FRAUDES PUBLICOS
El personero de Gil Díaz
Presidente del SAT y subordinado de Francisco Gil Díaz, José María Zubiría amenaza y llama a periodistas y funcionarios a “ser cuidadosos” porque “han atacado sistemáticamente y de manera irracional” a su jefe secretario de Hacienda y a él mismo, por el manejo irregular de miles de millones de pesos extrapresupuestales a través del fideicomiso privado Aduanas I y de la empresa ISOSA
Revista Fortuna / Nancy Flores
Convocado por la periodista Carmen Aristegui, junto con el auditor superior de la federación, Arturo González de Aragón, para hablar sobre la empresa privada Integradora de Servicios Operativos S.A. (ISOSA), el presidente del Servicio de Administración Tributaria (SAT), José María Zubiría Maqueo, aprovechó los micrófonos para advertir que en este tema se debe ser cuidadoso con las insinuaciones.
ISOSA -la empresa en donde fungía como director operativo Francisco Obel Villarreal Antelo, asesinado a fines de agosto pasado- y el Fideicomiso Aduanas I, fueron involucrados por la Auditoría Superior de la Federación en el fraude del Derecho de Trámite Aduanero que ha causado daños patrimoniales contra el erario por casi 10 mil millones de pesos.
Según consta en documentos públicos entregados a Fortuna por el propio SAT, ambas figuras fueron constituidas en 1993 por instrucciones del entonces subsecretario de Ingresos y actual secretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz.
En la inusual entrevista, que el pasado 28 de septiembre confrontó públicamente a los dos funcionarios en una vieja discusión sobre la rendición de cuentas, Zubiría Maqueo señaló: “ha habido un ataque sistemático de una manera irracional hacia una actuación de funcionarios públicos de esta administración, me refiero en particular a la insistencia con la que se ha mencionado al secretario (Francisco) Gil y a los que estamos participando en este momento, en este proceso”.
Éste fue el momento más tenso de la conversación. Tras esa afirmación, Aristegui reviró: “es que fue Gil Díaz el que tuvo la iniciativa (de crear el fideicomiso y la empresa privados), es su criatura”.
Exactamente, aceptó Zubiría Maqueo. “Eso fue hace 14 años, hace 14 años él estuvo como subsecretario. Fue un proceso que él generó para resolver una problemática, y que en ese momento se consideró que era lo prudente”.
El titular del SAT y subordinado de Gil Díaz añadió que el secretario es quien ha facilitado el proceso de transparencia en este tema. “Creo que hay que tomar en sus justas dimensiones lo que estamos haciendo y ser cuidadosos con las implicaciones que a veces tienen las insinuaciones. En este momento en el SAT estamos viviendo un proceso profundo de cambio. Yo venía del sector privado y las reglas de operación son completamente diferentes, y déjame decirte que la tentación para evitar la frustración que tienen los procesos de licitación en el sector público y agilizarlo, para tener resultados a corto plazo, es impresionante. A mí me han dicho: en un año tienes que simplificar y generar el proyecto con el Banco Mundial y les digo: crucifíquenme mejor. En ese momento estaba el Tratado de Libre Comercio”.
Ante lo que parecía una amenaza, Carmen Aristegui preguntó al auditor superior si se había “puesto el saco”. “Lo traigo puesto. Aquí no hay nada de insinuaciones, es totalmente directo y claro. Yo me pregunto, obviamente eso dice la ley, que es facultad de la Secretaría de Hacienda hacerlo; ahí está el problema, el error es de origen, el exceso de discrecionalidad en este país nos está matando, y no es insinuación, es directo. No debe ser discrecional porque obviamente se hacen trajes a la medida, a la medida de qué, cuál es el objetivo, la demanda de equipos, la modernización de las aduanas, no lo sé y no lo vamos a saber”.
Defensa del esquema
Para José María Zubiría, “ISOSA es una respuesta a una necesidad que se planteó en el gobierno mexicano a principios de los 90, cuando México estaba preparándose para entrar a un marco de competencia internacional, el Tratado de Libre Comercio. La situación que en ese momento tenían las aduanas del país y la administración tributaria era deficiente, que es un término suave, era realmente un cuello de botella: estaba en una situación de infraestructura deficiente, no había los recursos para poderlo modernizar y estábamos en vísperas de entrar en un proceso comercial impresionante”.
El funcionario dijo que, con estas condiciones, el desarrollo podría quedar en riesgo. “La Cámara de Diputados autoriza una figura a través de lo que se llama una contraprestación, que es la posibilidad de poder acreditar ante un derecho de trámite aduanero el proceso de financiamiento a un fideicomiso de carácter privado que estuviera operando a través de las aduanas”.
Explicó que “hubo un proceso de licitación público. La Secretaría de Hacienda tenía la responsabilidad de organizar, de hacer que esto sucediera, entonces hubo un proceso de licitación público donde participaron cinco consorcios, ganó uno de ellos que después de un proceso inicial de seis u ocho meses no dio resultados, entonces la Secretaría de Hacienda participó en un proceso que permitiera replantear la forma en la que estaban operando y se crea ISOSA, eso fue en 1992; en 1993 se hizo el cambio. Es importante mencionar que a fines de 1993 el subsecretario de Ingresos en ese momento, Francisco Gil, sale de la Secretaría, él se va a Banco de México, y sigue su proceso de operación con otros subsecretarios responsables de hacer que esto sucediera”.
Pero el presidente del SAT omitió decir que ISOSA jamás licitó públicamente, que fue creada por órdenes de su jefe, Gil Díaz, quien además posee el 0.1 por ciento de las acciones, y que asumió la prestación del servicio de procesamiento electrónico de datos por asignación directa, en contravención de la ley.
En esa misma entrevista, el auditor González de Aragón señaló: “nosotros detectamos que con la incorporación del artículo 8-B de Ley Aduanera, por el cual se autoriza a particulares a prestar servicios de procesamiento electrónico de datos y despacho aduanero, la Secretaría de Hacienda determina una contraprestación que pagan los importadores y exportadores, determina reglas, y este quizá sea uno de los problemas más serios para el porcentaje del DTA y la contraprestación, lo cual lo hace discrecional, transfiere recursos del DTA a fideicomisos privados sin pasar por la Tesorería de la Federación”.
Agregó que “nos llama la atención dos cosas: por qué va variando la tasa que define Hacienda que se deposita en la Tesorería y que corresponde al DTA. Las variaciones que tenemos, el porcentaje del DTA que se deposita en la Tesorería de la Federación entre 1992 y 2004 va de cantidades del 50 por ciento en 1992, al 87.72 por ciento en 1998, al 34.68 en 2003 y al 13.05 por ciento en 2004. Todos esos recursos son derechos que se depositan en la Tesorería”.
El auditor puntualizó: “la primera gran pregunta que surge es por qué la discrecionalidad. Hay que evitar absolutamente la discrecionalidad, porque esto te hace cuando menos tener dudas muy serias del por qué de estos brincos tan importantes para favorecer recursos que se van a los fideicomisos privados: que es el Fideicomiso Aduanas I que contrata a ISOSA. El Fideicomiso Aduanas I, que se constituye como privado, es al que se le otorgan las facultades para prestar el servicio de procesamiento electrónico de datos, pero no lo presta, contrata a ISOSA, entonces el fideicomiso es creado para administrar este tipo de cantidades que como contraprestación se le depositan. La gran duda se ve en la actuación de Hacienda, porque la propia Hacienda en un contrato de 1994 obliga a que deposite todos los recursos en la Tesorería de la Federación, pero esto no se cumplió”.
Al respecto Zubiría Maqueo señaló que, aunque en materia de transparencia y rendición de cuentas coincide con el auditor superior, “para que se dé un esquema de transparencia y rendición tiene que haber una serie de reglas básicas que, desgraciadamente por la forma en cómo se manejó este asunto, llevó a crear una diferencia muy importante en los criterios”.
Añadió que “la ASF insistió en que los recursos fueran depositados en la Tesorería de la Federación, y en función de esto generó un pliego de observaciones. Entonces imagínate a una institución que recibe un pliego de observaciones por 2 mil 500 millones de pesos. Una persona que está recibiendo ese tipo de observaciones pues se encarga de cerrar frentes y ver qué es lo que está pasando. Como menciona Arturo, cuando yo me integré al SAT la situación era muy importante, así que tratamos de resolver, y había dos caminos: uno era demostrar que no hay intención de ocultar información y otra era irnos por el marco legal para clarificar cuál era la naturaleza de los recursos y si teníamos que depositarlo en la Tesorería. La Suprema Corte hizo un análisis muy intenso sobre este tema y tomó una decisión muy clara: el pliego de observaciones era ilegal porque no se había considerado una serie de elementos que permitían que no fueran depositados en la Tesorería. Y ocho de los once ministros votaron que son recursos privados”.
El presidente del SAT detalló que, aunque es un tema complejo, “desde el punto de vista legal no hay duda: la Suprema Corte determinó la naturaleza de los recursos, entonces no hay ninguna ilegalidad en lo que hicimos”.
Presidente del SAT y subordinado de Francisco Gil Díaz, José María Zubiría amenaza y llama a periodistas y funcionarios a “ser cuidadosos” porque “han atacado sistemáticamente y de manera irracional” a su jefe secretario de Hacienda y a él mismo, por el manejo irregular de miles de millones de pesos extrapresupuestales a través del fideicomiso privado Aduanas I y de la empresa ISOSA
Revista Fortuna / Nancy Flores
Convocado por la periodista Carmen Aristegui, junto con el auditor superior de la federación, Arturo González de Aragón, para hablar sobre la empresa privada Integradora de Servicios Operativos S.A. (ISOSA), el presidente del Servicio de Administración Tributaria (SAT), José María Zubiría Maqueo, aprovechó los micrófonos para advertir que en este tema se debe ser cuidadoso con las insinuaciones.
ISOSA -la empresa en donde fungía como director operativo Francisco Obel Villarreal Antelo, asesinado a fines de agosto pasado- y el Fideicomiso Aduanas I, fueron involucrados por la Auditoría Superior de la Federación en el fraude del Derecho de Trámite Aduanero que ha causado daños patrimoniales contra el erario por casi 10 mil millones de pesos.
Según consta en documentos públicos entregados a Fortuna por el propio SAT, ambas figuras fueron constituidas en 1993 por instrucciones del entonces subsecretario de Ingresos y actual secretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz.
En la inusual entrevista, que el pasado 28 de septiembre confrontó públicamente a los dos funcionarios en una vieja discusión sobre la rendición de cuentas, Zubiría Maqueo señaló: “ha habido un ataque sistemático de una manera irracional hacia una actuación de funcionarios públicos de esta administración, me refiero en particular a la insistencia con la que se ha mencionado al secretario (Francisco) Gil y a los que estamos participando en este momento, en este proceso”.
Éste fue el momento más tenso de la conversación. Tras esa afirmación, Aristegui reviró: “es que fue Gil Díaz el que tuvo la iniciativa (de crear el fideicomiso y la empresa privados), es su criatura”.
Exactamente, aceptó Zubiría Maqueo. “Eso fue hace 14 años, hace 14 años él estuvo como subsecretario. Fue un proceso que él generó para resolver una problemática, y que en ese momento se consideró que era lo prudente”.
El titular del SAT y subordinado de Gil Díaz añadió que el secretario es quien ha facilitado el proceso de transparencia en este tema. “Creo que hay que tomar en sus justas dimensiones lo que estamos haciendo y ser cuidadosos con las implicaciones que a veces tienen las insinuaciones. En este momento en el SAT estamos viviendo un proceso profundo de cambio. Yo venía del sector privado y las reglas de operación son completamente diferentes, y déjame decirte que la tentación para evitar la frustración que tienen los procesos de licitación en el sector público y agilizarlo, para tener resultados a corto plazo, es impresionante. A mí me han dicho: en un año tienes que simplificar y generar el proyecto con el Banco Mundial y les digo: crucifíquenme mejor. En ese momento estaba el Tratado de Libre Comercio”.
Ante lo que parecía una amenaza, Carmen Aristegui preguntó al auditor superior si se había “puesto el saco”. “Lo traigo puesto. Aquí no hay nada de insinuaciones, es totalmente directo y claro. Yo me pregunto, obviamente eso dice la ley, que es facultad de la Secretaría de Hacienda hacerlo; ahí está el problema, el error es de origen, el exceso de discrecionalidad en este país nos está matando, y no es insinuación, es directo. No debe ser discrecional porque obviamente se hacen trajes a la medida, a la medida de qué, cuál es el objetivo, la demanda de equipos, la modernización de las aduanas, no lo sé y no lo vamos a saber”.
Defensa del esquema
Para José María Zubiría, “ISOSA es una respuesta a una necesidad que se planteó en el gobierno mexicano a principios de los 90, cuando México estaba preparándose para entrar a un marco de competencia internacional, el Tratado de Libre Comercio. La situación que en ese momento tenían las aduanas del país y la administración tributaria era deficiente, que es un término suave, era realmente un cuello de botella: estaba en una situación de infraestructura deficiente, no había los recursos para poderlo modernizar y estábamos en vísperas de entrar en un proceso comercial impresionante”.
El funcionario dijo que, con estas condiciones, el desarrollo podría quedar en riesgo. “La Cámara de Diputados autoriza una figura a través de lo que se llama una contraprestación, que es la posibilidad de poder acreditar ante un derecho de trámite aduanero el proceso de financiamiento a un fideicomiso de carácter privado que estuviera operando a través de las aduanas”.
Explicó que “hubo un proceso de licitación público. La Secretaría de Hacienda tenía la responsabilidad de organizar, de hacer que esto sucediera, entonces hubo un proceso de licitación público donde participaron cinco consorcios, ganó uno de ellos que después de un proceso inicial de seis u ocho meses no dio resultados, entonces la Secretaría de Hacienda participó en un proceso que permitiera replantear la forma en la que estaban operando y se crea ISOSA, eso fue en 1992; en 1993 se hizo el cambio. Es importante mencionar que a fines de 1993 el subsecretario de Ingresos en ese momento, Francisco Gil, sale de la Secretaría, él se va a Banco de México, y sigue su proceso de operación con otros subsecretarios responsables de hacer que esto sucediera”.
Pero el presidente del SAT omitió decir que ISOSA jamás licitó públicamente, que fue creada por órdenes de su jefe, Gil Díaz, quien además posee el 0.1 por ciento de las acciones, y que asumió la prestación del servicio de procesamiento electrónico de datos por asignación directa, en contravención de la ley.
En esa misma entrevista, el auditor González de Aragón señaló: “nosotros detectamos que con la incorporación del artículo 8-B de Ley Aduanera, por el cual se autoriza a particulares a prestar servicios de procesamiento electrónico de datos y despacho aduanero, la Secretaría de Hacienda determina una contraprestación que pagan los importadores y exportadores, determina reglas, y este quizá sea uno de los problemas más serios para el porcentaje del DTA y la contraprestación, lo cual lo hace discrecional, transfiere recursos del DTA a fideicomisos privados sin pasar por la Tesorería de la Federación”.
Agregó que “nos llama la atención dos cosas: por qué va variando la tasa que define Hacienda que se deposita en la Tesorería y que corresponde al DTA. Las variaciones que tenemos, el porcentaje del DTA que se deposita en la Tesorería de la Federación entre 1992 y 2004 va de cantidades del 50 por ciento en 1992, al 87.72 por ciento en 1998, al 34.68 en 2003 y al 13.05 por ciento en 2004. Todos esos recursos son derechos que se depositan en la Tesorería”.
El auditor puntualizó: “la primera gran pregunta que surge es por qué la discrecionalidad. Hay que evitar absolutamente la discrecionalidad, porque esto te hace cuando menos tener dudas muy serias del por qué de estos brincos tan importantes para favorecer recursos que se van a los fideicomisos privados: que es el Fideicomiso Aduanas I que contrata a ISOSA. El Fideicomiso Aduanas I, que se constituye como privado, es al que se le otorgan las facultades para prestar el servicio de procesamiento electrónico de datos, pero no lo presta, contrata a ISOSA, entonces el fideicomiso es creado para administrar este tipo de cantidades que como contraprestación se le depositan. La gran duda se ve en la actuación de Hacienda, porque la propia Hacienda en un contrato de 1994 obliga a que deposite todos los recursos en la Tesorería de la Federación, pero esto no se cumplió”.
Al respecto Zubiría Maqueo señaló que, aunque en materia de transparencia y rendición de cuentas coincide con el auditor superior, “para que se dé un esquema de transparencia y rendición tiene que haber una serie de reglas básicas que, desgraciadamente por la forma en cómo se manejó este asunto, llevó a crear una diferencia muy importante en los criterios”.
Añadió que “la ASF insistió en que los recursos fueran depositados en la Tesorería de la Federación, y en función de esto generó un pliego de observaciones. Entonces imagínate a una institución que recibe un pliego de observaciones por 2 mil 500 millones de pesos. Una persona que está recibiendo ese tipo de observaciones pues se encarga de cerrar frentes y ver qué es lo que está pasando. Como menciona Arturo, cuando yo me integré al SAT la situación era muy importante, así que tratamos de resolver, y había dos caminos: uno era demostrar que no hay intención de ocultar información y otra era irnos por el marco legal para clarificar cuál era la naturaleza de los recursos y si teníamos que depositarlo en la Tesorería. La Suprema Corte hizo un análisis muy intenso sobre este tema y tomó una decisión muy clara: el pliego de observaciones era ilegal porque no se había considerado una serie de elementos que permitían que no fueran depositados en la Tesorería. Y ocho de los once ministros votaron que son recursos privados”.
El presidente del SAT detalló que, aunque es un tema complejo, “desde el punto de vista legal no hay duda: la Suprema Corte determinó la naturaleza de los recursos, entonces no hay ninguna ilegalidad en lo que hicimos”.
posted by H2AGUA at
3:46 p.m.
