Honrar el NO
Porfirio Muñoz Ledo
La irrupción de la sociedad en el debate energético es una señal promisoria de los tiempos que vienen. Lo es también el involucramiento de los intelectuales y especialistas en la discusión pública de un gran problema nacional. Surge con fuerza la propuesta de que algo semejante ocurra en otros temas cruciales de la agenda mexicana.
Resurge el interés de congresistas avanzados en impulsar los proyectos de Reforma del Estado presentados por los partidos y personalidades y que hasta ahora se encuentran puniblemente estancados. Sobresale en la coyuntura la creación del Consejo Económico y Social, del Consejo de Estados y municipios y las reformas consecuentes al sistema de planeación democrática.
Destaca la introducción de la democracia directa en el orden federal: el referendo, el plebiscito, la iniciativa popular y la revocatoria del mandato. Cabe recordar que en Bolivia -aun impugnado por los separatistas- el referendo sobre la permanencia del Presidente y el Vicepresidente se celebrará en casi todo el territorio nacional. En Ecuador la consulta sobre la nueva Constitución será también revocatoria, ya que en caso de ser rechazada el Presidente dejaría el cargo.
Un avance significativo en esa dirección es la determinación inédita adoptada por los coordinadores parlamentarios del FAP, el Movimiento en defensa del petróleo y el Gobierno legítimo el pasado día 30. Resolvieron confiar a un grupo de intelectuales y científicos comprometidos las iniciativas de reforma que todos haremos nuestras.
Se cita como antecedente la oferta del presidente Avila Camacho en 1945 a la Universidad Nacional, tras una década de pugnas, para que ésta elaborara el proyecto de Ley Orgánica aún vigente. Podríamos recordar, entre otros antecedentes, los sesenta sabios que prepararon hacia 1984, a petición de los Poderes Públicos, una iniciativa de Constitución de Brasil, luego sometida a votación congresional y a refrendo.
El grupo conformado se ha comprometido a presentar una PROPUESTA CIUDADANA antes del fin del mes, supuesto que los grupos parlamentarios han convenido que no habrá período extraordinario y que un “albazo” podría desencadenar reacciones sociales inesperadas. También porque la consulta popular concluirá el día 24 y cualquier iniciativa prematura quedaría comprendida en el NO.
El estamento intelectual ha aceptado la encomienda y se apresta a honrar la voluntad popular con talento y probidad. Ha dividido sus trabajos en cuatro secciones. La primera, destinada a elaborar los dictámenes contrarios a las iniciativas del PAN y el PRI y un proyecto de acción de inconstitucionalidad, para el caso de que fueran aprobadas en un rincón.
La segunda está encargada de preparar un plan de acción inmediata que incluye acciones parlamentarias y judiciales para castigar los ilícitos. La tercera revisaría el Plan Nacional de Energía elaborado por el Consejo Consultivo del FAP, mismo que se convertiría en nuestra propuesta central, acorde a la magnitud e implicaciones del problema, reconocidos en el propio diagnóstico gubernamental.
La cuarta trabaja sobre las reformas legales preparadas por los legisladores y las numerosas aportaciones que se hicieron durante el debate. Estos van desde la constitucionalización de Pemex hasta la presentación de un proyecto de Ley Reglamentaria del 27 y la modificación de diversos ordenamientos fiscales y administrativos, tanto como una propuesta presupuestal que aseguren la viabilidad de un proyecto nacional alternativo.
Ser consecuentes con la consulta significa rechazar de plano las iniciativas presentadas. Como lo ha escrito Jorge Eduardo Navarrete: “son dos versiones apenas distinguibles del mismo modelo” que “privilegia la extracción del recurso para incrementar el sesgo exportador, a fin de garantizar la seguridad energética de América del Norte, más que la nacional”.
Añade que la discusión entre ambos partidos será sobre “los detalles que distinguen una de otra” y yo agregaría, sobre las parcelas de poder y de dinero que se deriven de los acuerdos. No debiéramos colocarnos en esa hipótesis.
Nuestro deber con la gente y con la historia es definir y defender una propuesta patriótica absolutamente diferenciada de la rapacidad y el entreguismo. Así será.
La irrupción de la sociedad en el debate energético es una señal promisoria de los tiempos que vienen. Lo es también el involucramiento de los intelectuales y especialistas en la discusión pública de un gran problema nacional. Surge con fuerza la propuesta de que algo semejante ocurra en otros temas cruciales de la agenda mexicana.
Resurge el interés de congresistas avanzados en impulsar los proyectos de Reforma del Estado presentados por los partidos y personalidades y que hasta ahora se encuentran puniblemente estancados. Sobresale en la coyuntura la creación del Consejo Económico y Social, del Consejo de Estados y municipios y las reformas consecuentes al sistema de planeación democrática.
Destaca la introducción de la democracia directa en el orden federal: el referendo, el plebiscito, la iniciativa popular y la revocatoria del mandato. Cabe recordar que en Bolivia -aun impugnado por los separatistas- el referendo sobre la permanencia del Presidente y el Vicepresidente se celebrará en casi todo el territorio nacional. En Ecuador la consulta sobre la nueva Constitución será también revocatoria, ya que en caso de ser rechazada el Presidente dejaría el cargo.
Un avance significativo en esa dirección es la determinación inédita adoptada por los coordinadores parlamentarios del FAP, el Movimiento en defensa del petróleo y el Gobierno legítimo el pasado día 30. Resolvieron confiar a un grupo de intelectuales y científicos comprometidos las iniciativas de reforma que todos haremos nuestras.
Se cita como antecedente la oferta del presidente Avila Camacho en 1945 a la Universidad Nacional, tras una década de pugnas, para que ésta elaborara el proyecto de Ley Orgánica aún vigente. Podríamos recordar, entre otros antecedentes, los sesenta sabios que prepararon hacia 1984, a petición de los Poderes Públicos, una iniciativa de Constitución de Brasil, luego sometida a votación congresional y a refrendo.
El grupo conformado se ha comprometido a presentar una PROPUESTA CIUDADANA antes del fin del mes, supuesto que los grupos parlamentarios han convenido que no habrá período extraordinario y que un “albazo” podría desencadenar reacciones sociales inesperadas. También porque la consulta popular concluirá el día 24 y cualquier iniciativa prematura quedaría comprendida en el NO.
El estamento intelectual ha aceptado la encomienda y se apresta a honrar la voluntad popular con talento y probidad. Ha dividido sus trabajos en cuatro secciones. La primera, destinada a elaborar los dictámenes contrarios a las iniciativas del PAN y el PRI y un proyecto de acción de inconstitucionalidad, para el caso de que fueran aprobadas en un rincón.
La segunda está encargada de preparar un plan de acción inmediata que incluye acciones parlamentarias y judiciales para castigar los ilícitos. La tercera revisaría el Plan Nacional de Energía elaborado por el Consejo Consultivo del FAP, mismo que se convertiría en nuestra propuesta central, acorde a la magnitud e implicaciones del problema, reconocidos en el propio diagnóstico gubernamental.
La cuarta trabaja sobre las reformas legales preparadas por los legisladores y las numerosas aportaciones que se hicieron durante el debate. Estos van desde la constitucionalización de Pemex hasta la presentación de un proyecto de Ley Reglamentaria del 27 y la modificación de diversos ordenamientos fiscales y administrativos, tanto como una propuesta presupuestal que aseguren la viabilidad de un proyecto nacional alternativo.
Ser consecuentes con la consulta significa rechazar de plano las iniciativas presentadas. Como lo ha escrito Jorge Eduardo Navarrete: “son dos versiones apenas distinguibles del mismo modelo” que “privilegia la extracción del recurso para incrementar el sesgo exportador, a fin de garantizar la seguridad energética de América del Norte, más que la nacional”.
Añade que la discusión entre ambos partidos será sobre “los detalles que distinguen una de otra” y yo agregaría, sobre las parcelas de poder y de dinero que se deriven de los acuerdos. No debiéramos colocarnos en esa hipótesis.
Nuestro deber con la gente y con la historia es definir y defender una propuesta patriótica absolutamente diferenciada de la rapacidad y el entreguismo. Así será.
posted by H2AGUA at
1:13 a.m.
