras por presuntas fallas imputables a la paraestatal. Tocó al Comité de Obra Pública de Capufe asumir la responsabilidad y, sin resistencia, firmó con la constructora dos convenios de pago con recursos del FARAC.
Cuando la orden de pagó llegó a Banobras, en febrero de 2006, su director fiduciario, Fernando Rodríguez de Olloqui, denunció la “irregularidad” ante el Área de Quejas, Denuncias y Responsabilidades de la SFP (expediente DE-000008/2006-21), argumentando que las pérdidas “se generaron por causas imputables a Gutsa y/o Capufe”, por lo que, en su caso, no debería cubrirse ese pago con cargo a los recursos del FARAC, ya que podrían derivar generar responsabilidad administrativa de los funcionarios involucrados en la firma de los convenios.
“Con las posibles irregularidades en el proceso de contratación y ejecución de las obras a las que se refieren los contratos referidos (…), y con la forma de proceder de los funcionarios públicos involucrados en los hechos anteriormente narrados, se pretende que el FARAC erogue una cantidad de 100,314.756.07 (seis millones trescientos catorce mil setecientos cincuenta y seis pesos 07/100 M.N.), sin contar con los daños que se han ocasionado a la autopista en los tramos referidos por los retrasos en las obras que debían ser ejecutadas en tiempo”, señala el informe.
En respuesta, la SFP realizó una investigación para deslindar responsabilidades de los funcionarios que participaron en los convenios de pago que se llevaron a efecto sin los dictámenes técnicos de respaldo: el director técnico de Capufe, Ignacio Peña Aburto; el director jurídico, Manuel Castellanos Cervera y el contralor interno, José Francisco Barrera; pero como siempre el hilo se reventó por lo más delgado y fueron destituidos varios mandos medios de la paraestatal, entre ellos Ricardo Basurto Cortés, delegado regional; Joaquín Arellano Casanova, subdelegado técnico; Juan Santana del Villar, jefe del departamento técnico y Jorge Román Miranda, residente de obra.
En la triangulación de recursos para “indemnizar” finalmente a Gutsa Infraestructura, participaron el titular de la Dirección de Administración y Finanzas de Capufe, Alfredo Amezcua Alcaraz; la subdirectora de Finanzas, Consuelo Martínez Muñoz; el tesorero, José Luis López López, y otra vez el director jurídico, Manuel Castellanos Cervera.
De acuerdo con los documentos contables, después de varias maniobras financieras los recursos llegaron a la cuenta bancaria de la Delegación IV de Capufe, donde su titular, Pedro Antonio Ramírez Cetina, ordenó al subdelegado de Administración, Eduardo Jiménez Jimeno, liquidar de inmediato la deuda a la constructora.
Los recursos salieron en dos partidas por las cantidades de 39 millones 651 mil 899 pesos y 60 millones 608 mil 664 pesos, cheques números 00000805 y 00000806, respectivamente. El egreso, fue oficialmente reportado y contabilizado hasta el 31 de diciembre pasado.
Gutsa Infraestructura es propiedad de Juan Diego Gutiérrez Cortina, promotor del histórico “pase de charola” para la campaña presidencial del PRI en 1994 y uno de los empresarios rescatados por el Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa) en 1998. Durante el sexenio pasado la empresa, copropietaria del World Trade Center en México y accionista del Grupo Financiero Banamex Accival, de Roberto Hernández –amigo de Vicente Fox--, fue beneficiada con licitaciones y adjudicaciones de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) para la realización de obras públicas por más de mil millones de pesos.
Entre las obras asignadas, destacan el montaje de estructura metálica de los edificios norte y sur, así como la reparación de la pista dos del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) por mil 10 millones 425 mil pesos (licitaciones públicas 09085002-042-05 y 09085002-009-06).
Graco Ramírez Garrido Abreu, presidente de la Comisión de Desarrollo Social del Senado de la República, considera que esta operación fraudulenta es un “pago de favores” a los empresarios que le entraron a la “charola” para la campaña presidencial de Felipe Calderón. Con copias de las pruebas de este pago irregular, el senador por Morelos adelanta que solicitará a la Auditoría Superior de la Federación que investigue las irregularidades y sancione a los funcionarios responsables.
“Se trata de una operación totalmente fraudulenta. No se pueden justificar pagos, y sobre todo de la manera más cínica, por obras no realizadas, este pago totalmente cuestionable, incluso como lo hemos podido conocer por las propias dependencias encargadas de la vigilancia de esto, la Secretaría de la Función Pública y del propio Banobras que precisamente no aceptó ser el que finalmente asumiera esta supuesta deuda”, agrega.
--¿Qué hay atrás de esto?
--Yo creo que son funcionarios que trabajaron en la lógica de Fox para favorecer a Calderón, evidentemente ésta puede ser una más de las historias que vamos a encontrar en este drenaje profundo que dejó el foxismo para continuar en el poder.
En su opinión no hay nada nuevo, pues históricamente Capufe ha funcionado como la “caja chica” para la operación política y electoral de los gobiernos de los últimos sexenios.
“No olvidemos cuando el PRI gastó millones de pesos en kilómetros de pintura, rejas y plantas para las carreteras que nunca se pudieron auditar, de ahí se financiaron campañas centrales, todo mundo sabía que parte del financiamiento de las campañas lo hacía Capufe y que el director de la paraestatal era un hombre poderoso en función de que actuaba como mecenas en algunas campañas y justificaban esto políticamente”, recuerda.
Esta irregularidad es la primera “papa caliente” con la que deberá lidiar el nuevo director de la paraestatal, Humberto Treviño Landois, quien en su toma de posesión --a principios de enero--, afirmó que su misión, bajo la administración del presidente Felipe Calderón Hinojosa, será la de convertir a este “en el sexenio de la infraestructura carretera”.
“Las autopistas y carreteras son un elemento clave para impulsar el crecimiento, generar empleo y distribuir el ingreso, lo que permitirá a México competir ventajosamente en este sector”, apuntó.