FOX: UN MES MAS EN EL PODER Y ACABA CON EL PAIS ENTERO
Fox: exterminador de instituciones
Con estas palabras, muestra de falta de objetividad y profesionalismo, en este editorial del rotativo madrileño El País2, se deforma, ante la opinión pública, una de las más delicadas secuelas de las irregularidades formalmente consignadas por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF): me refiero al deterioro institucional derivado de los abusos del Poder Ejecutivo y la IP -nacional y extranjera-, para impactar los resultados comiciales.
Al respecto téngase presente:
1. Que el dislate del editorial de El País no puede ser mayor porque, seguido de cerca por el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), el presidente Vicente Fox Quesada fue formalmente calificado por el TEPJF como el principal riesgo del proceso electoral de 2006. Los comicios se vieron gravemente menoscabados, entre otros muchos factores y visibles delitos electorales, por la ostensible conducta facciosa de Fox, expresada por medio de un inusitado programa de saturación propagandística, con spots televisivos y radiales contra AMLO, que totalizaron cuatro mil horas. Fueron múltiples esos ataques, directos, indirectos, personales y persistentes, en medio de una multimillonaria campaña de miedo incitada por el PAN. En su ofensiva contra la candidatura de AMLO, Fox abusó de los instrumentos de Estado a su disposición, despojándose del papel arbitral y neutral que corresponde a un presidente para poner en marcha, coligado con una derecha intransigente, de dentro y fuera del país, lo que se ha calificado como un "golpe de Estado técnico"3. Fox procedió, sin que el IFE lo impidiera y sin que el TEPJF lo considerara motivo para anular la elección, como correspondía, por restar cualquier viso de "equidad" al proceso electoral.
Fue una inadmisible interferencia electoral, de la que no da cuenta El País en su preocupación editorial por la salud institucional de México: No es AMLO, sino Fox, quien abusa de instancias que van desde la oficina presidencial, la Procuraduría General de la República y las secretarias de Economía y Hacienda y programas sociales a favor de su partido, hasta la Suprema Corte de Justicia y el mismo TEPJF.
2. En su asombroso esfuerzo por borrar del panorama político-electoral a AMLO, Fox puso en riesgo algo más que las elecciones de 2006: también llevó a la más profunda degradación y descalificación ciudadana a los principales organismos institucionales por medio de los que se articula el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Federación, siendo así (junto a los poderes fácticos locales y sus socios de Estados Unidos y España que asolan el patrimonio y la hacienda pública), cómplice de un debilitamiento sumamente riesgoso del Estado de derecho4 y de la mayor crisis institucional y de "gobernabilidad" que enfrenta el país desde 1910.
Así lo podrá comprobar quien analice el fallido intento del presidente para rescindir los derechos políticos de AMLO, entonces jefe de gobierno del Distrito Federal, llevando al descrédito al Poder Judicial y a la Cámara de Diputados y lo que entonces eran sus dos principales fracciones: la del PRI y el PAN junto a sus respectivos presidentes y coordinadores de bancada. En el juicio de procedencia que desembocó en el desafuero de AMLO, Fox actuó como el acusador principal. Aquella fue una irresponsable aventura política en la que utilizó, de manera arbitraria a la PGR, involucró a la oficina presidencial, al órgano de procuración de justicia nacional y a la secretaría de Gobernación, comprometiendo a todo el Poder Ejecutivo federal5. La aventura del desafuero contra López Obrador, ampliamente respaldada por la oligarquía y sus poderosos instrumentos de difusión televisiva, radiofónica y periodística con su cauda cortesana de "editorialistas", "articulistas", "analistas" y "locutores", arrastra a la Cámara de Diputados y al Poder Judicial, confirmándose algo inusitado en la historia nacional: una asociación delictuosa de los tres Poderes para desacreditar y desaforar a AMLO, lo que en términos legales es una "coalición de servidores públicos" penada por el artículo 216 del Código Penal Federal"6. La inusitada movilización popular contra el desafuero y el riesgo de un juicio político de esta naturaleza probablemente están en el fondo de la decisión de Fox de no continuar con el proceso penal contra AMLO. Ante la incongruencia, la ilegalidad y la desproporción de acusar, procesar, desaforar y después exonerar, un escándalo reconocido por la opinión pública nacional e internacional, soslayado por El País, las instituciones nacionales y el régimen jurídico de México, incluyendo el régimen de rendición de cuentas, quedan seriamente "disminuidos". El comportamiento y los operativos desplegados por el Ejecutivo, el CCE y sus adeptos en la Suprema Corte de Justicia y el TEPJF, durante el proceso comicial propiamente dicho, llevaron a tal "disminución" y descrédito de los poderes públicos, al menoscabo y la degradación institucional.
3. Luego del fallido intento del PRI y PAN por rescindir los derechos políticos de AMLO, Fox procedió, sin que el IFE lo frenara, a restar cualquier viso de "equidad" al proceso electoral lanzando el mencionado asalto multifacético contra AMLO, arriesgando la integridad del proceso. Todo ello "respaldado" por una "estrategia de tensión" consistente en operativos de "seguridad" y de provocación, y de una represión intensa y violenta para amedrentar a la población (Atenco, Siderúrgica Lázaro Cárdenas).
A pesar de la inducción del temor, de la pasividad del IFE, de la guerra sucia y del encono de la campaña, la respuesta ciudadana fue contrastante: la votación, copiosa, se dio en un medio ambiente de tranquilidad y concordia.
La ciudadanía se volcó a las urnas confiada en la transparencia del mecanismo electoral para dirimir, de manera pacífica, los graves y urgentes retos económicos, sociales y políticos que enfrentamos.
Evidencias de manejos computacionales sesgados del PREP -conteo rápido-, manoseo y manipulación en cerca de 50 mil casillas, el "extravío" de dos y medio millones de votos (sólo aclarado hasta que el PRD lo denunció) y otras inconsistencias, además de un resultado oficial tan apretado, llevan a la exigencia de contabilizar acta por acta y voto por voto, demanda legal y democrática ante la cual hubo, sin embargo, una cerrazón total. AMLO, acusado desde El País de "sembrar la incertidumbre"7 por aceptar la designación de "presidente legítimo", fue quien encabezó un vasto movimiento ciudadano a favor del recuento de votos, precisamente para generar "certidumbre". Un esfuerzo, como bien lo señaló el Financial Times y el New York Times, torpemente desechado por Calderón y posteriormente por el TEPJF.
Como El País, en su editorial fuera de contexto, asume que no hubo fraude, y que el proceso fue transparente y equitativo -recordar que ese periódico fue de los primeros en unirse a la cargada por Calderón, incluso antes de que TEPJF diera inicio al proceso de calificación-, se plantea que AMLO "perdió por un margen muy pequeño", y que "ahora acaba de dar un paso que empeora la situación al proclamarse presidente de México". Se afirma que AMLO desprecia "las reglas más elementales que deben respetar todos los partidos democráticos: el ganador, por el margen que sea, gobierna… y el perdedor saluda, da la enhorabuena y se dedica a vigilar estrechamente al gobierno elegido". La deformación no puede ser mayor. Como bien sintetiza la situación Octavio Rodríguez Araujo: "Cuando hay una elección unos ganan y otros pierden, así ha sido siempre. Pero si se gana a la mala, violando la legislación vigente, cometiendo fraudes y calificando la elección por consigna y no por razón y objetividad, no hay ganador, pero tampoco perdedor… si se reconoce ser oposición se estaría reconociendo el triunfo de Calderón y se estaría avalando el proceso electoral en su conjunto, incluida su calificación por el tribunal electoral"8. La ausencia de certidumbre lleva al planteamiento de que "no hay modo de saber si la elección de AMLO como presidente legítimo es de veras mayoritaria. La duda está ahí, cierto, pero no menos cierto es que tampoco se sabe si Calderón ganó la elección del 2 de julio"9.
Para AMLO y el movimiento ciudadano que lo apoya, la estabilidad política y la credibilidad institucional exigían cabal limpieza. Sólo así era posible generar "certidumbre" sobre los resultados electorales. En ese momento se abrieron escenarios complejos: una muy riesgosa burla a la voluntad popular que podría "encender la mecha del polvorín", o una salida institucional y legal que diera curso, con desahogo pleno, "a una revisión íntegra del proceso, única garantía para la paz social y la resolución no violenta de la crisis"10.
4. Nada más alejado de los cálculos e intenciones presidencial-oligárquicos: el IFE y el TEPJF rechazaron el recuento de los votos consolidándose la incertidumbre. Por encima del Estado de derecho y la paz social, era imprescindible mantener el control de los instrumentos de gobierno. Para Fox no fue suficiente el haber sido señalado como fuente principal de las "irregularidades" del proceso electoral. Como en el caso de la ilegal intervención de la IP, las anomalías fueron mencionadas, pero nunca sancionadas por un TEPJF políticamente imprudente y constitucionalmente insolvente. El aval del tribunal a la impunidad en el proceso electoral tiene como telón de fondo la gran corrupción perpetrada contra la hacienda pública mexicana durante los últimos sexenios incluyendo el que fenece. Los criminales de cuello blanco no quieren dejar de ser los policías de su propia conducta, ni en Pemex-CFE ni en el caso IPAB-Fobaproa. La corrupción electoral perpetrada por Fox et al, se debe a la necesidad de mantener la garantía de la impunidad, arriesgando como nunca antes, la paz social y la vida de millones. La aversión de Fox a AMLO no es sólo sicológica: tiene como fondo el compromiso del tabasqueño con el electorado a abrir la cloaca del Fobaproa-IPAB y sus vastas subvenciones a los entes extranjeros que dominan el sistema bancario "mexicano" (City Group-Banamex, BBVA-Bancomer, y mantener el patrimonio petrolero y eléctrico ante intereses como Exxon-Mobil, Halliburton y Repsol); se genera por el temor que produce su amplia aceptación en el electorado y adquiere peculiaridades que sólo el sillón sicoanalítico, junto con una necesaria y amplia auditoría de las operaciones interestatales (fundamentalmente con EU) y empresariales del sexenio, podrían elucidar cabalmente. Pero en el meollo de la inquina foxista -y posiblemente del irreflexivo editorial de El País-, están los intereses petroleros, eléctricos y bancarios antes aludidos. Según la Federación Latinoamericana de Bancos, en México los bancos obtienen las mayores ganancias del mundo. Dominados por las empresas de EU y España, en este país la banca extranjera actúa sólo en función de intereses de sus matrices11.
El tráfico de personas y de influencias de lo público a lo privado y viceversa, se expresa en un modus operandi más de corte gangsteril que de un Estado soberano. La legalización del robo en las urnas se sustenta en la necesidad de mantener el poder a cómo dé lugar para seguir sustentando la legalización del robo a secas, por medio de, entre otros mecanismos, las consabidas "reformas estructurales". Samuel del Villar no nos deja olvidar12 que Martín Werner, el subsecretario de Hacienda de Zedillo, cuando Guillermo Ortiz era secretario, firmó el aval de los pagarés que documentaron la deuda del Fobaproa por la compra de la cartera de los bancos, y que una vez que el IPAB asumió sus deudas y su cartera, Werner se pasó a Goldman Sachs de Nueva York, "una de las casas que se distinguió por comprar a un ínfimo valor la cartera documentada por él mismo como subsecretario"13. Y Jonathan Davis, designado durante este gobierno como presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), fue tesorero de la federación con Zedillo y junto a Werner "y con la misma ilicitud" firmó el aval de los pagarés por los que el Fobaproa asumió la deuda de los banqueros de Salinas. "El lugar clave para tapar la corrupción de la función bancaria y asegurar la impunidad, es precisamente la CNBV, la institución encargada de investigarla, corregirla y sancionarla". El pánico mostrado por Fox ante el ascenso de AMLO tiene múltiples "razones", entre las más destacadas: la sumisión de su gobierno ante Francisco Gil Díaz para inflar la deuda y los pagos del Fobaproa-IPAB a los bancos y al Banamex de Roberto Hernández, en particular, pasándolos de 3 millardos de dólares -el precio inflado de su privatización (2.62 veces de su valor en libros)-, a 12 millardos, facilitando esa gran operación contra México: "El precio de venta de Hernández a Citicorp fue equivalente al reportado por los dieciocho bancos privatizados por Salinas y a 58 por ciento del precio total de las 228 entidades privatizadas por su gobierno por conducto de la SHCP (Pedro Aspe-Guillermo Ortiz)"14.
5. Es en el contexto de éstas y de cientos de operaciones similares que es necesario analizar la persistencia de Fox en su campaña contra AMLO y sus seguidores y los "daños colaterales" de su proeza: el aparato institucional del país. Fox está empeñado en intensificar la crispación que padece la nación después de la usurpación electoral, dejando asomar la sombra de la represión. Es indudable que tanto en el caso del desafuero como en los procesos comiciales, de los que, insisto, Fox es formalmente responsabilizado por el TEPJF de poner en riesgo, él y los servidores públicos (y ciertamente no López Obrador como lo plantea El País) incurrieron en actos que, como bien argumenta Saldaña Harlow, "han ocasionado daños mayores a los intereses públicos fundamentales previstos en el artículo 109-1, pudiendo quedar incluido como un ataque a las instituciones democráticas, a la forma de gobierno y una infracción a la Constitución que causa perjuicios graves a la sociedad y motiva trastorno en el funcionamiento normal de las instituciones"15.
1 "De Mal en Peor", en El País, 18 de septiembre de 2006, Madrid, p. 12. El editorial plantea: "Si los comportamientos elegantes no le conmueven, puede reflexionar sobre el deterioro de la imagen de México en el exterior... Lo que importa es que las instituciones mexicanas dispongan de resortes para acabar con este intento ridículo de subvertir la democracia, y que los países del entorno que ahora jalean sus pretensiones -y que coinciden con quienes sugieren reformas constitucionales retrógradas-, reconozcan públicamente y sin reservas al verdadero ganador, Calderón". En la edición mexicana, este editorial fue acompañado por un artículo de primera página de Francesc Relea: "López Obrador siembra la incertidumbre en México al autoproclamarse presidente", Ibíd, pp. 1, 5.
2 En el que además y de manera extravagante y arbitraria se plantean paralelismos con (y se arremete contra) Venezuela y Bolivia: "Aunque excéntrico, hasta ahora en México, el comportamiento de López Obrador está en línea con las tentaciones bien recientes de cambios constitucionales y reformas legales en algunos países latinoamericanos, como Venezuela o Bolivia, orientados a perpetuar o ampliar las presidencias actuales sin pasar por las urnas. Son la excrecencias de actitudes caudillistas".
3 Luis Hernández Navarro, "El Golpe Técnico", en La Jornada, 4 de julio de 2006, México, p. 21.
4 Al respecto consultar el esclarecedor libro de Adalberto Saldaña Harlow, Teoría Democrática de la Constitución Política -Lecturas III-, Anaya Editores, 2006, México, especialmente pp. 293-298.
5 Saldaña Harlow, o. c., p. 293.
6 Ibíd, p. 295.
7 Véase Francesc Relea, o. c., p. 5.
8 Consultar el esclarecedor artículo de Octavio Rodríguez Araujo, "Doble Poder", en La Jornada, 18 de septiembre de 2006, México, p. 9.
9 Id.
10 John Saxe-Fernández, "TEPJF: generar certidumbre", en La Jornada, 20 de julio de 2006, México, p. 31; John Ackerman en su momento planteó que los magistrados del TEFJF debían adoptar "una actitud proactiva y responsable, ordenando la apertura de todos y cada uno de los paquetes electorales cuyos resultados estuvieran bajo cualquier sospecha o, incluso, ordenando un recuento de la totalidad de la votación para presidente de la República", revista Proceso, No.1550, julio de 2006, México.
11 Rodrigo González Amador, "En México los Bancos obtienen las mayores ganancias del mundo", en La Jornada, 21 noviembre de 2005, México, p. 31. Sobre los abusos al público consultar Iván Restrepo, "BBVA-Bancomer: culpable de jineteo", en La Jornada, 21 de noviembre de 2005, México, p. 26.
12 Samuel del Villar, Agravios Nacionales, México, Océano, 2006.
13 Ib., p.78.
14 Samuel del Villar, o. c., p. 79.
15 Ibid., p. 197.
Con estas palabras, muestra de falta de objetividad y profesionalismo, en este editorial del rotativo madrileño El País2, se deforma, ante la opinión pública, una de las más delicadas secuelas de las irregularidades formalmente consignadas por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF): me refiero al deterioro institucional derivado de los abusos del Poder Ejecutivo y la IP -nacional y extranjera-, para impactar los resultados comiciales.
Al respecto téngase presente:
1. Que el dislate del editorial de El País no puede ser mayor porque, seguido de cerca por el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), el presidente Vicente Fox Quesada fue formalmente calificado por el TEPJF como el principal riesgo del proceso electoral de 2006. Los comicios se vieron gravemente menoscabados, entre otros muchos factores y visibles delitos electorales, por la ostensible conducta facciosa de Fox, expresada por medio de un inusitado programa de saturación propagandística, con spots televisivos y radiales contra AMLO, que totalizaron cuatro mil horas. Fueron múltiples esos ataques, directos, indirectos, personales y persistentes, en medio de una multimillonaria campaña de miedo incitada por el PAN. En su ofensiva contra la candidatura de AMLO, Fox abusó de los instrumentos de Estado a su disposición, despojándose del papel arbitral y neutral que corresponde a un presidente para poner en marcha, coligado con una derecha intransigente, de dentro y fuera del país, lo que se ha calificado como un "golpe de Estado técnico"3. Fox procedió, sin que el IFE lo impidiera y sin que el TEPJF lo considerara motivo para anular la elección, como correspondía, por restar cualquier viso de "equidad" al proceso electoral.
Fue una inadmisible interferencia electoral, de la que no da cuenta El País en su preocupación editorial por la salud institucional de México: No es AMLO, sino Fox, quien abusa de instancias que van desde la oficina presidencial, la Procuraduría General de la República y las secretarias de Economía y Hacienda y programas sociales a favor de su partido, hasta la Suprema Corte de Justicia y el mismo TEPJF.
2. En su asombroso esfuerzo por borrar del panorama político-electoral a AMLO, Fox puso en riesgo algo más que las elecciones de 2006: también llevó a la más profunda degradación y descalificación ciudadana a los principales organismos institucionales por medio de los que se articula el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Federación, siendo así (junto a los poderes fácticos locales y sus socios de Estados Unidos y España que asolan el patrimonio y la hacienda pública), cómplice de un debilitamiento sumamente riesgoso del Estado de derecho4 y de la mayor crisis institucional y de "gobernabilidad" que enfrenta el país desde 1910.
Así lo podrá comprobar quien analice el fallido intento del presidente para rescindir los derechos políticos de AMLO, entonces jefe de gobierno del Distrito Federal, llevando al descrédito al Poder Judicial y a la Cámara de Diputados y lo que entonces eran sus dos principales fracciones: la del PRI y el PAN junto a sus respectivos presidentes y coordinadores de bancada. En el juicio de procedencia que desembocó en el desafuero de AMLO, Fox actuó como el acusador principal. Aquella fue una irresponsable aventura política en la que utilizó, de manera arbitraria a la PGR, involucró a la oficina presidencial, al órgano de procuración de justicia nacional y a la secretaría de Gobernación, comprometiendo a todo el Poder Ejecutivo federal5. La aventura del desafuero contra López Obrador, ampliamente respaldada por la oligarquía y sus poderosos instrumentos de difusión televisiva, radiofónica y periodística con su cauda cortesana de "editorialistas", "articulistas", "analistas" y "locutores", arrastra a la Cámara de Diputados y al Poder Judicial, confirmándose algo inusitado en la historia nacional: una asociación delictuosa de los tres Poderes para desacreditar y desaforar a AMLO, lo que en términos legales es una "coalición de servidores públicos" penada por el artículo 216 del Código Penal Federal"6. La inusitada movilización popular contra el desafuero y el riesgo de un juicio político de esta naturaleza probablemente están en el fondo de la decisión de Fox de no continuar con el proceso penal contra AMLO. Ante la incongruencia, la ilegalidad y la desproporción de acusar, procesar, desaforar y después exonerar, un escándalo reconocido por la opinión pública nacional e internacional, soslayado por El País, las instituciones nacionales y el régimen jurídico de México, incluyendo el régimen de rendición de cuentas, quedan seriamente "disminuidos". El comportamiento y los operativos desplegados por el Ejecutivo, el CCE y sus adeptos en la Suprema Corte de Justicia y el TEPJF, durante el proceso comicial propiamente dicho, llevaron a tal "disminución" y descrédito de los poderes públicos, al menoscabo y la degradación institucional.
3. Luego del fallido intento del PRI y PAN por rescindir los derechos políticos de AMLO, Fox procedió, sin que el IFE lo frenara, a restar cualquier viso de "equidad" al proceso electoral lanzando el mencionado asalto multifacético contra AMLO, arriesgando la integridad del proceso. Todo ello "respaldado" por una "estrategia de tensión" consistente en operativos de "seguridad" y de provocación, y de una represión intensa y violenta para amedrentar a la población (Atenco, Siderúrgica Lázaro Cárdenas).
A pesar de la inducción del temor, de la pasividad del IFE, de la guerra sucia y del encono de la campaña, la respuesta ciudadana fue contrastante: la votación, copiosa, se dio en un medio ambiente de tranquilidad y concordia.
La ciudadanía se volcó a las urnas confiada en la transparencia del mecanismo electoral para dirimir, de manera pacífica, los graves y urgentes retos económicos, sociales y políticos que enfrentamos.
Evidencias de manejos computacionales sesgados del PREP -conteo rápido-, manoseo y manipulación en cerca de 50 mil casillas, el "extravío" de dos y medio millones de votos (sólo aclarado hasta que el PRD lo denunció) y otras inconsistencias, además de un resultado oficial tan apretado, llevan a la exigencia de contabilizar acta por acta y voto por voto, demanda legal y democrática ante la cual hubo, sin embargo, una cerrazón total. AMLO, acusado desde El País de "sembrar la incertidumbre"7 por aceptar la designación de "presidente legítimo", fue quien encabezó un vasto movimiento ciudadano a favor del recuento de votos, precisamente para generar "certidumbre". Un esfuerzo, como bien lo señaló el Financial Times y el New York Times, torpemente desechado por Calderón y posteriormente por el TEPJF.
Como El País, en su editorial fuera de contexto, asume que no hubo fraude, y que el proceso fue transparente y equitativo -recordar que ese periódico fue de los primeros en unirse a la cargada por Calderón, incluso antes de que TEPJF diera inicio al proceso de calificación-, se plantea que AMLO "perdió por un margen muy pequeño", y que "ahora acaba de dar un paso que empeora la situación al proclamarse presidente de México". Se afirma que AMLO desprecia "las reglas más elementales que deben respetar todos los partidos democráticos: el ganador, por el margen que sea, gobierna… y el perdedor saluda, da la enhorabuena y se dedica a vigilar estrechamente al gobierno elegido". La deformación no puede ser mayor. Como bien sintetiza la situación Octavio Rodríguez Araujo: "Cuando hay una elección unos ganan y otros pierden, así ha sido siempre. Pero si se gana a la mala, violando la legislación vigente, cometiendo fraudes y calificando la elección por consigna y no por razón y objetividad, no hay ganador, pero tampoco perdedor… si se reconoce ser oposición se estaría reconociendo el triunfo de Calderón y se estaría avalando el proceso electoral en su conjunto, incluida su calificación por el tribunal electoral"8. La ausencia de certidumbre lleva al planteamiento de que "no hay modo de saber si la elección de AMLO como presidente legítimo es de veras mayoritaria. La duda está ahí, cierto, pero no menos cierto es que tampoco se sabe si Calderón ganó la elección del 2 de julio"9.
Para AMLO y el movimiento ciudadano que lo apoya, la estabilidad política y la credibilidad institucional exigían cabal limpieza. Sólo así era posible generar "certidumbre" sobre los resultados electorales. En ese momento se abrieron escenarios complejos: una muy riesgosa burla a la voluntad popular que podría "encender la mecha del polvorín", o una salida institucional y legal que diera curso, con desahogo pleno, "a una revisión íntegra del proceso, única garantía para la paz social y la resolución no violenta de la crisis"10.
4. Nada más alejado de los cálculos e intenciones presidencial-oligárquicos: el IFE y el TEPJF rechazaron el recuento de los votos consolidándose la incertidumbre. Por encima del Estado de derecho y la paz social, era imprescindible mantener el control de los instrumentos de gobierno. Para Fox no fue suficiente el haber sido señalado como fuente principal de las "irregularidades" del proceso electoral. Como en el caso de la ilegal intervención de la IP, las anomalías fueron mencionadas, pero nunca sancionadas por un TEPJF políticamente imprudente y constitucionalmente insolvente. El aval del tribunal a la impunidad en el proceso electoral tiene como telón de fondo la gran corrupción perpetrada contra la hacienda pública mexicana durante los últimos sexenios incluyendo el que fenece. Los criminales de cuello blanco no quieren dejar de ser los policías de su propia conducta, ni en Pemex-CFE ni en el caso IPAB-Fobaproa. La corrupción electoral perpetrada por Fox et al, se debe a la necesidad de mantener la garantía de la impunidad, arriesgando como nunca antes, la paz social y la vida de millones. La aversión de Fox a AMLO no es sólo sicológica: tiene como fondo el compromiso del tabasqueño con el electorado a abrir la cloaca del Fobaproa-IPAB y sus vastas subvenciones a los entes extranjeros que dominan el sistema bancario "mexicano" (City Group-Banamex, BBVA-Bancomer, y mantener el patrimonio petrolero y eléctrico ante intereses como Exxon-Mobil, Halliburton y Repsol); se genera por el temor que produce su amplia aceptación en el electorado y adquiere peculiaridades que sólo el sillón sicoanalítico, junto con una necesaria y amplia auditoría de las operaciones interestatales (fundamentalmente con EU) y empresariales del sexenio, podrían elucidar cabalmente. Pero en el meollo de la inquina foxista -y posiblemente del irreflexivo editorial de El País-, están los intereses petroleros, eléctricos y bancarios antes aludidos. Según la Federación Latinoamericana de Bancos, en México los bancos obtienen las mayores ganancias del mundo. Dominados por las empresas de EU y España, en este país la banca extranjera actúa sólo en función de intereses de sus matrices11.
El tráfico de personas y de influencias de lo público a lo privado y viceversa, se expresa en un modus operandi más de corte gangsteril que de un Estado soberano. La legalización del robo en las urnas se sustenta en la necesidad de mantener el poder a cómo dé lugar para seguir sustentando la legalización del robo a secas, por medio de, entre otros mecanismos, las consabidas "reformas estructurales". Samuel del Villar no nos deja olvidar12 que Martín Werner, el subsecretario de Hacienda de Zedillo, cuando Guillermo Ortiz era secretario, firmó el aval de los pagarés que documentaron la deuda del Fobaproa por la compra de la cartera de los bancos, y que una vez que el IPAB asumió sus deudas y su cartera, Werner se pasó a Goldman Sachs de Nueva York, "una de las casas que se distinguió por comprar a un ínfimo valor la cartera documentada por él mismo como subsecretario"13. Y Jonathan Davis, designado durante este gobierno como presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), fue tesorero de la federación con Zedillo y junto a Werner "y con la misma ilicitud" firmó el aval de los pagarés por los que el Fobaproa asumió la deuda de los banqueros de Salinas. "El lugar clave para tapar la corrupción de la función bancaria y asegurar la impunidad, es precisamente la CNBV, la institución encargada de investigarla, corregirla y sancionarla". El pánico mostrado por Fox ante el ascenso de AMLO tiene múltiples "razones", entre las más destacadas: la sumisión de su gobierno ante Francisco Gil Díaz para inflar la deuda y los pagos del Fobaproa-IPAB a los bancos y al Banamex de Roberto Hernández, en particular, pasándolos de 3 millardos de dólares -el precio inflado de su privatización (2.62 veces de su valor en libros)-, a 12 millardos, facilitando esa gran operación contra México: "El precio de venta de Hernández a Citicorp fue equivalente al reportado por los dieciocho bancos privatizados por Salinas y a 58 por ciento del precio total de las 228 entidades privatizadas por su gobierno por conducto de la SHCP (Pedro Aspe-Guillermo Ortiz)"14.
5. Es en el contexto de éstas y de cientos de operaciones similares que es necesario analizar la persistencia de Fox en su campaña contra AMLO y sus seguidores y los "daños colaterales" de su proeza: el aparato institucional del país. Fox está empeñado en intensificar la crispación que padece la nación después de la usurpación electoral, dejando asomar la sombra de la represión. Es indudable que tanto en el caso del desafuero como en los procesos comiciales, de los que, insisto, Fox es formalmente responsabilizado por el TEPJF de poner en riesgo, él y los servidores públicos (y ciertamente no López Obrador como lo plantea El País) incurrieron en actos que, como bien argumenta Saldaña Harlow, "han ocasionado daños mayores a los intereses públicos fundamentales previstos en el artículo 109-1, pudiendo quedar incluido como un ataque a las instituciones democráticas, a la forma de gobierno y una infracción a la Constitución que causa perjuicios graves a la sociedad y motiva trastorno en el funcionamiento normal de las instituciones"15.
1 "De Mal en Peor", en El País, 18 de septiembre de 2006, Madrid, p. 12. El editorial plantea: "Si los comportamientos elegantes no le conmueven, puede reflexionar sobre el deterioro de la imagen de México en el exterior... Lo que importa es que las instituciones mexicanas dispongan de resortes para acabar con este intento ridículo de subvertir la democracia, y que los países del entorno que ahora jalean sus pretensiones -y que coinciden con quienes sugieren reformas constitucionales retrógradas-, reconozcan públicamente y sin reservas al verdadero ganador, Calderón". En la edición mexicana, este editorial fue acompañado por un artículo de primera página de Francesc Relea: "López Obrador siembra la incertidumbre en México al autoproclamarse presidente", Ibíd, pp. 1, 5.
2 En el que además y de manera extravagante y arbitraria se plantean paralelismos con (y se arremete contra) Venezuela y Bolivia: "Aunque excéntrico, hasta ahora en México, el comportamiento de López Obrador está en línea con las tentaciones bien recientes de cambios constitucionales y reformas legales en algunos países latinoamericanos, como Venezuela o Bolivia, orientados a perpetuar o ampliar las presidencias actuales sin pasar por las urnas. Son la excrecencias de actitudes caudillistas".
3 Luis Hernández Navarro, "El Golpe Técnico", en La Jornada, 4 de julio de 2006, México, p. 21.
4 Al respecto consultar el esclarecedor libro de Adalberto Saldaña Harlow, Teoría Democrática de la Constitución Política -Lecturas III-, Anaya Editores, 2006, México, especialmente pp. 293-298.
5 Saldaña Harlow, o. c., p. 293.
6 Ibíd, p. 295.
7 Véase Francesc Relea, o. c., p. 5.
8 Consultar el esclarecedor artículo de Octavio Rodríguez Araujo, "Doble Poder", en La Jornada, 18 de septiembre de 2006, México, p. 9.
9 Id.
10 John Saxe-Fernández, "TEPJF: generar certidumbre", en La Jornada, 20 de julio de 2006, México, p. 31; John Ackerman en su momento planteó que los magistrados del TEFJF debían adoptar "una actitud proactiva y responsable, ordenando la apertura de todos y cada uno de los paquetes electorales cuyos resultados estuvieran bajo cualquier sospecha o, incluso, ordenando un recuento de la totalidad de la votación para presidente de la República", revista Proceso, No.1550, julio de 2006, México.
11 Rodrigo González Amador, "En México los Bancos obtienen las mayores ganancias del mundo", en La Jornada, 21 noviembre de 2005, México, p. 31. Sobre los abusos al público consultar Iván Restrepo, "BBVA-Bancomer: culpable de jineteo", en La Jornada, 21 de noviembre de 2005, México, p. 26.
12 Samuel del Villar, Agravios Nacionales, México, Océano, 2006.
13 Ib., p.78.
14 Samuel del Villar, o. c., p. 79.
15 Ibid., p. 197.
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12:17 a.m.
