El spot del odio y el nuevo IFE
Por Esto / Ricardo Monreal Avila
El spot donde se compara a López Obrador con los dictadores Adolfo Hitler, Benito Mussolini, Augusto Pinochet y Victoriano Huerta, es un agravio a la Constitución y al IFE, más que a AMLO.
Una de las disposiciones fundamentales de la reciente reforma electoral constitucional, y la que mayor consenso generó en la actual Legislatura, fue la prohibición expresa de la llamada propaganda negativa, propaganda negra o “guerra sucia”. Este tipo de propaganda, que tuvo su expresión más acabada en la pasada campaña presidencial con los spots que presentaban a AMLO como “un peligro para México”, no tiene por finalidad promover el debate, sino la confrontación; no apela a la razón de los ciudadanos, sino a sus emociones negativas; su objetivo no es informar, sino calumniar; no es orientar, sino linchar; y no es difundir una propuesta política, sino difamar a una persona.
Desde el punto de vista de los derechos políticos, este tipo de propaganda empobrece, no enriquece a una democracia. Mientras que desde el punto de vista de los derechos civiles, esta propaganda causa un ilícito conocido con el nombre de “daño moral”. Por ello, está expresamente prohibida casi en la mayor parte de las democracias contemporáneas y esta restricción no se considera en ningún caso una limitante a la libertad de expresión.
La nueva disposición constitucional contra la propaganda negativa quedó estipulada en el artículo 41, apartado A, inciso g): “Los partidos políticos en ningún momento podrán contratar o adquirir, por si o por terceras personas, tiempos en cualquier modalidad de radio y televisión. Ninguna otra persona física o moral, sea a título propio o por cuenta de terceros, podrá contratar propaganda en radio y televisión dirigida a influir en las preferencias electorales de los ciudadanos, ni a favor o en contra de partidos políticos o de candidatos a cargos de elección popular. Queda prohibida la transmisión en territorio nacional de este tipo de mensajes contratados en el extranjero. Las disposiciones contenidas en los dos párrafos anteriores deberán ser cumplidas en el ámbito de los estados y el Distrito Federal conforme a la legislación aplicable”.
Pues bien, la agrupación que aparece como responsable del spot aludido, “Mejor sociedad, mejor gobierno” incurrió en una violación flagrante a la Constitución y deberá responder por ello. El IFE está obligado no únicamente a pedir el retiro inmediato de este promocional (como ya se hizo), sino a fincar las responsabilidades correspondientes. Si se deja pasar esta violación, entonces sobrevendrán otras que sentarán un grave precedente para las elecciones por venir, de manera especial, las elecciones federales de 2009 y 2012.
Uno de los factores que más pervirtieron la sucesión presidencial del 2006 fue la participación de los poderes fácticos en la campaña electoral, de manera especial, la intervención de las cámaras empresariales que jugaron en contra del candidato de la izquierda y financiaron un spot muy parecido al de “Mejor sociedad”, donde se comparaba a AMLO con Hugo Chávez, con un costo de difusión estimado en más de 100 millones de pesos.
Hoy se repite la historia, pero ya no es el Consejo Coordinador Empresarial el emisor de la agresión mediática, sino una organización satélite, que utiliza una de las mejores pieles de oveja de estos tiempos, para encubrir sus verdaderas actividades golpistas: la figura de “asociación civil”. En efecto, “Mejor sociedad, mejor gobierno” está integrada por lo más selecto de la extrema derecha mexicana.
La preside Guillermo Velasco Arzac, estrechamente vinculado el sexenio pasado al matrimonio Fox-Sahagún, así como a organismos confesionales y empresariales. En la organización derechista “El Yunque” se le identifica con el sobrenombre de “Jenofonte”. Francisco Fraile García es otro de los fundadores de esta asociación, vinculado al panismo radical y clerical de Pueba, actualmente es diputado federal del PAN. José Antonio Ortega, otro impulsor de “Mejor sociedad” es también miembro activo de “El Yunque”, según diversos reportes periodísticos.
Velasco Arzac y José Antonio Ortega, unas semanas antes de promover el nuevo spot de odio contra AMLO, protagonizaron una acción reveladora: presentaron una denuncia penal por el delito de terrorismo internacional contra los jóvenes estudiantes mexicanos que se encontraban en el campamento de las FARC bombardeado por el ejército colombiano en territorio ecuatoriano. Es decir, demandaron responsabilizar a los connacionales muertos en lugar de investigar a los extranjeros agresores.
El IFE de Luis Carlos Ugalde en su momento argumentó que carecía de dientes y colmillos para sancionar las violaciones de los poderes fácticos a las leyes electorales. Por ello dejó que el gobierno federal, las cámaras empresariales, los sindicatos, las televisoras y hasta las iglesias se metieran a la cancha de juego. El IFE de Leonardo Valdés ya no tiene esta justificación. La reciente reforma electoral le otorga el mandato, la obligación y las facultades para intervenir y poner orden en la cancha.
Se dirá que no es tiempo de procesos electorales y, por ello, no procede la actuación del IFE. Es decir, que carece de competencia alguna. Pero la prohibición constitucional contra la propaganda negativa es clara en cuanto al período de su aplicación: “en ningún momento”. Es decir, haya o no proceso electoral formal.
Si el IFE deja pasar el lance del spot de odio patrocinado por “Mejor sociedad”, la extrema derecha le habrá tomado la medida una vez más. Y detrás de esta agrupación zorruna con piel de oveja se vendrá el resto de la jauría. Habremos transitado entonces de la “guerra sucia” a la “guerra puerca”; de la propaganda negativa a la propaganda de exterminio; de la confrontación a la polarización; de la animosidad política a la confrontación social; y de la civilidad constitucional a la barbarie política.
Por todo ello, el spot de marras no es exclusivamente contra AMLO, quien podría demandar civilmente a “Mejor sociedad” por daño moral y exigir una indemnización cercana a los 400 millones de pesos (este cálculo es motivo de otro artículo). La agresión artera es contra el nuevo IFE y contra la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a quienes la extrema derecha quiere neutralizar, rebasar y nulificar.
El spot donde se compara a López Obrador con los dictadores Adolfo Hitler, Benito Mussolini, Augusto Pinochet y Victoriano Huerta, es un agravio a la Constitución y al IFE, más que a AMLO.
Una de las disposiciones fundamentales de la reciente reforma electoral constitucional, y la que mayor consenso generó en la actual Legislatura, fue la prohibición expresa de la llamada propaganda negativa, propaganda negra o “guerra sucia”. Este tipo de propaganda, que tuvo su expresión más acabada en la pasada campaña presidencial con los spots que presentaban a AMLO como “un peligro para México”, no tiene por finalidad promover el debate, sino la confrontación; no apela a la razón de los ciudadanos, sino a sus emociones negativas; su objetivo no es informar, sino calumniar; no es orientar, sino linchar; y no es difundir una propuesta política, sino difamar a una persona.
Desde el punto de vista de los derechos políticos, este tipo de propaganda empobrece, no enriquece a una democracia. Mientras que desde el punto de vista de los derechos civiles, esta propaganda causa un ilícito conocido con el nombre de “daño moral”. Por ello, está expresamente prohibida casi en la mayor parte de las democracias contemporáneas y esta restricción no se considera en ningún caso una limitante a la libertad de expresión.
La nueva disposición constitucional contra la propaganda negativa quedó estipulada en el artículo 41, apartado A, inciso g): “Los partidos políticos en ningún momento podrán contratar o adquirir, por si o por terceras personas, tiempos en cualquier modalidad de radio y televisión. Ninguna otra persona física o moral, sea a título propio o por cuenta de terceros, podrá contratar propaganda en radio y televisión dirigida a influir en las preferencias electorales de los ciudadanos, ni a favor o en contra de partidos políticos o de candidatos a cargos de elección popular. Queda prohibida la transmisión en territorio nacional de este tipo de mensajes contratados en el extranjero. Las disposiciones contenidas en los dos párrafos anteriores deberán ser cumplidas en el ámbito de los estados y el Distrito Federal conforme a la legislación aplicable”.
Pues bien, la agrupación que aparece como responsable del spot aludido, “Mejor sociedad, mejor gobierno” incurrió en una violación flagrante a la Constitución y deberá responder por ello. El IFE está obligado no únicamente a pedir el retiro inmediato de este promocional (como ya se hizo), sino a fincar las responsabilidades correspondientes. Si se deja pasar esta violación, entonces sobrevendrán otras que sentarán un grave precedente para las elecciones por venir, de manera especial, las elecciones federales de 2009 y 2012.
Uno de los factores que más pervirtieron la sucesión presidencial del 2006 fue la participación de los poderes fácticos en la campaña electoral, de manera especial, la intervención de las cámaras empresariales que jugaron en contra del candidato de la izquierda y financiaron un spot muy parecido al de “Mejor sociedad”, donde se comparaba a AMLO con Hugo Chávez, con un costo de difusión estimado en más de 100 millones de pesos.
Hoy se repite la historia, pero ya no es el Consejo Coordinador Empresarial el emisor de la agresión mediática, sino una organización satélite, que utiliza una de las mejores pieles de oveja de estos tiempos, para encubrir sus verdaderas actividades golpistas: la figura de “asociación civil”. En efecto, “Mejor sociedad, mejor gobierno” está integrada por lo más selecto de la extrema derecha mexicana.
La preside Guillermo Velasco Arzac, estrechamente vinculado el sexenio pasado al matrimonio Fox-Sahagún, así como a organismos confesionales y empresariales. En la organización derechista “El Yunque” se le identifica con el sobrenombre de “Jenofonte”. Francisco Fraile García es otro de los fundadores de esta asociación, vinculado al panismo radical y clerical de Pueba, actualmente es diputado federal del PAN. José Antonio Ortega, otro impulsor de “Mejor sociedad” es también miembro activo de “El Yunque”, según diversos reportes periodísticos.
Velasco Arzac y José Antonio Ortega, unas semanas antes de promover el nuevo spot de odio contra AMLO, protagonizaron una acción reveladora: presentaron una denuncia penal por el delito de terrorismo internacional contra los jóvenes estudiantes mexicanos que se encontraban en el campamento de las FARC bombardeado por el ejército colombiano en territorio ecuatoriano. Es decir, demandaron responsabilizar a los connacionales muertos en lugar de investigar a los extranjeros agresores.
El IFE de Luis Carlos Ugalde en su momento argumentó que carecía de dientes y colmillos para sancionar las violaciones de los poderes fácticos a las leyes electorales. Por ello dejó que el gobierno federal, las cámaras empresariales, los sindicatos, las televisoras y hasta las iglesias se metieran a la cancha de juego. El IFE de Leonardo Valdés ya no tiene esta justificación. La reciente reforma electoral le otorga el mandato, la obligación y las facultades para intervenir y poner orden en la cancha.
Se dirá que no es tiempo de procesos electorales y, por ello, no procede la actuación del IFE. Es decir, que carece de competencia alguna. Pero la prohibición constitucional contra la propaganda negativa es clara en cuanto al período de su aplicación: “en ningún momento”. Es decir, haya o no proceso electoral formal.
Si el IFE deja pasar el lance del spot de odio patrocinado por “Mejor sociedad”, la extrema derecha le habrá tomado la medida una vez más. Y detrás de esta agrupación zorruna con piel de oveja se vendrá el resto de la jauría. Habremos transitado entonces de la “guerra sucia” a la “guerra puerca”; de la propaganda negativa a la propaganda de exterminio; de la confrontación a la polarización; de la animosidad política a la confrontación social; y de la civilidad constitucional a la barbarie política.
Por todo ello, el spot de marras no es exclusivamente contra AMLO, quien podría demandar civilmente a “Mejor sociedad” por daño moral y exigir una indemnización cercana a los 400 millones de pesos (este cálculo es motivo de otro artículo). La agresión artera es contra el nuevo IFE y contra la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a quienes la extrema derecha quiere neutralizar, rebasar y nulificar.
posted by H2AGUA at
4:34 p.m.
