Petróleo: triunfo y mesura
Jornada
Después de 16 días, ayer concluyó la toma de las tribunas parlamentarias por parte de los legisladores del Frente Amplio Progresista (FAP) en la Cámara de Diputados y en el Senado de la República, tras haberse concertado un acuerdo entre todas las fuerzas políticas con representación en el Congreso de la Unión para llevar a cabo un debate –que, se prevé, iniciará el 13 de mayo y durará 71 días– en torno a la propuesta de reformas en materia petrolera presentada por el Ejecutivo federal el pasado 8 de abril. Entre otras cosas, el acuerdo suscrito plantea que “al finalizar los foros, se llevarán a cabo dos sesiones de las comisiones de Energía y de Estudios Legislativos del Senado de la República, a efecto de realizar una discusión sobre las diversas propuestas expuestas en los foros, con lo cual se iniciará en el Senado el proceso de análisis, debate y dictamen de las iniciativas que se hubieran presentado”. Lo anterior reviste importancia no sólo porque con ello se cancela el riesgo de que las iniciativas calderonistas sean aprobadas sin cambios en un periodo extraordinario de sesiones, sino además porque se abre espacio para la presentación y discusión de propuestas alternativas.
El hecho fue particularmente festejado por el coordinador de los senadores del Partido de la Revolución Democrática, Carlos Navarrete, quien aseguró que, con la toma de las tribunas, los legisladores del FAP lograron “frenar el madruguete” e impidieron así la aprobación de un paquete de iniciativas “que pretenden privatizar la industria petrolera” y “son violatorias de la Constitución”.
En efecto, la desocupación de las tribunas en San Lázaro y Xicoténcatl debe saludarse sobre todo porque constituye un triunfo inequívoco de los ciudadanos que se oponen a la modificación del estatuto legal de la industria petrolera, pues se logró frenar una iniciativa “anticonstitucional y claramente privatizadora”, a decir del Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias de la propia Cámara de Diputados, que de otro modo habría sido aprobada por albazo, muy posiblemente a partir de una negociación en lo oscuro y de espaldas a la opinión pública entre el partido en el poder y las cúpulas priístas.
Más allá del peso que tuvo la negociación política para lograr la desocupación de las tribunas parlamentarias, el triunfo debe atribuirse principalmente a la presión popular articulada en torno al Movimiento Nacional en Defensa del Petróleo que encabeza el ex candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador, que a pesar de ser objeto de insidias y ataques constantes por parte del grupo en el poder, acabó por poner en perspectiva, y sobre todo ante los ojos de los integrantes de la clase política, elementos que, en democracia, debieran resultar obvios: que las demandas de la gente siempre deben ser escuchadas, que los legisladores, en su calidad de representantes populares, tienen la obligación de atenderlas, y que, por tanto, carecen de margen de maniobra para actuar como ellos quieran. Así, tal vez pese a las propias convicciones de muchos de los legisladores priístas o panistas, se logró poner fin a una primera etapa de la lucha contra la privatización de la industria petrolera nacional.
Este hecho, sin embargo, no debiera ser asumido con triunfalismo sino con mesura y responsabilidad por parte de los grupos opositores al designio privatizador, sobre todo porque éste permanece incrustado en la lógica del grupo en el poder: así lo demuestran las declaraciones del dirigente del Partido Acción Nacional, Germán Martínez, quien afirmó que “el transcurso del tiempo no va a hacer que se retire la iniciativa”. Por añadidura, las constantes descalificaciones del gobierno federal en contra del movimiento en defensa del petróleo ponen de manifiesto, al margen del acuerdo alcanzado ayer en el Senado, la poca o nula disposición gubernamental para dialogar con los opositores y su tendencia a desatender las causas de las expresiones de descontento en el país.
Ante este panorama, de manera paralela a la batalla que se dará al interior del Congreso para evitar la entrega de la industria petrolera nacional a los capitales privados nacionales y extranjeros, cobra especial importancia la acción de un movimiento popular amplio y creciente, que a partir de mañana habrá de iniciar una nueva etapa en su lucha por evitar la venta del patrimonio nacional.
Después de 16 días, ayer concluyó la toma de las tribunas parlamentarias por parte de los legisladores del Frente Amplio Progresista (FAP) en la Cámara de Diputados y en el Senado de la República, tras haberse concertado un acuerdo entre todas las fuerzas políticas con representación en el Congreso de la Unión para llevar a cabo un debate –que, se prevé, iniciará el 13 de mayo y durará 71 días– en torno a la propuesta de reformas en materia petrolera presentada por el Ejecutivo federal el pasado 8 de abril. Entre otras cosas, el acuerdo suscrito plantea que “al finalizar los foros, se llevarán a cabo dos sesiones de las comisiones de Energía y de Estudios Legislativos del Senado de la República, a efecto de realizar una discusión sobre las diversas propuestas expuestas en los foros, con lo cual se iniciará en el Senado el proceso de análisis, debate y dictamen de las iniciativas que se hubieran presentado”. Lo anterior reviste importancia no sólo porque con ello se cancela el riesgo de que las iniciativas calderonistas sean aprobadas sin cambios en un periodo extraordinario de sesiones, sino además porque se abre espacio para la presentación y discusión de propuestas alternativas.
El hecho fue particularmente festejado por el coordinador de los senadores del Partido de la Revolución Democrática, Carlos Navarrete, quien aseguró que, con la toma de las tribunas, los legisladores del FAP lograron “frenar el madruguete” e impidieron así la aprobación de un paquete de iniciativas “que pretenden privatizar la industria petrolera” y “son violatorias de la Constitución”.
En efecto, la desocupación de las tribunas en San Lázaro y Xicoténcatl debe saludarse sobre todo porque constituye un triunfo inequívoco de los ciudadanos que se oponen a la modificación del estatuto legal de la industria petrolera, pues se logró frenar una iniciativa “anticonstitucional y claramente privatizadora”, a decir del Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias de la propia Cámara de Diputados, que de otro modo habría sido aprobada por albazo, muy posiblemente a partir de una negociación en lo oscuro y de espaldas a la opinión pública entre el partido en el poder y las cúpulas priístas.
Más allá del peso que tuvo la negociación política para lograr la desocupación de las tribunas parlamentarias, el triunfo debe atribuirse principalmente a la presión popular articulada en torno al Movimiento Nacional en Defensa del Petróleo que encabeza el ex candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador, que a pesar de ser objeto de insidias y ataques constantes por parte del grupo en el poder, acabó por poner en perspectiva, y sobre todo ante los ojos de los integrantes de la clase política, elementos que, en democracia, debieran resultar obvios: que las demandas de la gente siempre deben ser escuchadas, que los legisladores, en su calidad de representantes populares, tienen la obligación de atenderlas, y que, por tanto, carecen de margen de maniobra para actuar como ellos quieran. Así, tal vez pese a las propias convicciones de muchos de los legisladores priístas o panistas, se logró poner fin a una primera etapa de la lucha contra la privatización de la industria petrolera nacional.
Este hecho, sin embargo, no debiera ser asumido con triunfalismo sino con mesura y responsabilidad por parte de los grupos opositores al designio privatizador, sobre todo porque éste permanece incrustado en la lógica del grupo en el poder: así lo demuestran las declaraciones del dirigente del Partido Acción Nacional, Germán Martínez, quien afirmó que “el transcurso del tiempo no va a hacer que se retire la iniciativa”. Por añadidura, las constantes descalificaciones del gobierno federal en contra del movimiento en defensa del petróleo ponen de manifiesto, al margen del acuerdo alcanzado ayer en el Senado, la poca o nula disposición gubernamental para dialogar con los opositores y su tendencia a desatender las causas de las expresiones de descontento en el país.
Ante este panorama, de manera paralela a la batalla que se dará al interior del Congreso para evitar la entrega de la industria petrolera nacional a los capitales privados nacionales y extranjeros, cobra especial importancia la acción de un movimiento popular amplio y creciente, que a partir de mañana habrá de iniciar una nueva etapa en su lucha por evitar la venta del patrimonio nacional.
posted by H2AGUA at
10:22 a.m.
