Reprocha AI a México la impunidad en los casos Atenco y Texcoco
Proceso
México, D.F., 30 de abril (apro-cimac).- Amnistía Internacional (AI) sección México reprochó al gobierno mexicano su falta de voluntad para terminar con la violencia y tortura contra las mujeres en la República Mexicana.
En un comunicado difundido hoy con motivo de los hechos ocurridos en mayo de 2006 en San Salvador Atenco, donde varias mujeres fueron ultrajadas por policías del Estado de México y de la Federal Preventiva durante y después de su detención, AI lamentó que, a dos años de esos lamentables sucesos, no haya avances sustanciales para las mujeres que fueron víctimas de tortura sexual.
Además, sostuvo que la falta de compromiso del gobierno sigue dando pie a la impunidad.
Pese a la existencia de una averiguación previa en la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos de Violencia contra las Mujeres (Fevim) presidida entonces por Alicia Elena Pérez Duarte, ésta no consignó a los responsables de los delitos, aun cuando había pruebas suficientes para ello, señaló Amnistía.
“El procurador General de la República (Eduardo Medina Mora) debe demostrar su compromiso en este sentido, garantizando el apoyo pleno a la nueva fiscal especial para que concluya su investigación y proceda contra los responsables”, insistió el organismo defensor de los derechos humanos.
Recordó que si bien la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) realiza una investigación especial, ésta “no es una alternativa a la justicia penal, sino un mecanismo para reforzar los esfuerzos para esclarecer los hechos, por lo que no debe ser una razón para paralizar la acción penal contra los responsables ni otras acciones apremiantes”.
Los días 3 y 4 de mayo de 2006, fue implementado un operativo policial en San Salvador Atenco y Texcoco, en el Estado de México, para terminar con las protestas lideradas por la organización campesina Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT).
Durante el operativo, los más de 2 mil 500 policías federales y estatales hicieron detenciones arbitrarias, allanamientos, cateos sin orden judicial y mataron a dos personas. Como resultado del mismo, más de 200 personas fueron detenidas, 49 de ellas mujeres que fueron trasladadas al penal de Santiaguito, en el Estado de México.
Durante el trayecto al penal, cuyo recorrido duró más tiempo del que normalmente se realiza, un grupo de policías presuntamente violó y abuso sexualmente de varias mujeres.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) acreditó 23 “ataques sexuales” pero únicamente 14 mujeres denunciaron ante la Fevim, tres más desistieron y únicamente 11 continúan en espera de que esta instancia les haga justicia.
De la “investigación” realizada por las autoridades estatales, únicamente se levantaron cargos contra 21 policías. De éstos, los tribunales ya exoneraron a 15, mientras que seis agentes siguen procesados por abuso de autoridad y uno por “actos libidinosos”. Estos cargos, señaló AI, “no reflejan la gravedad de los hechos de tortura que cometieron los policías, ni el número de ellos implicados”.
Recordó que hasta este día, 70 personas siguen enfrentando procesos por delitos de ataque a las vías de comunicación, y 16 más permanecen en prisión, entre los cuales hay una mujer.
En el caso de las extranjeras deportadas de México, luego de haber sido detenidas en los operativos, violadas algunas de ellas y abusadas sexualmente por los policías (las españolas Cristina Valls y María Cristina Fernández; la chilena Valentina Palma y la alemana Samantha Dietmar), únicamente la española Cristina Valls decidió llevar el caso ante los tribunales.
El 25 de enero de 2008, la española presentó su caso ante la Audiencia Nacional Española. Denunció al Estado mexicano por tortura sexual y violación a sus derechos humanos. Está aún a la espera de que esta instancia admita su caso.
De acuerdo con información proporcionada por el Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez (Prodh), la segunda semana de la organización Women's Link Worldwide, que apoya legalmente a Valls, visitará nuestro país para informar sobre el tema.
México, D.F., 30 de abril (apro-cimac).- Amnistía Internacional (AI) sección México reprochó al gobierno mexicano su falta de voluntad para terminar con la violencia y tortura contra las mujeres en la República Mexicana.
En un comunicado difundido hoy con motivo de los hechos ocurridos en mayo de 2006 en San Salvador Atenco, donde varias mujeres fueron ultrajadas por policías del Estado de México y de la Federal Preventiva durante y después de su detención, AI lamentó que, a dos años de esos lamentables sucesos, no haya avances sustanciales para las mujeres que fueron víctimas de tortura sexual.
Además, sostuvo que la falta de compromiso del gobierno sigue dando pie a la impunidad.
Pese a la existencia de una averiguación previa en la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos de Violencia contra las Mujeres (Fevim) presidida entonces por Alicia Elena Pérez Duarte, ésta no consignó a los responsables de los delitos, aun cuando había pruebas suficientes para ello, señaló Amnistía.
“El procurador General de la República (Eduardo Medina Mora) debe demostrar su compromiso en este sentido, garantizando el apoyo pleno a la nueva fiscal especial para que concluya su investigación y proceda contra los responsables”, insistió el organismo defensor de los derechos humanos.
Recordó que si bien la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) realiza una investigación especial, ésta “no es una alternativa a la justicia penal, sino un mecanismo para reforzar los esfuerzos para esclarecer los hechos, por lo que no debe ser una razón para paralizar la acción penal contra los responsables ni otras acciones apremiantes”.
Los días 3 y 4 de mayo de 2006, fue implementado un operativo policial en San Salvador Atenco y Texcoco, en el Estado de México, para terminar con las protestas lideradas por la organización campesina Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT).
Durante el operativo, los más de 2 mil 500 policías federales y estatales hicieron detenciones arbitrarias, allanamientos, cateos sin orden judicial y mataron a dos personas. Como resultado del mismo, más de 200 personas fueron detenidas, 49 de ellas mujeres que fueron trasladadas al penal de Santiaguito, en el Estado de México.
Durante el trayecto al penal, cuyo recorrido duró más tiempo del que normalmente se realiza, un grupo de policías presuntamente violó y abuso sexualmente de varias mujeres.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) acreditó 23 “ataques sexuales” pero únicamente 14 mujeres denunciaron ante la Fevim, tres más desistieron y únicamente 11 continúan en espera de que esta instancia les haga justicia.
De la “investigación” realizada por las autoridades estatales, únicamente se levantaron cargos contra 21 policías. De éstos, los tribunales ya exoneraron a 15, mientras que seis agentes siguen procesados por abuso de autoridad y uno por “actos libidinosos”. Estos cargos, señaló AI, “no reflejan la gravedad de los hechos de tortura que cometieron los policías, ni el número de ellos implicados”.
Recordó que hasta este día, 70 personas siguen enfrentando procesos por delitos de ataque a las vías de comunicación, y 16 más permanecen en prisión, entre los cuales hay una mujer.
En el caso de las extranjeras deportadas de México, luego de haber sido detenidas en los operativos, violadas algunas de ellas y abusadas sexualmente por los policías (las españolas Cristina Valls y María Cristina Fernández; la chilena Valentina Palma y la alemana Samantha Dietmar), únicamente la española Cristina Valls decidió llevar el caso ante los tribunales.
El 25 de enero de 2008, la española presentó su caso ante la Audiencia Nacional Española. Denunció al Estado mexicano por tortura sexual y violación a sus derechos humanos. Está aún a la espera de que esta instancia admita su caso.
De acuerdo con información proporcionada por el Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez (Prodh), la segunda semana de la organización Women's Link Worldwide, que apoya legalmente a Valls, visitará nuestro país para informar sobre el tema.
posted by H2AGUA at
5:37 p.m.
