El desprecio por la ley
José Fonseca
La campaña negativa emprendida por el PAN, encabezada por su dirigente nacional Germán Martínez Cázares, muestra un cuestionable desprecio por la legalidad. Es un hecho que la reforma constitucional que originó la vigente ley electoral dejó insatisfechos a muchos, por considerarla exageradamente coercitiva de la libertad de los ciudadanos. De cualquier manera, esa es la ley electoral vigente y, por lo tanto, todos sin excepción estamos obligados a cumplirla.
Quienes aún estén inconformes con las reglas con que iremos a las elecciones legislativas del próximo 5 de julio tendrán que esperar cuando menos hasta el próximo otoño, para promover los cambios que consideren convenientes.
De otra forma, todos, incluidos los partidos y sus dirigentes, tenemos la obligación de acatar las reglas electorales, pues son el resultado de un legítimo y legal proceso legislativo.
Sin embargo, el PAN y su dirigente nacional han mostrado una terca resistencia a cumplir con las reglas electorales, las cuales se elaboraron, supuestamente, para prohibir y sancionar las campañas negativas. Ante la decisión del IFE de que esa campaña negativa debe cesar, la respuesta ha sido un desafío, un reto a la autoridad. El representante legal del PAN ante el IFE afirma que su partido está dispuesto a pagar las sanciones que sea, pero no a eliminar su campaña negativa.
Uno de los problemas más graves de la sociedad mexicana es una arraigada cultura de la ilegalidad, la costumbre de no respetar aquellas leyes o reglamentos que no nos convienen. Eso nos convierte en una nación donde no hay seguridad jurídica.
Difícilmente puede haberla cuando el PAN, el partido en el poder, con el indudable respeto del Ejecutivo, descaradamente anuncia que no respetará la ley. Si desde el poder no existe respeto por las reglas electorales que son la ley, ¿cómo pedirles a los ciudadanos que ellos sí lo hagan?
Es irresponsable, trágico, que el partido en el poder, con tal de obtener un eventual triunfo electoral públicamente confiese que no le importa violar la ley.
Más irresponsable aún que cuente con el tácito respaldo del Ejecutivo federal.
La campaña negativa emprendida por el PAN, encabezada por su dirigente nacional Germán Martínez Cázares, muestra un cuestionable desprecio por la legalidad. Es un hecho que la reforma constitucional que originó la vigente ley electoral dejó insatisfechos a muchos, por considerarla exageradamente coercitiva de la libertad de los ciudadanos. De cualquier manera, esa es la ley electoral vigente y, por lo tanto, todos sin excepción estamos obligados a cumplirla.
Quienes aún estén inconformes con las reglas con que iremos a las elecciones legislativas del próximo 5 de julio tendrán que esperar cuando menos hasta el próximo otoño, para promover los cambios que consideren convenientes.
De otra forma, todos, incluidos los partidos y sus dirigentes, tenemos la obligación de acatar las reglas electorales, pues son el resultado de un legítimo y legal proceso legislativo.
Sin embargo, el PAN y su dirigente nacional han mostrado una terca resistencia a cumplir con las reglas electorales, las cuales se elaboraron, supuestamente, para prohibir y sancionar las campañas negativas. Ante la decisión del IFE de que esa campaña negativa debe cesar, la respuesta ha sido un desafío, un reto a la autoridad. El representante legal del PAN ante el IFE afirma que su partido está dispuesto a pagar las sanciones que sea, pero no a eliminar su campaña negativa.
Uno de los problemas más graves de la sociedad mexicana es una arraigada cultura de la ilegalidad, la costumbre de no respetar aquellas leyes o reglamentos que no nos convienen. Eso nos convierte en una nación donde no hay seguridad jurídica.
Difícilmente puede haberla cuando el PAN, el partido en el poder, con el indudable respeto del Ejecutivo, descaradamente anuncia que no respetará la ley. Si desde el poder no existe respeto por las reglas electorales que son la ley, ¿cómo pedirles a los ciudadanos que ellos sí lo hagan?
Es irresponsable, trágico, que el partido en el poder, con tal de obtener un eventual triunfo electoral públicamente confiese que no le importa violar la ley.
Más irresponsable aún que cuente con el tácito respaldo del Ejecutivo federal.