Carambola neoliberal para Cultura
Iván Franco
El debate nacional en torno a las graves implicaciones que representaría aprobar una Iniciativa de Ley privatizadora de PEMEX, como la del Ejecutivo espurio, no parece haber hecho mella en los miembros de la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados, presidida en su mayoría por miembros de la llamada “izquierda neoliberal” encabezados por Emilio Ulloa y Alfonso Suárez del Real. Y es que este cuerpo legislativo, de avanzada de las ideas mercantilistas sobre “Cultura” promovidas por las escuelas sociológicas norteamericana y “canclinista”, respectivamente, terminaron ninguneando la tradición legislativa de México, puntualizaciones y precisiones conceptuales esgrimidas por más de un quinquenio por académicos, técnicos, artistas y demás sindicatos agrupados en el llamado sector cultura de la SEP.
Al cinco para las ocho, en concordancia con sus correligionarios de la Comisión de Puntos Constitucionales de ese mismo órgano legislativo, aprobaron el miércoles 7 de agosto un dictamen para establecer en la Constitución “el derecho al acceso a la cultura, así como la ampliación de las facultades de los diputados para legislar en la materia” (La Jornada, Cultura, 6 de agosto). En otros ensayos, hemos fundamentado la aberración de legislar en torno al “derecho a la cultura” y no centrarse, tal como sugiere la propia UNESCO, en legislar respecto a los “derechos culturales” como punto clave de la responsabilidad social del Estado de otorgar educación en sentido amplio a sus ciudadanos. Asimismo, el hecho de que tal propuesta de reforma constitucional aprobado por ambas Comisiones legislativas presididas por legisladores perredistas incida en la reforma del Art. 4º -que atiende básicamente los derechos individuales de los ciudadanos-, abre hasta el éxtasis una bocana en favor del mercado pero, principalmente, de las empresas e instituciones que ven ahora a la cultura como recurso económico. Veamos por qué.
El artículo 3º constitucional describe la obligación del Estado para otorgar educación y preservar la identidad de los ciudadanos; fue concebido como eje rector de los derechos sociales heredados del movimiento revolucionario de 1910 y sólo toma carácter de complemento a sus disposiciones, lo que enseguida se determinó en el artículo 4º referido. Los derechos sociales están por encima de los individuales, tal como sugiere el orden constitucional vigente. Los neoliberales en el poder, encarrilados en impulsar reformas cosméticas constitucionales --y como se ve presentes en muchas instancias de decisión--, entienden muy bien que es imposible abrir la cultura al mercado si se mantiene una propuesta de reformas pero del artículo tercero; de haberse impulsado esto, a cualquier ciudadano o empresa lucrativa se le obligaría a respetar los derechos colectivos antes que a lucrar con la cultura e identidad de todos los mexicanos.
Por eso los neoliberales de derecha e izquierda pactaron reformar la Constitución en su artículo cuarto, además de asegurarse nuevas atribuciones legislativas en la materia con un único objetivo: defender la línea ascendente de mercantilización de los bienes culturales para ponerse en consonancia con la política federal privatista del momento en materia de hidrocarburos y energía. El texto, que se adicionaría en el párrafo noveno del artículo 4º, dice a la letra: “Toda persona tiene derecho al acceso a la cultura (sic) y al disfrute de los bienes y servicios que presta el Estado en la materia, así como el ejercicio de sus derechos culturales. El Estado promoverá los medios para la difusión y desarrollo de la cultura, atendiendo a la diversidad cultural en todas sus manifestaciones y expresiones con pleno respeto a la libertad creativa. La ley establecerá los mecanismos para el acceso y participación a cualquier manifestación cultural. El Estado tutelará esos derechos”.
Mañana veremos las implicaciones de esta propuesta amañada en cada uno de sus conceptos y párrafos.
Miente, por ello, el presidente de la Comisión de Cultura, Emilio Ulloa, cuando declara que con la reforma “México cumplirá, asimismo, compromisos internacionales en materia de derechos humanos, económicos, sociales y culturales”. Porque su desapego y grosero manoseo de los conceptos básicos establecidos en los documentos de la UNESCO no tiene parangón, y sobre todo porque una vez más demuestran un desprecio total de la tradición legislativa mexicana que concibe la Educación y la Cultura como parte de un proceso único de formación del ciudadano. Vínculo, por cierto, que la propia UNESCO mandó preservar al gobierno mexicano en su Declaratoria sobre Patrimonio Inmaterial de 2005. La reforma del artículo cuarto constitucional, que ahora tendrá que esperar casi dos años para su aprobación es, por ello mismo, similar en su dimensión pro mercado salvaje a los conceptos de Felipe Calderón respecto a la reforma y modernización de PEMEX. La directiva de la Comisión de Cultura se puso a tono con las trompetas fecalistas de la apertura del mercado en boga en las instancias claves de la Nación.
Caro momento el que han vivido, luego de casi dos años de silencio y cerrazón de los miembros de la Comisión de Cultura que presiden los neoliberales perredistas Ulloa y Suárez del Real, todos los trabajadores de la SEP vinculados a la investigación y defensa de Nuestra(s) Cultura(s). Una y otra vez, a los sesudos diputados se les hizo llegar, a través de sus asesores (que nada leen), ensayos y reflexiones que argumentan sobre la gravedad de aprobar un dictamen como el que han acordado en concordancia con sus pares partidistas. Tal y como ya se observa en el festín mercadotécnico montado a propósito del “irrepetible” espectáculo de Plácido Domingo en Chichén Itzá, de aprobarse a la larga esa reforma constitucional el mercado de la cultura mexicana empezará su moderna etapa de franquicias (con Televisa como la gran adelantada) pues, con la “ley de desarrollo y fomento cultural” que ese mismo párrafo avecina (como clon de clones de la nefasta Ley Bermúdez de 2005), el Estado finalmente se convertirá en el tendero por antonomasia al servicio de los grandes capitales e industrias culturales montados por empresarios y burócratas irrepetibles de ocasión. Mañana diremos por qué.
El debate nacional en torno a las graves implicaciones que representaría aprobar una Iniciativa de Ley privatizadora de PEMEX, como la del Ejecutivo espurio, no parece haber hecho mella en los miembros de la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados, presidida en su mayoría por miembros de la llamada “izquierda neoliberal” encabezados por Emilio Ulloa y Alfonso Suárez del Real. Y es que este cuerpo legislativo, de avanzada de las ideas mercantilistas sobre “Cultura” promovidas por las escuelas sociológicas norteamericana y “canclinista”, respectivamente, terminaron ninguneando la tradición legislativa de México, puntualizaciones y precisiones conceptuales esgrimidas por más de un quinquenio por académicos, técnicos, artistas y demás sindicatos agrupados en el llamado sector cultura de la SEP.
Al cinco para las ocho, en concordancia con sus correligionarios de la Comisión de Puntos Constitucionales de ese mismo órgano legislativo, aprobaron el miércoles 7 de agosto un dictamen para establecer en la Constitución “el derecho al acceso a la cultura, así como la ampliación de las facultades de los diputados para legislar en la materia” (La Jornada, Cultura, 6 de agosto). En otros ensayos, hemos fundamentado la aberración de legislar en torno al “derecho a la cultura” y no centrarse, tal como sugiere la propia UNESCO, en legislar respecto a los “derechos culturales” como punto clave de la responsabilidad social del Estado de otorgar educación en sentido amplio a sus ciudadanos. Asimismo, el hecho de que tal propuesta de reforma constitucional aprobado por ambas Comisiones legislativas presididas por legisladores perredistas incida en la reforma del Art. 4º -que atiende básicamente los derechos individuales de los ciudadanos-, abre hasta el éxtasis una bocana en favor del mercado pero, principalmente, de las empresas e instituciones que ven ahora a la cultura como recurso económico. Veamos por qué.
El artículo 3º constitucional describe la obligación del Estado para otorgar educación y preservar la identidad de los ciudadanos; fue concebido como eje rector de los derechos sociales heredados del movimiento revolucionario de 1910 y sólo toma carácter de complemento a sus disposiciones, lo que enseguida se determinó en el artículo 4º referido. Los derechos sociales están por encima de los individuales, tal como sugiere el orden constitucional vigente. Los neoliberales en el poder, encarrilados en impulsar reformas cosméticas constitucionales --y como se ve presentes en muchas instancias de decisión--, entienden muy bien que es imposible abrir la cultura al mercado si se mantiene una propuesta de reformas pero del artículo tercero; de haberse impulsado esto, a cualquier ciudadano o empresa lucrativa se le obligaría a respetar los derechos colectivos antes que a lucrar con la cultura e identidad de todos los mexicanos.
Por eso los neoliberales de derecha e izquierda pactaron reformar la Constitución en su artículo cuarto, además de asegurarse nuevas atribuciones legislativas en la materia con un único objetivo: defender la línea ascendente de mercantilización de los bienes culturales para ponerse en consonancia con la política federal privatista del momento en materia de hidrocarburos y energía. El texto, que se adicionaría en el párrafo noveno del artículo 4º, dice a la letra: “Toda persona tiene derecho al acceso a la cultura (sic) y al disfrute de los bienes y servicios que presta el Estado en la materia, así como el ejercicio de sus derechos culturales. El Estado promoverá los medios para la difusión y desarrollo de la cultura, atendiendo a la diversidad cultural en todas sus manifestaciones y expresiones con pleno respeto a la libertad creativa. La ley establecerá los mecanismos para el acceso y participación a cualquier manifestación cultural. El Estado tutelará esos derechos”.
Mañana veremos las implicaciones de esta propuesta amañada en cada uno de sus conceptos y párrafos.
Miente, por ello, el presidente de la Comisión de Cultura, Emilio Ulloa, cuando declara que con la reforma “México cumplirá, asimismo, compromisos internacionales en materia de derechos humanos, económicos, sociales y culturales”. Porque su desapego y grosero manoseo de los conceptos básicos establecidos en los documentos de la UNESCO no tiene parangón, y sobre todo porque una vez más demuestran un desprecio total de la tradición legislativa mexicana que concibe la Educación y la Cultura como parte de un proceso único de formación del ciudadano. Vínculo, por cierto, que la propia UNESCO mandó preservar al gobierno mexicano en su Declaratoria sobre Patrimonio Inmaterial de 2005. La reforma del artículo cuarto constitucional, que ahora tendrá que esperar casi dos años para su aprobación es, por ello mismo, similar en su dimensión pro mercado salvaje a los conceptos de Felipe Calderón respecto a la reforma y modernización de PEMEX. La directiva de la Comisión de Cultura se puso a tono con las trompetas fecalistas de la apertura del mercado en boga en las instancias claves de la Nación.
Caro momento el que han vivido, luego de casi dos años de silencio y cerrazón de los miembros de la Comisión de Cultura que presiden los neoliberales perredistas Ulloa y Suárez del Real, todos los trabajadores de la SEP vinculados a la investigación y defensa de Nuestra(s) Cultura(s). Una y otra vez, a los sesudos diputados se les hizo llegar, a través de sus asesores (que nada leen), ensayos y reflexiones que argumentan sobre la gravedad de aprobar un dictamen como el que han acordado en concordancia con sus pares partidistas. Tal y como ya se observa en el festín mercadotécnico montado a propósito del “irrepetible” espectáculo de Plácido Domingo en Chichén Itzá, de aprobarse a la larga esa reforma constitucional el mercado de la cultura mexicana empezará su moderna etapa de franquicias (con Televisa como la gran adelantada) pues, con la “ley de desarrollo y fomento cultural” que ese mismo párrafo avecina (como clon de clones de la nefasta Ley Bermúdez de 2005), el Estado finalmente se convertirá en el tendero por antonomasia al servicio de los grandes capitales e industrias culturales montados por empresarios y burócratas irrepetibles de ocasión. Mañana diremos por qué.
posted by H2AGUA at
1:44 a.m.
