EL CRECIMIENTO DEL PAN A RAIZ DEL MARIDAJE ENTRE SALINAS Y EL PAN

FRACTAL / JULIO MOGUEL

Seis de julio

I

El seis de julio el complejo proceso de transición política en México vivió un vuelco. En la década anterior, que se abre en 1988 con el triunfo sellado por el fraude de Carlos Salinas de Gortari a la presidencia de la República, estaba dirigido a construir un régimen de "alternancia" entre el Partido Revolucionario Institucional y el Partido Acción Nacional. La vía de cambios pactada entre ambos partidos supuso, por un lado, la aceptación tácita de la "gradualidad" de las transformaciones hacia un régimen político "competitivo" y, por el otro, un acuerdo básico en torno al modelo económico neoliberal. Elementos decisivos de este pacto fueron la creación de un nuevo molde de subordinación de las clases subalternas, así como la marginación de los actores populares y de sus núcleos políticos representativos de la conducción y del diseño del futuro "modelo económico y político". Este tránsito tuvo como ingrediente esencial el hostigamiento y, con frecuencia, la represión de movimientos sociales independientes y agrupamientos de izquierda, en particular los que representaban el cardenismo y el Partido de la Revolución Democrática. Obvio, la vía de la alternancia entre el PRI y el PAN no fue concebida por un diseñador de gabinete; tampoco fue, en lo fundamental, una creación del autoritarismo estatal, empeñado en limitar (o a veces eliminar) a la izquierda social y partidaria. La derecha, representada desde tiempo atrás por el panismo, habíalogrado capitalizar –en el área electoral– la crisis del sistema priísta, cuyos orígenes databan de los años ochenta. Sin duda, el PAN también había mostrado en su repertorio programático una considerable cantidad de ideas e instrumentos acordes con las tendencias de liberalización y conservadurismo que empezaban entonces a dominar los medios internacionales.

Los datos electorales reflejan con fidelidad esas nuevas circunstancias. Entre las elecciones federales de 1982 y 1988, el PAN mantuvo una votación global ligeramente mayor a los tres millones de sufragios; en los años que van de 1988 a 1994, el número de sus electores creció 182%. Aunque consistente, el ascenso del panismo durante este periodo estuvo marcado por el hecho de que fue bien acogido e incluso promovido por el presidente Salinas de Gortari y su equipo de gobierno. La novedad del salinismo consistió en que los núcleos cupulares del poder aceptaran involucrarse y modular la transición del régimen político, acaso movidos por la convicción de que si no lo hacían acabarían por naufragar en las aguas de la crisis.

El gobierno de Salinas no dudó en favorecer e incluso negociar importantes posiciones políticas con el PAN. Algunas "concertacesiones" y el maridaje parlamentario entre el partido de la derecha y el del gobierno fueron expresiones de este nuevo pacto. También lo fueron, entre otras, la privatización (sellada por la corrupción) de áreas estratégicas de la economía, la apertura económica indiscriminada en el marco del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, la reforma antiagrarista al artículo 27 constitucional y la nueva Ley Agraria de 1992, la política de depresión salarial, el acuerdo para debilitar o romper los tradicionales agrupamientos de defensa gremial de los trabajadores y, no menos importante, la aprobación de reformas fiscales regresivas.

Al sexenio salinista lo definen complicidades íntimas entre panistas y priístas y esquemas compartidos de acción y gobierno; en particular, la nueva práctica del "cogobierno" y, con ello, el camino hacia la "alternancia" en el poder entre ambos partidos. La transición salinista es aceitada con tres reformas electorales que transformaron la Constitución y la ley reglamentaria. En 1990, se crea el Instituto Federal Electoral y en 1993 se modifican ocho artículos de la Constitución y 179 artículos del Cofipe. La ley de 1994 trae consigo la ciudadanización del IFE, la aceptación de observadores nacionales y extranjeros en las elecciones, la aprobación de auditorías externas al padrón electoral, la reducción del gasto máximo en campañas electorales y la tipificación de los delitos electorales. El modelo dio frutos en su primera fase. En las elecciones presidenciales de 1994, el PRI obtuvo la mayoría de votos en todos los estados del país, mientras que el PAN fue la segunda fuerza electoral en 25 entidades federativas. El PRD sólo mantuvo su condición de segunda fuerza política en Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Campeche y Tabasco, estados con un marcado nivel rural. En el Congreso, el PRI ganó 300 diputaciones, frente a 119 del PAN, 71 del PRD y 10 del Partido del Trabajo. En 1989, el partido blanquiazul conquistaba su primera gubernatura (Baja California Norte), ya con una experiencia de gobierno en una buena cantidad de municipios en varias entidades. En 1991, estrenó gobernador interino en Guanajuato, al tiempo que ganaba 12 de los 46 ayuntamientos del estado. En 1992, agregó a su capital político la gubernatura de Chihuahua. En las elecciones presidenciales de 1994, su candidato a la presidencia Diego Fernández de Cevallos alcanzó 27.7% de los votos.

Cuando Ernesto Zedillo se hizo cargo del poder Ejecutivo en 1994, la estrategia salinista de transición fue refrendada. Después de todo, en las elecciones de 1994 el panismo había sido fiel aliado del PRI en una campaña contra el PRD basada en la descalificación de la izquierda, en especial de su candidato a la presidencia, Cuauhtémoc Cárdenas. Para sellar la alianza y mostrar que no habría alteración del modelo político de transición, el presidente Ernesto Zedillo invitó a un miembro de Acción Nacional a ocupar el cargo de la Procuraduría General de la República. En opinión de algunos analistas, esto anunciaba el inicio de una real "cohabitación".


II

El mismo día y a la misma hora en que Carlos Salinas de Gortari celebraba la entrada de México a la "modernidad conquistada" con el Tratado de Libre Comercio de Norteamérica, no menos de cinco mil indígenas armados tomaban varios pueblos y ciudades del estado de Chiapas. El 1 de enero de 1994 la insurrección sacaba de su letargo al México bronco. La mayoría de los mexicanos descubría que detrás de los deslumbrantes fuegos de artificio del salinismo existía otro país: el de la pobreza y la marginación, el caciquismo y el atraso, la represión y el racismo. Siguieron otros acontecimientos políticos que completaron la labor del desencanto. El asesinato de Luis Donaldo Colosio, candidato priísta a la presidencia de la República, así como el de Francisco Ruiz Massieu, secretario del PRI en aquel entonces, sumergieron a la clase política (según algunos observadores) en la crisis más profunda de su historia. Unos cuantos días después de que Ernesto Zedillo tomara posesión de la presidencia, acaecieron los "errores de diciembre," cuyas graves consecuencias económicas provocaron lo que el mundo financiero internacional acabó por llamar el "efecto tequila".

La convicción popular de que las muertes de Colosio y Ruiz Massieu habían sido crímenes de Estado, y que el narcotráfico conquistaba espacios cada vez más amplios entre la propia burocracia y los núcleos salinistas, precipitó finalmente una de las crisis de legitimidad estatal más profundas de que se tenga memoria. Las fallas de la economía multiplicaron la falta de credibilidad en las instituciones políticas. A la existencia de la lucha armada en el estado de Chiapas siguió la emergencia de nuevos brotes guerrilleros en diversas entidades del centro y sur del país. La "ingobernabilidad" empezó a ser palabra corriente en los medios de comunicación.

La apuesta del PAN de "cogobernar" con Ernesto Zedillo desde la Procuraduría General de la República y otras áreas del Estado resultó un canto de cisne. Cómplices y aliados menores en el esquema de la transición salinista, los panistas tuvieron que pagar la cuota del trabajo sucio. No hubo razón ni fuerza humanas que absolvieran al representante del PAN en la PGR –y con él a su partido– del estigma de haber "fallado" en su función de descubrir y castigar a los asesinos de Luis Donaldo Colosio y Francisco Ruiz Massieu.

Ernesto Zedillo envió al Congreso de la Unión la reforma electoral que había prometido al inicio de su mandato sólo hasta 1996, cuando el país se preparaba para los comicios de 1997. Producto de movilizaciones cívicas y populares, así como de la necesidad gubernamental de mostrar certidumbre democrática frente a sus compromisos internacionales, la reforma respondía a exigencias claves de un amplio espectro de fuerzas sociales y políticas. Sus limitaciones emergieron durante las elecciones federales y locales. La más visible fue acaso prescindir de los principales acuerdos de San Andrés Larráinzar firmados entre el EZLN y el gobierno en febrero de 1996 que debían garantizar la participación política de los indígenas.


III

El vuelco electoral del seis de julio de 1997 empezó a anunciarse hacia finales de 1996 en las elecciones locales de Guerrero, Hidalgo y el estado de México, pero sobre todo en los comicios de Morelos en marzo de 1997. Sorpresivamente, el PRD incrementó sus porcentajes electorales, y sus candidatos ganaron plazas importantes; en particular algunas ciudades donde tradicionalmente había gobernado el PRI. Entremezclados, el "voto de castigo" y el sufragio por el cambio empezaron a reanimar a las fuerzas del PRD, en el momento en que elegían a Cuauhtémoc Cárdenas como su candidato a la jefatura del Distrito Federal. Una estrategia de amplias alianzas y una inteligente actividad proselitista desplegada por su nueva dirección política completan el cuadro. La voluntad de renovación encontraba, como en el año de 1988, los canales para volverse una fuerza unificada.

En febrero de 1997, las preferencias electorales en la capital se inclinaban aún claramente hacia el PAN. Una encuesta aplicada a principios del año por el CEO de la Universidad de Guadalajara a 1,200 ciudadanos registraba 42.9% de los votos para el PAN, 17.5% para el PRI y 23.5% para el PRD. Tan pronto Cárdenas ganó la nominación de su partido, las tendencias se modificaron con cierta brusquedad. En el mes de marzo, encuestas aplicadas por la misma institución universitaria ubicaban al candidato del PAN en 27.5% de las preferencias, frente a 20.5% de Alfredo del Mazo y 34.8% del candidato perredista. En abril, las preferencias por Carlos Castillo Peraza seguían su caída (26.0%), el PRI también descendía (18.6%) y el PRD daba un salto en el número de virtuales votantes (37.6%).

Entre el mes de abril y el día de las elecciones, Cárdenas mantuvo una clara ventaja, con promedios en las preferencias que oscilaban entre 35% y 49% y que expresaban crecientes simpatías no sólo entre los sectores populares o medios sino también entre los de ingresos más altos. La encuesta aplicada durante el mes de abril por Berumen y Asociados (Este País, mayo de 1997) señaló que 36% de quienes obtenían ingresos mayores de 7 501 pesos mensuales se inclinaban por Cárdenas, 24% por Castillo Peraza y 14% por Del Mazo. Los votos de los jóvenes resultaron decisivos. La "encuesta de salida" que realizó el diario Reforma el día de las elecciones mostró que 82% de los ciudadanos entre 18 y 29 años habían sufragado contra el PRI, y 51% lo habían hecho por el PRD. Los impulsos perredistas provenientes de las elecciones de Guerrero, Hidalgo, estado de México y Morelos llegaron al centro del país desde la periferia; pero a partir de marzo de 1997, con la candidatura de Cárdenas en la capital, las olas se movieron en un sentido inverso, reanimando campañas locales que en condiciones normales se habrían mantenido en un nivel bajo o medio.


IV

Alguien se refirió al seis de julio como una "insurrección pacífica y silenciosa". En un ambiente casi devoto los ciudadanos acudieron a las urnas. En la ciudad de México, votaron mayoritariamente por Cárdenas. El ascenso expansivo del PRD alcanzó diversos estados de la República. En las elecciones nacionales conquistó 125 diputaciones, consolidándose como segunda fuerza política en el Congreso. El PAN, por su parte, ganó 120 posiciones, frente a 241 del PRI. El resto de las 500 curules que componen la Cámara de Diputados se distribuyeron entre dos partidos pequeños: el Partido Verde Ecologista de México, ocho escaños, y el Partido del Trabajo, seis. El PRI conservó su condición de partido dominante, pero sin contar por segunda ocasión con la "mayoría calificada" requerida para aprobar reformas constitucionales (las dos terceras partes del Congreso), y por primera vez en toda su historia dejó de tener la mayoría absoluta del voto legislativo (cincuenta por ciento más uno). En el Senado de la República, el PRI también vio mermados sus poderes. Si bien mantuvo la mayoría absoluta (77 curules), no ganó la "mayoría calificada" exigida por ley para aprobar reformas constitucionales. El PRD avanzó en entidades donde antes había demostrado una presencia importante como en Michoacán (49.2%), Guerrero (42.6%), Morelos (39.9%) o el estado de México (34.2%). Pero también dio pasos en algunos estados tradicionalmente dominados por el PRI y/o el PAN como Campeche (35.7%), Tamaulipas (29.8%), Chiapas (29.9%), Veracruz (24.9%) y Quintana Roo (23.5%).

El triunfo principal fue sin duda el de Cuauhtémoc Cárdenas, que ganó con 47.1% de los votos (1 859 866 sufragios), frente a 25% del PRI y 15.2% del PAN. El PRD triunfó en 38 de los 40 distritos locales. Esta fuerza se expresó en la nueva composición de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal: PRD, 38 curules; PRI, 12; PAN, 10; PVEM, 4; Partido del Trabajo, 1; Partido Cardenista, 1.


V

El avance del PRD y sus recientes triunfos electorales se explican por las prácticas de su militancia, así como por la visión de su nueva dirigencia. Pero la candidatura de Cuauhtémoc Cárdenas en el Distrito Federal se convirtió en un factor decisivo. Piénsese que no sólo es el líder visible del PRD, sino que encabeza un movimiento más amplio en el que se identifican y convergen disímbolos sectores sociales. Con algunas líneas difusas en su planteamiento programático y otras más desdibujadas y no siempre coincidentes con las de su partido, el cardenismo se ha vuelto un referente de identidad para diversos núcleos populares y civiles. Cuauhtémoc Cárdenas recoge la herencia política del viejo cardenismo y, sin lugar a dudas, hay quienes ven en él una reencarnación de su padre. Pero diez años de lucha por la democratización del sistema político y contra el salinismo le han permitido dar nuevos significados a su imagen y al sentido de sus propuestas. El cardenismo, que hoy forma parte del sentido común y los estados de ánimo de la sociedad, no sólo expresa "formas de resistencia civil y de participación social"*, sino una presencia y un espacio discursivos en el que se tejen mitos y utopías populares. Su fórmula ha sido conjugar ética y propuesta no como ingredientes cosméticos de una mercadotecnia, sino a la manera de un "método": escuchar a la gente y, al hacerlo, construir compromisos más que complicidades. Este "método" trasluce acaso el anuncio de una nueva relación entre gobernantes y gobernados.

Cuauhtémoc Cárdenas en 1997 no es el mismo que en 1988 cuando vio arrebatado su triunfo. Tampoco lo son sus objetivos. En aquellos años el ideal o la identidad cardenista, presente en amplios sectores populares, aún era una mixtura, un gozne entre dos tiempos políticos y dos épocas.

Hoy es una "construcción" propiamente moderna, moldeada por los avatares de la lucha contra el partido de Estado y el neoliberalismo, así como por un nuevo proceso de ciudadanización y luchas sociales.

El vuelco hacia la izquierda o la "sensibilización democrática" de una parte importante del electorado en los comicios de julio de 1997 no puede explicarse sin las luchas cívicas de los últimos años. Resulta imposible resumir aquí las innumerables formas y niveles en que se ha expresado la emergencia ciudadana, pero cabe señalar, como ejemplo resonante, la formación de Alianza Cívica, sus "consultas ciudadanas" y su participación junto con otras organizaciones civiles en la observación de los procesos electorales.**

El 21 de marzo de 1993 Alianza Cívica consultó a 320 mil habitantes de la ciudad de México en torno a cual debería ser su forma de gobierno. El 26 de febrero de 1995, consultó a 660 mil ciudadanos del país sobre si el expresidente Salinas de Gortari debía o no ser enjuiciado políticamente. El 27 de agosto, realizó la consulta nacional en la que el EZLN preguntó a un millón 88 mil 94 personas si debía o no convertirse en una fuerza política autónoma, si estaba o no de acuerdo con las demandas por las que los zapatistas se habían levantado en armas, y si creía o no en la necesidad de transformar definitivamente el sistema de partido de Estado.

El zapatismo ha sido un movimiento que ha impuesto su sello a la lucha democrática en el país. Emergió el 1 de enero de 1994 como una rebelión armada de miles de indígenas chiapanecos y en su declaración de guerra no se planteó el objetivo de "la toma del poder", sino "la instauración de un gobierno de transición formado por personalidades y partidos políticos para (convocar) a elecciones en igualdad de circunstancias y no (...) ilegítimas y desequilibradas". El EZLN encontró en el artículo 39 de la Constitución el sustento legítimo de su insurrección (se concibe como un movimiento armado "legítimo"), en el que se reivindica "el derecho inalienable" del pueblo a "alterar o modificar la forma de su gobierno". De ahí que su propósito fuera el restablecimiento del orden constitucional en contra del gobierno ilegítimo de Carlos Salinas de Gortari. Para el zapatismo, el gobierno de transición permitiría establecer un nuevo pacto social y un nuevo Estado, de tipo republicano y con real equilibrio de poderes. En este umbral (el término es del subcomandante Marcos) se abrirían otras posibilidades de transformación, pero dentro de las reglas del juego establecidas en un pacto nacional democrático.

La variante o el modelo zapatista de organización política y social de la sociedad futura se ubica en dos niveles particulares: a) en las estrategias, vías y modalidades de reconstrucción de lo nacional, y b) en las formas de relación entre gobernantes y gobernados. Los dos niveles, estrechamente imbricados, diferencian la vía zapatista de cambio de otros modelos de transformación republicana, en particular de los que reducen sus esquemas a las fórmulas de organización de la denominada democracia representativa. En realidad, el zapatismo ha jugado un papel doble en el proceso de transición: como sujeto conductor y articulador de diversas resistencias contra la modernización neoliberal, y como fuerza social y política que teje un discurso-propuesta original de transformaciones democráticas. Desde sus orígenes, el EZLN construye su propuesta máxima de cambios en el terreno de la democracia desde una matriz que parte de lo indígena y su cosmogonía. Propone la rearticulación de la Nación a partir de sus elementos diversos, y la construcción de un orden político en el que la democracia social o participativa tenga un lugar decisivo. Crítico de "la forma partido" busca nuevas modalidades de organización del sujeto social. Pone en tela de juicio a los aparatos e instrumentos de la "democracia representativa", pero no pretende su eliminación sino su redimensionamiento a partir de la fórmula: "los que manden, manden obedeciendo".

Desde enero de 1994, el EZLN abrió un proceso de intervención en la vida política del país, que durante el primer año tuvo como momento decisivo las primeras negociaciones con el gobierno en la Catedral de San Cristóbal y la formación de la Convención Nacional Democrática. Pero su presencia e influencia fueron particularmente significativas en un terreno que muchos suponían ajeno a sus demandas y a sus áreas más directas de interés. Por un "efecto de demostración" –las negociaciones con el gobierno en la catedral de San Cristóbal, el no zapatista a las propuestas de solución al conflicto chiapaneco presentadas por el gobierno–, o por la fuerza de las demandas civiles y democráticas que potenció, el gobierno accedió a llevar adelante una reforma electoral de muchos mayores alcances que las que se habían aprobado en 1989 y en 1993.

En 1995, el zapatismo forzó al gobierno a un nuevo proceso de negociaciones que culminaron en la Mesa de San Andrés Larráinzar, al tiempo en que mantuvo su "diálogo con la sociedad civil" a través del proceso mismo de negociaciones y de la "consulta" nacional en la que participó Alianza Cívica. En 1996, reafirmó su presencia política a través del diálogo de San Andrés, ganó los acuerdos sobre "derechos y cultura indígena" (primera de las cinco mesas que habían sido acordadas con el gobierno) y realizó foros nacionales sobre la cuestión india y la democracia. En los primeros meses de 1997, se empeñó en hacer valer los acuerdos de la primera mesa y convertirlos en reforma constitucional. También dio cauce a la formación del Congreso Nacional Indígena.



VI

El avance del PRD disloca la vía de transición política delineada por el salinismo, que estuvo dirigida a crear una nueva ilusión de cambio democrático bajo el esquema de la alternancia y la cohabitación entre el PRI y el PAN. Esquema basado en el dominio de las grandes ciudades y los municipios urbanos. A partir de 1997, el perredismo asienta su fuerza no solamente en los medios rurales, sino también en municipios y concentraciones urbanas de importancia significativa. El fenómeno implica la extensión de su base social, así como un cambio en las preferencias electorales de sectores medios y altos, que hasta hace poco tiempo sufragaban aún por el panismo y el priísmo. Se completa así un ciclo de movilizaciones que alcanzó a arrancar importantes cambios en el sistema político como las reformas electorales de 1994 y de 1996. No obstante, las nuevas relaciones de fuerza no permiten dar rienda suelta al optimismo. En los próximos años (1997-2000), se abre sólo un nuevo y complejo espacio de lucha social y política que, en el marco de un equilibrio extremadamente frágil, puede conducir al país a un sólido sistema democrático o bien a una regresión de consecuencias insospechadas. El PRI perdió la mayoría absoluta en el Congreso, pero los partidos de oposición en su conjunto no tienen los votos suficientes para que, sumados, logren imponer al gobierno cambios o reformas constitucionales sustantivos. Por lo demás, es difícil pensar que los agrupamientos políticos de oposición que integran las Cámaras de Diputados y Senadores actúen como un solo bloque en definiciones fundamentales, mucho menos en aquellas que pretendan modificar la política económica neoliberal.

El triunfo de Cuauhtémoc Cárdenas en la ciudad de México encierra un peso político decisivo, pero tiene lugar en condiciones en que el PRD no cuenta con ninguna otra gubernatura. Además, entre las capitales del país, sólo gobierna en la de Colima. La contraparte es que el PRI se mantiene como partido gobernante en quince capitales, y el PAN en catorce. Este último cuenta, además, con seis gubernaturas, mientras que el partido del gobierno suma veinticinco.

La fragilidad del proceso de transición política que vive actualmente el país quedó en evidencia en la forma en que se desarrollaron las elecciones del seis de julio: "limpias" en el centro y el norte del país y "sucias" en el sur y el sureste. Convulsionada por los procesos de guerra abierta o de baja intensidad que padece desde 1994, la población chiapaneca no quiso o no pudo votar masivamente y el PRI "arrasó" en los comicios. En Chiapas, votaron tan sólo 35% de los electores. Alianza Cívica calificó la jornada en la entidad como "excepcional", donde incluso se votó "bajo la intimidación del Ejército". Oaxaca fue ganado en su totalidad por el PRI, mostrando un claro proceso regresivo en relación a avances políticos que algunos observadores consideraban maduros. Algo similar sucedió en los estados de Tabasco y Campeche. En Guerrero también hubo una gran cantidad de irregularidades, en elecciones que se llevaron a cabo bajo una masiva presencia del ejército debido al "combate al narcotráfico" y a las permanentes campañas contra la guerrilla del denominado Ejército Popular Revolucionario.

¿Existe acaso en estas entidades una situación de excepción que marcó la diferencia? Se trata, sin duda, de regiones donde las fuerzas tradicionales del PRI han mantenido su hegemonía. No es una geografía marginal (o ajena) a las condiciones del proceso de "modernización" neoliberal, sino un subcontinente regional que rige sus destinos actuales por la lógica del sistema económico vigente, y que se encuentra en sincronía con el proceso de globalización. "Sonará contradictorio –dice el subcomandante Marcos en "Siete piezas sobre el rompecabezas neoliberal" (Le Monde Diplomatique, junio de 1997)–, pero la globalización produce un mundo fragmentado, lleno de pedazos aislados unos de otros... Un mundo lleno de compartimentos estancos, comunicados apenas con frágiles puentes económicos... Un mundo de espejos rotos reflejando la inútil unidad mundial del rompecabezas neoliberal."

En el marco de los procesos actuales de integración internacional, la nación redefine su unidad desde una lógica contradictoria que combina una nueva articulación nacional con un proceso de "desintegración" (o balcanización) relativa de algunas de sus regiones. En ciertas entidades, el fenómeno de la balcanización es la expresión visible de una rápida –y muchas veces violenta– recomposición de los bloques locales de poder, la trasnacionalización de los propios espacios regionales, los favores y beneficios que prodigan el "nuevo" Estado central y –en ciertos casos-– las redes del narcotráfico. Pero, ¿ por qué habría de estar dispuesto un gobierno central "moderno" a permitir la balcanización (o el desmembramiento) si los costos a largo plazo son ostensiblemente altos? El proceso actual presupone una nueva e inédita convergencia de intereses económicos entre los núcleos de poder locales y federales. También implica la redifinición de intereses políticos decisivos. La crisis y la decadencia paulatina de los viejos lazos corporativos del sistema político –que hasta hace poco tiempo estaban anudados por (y manejados desde) el centro– han propiciado un enorme capacidad de intervención y chantaje de los poderes regionales y redimensionaron incluso a los caciques más corruptos.

Estas son algunas de las carcterísticas que distinguen a la región del sur-sureste del país y que comprende de manera destacada a Tabasco, Chiapas, Veracruz, Quintana Roo, Oaxaca y Campeche. Energía eléctrica, petróleo, yacimientos de uranio, turismo, plantaciones de eucalipto para la producción maderera de gran escala y ganadería son, entre otras, las vetas productivas, reales o potenciales, sobre las que acaso puede erigirse este nuevo subimperio. La zona reune la mayor concentración de pobres del país y representa –también por la frontera con Guatemala y el Istmo de Tehuantepec– el área "estratégica" por excelencia después de la frontera norte. El capital financiero domina estas redes económicas en proceso de construcción, pero en una modalidad que lo liga directamente con los poderes más tradicionales y atrasados de la zona. El susbsistema político que se desarrolla en ella está marcado por el fraude electoral, el racismo, la corrupción y el uso impune de la fuerza pública. Y fue precisamente aquí donde la señora democracia no se atrevió a llegar el seis de julio.


VII

En este subsistema regional se ha desplegado la acción social y política del zapatismo. A diferencia de 1994, cuando apoyó la candidatura de Cárdenas a la presidencia y se involucró directamente en las elecciones locales, el pasado seis de julio el EZLN llamó a no votar en las áreas de Chiapas implicadas directa o indirectamente en el conflicto bélico y a sufragar sólo en aquellos lugares del país donde el voto fuera un arma útil contra el régimen político vigente. Algunos políticos y analistas de izquierda vieron en esta "fórmula mixta" un acto de incongruencia que limitaba los alcances del triunfo perredista y, en consecuencia, las posibilidades de avance del conjunto de la izquierda y del movimiento democrático. Pero las elecciones en Chiapas y en otras áreas indias del país no fueron una fórmula para avanzar en el proceso de pacificación o una vía de participación libre y democrática, sino un componente más de la guerra de baja intensidad imperante o una acción manipulada y dirigida a la renovación de las élites locales. En las zonas de mayor conflictividad, participar en las elecciones significaba, por lo tanto, exponer a la población a la provocación y a la violencia o dar un cheque en blanco a la manipulación del voto dirigida a legimitar el poder político de los cacicazgos locales. El llamado a no votar en algunas zonas indígenas del país fue, por lo demás, un franco acto de protesta contra las reformas electorales de 1996 que, con el aval de todos los partidos políticos, excluyeron las reivindicaciones indígenas ganadas por el EZLN en la primera Mesa de San Andrés.

La abstención zapatista en las zonas de conflicto aparece como una reacción contra aquellos que desde el gobierno, el Instituto Federal Electoral*** y algunos partidos cerraron los ojos para afirmar que en todo el país había condiciones favorables para que el sufragio fuera un instrumento de cambios positivos. Fue también un recordatorio de que el "México bárbaro" sigue imponiendo su impronta, y de que no habrá tránsito a la democracia sin la participación libre y activa de esos millones que, algunos dicen, viven aún en "el traspatio".


NOTAS


*"...el cardenismo y el zapatismo son dos formas de resistencia civil, de participación de la sociedad. En realidad, son dos formas de nombrar una misma cosa, que es esa inquietud de la sociedad civil mexicana por jugar un papel más protagónico en la toma de decisiones políticas y económicas". Subcomandante Marcos, en Yvon Le Bot, El sueño zapatista Barcelona, España, 1997.

**El Barzón es otro movimiento que expresa los nuevos tiempos. Flexible y multisectorial, ha sido capaz de integrar en un bloque a amplios sectores sociales contra los excesos de la banca. Acaso cabe mencionar también las innumerables organizaciones no gubernamentales con actividades en áreas de desarrollo, derechos humanos, observación electoral, educación, etcétera.

***El Instituto Federal Electoral consideró que en Chiapas existían condiciones favorables para llevar a cabo los comicios, a pesar de que algunos consejeros ciudadanos presentaron un informe detallado que indicaba precisamente lo contrario.