MEXICO: UNA REPUBLICA PLUTOCRATICA
Apuntes sobre el doble poder en una república plutocrática
En el marco de una sucesión de grandes movilizaciones de masas integradas mayoritariamente por pueblo pobre, y tras la realización de la Convención Nacional Democrática y la constitución de un Frente Amplio Progresista −instancias todas que cuentan con el liderazgo indiscutido de Andrés Manuel López Obrador−, va conformándose en México un nuevo bloque histórico que, en la nueva fase de luchas políticas y sociales abierta tras el fraude electoral del pasado 2 de julio, se perfila para disputar la hegemonía y un nuevo proyecto de nación a la alianza dominante.
En el periodo comprendido entre finales de 2003 y los comicios presidenciales de este año, se trató, en rigor, de la disputa entre dos bloques con proyectos de nación no del todo antagónicos. Por un lado, el proyecto de una patria financiera conducido por una plutocracia apátrida y parasitaria, que cuenta con administradores gubernamentales y una clase política dóciles y medios masivos de propaganda. Bloque de poder legitimado por la jerarquía conservadora de la iglesia católica mexicana y en alianza subordinada con círculos del poder imperial en Washington. Por otro, un proyecto de cambio reformista, de corte nacionalista moderado, con acento en lo social y de intención redistributiva, encarnado por López Obrador en el marco de una alianza electoral pluriclasista −no exenta de contradicciones−, que nucleó a tres agrupaciones políticas progresistas con representación parlamentaria (Partido de la Revolución Democrática, Partido del Trabajo y Convergencia), a ciudadanos sin partido, integrantes de sindicatos, organizaciones campesinas, indígenas, grupos populares, sectoriales y barriales, creadores y difusores de la cultura y juventud estudiantil que vieron la posibilidad de acceder al gobierno por las vías legales, democráticas y pacíficas.
Sin embargo, tras la sostenida ofensiva de la alianza del gran capital, el foxismo y la tecnocracia priista, que en la fase poselectoral intenta imponer por la fuerza a Felipe Calderón con la intención de garantizar la implementación de la segunda generación de contrarreformas neoliberales afines al Consenso de Washington (en particular, la privatización de los hidrocarburos, la industria eléctrica, el agua y la contrarreforma fiscal) y, en el marco de una aguda polarización clasista, sin coyunturas electorales a la vista y de la mano de una movilización popular en ascenso de signo radical y anticapitalista, que podría inducir al bloque dominante a utilizar el recurso desesperado de la fuerza, dicha confrontación entre bloques podría adquirir, a corto o mediano plazo, carácter antagónico.
Tras el nuevo fraude de Estado quedó al desnudo un orden jurídico-electoral ramplón, de opereta, más propio de una república bananera que de un país que cuenta en su haber con uno de los grandes procesos revolucionarios del siglo XX. A su vez, el intento por imponer a la brava al representante de los poderes fácticos, la derecha vernácula y el imperialismo estadunidense, agudizó la autodeslegitimación del sistema presidencialista mexicano con sus caducas instituciones clasistas.
II
En medio de una profunda crisis estructural que abarca a las instituciones, al sistema político mexicano y al actual modelo de dominación, el país parece aproximarse a un punto de quiebre histórico. México está hoy dividido y polarizado. La opinión pública está enterada de todas las circunstancias que rodearon el proceso electoral en sus tres fases: las campañas políticas de los candidatos, el día de los comicios y la etapa poselectoral. A la abierta intervención del presidente de la república a favor del candidato de la derecha, se sumaron la campaña de terror y guerra psicológica desatada sobre la población por los medios masivos de comunicación bajo control monopólico y oligopólico, en lo que se inscribe no sólo la guerra sucia mediática instrumentada a través de spots publicitarios mediante mensajes de miedo y de odio clasistas, sino también la instrumentación, con los mismos fines, de acciones de tipo contrainsurgente violentas en la siderúrgica Lázaro Cárdenas-Las Truchas, San Salvador Atenco y Oaxaca. Como quedó demostrado, el propio acto eleccionario del 2 de julio abundó en graves irregularidades. Con posterioridad, la irresponsable actuación del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al convalidar el fraude; la actitud de Calderón al dividir a los mexicanos en "pacíficos" y "violentos", con el visto bueno de los poderes fácticos y sus grupos de fachada, y los arreglos cupulares en el Congreso entre las mafias parlamentarias del PRI y del PAN, dejan en evidencia una vez más que la plutocracia gobernante no está dispuesta a ceder por las buenas los resortes del poder.
El hecho de que la Coalición Por el Bien de Todos se haya convertido en la segunda fuerza política del país, siga gobernando la capital y varios estados y haya logrado refrendar victorias a escala municipal, adquiere en esta coyuntura una importancia fundamental. Un sector del pueblo consciente encontró en la Coalición y en su candidato López Obrador, la posibilidad de un cambio real por la vía pacífica, lo que infundió temor a la plutocracia y el imperialismo estadunidense. El avance logrado por la Coalición acrecentó la crisis del sistema político tradicional, representado por los partidos Acción Nacional y Revolucionario Institucional, y con ello acelerará el proceso de la crisis política definitiva del viejo sistema de dominación vigente.
No obstante, la coalición −al igual que la Otra Campaña impulsada por el EZLN, no ha podido ganar hasta ahora a sectores de indecisos, vacilantes, de la población, todavía proclives a votar por los dos partidos conservadores, es decir, existen grandes masas populares que aún no tienen plena conciencia de las causas de sus propios males y de las calamidades nacionales, así como de las soluciones radicales que esos males y calamidades exigen. De allí que, de concretarse la imposición autoritaria de Calderón, su administración significará la continuidad y acentuación de la nefasta política antinacional y antipopular de los últimos cuatro gobiernos neoliberales del PRI y del PAN.
En ese contexto, la formación de un combativo movimiento de resistencia civil pacífica de carácter horizontal y asambleario, producto de un largo proceso de acumulación de fuerzas que, en la última fase, se nutre de la redes de solidaridad creadas por miles de mexicanos tras los sismos de 1985; la irrupción del movimiento cardenista en la coyuntura preelectoral de 1988; la insurrección campesina-indígena liderada por el EZLN en 1994, que dio paso a una singular experiencia autonómica de signo anticapitalista; a lo que se suman la rebelión de los ejidatarios de Atenco y la expresión de poder dual, protagonizada en la actualidad por la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, refrendó el liderazgo y el poder de convocatoria de López Obrador y dio pie al nacimiento de una amplia coalición antioligárquica, que intenta ser estructurada sobre dos ejes: la Convención Nacional Democrática y el Frente Amplio Progresista.
III
Estamos convencidos de que la construcción de una sociedad justa, con sentido nacional y progresista, liberada de la tutela imperial es imposible en los esquemas de un régimen dominado por el gran capital. La ruptura con ese sistema es una condición ineludible de un proceso de cambio de sus caducas estructuras y de conquista de la efectiva independencia de la nación.
Pensamos que ninguna fuerza política aislada será capaz de abrir una alternativa cierta de poder al pueblo organizado. México cuenta con una amplia experiencia de luchas políticas y sociales que se manifiesta, en la etapa, por un nuevo proceso de acumulación de fuerzas que refleja un avance a nivel cualitativo y cuantitativo.
Para combatir a la imposición autoritaria y lo que ya apunta como un proceso larvado de fascistización del régimen, se necesitará una acción concertada, enérgica y audaz de todas las fuerzas de izquierda, progresistas y populares. Si frente a la consolidación de las derechas hoy en el poder, no se construye la coalición de las fuerzas progresistas y revolucionarias sobre la base de un programa mínimo común y de una táctica solidaria, es posible que nos encaminemos a un régimen de dominación violento de nuevo tipo.
Por eso, en la actual coyuntura, y como resultado de un proceso gradual, creemos que el lanzamiento de un Frente Amplio Progresista (FAP), expresa la posibilidad de concretar un nuevo acuerdo político unitario entre todas las fuerzas populares auténticamente nacionales, para agotar las vías legales, democráticas y pacíficas, con el fin de que el pueblo organizado, mediante la combinación y coordinación de diversas formas de lucha, la acción política permanente en todos los campos (no sólo el electoral) y a través de la movilización de masas, pueda realizar las grandes transformaciones que el país requiere.
La instauración de un gobierno progresista paralelo, a la manera de un doble poder que desafía a los administradores del poder de la plutocracia, supone desarrollar una organización de masas en la que ese poder popular tendrá que apoyarse. En ese sentido, como se apuntaba arriba, la acumulación de fuerzas populares indica que se ha ganado a vastos sectores de la población, pero que eso no fue todavía suficiente para ganar de manera contundente al candidato de la derecha. Debido a ello, y de cara a un futuro cercano de signo incierto, resulta necesario abocarse a una paciente e incesante labor de concientización, para ir transformando a cada habitante del país en un ciudadano informado y sensible a las propuestas de cambio.
Se trata de que el pueblo tenga una visión lúcida de las circunstancias por las que atraviesa, que sepa valorar el significado histórico de su lucha, de alertar a los desinformados, de convencer a los indecisos, de transformar a cada simpatizante en un combatiente aguerrido, porque sólo un pueblo consciente y decidido puede ser un pueblo victorioso. Pero se trata, también, y fundamentalmente, de desarrollar y hacer crecer las organizaciones y el protagonismo colectivo, en el entendido de que un gobierno de la resistencia civil tendrá que aprovechar su gestión para ayudar a construir el nuevo sujeto social colectivo, combatiendo todo tipo de práctica sectaria, burocrática y corporativa en su seno, incluido todo tipo de liderazgo vertical y unipersonal. No puede haber gobierno popular, de verdad, si no se estructura el apoyo desde abajo. Si no se apoya en la gente y le da a la gente la posibilidad de hacer efectivo ese apoyo.
A partir de lo anterior, creemos que en el nuevo Frente lanzado por tres fuerzas políticas diversas (el PRD, el PT y Convergencia), cada uno de sus integrantes deberá mantener su identidad.
Asimismo, deberá incluir movimientos no partidistas, organizados, y, a nivel de militancia de base, deberá ser estructurado por núcleos de opinión inorgánicos (comités de base o comités cívicos del FAP) que acatarán la estrategia y disciplina comunes, pero que se mantendrán al margen de toda filiación sectorial.
No obstante la confluencia desde fuentes tan diversas para una acción política efectiva, el FAP deberá contar con un alto nivel de coherencia ideológica y una militancia unitaria. Pero no una unidad muerta, de fachada silenciosa. El Frente necesita una unidad crítica, leal. Una crítica que apunte a fortificar el despliegue del FAP en el pueblo.
Una tarea clave de la etapa es acercar al Frente a sectores del pueblo que nunca han participado en la acción política organizada o que han estado inscritos en grupos corporativos y/o clientelares. Se trataría de invitarlos a incursionar en una nueva forma de participación popular, en una nueva forma de hacer política sin ningún vínculo de subordinación o dependencia partidaria, tutela ni imposición, como tampoco prestación y aceptación de favores, servicios o ayudas. Las razones del ingreso al Frente deben ser resultado de un proceso de toma de posición política, de concientización política. Lo anterior supone una definición ideológica, pero también una actitud moral.
En su organización y militancia, pensamos que el Frente debe ser una gran escuela que ayude al ciudadano común a convertirse en un agente del proceso integral de cambio que transformará al país. El comité de base será el instrumento clave para la consumación de esa tarea de docencia cívica. El comité habrá de ser el lugar natural de encuentro y unidad de las masas populares para la acción política. La presencia del pueblo en el comité, entendido como centro de educación política y adoctrinamiento, habrá de constituir la vía más directa para el encauzamiento de la acción de resistencia frente al autoritarismo. En otro sentido, el comité de base reflejará una real democratización de la vida política del Frente Progresista. Será un lugar de participación política activa, creadora; un instrumento permanente de lucha.
A partir de lo anterior, creemos que los organismos de base del Frente Amplio Progresista (comités de base o cívicos del FAP) deberían constituirse a nivel nacional por la reunión de los adherentes al mismo de un determinado lugar. Planteamos que haya dos clases de comités: de nucleamiento territorial y de nucleamiento por centro de actividad (centro de trabajo, estudios, barrial, etcétera). Los comités cívicos o de base deberán estructurarse con eje en tres tareas centrales: organización, finanzas y propaganda.
Asimismo, entre las tareas a realizar por cada comité, proponemos:
1) La edición, difusión y distribución del programa del Frente Amplio Progresista, de los resultados de la Convención Nacional Democrática, así como de la información que se vaya generando en torno al proceso de una asamblea constituyente y de construcción de un nuevo proyecto de nación.
2) La realización de ciclos de conferencias, mesas redondas y de discusión sobre los contenidos de los documentos del FAP y de la CND y sobre aspectos especiales de los mismos o de la coyuntura.
3) Buscar en su radio de acción la integración del mayor número de fuerzas posibles.
4) Participar en las tareas centrales que le sean encomendadas.
5) Organizar la participación activa del comité en la tarea y objetivos inmediatos que se den.
6) Formular recomendaciones a los organismos de coordinación y dirección del movimiento.
7) Organizar círculos vecinales de estudio, debate o difusión de las bases programáticas o cualquier otra iniciativa que tenga que ver con las tareas del FAP y la CND.
En el marco de una sucesión de grandes movilizaciones de masas integradas mayoritariamente por pueblo pobre, y tras la realización de la Convención Nacional Democrática y la constitución de un Frente Amplio Progresista −instancias todas que cuentan con el liderazgo indiscutido de Andrés Manuel López Obrador−, va conformándose en México un nuevo bloque histórico que, en la nueva fase de luchas políticas y sociales abierta tras el fraude electoral del pasado 2 de julio, se perfila para disputar la hegemonía y un nuevo proyecto de nación a la alianza dominante.
En el periodo comprendido entre finales de 2003 y los comicios presidenciales de este año, se trató, en rigor, de la disputa entre dos bloques con proyectos de nación no del todo antagónicos. Por un lado, el proyecto de una patria financiera conducido por una plutocracia apátrida y parasitaria, que cuenta con administradores gubernamentales y una clase política dóciles y medios masivos de propaganda. Bloque de poder legitimado por la jerarquía conservadora de la iglesia católica mexicana y en alianza subordinada con círculos del poder imperial en Washington. Por otro, un proyecto de cambio reformista, de corte nacionalista moderado, con acento en lo social y de intención redistributiva, encarnado por López Obrador en el marco de una alianza electoral pluriclasista −no exenta de contradicciones−, que nucleó a tres agrupaciones políticas progresistas con representación parlamentaria (Partido de la Revolución Democrática, Partido del Trabajo y Convergencia), a ciudadanos sin partido, integrantes de sindicatos, organizaciones campesinas, indígenas, grupos populares, sectoriales y barriales, creadores y difusores de la cultura y juventud estudiantil que vieron la posibilidad de acceder al gobierno por las vías legales, democráticas y pacíficas.
Sin embargo, tras la sostenida ofensiva de la alianza del gran capital, el foxismo y la tecnocracia priista, que en la fase poselectoral intenta imponer por la fuerza a Felipe Calderón con la intención de garantizar la implementación de la segunda generación de contrarreformas neoliberales afines al Consenso de Washington (en particular, la privatización de los hidrocarburos, la industria eléctrica, el agua y la contrarreforma fiscal) y, en el marco de una aguda polarización clasista, sin coyunturas electorales a la vista y de la mano de una movilización popular en ascenso de signo radical y anticapitalista, que podría inducir al bloque dominante a utilizar el recurso desesperado de la fuerza, dicha confrontación entre bloques podría adquirir, a corto o mediano plazo, carácter antagónico.
Tras el nuevo fraude de Estado quedó al desnudo un orden jurídico-electoral ramplón, de opereta, más propio de una república bananera que de un país que cuenta en su haber con uno de los grandes procesos revolucionarios del siglo XX. A su vez, el intento por imponer a la brava al representante de los poderes fácticos, la derecha vernácula y el imperialismo estadunidense, agudizó la autodeslegitimación del sistema presidencialista mexicano con sus caducas instituciones clasistas.
II
En medio de una profunda crisis estructural que abarca a las instituciones, al sistema político mexicano y al actual modelo de dominación, el país parece aproximarse a un punto de quiebre histórico. México está hoy dividido y polarizado. La opinión pública está enterada de todas las circunstancias que rodearon el proceso electoral en sus tres fases: las campañas políticas de los candidatos, el día de los comicios y la etapa poselectoral. A la abierta intervención del presidente de la república a favor del candidato de la derecha, se sumaron la campaña de terror y guerra psicológica desatada sobre la población por los medios masivos de comunicación bajo control monopólico y oligopólico, en lo que se inscribe no sólo la guerra sucia mediática instrumentada a través de spots publicitarios mediante mensajes de miedo y de odio clasistas, sino también la instrumentación, con los mismos fines, de acciones de tipo contrainsurgente violentas en la siderúrgica Lázaro Cárdenas-Las Truchas, San Salvador Atenco y Oaxaca. Como quedó demostrado, el propio acto eleccionario del 2 de julio abundó en graves irregularidades. Con posterioridad, la irresponsable actuación del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al convalidar el fraude; la actitud de Calderón al dividir a los mexicanos en "pacíficos" y "violentos", con el visto bueno de los poderes fácticos y sus grupos de fachada, y los arreglos cupulares en el Congreso entre las mafias parlamentarias del PRI y del PAN, dejan en evidencia una vez más que la plutocracia gobernante no está dispuesta a ceder por las buenas los resortes del poder.
El hecho de que la Coalición Por el Bien de Todos se haya convertido en la segunda fuerza política del país, siga gobernando la capital y varios estados y haya logrado refrendar victorias a escala municipal, adquiere en esta coyuntura una importancia fundamental. Un sector del pueblo consciente encontró en la Coalición y en su candidato López Obrador, la posibilidad de un cambio real por la vía pacífica, lo que infundió temor a la plutocracia y el imperialismo estadunidense. El avance logrado por la Coalición acrecentó la crisis del sistema político tradicional, representado por los partidos Acción Nacional y Revolucionario Institucional, y con ello acelerará el proceso de la crisis política definitiva del viejo sistema de dominación vigente.
No obstante, la coalición −al igual que la Otra Campaña impulsada por el EZLN, no ha podido ganar hasta ahora a sectores de indecisos, vacilantes, de la población, todavía proclives a votar por los dos partidos conservadores, es decir, existen grandes masas populares que aún no tienen plena conciencia de las causas de sus propios males y de las calamidades nacionales, así como de las soluciones radicales que esos males y calamidades exigen. De allí que, de concretarse la imposición autoritaria de Calderón, su administración significará la continuidad y acentuación de la nefasta política antinacional y antipopular de los últimos cuatro gobiernos neoliberales del PRI y del PAN.
En ese contexto, la formación de un combativo movimiento de resistencia civil pacífica de carácter horizontal y asambleario, producto de un largo proceso de acumulación de fuerzas que, en la última fase, se nutre de la redes de solidaridad creadas por miles de mexicanos tras los sismos de 1985; la irrupción del movimiento cardenista en la coyuntura preelectoral de 1988; la insurrección campesina-indígena liderada por el EZLN en 1994, que dio paso a una singular experiencia autonómica de signo anticapitalista; a lo que se suman la rebelión de los ejidatarios de Atenco y la expresión de poder dual, protagonizada en la actualidad por la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, refrendó el liderazgo y el poder de convocatoria de López Obrador y dio pie al nacimiento de una amplia coalición antioligárquica, que intenta ser estructurada sobre dos ejes: la Convención Nacional Democrática y el Frente Amplio Progresista.
III
Estamos convencidos de que la construcción de una sociedad justa, con sentido nacional y progresista, liberada de la tutela imperial es imposible en los esquemas de un régimen dominado por el gran capital. La ruptura con ese sistema es una condición ineludible de un proceso de cambio de sus caducas estructuras y de conquista de la efectiva independencia de la nación.
Pensamos que ninguna fuerza política aislada será capaz de abrir una alternativa cierta de poder al pueblo organizado. México cuenta con una amplia experiencia de luchas políticas y sociales que se manifiesta, en la etapa, por un nuevo proceso de acumulación de fuerzas que refleja un avance a nivel cualitativo y cuantitativo.
Para combatir a la imposición autoritaria y lo que ya apunta como un proceso larvado de fascistización del régimen, se necesitará una acción concertada, enérgica y audaz de todas las fuerzas de izquierda, progresistas y populares. Si frente a la consolidación de las derechas hoy en el poder, no se construye la coalición de las fuerzas progresistas y revolucionarias sobre la base de un programa mínimo común y de una táctica solidaria, es posible que nos encaminemos a un régimen de dominación violento de nuevo tipo.
Por eso, en la actual coyuntura, y como resultado de un proceso gradual, creemos que el lanzamiento de un Frente Amplio Progresista (FAP), expresa la posibilidad de concretar un nuevo acuerdo político unitario entre todas las fuerzas populares auténticamente nacionales, para agotar las vías legales, democráticas y pacíficas, con el fin de que el pueblo organizado, mediante la combinación y coordinación de diversas formas de lucha, la acción política permanente en todos los campos (no sólo el electoral) y a través de la movilización de masas, pueda realizar las grandes transformaciones que el país requiere.
La instauración de un gobierno progresista paralelo, a la manera de un doble poder que desafía a los administradores del poder de la plutocracia, supone desarrollar una organización de masas en la que ese poder popular tendrá que apoyarse. En ese sentido, como se apuntaba arriba, la acumulación de fuerzas populares indica que se ha ganado a vastos sectores de la población, pero que eso no fue todavía suficiente para ganar de manera contundente al candidato de la derecha. Debido a ello, y de cara a un futuro cercano de signo incierto, resulta necesario abocarse a una paciente e incesante labor de concientización, para ir transformando a cada habitante del país en un ciudadano informado y sensible a las propuestas de cambio.
Se trata de que el pueblo tenga una visión lúcida de las circunstancias por las que atraviesa, que sepa valorar el significado histórico de su lucha, de alertar a los desinformados, de convencer a los indecisos, de transformar a cada simpatizante en un combatiente aguerrido, porque sólo un pueblo consciente y decidido puede ser un pueblo victorioso. Pero se trata, también, y fundamentalmente, de desarrollar y hacer crecer las organizaciones y el protagonismo colectivo, en el entendido de que un gobierno de la resistencia civil tendrá que aprovechar su gestión para ayudar a construir el nuevo sujeto social colectivo, combatiendo todo tipo de práctica sectaria, burocrática y corporativa en su seno, incluido todo tipo de liderazgo vertical y unipersonal. No puede haber gobierno popular, de verdad, si no se estructura el apoyo desde abajo. Si no se apoya en la gente y le da a la gente la posibilidad de hacer efectivo ese apoyo.
A partir de lo anterior, creemos que en el nuevo Frente lanzado por tres fuerzas políticas diversas (el PRD, el PT y Convergencia), cada uno de sus integrantes deberá mantener su identidad.
Asimismo, deberá incluir movimientos no partidistas, organizados, y, a nivel de militancia de base, deberá ser estructurado por núcleos de opinión inorgánicos (comités de base o comités cívicos del FAP) que acatarán la estrategia y disciplina comunes, pero que se mantendrán al margen de toda filiación sectorial.
No obstante la confluencia desde fuentes tan diversas para una acción política efectiva, el FAP deberá contar con un alto nivel de coherencia ideológica y una militancia unitaria. Pero no una unidad muerta, de fachada silenciosa. El Frente necesita una unidad crítica, leal. Una crítica que apunte a fortificar el despliegue del FAP en el pueblo.
Una tarea clave de la etapa es acercar al Frente a sectores del pueblo que nunca han participado en la acción política organizada o que han estado inscritos en grupos corporativos y/o clientelares. Se trataría de invitarlos a incursionar en una nueva forma de participación popular, en una nueva forma de hacer política sin ningún vínculo de subordinación o dependencia partidaria, tutela ni imposición, como tampoco prestación y aceptación de favores, servicios o ayudas. Las razones del ingreso al Frente deben ser resultado de un proceso de toma de posición política, de concientización política. Lo anterior supone una definición ideológica, pero también una actitud moral.
En su organización y militancia, pensamos que el Frente debe ser una gran escuela que ayude al ciudadano común a convertirse en un agente del proceso integral de cambio que transformará al país. El comité de base será el instrumento clave para la consumación de esa tarea de docencia cívica. El comité habrá de ser el lugar natural de encuentro y unidad de las masas populares para la acción política. La presencia del pueblo en el comité, entendido como centro de educación política y adoctrinamiento, habrá de constituir la vía más directa para el encauzamiento de la acción de resistencia frente al autoritarismo. En otro sentido, el comité de base reflejará una real democratización de la vida política del Frente Progresista. Será un lugar de participación política activa, creadora; un instrumento permanente de lucha.
A partir de lo anterior, creemos que los organismos de base del Frente Amplio Progresista (comités de base o cívicos del FAP) deberían constituirse a nivel nacional por la reunión de los adherentes al mismo de un determinado lugar. Planteamos que haya dos clases de comités: de nucleamiento territorial y de nucleamiento por centro de actividad (centro de trabajo, estudios, barrial, etcétera). Los comités cívicos o de base deberán estructurarse con eje en tres tareas centrales: organización, finanzas y propaganda.
Asimismo, entre las tareas a realizar por cada comité, proponemos:
1) La edición, difusión y distribución del programa del Frente Amplio Progresista, de los resultados de la Convención Nacional Democrática, así como de la información que se vaya generando en torno al proceso de una asamblea constituyente y de construcción de un nuevo proyecto de nación.
2) La realización de ciclos de conferencias, mesas redondas y de discusión sobre los contenidos de los documentos del FAP y de la CND y sobre aspectos especiales de los mismos o de la coyuntura.
3) Buscar en su radio de acción la integración del mayor número de fuerzas posibles.
4) Participar en las tareas centrales que le sean encomendadas.
5) Organizar la participación activa del comité en la tarea y objetivos inmediatos que se den.
6) Formular recomendaciones a los organismos de coordinación y dirección del movimiento.
7) Organizar círculos vecinales de estudio, debate o difusión de las bases programáticas o cualquier otra iniciativa que tenga que ver con las tareas del FAP y la CND.
Revista Memoria
posted by H2AGUA at
12:13 a.m.
